Marichuy: Sobre las enseñanzas de “Las Memorias de Adriano”

Mi afición por la lectura data de mi infancia y como buena autodidacta, nunca seguí ningún tipo de orden en mis lecturas; viéndolo en retrospectiva no sabría decir si esto fue bueno o no. Es más, ni siquiera me lo habría cuestionado de no ser por algo leído en los Cuadernos de Notas de Las Memorias de Adriano, donde Marguertite Yourcenar apunta que hay libros a los que uno no debe atreverse hasta haber cumplido los 40 años. Esta reflexión la hace recordando lo joven que era cuando elaboró la primera versión de ese libro, entre los 20 y los 25 años y que más tarde destruiría completamente.

Dice la autora belga sobre su acercamiento a la vida y obra del emperador Adriano Augusto:

“En todo caso, yo era demasiado joven. Hay libros a los que no hay que atreverse hasta no haber cumplido los cuarenta años. Se corre el riesgo, antes de haber alcanzado esa edad, de desconocer la existencia de grandes fronteras naturales que separan, de persona a persona, de siglo a siglo, la infinita variedad de los seres; o por el contrario, de dar demasiada importancia a las simples divisiones administrativas, a los puestos de aduana, o a las garitas de de los guardias. Me hicieron falta esos años para aprender a calcular exactamente las distancias entre el emperador y yo.”*

Leo esto y pienso que la esencia de su reflexión, va mucho más allá de la escritura. Bien podría aplicarse a la política, el arte de gobernar, a la vida misma. ¿Será que alguno de nuestros eminentes políticos haya leído alguna vez Las Memorias de Adriano?

* Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano. Cuadernos de Notas. Ed. Sudamericana, Barcelona 1999, pág. 297

Stephen Farrell: The Troop Debate: Should We Stay or Should We Go?

U.S. soldiers from 18th Military Police Brigade provide security near a checkpoint in Baghdad in August. (Photo: Marko Georgiev for The New York Times)

BAGHDAD — As Iraqi and American diplomats negotiate a deal for American troops to stay in Iraq, or not, Iraqis are also debating the issue.

For Iraqis, just as for Americans, it is far more complex than a simple “stay” or “go.” For both it is about blood, treasure, pride, dignity and a nation’s sense of itself and its place in the world.

But a lot more Iraqi blood than American has already been spilled, and stands to be spilled again, if the politicians get it wrong.

On the streets of Iraq the questions being asked about the continuing American presence are about sovereignty, stability and America’s intentions in Iraq past, present and future: How many American troops will stay? How quickly will they go? If they stay, where will they be based? To do what? With what powers? And under what restrictions?

For the most part, Iraqis’ views generally fall into three categories.

One group, which includes many followers of the Shiite cleric Moktada al-Sadr — and some intensely nationalist Sunni Arabs in parts of the country that have suffered the worst since the invasion – simply want the Americans to leave, period. They say no amount of American effort now can make up for the horrors of the occupation, including the destruction of society and the killing of innocent civilians.

A second group takes a similarly dim view of the occupation, but worries that the brief period of improving security which Iraq has witnessed this year will be vulnerable if the Americans abruptly withdrew. They say the United States has a moral obligation to remain, and that continued presence of the occupiers is preferable to a return to rule by gangs and militias.

A third group shares a common worry, that without a referee, Iraq’s dominant powers – Kurds in the far north and Shias in the center and south – will brutally dominate other groups.

The Americans are not the first to be facing such dilemmas in Iraq.

In August 1920, only two years after his declining colonial power had emerged from the devastation of the First World War, the then British Secretary of War Winston Churchill wrote (but did not send) a letter to his prime minister which contained this assessment of Mesopotamia:

“It seems to me so gratuitous that after all the struggles of war, just when we want to get together our slender military resources and re-establish our finances and have a little in hand in case of danger here or there, we should be compelled to go on pouring armies and treasure into these thankless deserts.”

A millennium and a half earlier in 694 AD, the Ummayad provincial governor Hajjaj also faced a fractious Baghdad. His response to one angry crowd was a speech learned by all Iraqi schoolchildren: “I see heads before me that are ripe and ready for the plucking, and I am the one to pluck them, and I see blood glistening between the turbans and the beards.” The turbans melted away.

Five years later Hajjaj faced a rebellion in a troublesome region to his east, which forced him to move troops from Iraq/Mesopotamia.

That rebellion was in Kabulistan, now part of Afghanistan. An historical parallel which drew a wry smile from General David H. Petraeus, the commander of American forces in Iraq, when The New York Times pointed it out to him last month. General Petraeus will soon move up the chain of command to take over the Central Command region, making him responsible for a region that covers both Iraq and modern Kabulistan.

Names and regimes change, but there is nothing new under the Mesopotamian sun.

The debate goes on.

* NY Times

http://baghdadbureau.blogs.nytimes.com/2008/09/08/the-troop-debate-should-we-stay-or-should-we-go/index.html

Esteban Garaiz: Izar la bandera blanca

En San Felipe Torres Mochas, mi municipio natal en el norte del estado de Guanajuato, todavía se recuerda el triste episodio de los maestros desorejados y martirizados, a instigación del cura párroco, por pertenecer a las Misiones Culturales. El general Lázaro Cárdenas no pudo evitar el impulso: ingresó en el templo, subió los escalones del presbiterio y alzando el brazo, apuntó con su dedo al sacerdote. “Ese señor es el responsable”, dijo ante los azorados feligreses y feligresas. Ese fue su castigo.

Han pasado 70 años y seguimos teniendo seis millones de analfabetos. Mientras tanto, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promueve el cierre de las escuelas normales por “falta de demanda”. Sólo Cuba ha cumplido en América Latina su compromiso con las Naciones Unidas y ha podido izar la bandera blanca de la alfabetización, cuyo Día Internacional se celebra cada año el 8 de septiembre.

No es consuelo. Ya se sabe que todos los países americanos que fueron conquistados y colonizados por España y Portugal fueron estructurados como sociedades terriblemente desiguales y estamentadas, y que su independencia no significó en realidad ningún cambio significativo en la estructura de origen colonial. En el caso de México, el proceso de “desconquista” que querían los insurgentes, tuvo que esperar cien años hasta que la Revolución mexicana, después de liberar a los peones de las haciendas de la deuda eterna impagable, le dio al artículo 3° todo el peso constitucional para que la educación universal, pública y gratuita fuera el verdadero motor de la capilaridad social y de la integración nacional de los mexicanos de todos los orígenes y castas en una nación cohesionada.

Vinieron las Misiones Culturales y el gran impulso educativo con José Vasconcelos; la creación de los internados y del Instituto Politécnico Nacional con Lázaro Cárdenas (ante la resistencia de la autonomía de la UNAM para crear carreras técnicas); la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, impulsada por Jaime Torres Bodet en 1944; la creación del Instituto Nacional de Mejoramiento del Magisterio; la formación de los Libros de Texto Gratuitos, los desayunos escolares, las normales rurales, la educación bilingüe para indígenas.

Definitivamente la Revolución mexicana dejó la tarea a medias. Llegó el año de 1982 y el grupo en el poder se dio el golpe de Estado más severo, traicionando a sus propios electores y a su propia plataforma electoral, o sea: al mandato ciudadano.

Hoy nos informa el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, que en el periodo de 2000 a la fecha, en ocho años, el número de analfabetos se redujo en 140 mil personas. No sabemos si es porque se murieron. Dijo también el subsecretario que “cada vez es más difícil llegar al núcleo duro del problema”. Del 8 por ciento de los mexicanos que son analfabetos de más de quince años, tres de cada cuatro tienen más de 40 años de edad; y la mayoría son de la tercera edad y mayormente mujeres.

La marginación, como se sabe, es un fenómeno complejo, que tiene casi siempre, como punto de arranque, la marginación geográfica. El proceso de alfabetización de los mexicanos más marginados, si quiere ser eficaz, tiene que acompañarse de obras de sanidad, agua potable y drenaje o letrinas, salud y nutrición materno-infantil, higiene, comunicación, abasto alimentario y apoyo a la producción autónoma. Habrá que “darles el pez y enseñarles a pescar”. No están orillados en los últimos rincones del país por su propia decisión.

Mañana 10 de septiembre se inicia la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Alfabetización, bajo los auspicios de la Unesco. Es de esperarse que este aliciente de los organismos internacionales resulte útil para comprender a cabalidad que la marginación es un mal social inaceptable y complejo y cada sociedad nacional debe hacer esfuerzos extraordinarios para revertir el daño que hizo en sus procesos históricos el núcleo nacional al que pertenecemos.

Nos dice Székely que en este sexenio no se logrará abatir el analfabetismo de seis millones de mexicanos ni el rezago educativo de otros 27 millones. Nos queda una buena tarea pendiente, y no se resolverá confundiendo la “falta de demanda” con la falta de plazas magisteriales y cerrando normales. Lo que falta es voluntad política.

http://www.milenio.com/node/76542

Pedro Miguel: Revocación

Hace unas semanas la opinión pública internacional recibió información sobre el concepto de punto de no retorno. El avión de Spanair que se estrelló en Barajas, se nos dijo, estaba en V1, una combinación de situación en tierra y velocidad en la que ya no queda suficiente pista para frenar y que hace obligatorio ir al aire porque, sean cuales sean las condiciones del aparato, resulta menos arriesgado intentar un aterrizaje de emergencia que permanecer en la superficie. O sea que la ventana de oportunidad para abortar un despegue es más bien estrecha. Va del momento en que el avión comienza a acelerar hasta aquel en que llega a V1. La expresión “estás a tiempo de arrepentirte” se aplica a muchas otras circunstancias de la vida, por más que, en varias de ellas, lo irrevocable de la decisión sea relativo. No es lo mismo jalar el gatillo y transitar de la condición de asesino en potencia a la de asesino consumado, o treparse a un cohete en dirección a la Luna, que firmar un contrato de arrendamiento o dar el “sí” matrimonial ante un juez o un cura. Si los procesos físicos y biológicos son implacables, los contratos sociales son reversibles, así se trate de una constitución, y aunque a los faraones les guste pensar que sus reinados son eternos, y por mucha que sea la zozobra ante la posibilidad de que tu cónyuge te mande al diablo.

Los regímenes posfranquistas “atados, y bien atados”, o bien los fallos judiciales inapelables, son formulaciones ególatras que persisten sólo en la medida en que las sociedades las acaten. Ya llegará, en España, el momento en que la gente se decida a tirar a la basura a una casa real corrupta y zángana. Tal vez los mexicanos logremos ejercer sobre nuestros legisladores la presión requerida para que emprendan un juicio político contra los magistrados de la Suprema Corte que exoneraron al góber precioso, y cuya permanencia en los cargos es un insulto a la legalidad y un agravio a la decencia.

Antaño, cuando los monarcas veían amenazada su permanencia en el poder, decían que ésta respondía a un designio divino. Si no les quedaba más recurso, apelaban a su condición de soberanos (detentadores de una autoridad suprema e independiente y no superada en cualquier orden inmaterial) para hacer lo que les viniera en gana. Heredada por el pueblo una vez que rodaron las cabezas reales, la soberanía le otorga la facultad, entre otras, de designar, por medio de elecciones, a quienes habrán de gobernar en su nombre. Los jefes de las actuales democracias formales invocan ese principio cada vez que hacen –como los reyes– lo que les da la gana o lo que les dictan sus intereses particulares.

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, reza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Pero nadie dijo que la soberanía, la real o la popular, fuera una fuente de decisiones irremediables. “No olvide el fraile que si una ordenanza real fundó la Inquisición, otra ordenanza puede ahogarla”, advirtió Isabel de Castilla a Torquemada un día que la arrogancia sádica del inquisidor la tenía hasta la madre (Crónica de los reyes católicos). Si supusiéramos por un momento que la elección presidencial de 2006 en México fue un proceso impoluto y legal; que se llevó a cabo no “haiga sido como haiga sido”, sino como debió ser; que en él la mayoría de los ciudadanos votó por Felipe Calderón y si éste encarnase, en consecuencia, la soberanía popular, en cualquier momento el pueblo tendría derecho, en virtud de su misma soberanía, a concluir que se equivocó. Mayor razón existe para crear un mecanismo institucional de enmienda cuando la representación es ejercida a consecuencia de un proceso comicial al menos dudoso y cuando un tercio de la ciudadanía la llama espuria e ilegítima.

El mismo miedo que impidió al grupo en el poder recontar los votos en 2006 se expresa ahora en la histeria linchadora desatada contra la idea de establecer un mecanismo legal para revocar mandatos por medio del referendo. El grumo político-económico-mediático que controla al país se llena la boca con encuestas de popularidad, pero se aterra ante la posibilidad de que el pueblo ejerza, para ratificar o rectificar, su soberanía. ¿Es subversiva y desestabilizadora la evocación del divorcio? ¿Hemos alcanzado el punto V1 de la política? ¿No tenemos más remedio que iniciar un despegue riesgoso o estrellarnos en tierra?

Y conste que nadie ha hablado de tomar el Palacio de Invierno.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=opinion&article=015a1pol

Ernesto Carmona: El lado oscuro del Chile de hoy

¿Qué ha cambiado en Chile desde que fue derribado el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende? Han transcurrido 35 años, 17 de dictadura militar y 18 de “transición a la democracia” conducida por una coalición hegemonizada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Por la Democracia, seguidos de otros menores, como el partido Radical, llamada Concertación de Partidos por la Democracia.

La primera observación es que la “transición” lleva ya más tiempo que la dictadura. Pero las condiciones de vida del pueblo han empeorado dramáticamente desde la época de Allende. Y hay poca cabida para protestar. Hoy existe una perversa democracia formal que limita el acceso de los pobres a la política y excluye de cualquier participación a la minoría comunista y a otros grupos izquierdistas. Existe un sistema binominal de elecciones que fue creado precisamente para que dos grandes bloques –la derecha y la Concertación– se alternen perpetuamente en el poder, tal como ocurre con los demócratas y republicanos en EEUU.

El fin de la dictadura no fue sólo el resultado de la lucha del pueblo, que aportó generosamente su sangre, instigado por quienes hoy gobiernan al país, sino que prevaleció un acuerdo político impulsado por los mismos factores internacionales que provocaron la caída de Salvador Allende, es decir, EEUU, la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, su sigla en inglés) y las grandes corporaciones transnacionales, cuyos negocios de explotación de los recursos naturales mejoraron notoriamente en estos últimos 18 años, según todos los indicadores. Los sectores que producen mayores ganancias al capital local e internacional son la minería del cobre, que es 70% privada, y la industria de la celulosa que se extrae de los bosques del territorio indígena, entre muchos otros rubros.

Neo-derecha “progresista”

La dictadura sigue presente, pero con otra apariencia, en el exitoso modelo de “desarrollo democrático” que padece Chile, pero que se exporta como imagen envidiable para otros países. La carta magna de la dictadura, que data de 1980, ha sido legitimada por sucesivas reformas constitucionales “de parche” concertadas por el gobierno con la derecha parlamentaria. Cada vez que tienen la oportunidad, las organizacionales patronales de la derecha económica manifiestan su satisfacción por la marcha de sus negocios bajo la administración concertacionista, particularmente bajo el sexenio presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006).

En estos 18 años de “transición a la democracia”, la Concertación se convirtió en una neo-derecha, con tintura socialista y social cristiana, como ocurrió antes con los partidos “progresistas” en Europa y en otras latitudes, donde la social democracia imitó a la democracia cristiana como nueva expresión partidaria renovada de la derecha tradicional. El socialismo de hoy no es el mismo de los tiempos de Allende. El partido del presidente inmolado que pretendió realizar reformas sociales involuciona por el mismo camino que siguieron antes sus colegas socialistas de España y Francia, los laboristas del Reino Unido, el partido “trabalhista” de Brasil y tantos otros. El Chile de hoy se puede transitar libremente pero por carreteras privadas. Santiago tiene una red de autopistas urbanas que cobran. La gente se ve triste porque está endeudada, aunque existe algo de trabajo, pero precario y “flexibilizado”. Los empleadores no tienen que complicarse con la seguridad social de sus trabajadores. La educación, la salud y la previsión social se han privatizado, convirtiéndose en negocios o “industrias”

Una nueva clase política de apariencia “democrática y progresista” se incrustó en la superestructura del poder del Estado para administrar la expoliación del pueblo chileno y de sus recursos naturales con mayor “eficiencia” que los militares y con pocos reclamos de los trabajadores, gracias al control de la Concertación sobre la Central Unica de Trabajadores (CUT). Esa clase política también ha puesto en marcha un proceso de corrupción a expensas de los fondos públicos sin precedentes en la historia política republicana del país.

Los rebeldes son jovenes

Los disidentes, incluidos cientos de miles de izquierdistas allendistas, no tienen cabida en esta democracia, porque el sistema electoral binominal les bloquea su acceso al Parlamento. Los jóvenes se niegan a inscribirse voluntariamente en los registros electorales. O sea, rehúsan adquirir el derecho al voto. Una vez inscritos tendrían la obligación de concurrir a votar a riesgo de severas sanciones. Si el derecho a voto no se ejerce, en Chile hay castigo. Y el gobierno pretende legislar una inscripción automática al cumplirse la mayoría de edad de 18 años, manteniendo la obligatoriedad del voto, en un esfuerzo desesperado por recuperar la representatividad perdida. Paradojalmente, quienes se oponen a esta medida totalitaria son los propios herederos políticos del pinochetismo que ahora juegan al populismo electoral al mejor estilo del Partido Popular español.

Cuando algunos sindicatos que no están bajo el control de la Concertación y ciertos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento con el nuevo modelo político-económico que favorece a los ricos, son brutalmente reprimidos por el gobierno nominalmente “socialista”, en nombre del sagrado sistema legal heredado de la dictadura que garantiza la expoliación neoliberal. Los más afectados han sido los sindicatos de trabajadores subcontratados –o tercerizados con empleo precario y “flexible”–, los estudiantes y la etnia mapuche, cuyo territorio permanece ocupado militarmente por años, sin nada que envidiarle a Palestina. Y al igual que Israel, Chile hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. La región mapuche, con sus habitantes en extrema pobreza perpetua, es un territorio ocupado por Carabineros bajo permanente estado de sitio, mientras sus tierras son explotadas por las industrias madereras de los grupos económicos más ricos de Chile.

El gobierno de la socialista Michele Bachelet eligió el camino de la represión, hasta con 1.500 detenciones de jóvenes estudiantes en el mes de julio 2008. La policía militarizada de Carabineros ejerce una brutalidad sin restricciones, incluso en detenciones regulares ordenadas por algún tribunal. El fallecimiento del jefe policial en un accidente aéreo en Panamá, mientras andaba de compras con su familia y ciertos allegados, fue convertido en tragedia nacional por el gobierno y los medios de comunicación, con duelo oficial y un derroche propagandístico que elevó al difunto a la categoría de un santo.

El rol de los medios

Todo esto ocurre mientras existe una creciente criminalización de la protesta civil, que comenzó reduciendo a 14 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los estudiantes que protestan en las calles corren el riesgo de ser procesados como autores de crímenes, no de desórdenes públicos, como ya ocurre en países como El Salvador, que hizo suya la ley antiterrorista de EEUU, la Patriot Act. Sin embargo, cuando un estudiante de 15 años es detenido y apaleado por Carabineros en las calles de cualquier ciudad, debe permanecer detenido hasta que sus padres vayan a rescatarlo a la comisaría. Es decir, hay un doble estándar entre los derechos ciudadanos y la responsabilidad penal que siempre opera contra los jóvenes.

El debate parlamentario se realizada entre cuatro paredes, casi igual que en los tiempos de la dictadura, sólo que ahora la sala es más grande y hay más protagonistas de la clase política disfrutando de un salario que pagan “todos los chilenos”. Tampoco hay debate público democrático en la prensa, donde no hay acceso para todas las opiniones ni existe cabida para los críticos y disidentes. Los grandes medios de comunicación –cuya propiedad está súper concentrada– apoyan las medidas represivas y demás políticas del gobierno que son del agrado de los grupos económicos y de los poderes fácticos. Los medios practican un doble juego de apoyo y crítica, aunque las portadas más populares se dedican a temas banales. Dos empresarios controlan la prensa escrita del país, Agustín Edwards y Alvaro Saieh, a través de sus diarios insignia El Mercurio y La Tercera. La televisión exhibe el mismo signo ideológico, estigmatiza las protestas sociales, cultiva la banalidad y criminaliza peyorativamente a sus protagonistas a través de todos los canales. El candidato presidencial Sebastián Piñera, que es la versión local de Silvio Berlusconi, tiene su propio canal de televisión, mientras otro responde al Vaticano, un tercero pertenece al multimillonario Ricardo Claro, del Opus Dei, otros dos pertenecen al magnate mexicano Angel González y el canal del Estado es co-gobernador por los intereses comunes de un directorio acordado en cuotas entre la derecha y la Concertación.

Diputados “elegidos” a dedo

Resulta imposible describir in extenso en una simple crónica al Chile de hoy, a 35 años de la muerte de Salvador Allende. Hay múltiples brochazos para pintar esta situación. Por ejemplo, en estos días los chilenos se enteraron de la asunción de un nuevo diputado que jamás fue sometido al voto popular. Se trata del reemplazante socialista del fallecido Juan Bustos, presidente de la Cámara. La ley permitió que el sucesor fuera designado a dedo por el partido del difunto. El premio recayó en Marcelo Schilling, que se hizo célebre como organizador de “La Oficina”, una instancia de espionaje interno creada por Patricio Aylwin (2000-2004) que Ricardo Lagos convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para vigilar a los disidentes domésticos.

Los empresarios exportadores de productos primarios como uvas, manzanas y peras llevan años quejándose de la devaluación del dólar, que es un fenómeno mundial, no chileno. Con dinero proveniente de las ventas del 30% del cobre que el Estado sigue poseyendo (Allende nacionalizó el 100% de ese recurso), el Banco Central destinó 8 mil millones de dólares para comprar dólares durante todo 2008, haciendo subir artificialmente el precio de la divisa extranjera en el mercado interno a fin de beneficiar a los exportadores. Con esta medida se desató una inflación que eleva dramáticamente el costo de la vida y de la energía, que es básicamente importada como gas de Argentina. De paso, se violó una de las sagradas normas de la economía neoliberal, al manipular “la mano libre del mercado”, pero esto no le importa a los diarios como El Mercurio, que defienden a sangre y fuego el neoliberalismo. El ministro de Hacienda Andrés Velasco llegó a decir que las últimas cifras de aumento del desempleo son buenas porque indican que hay más gente buscando trabajo (sic).

…Y echaron a mi vecino…

Chile fue el país más golpeado por el retrógrado experimento neoliberal mundial que comenzó en los años 70. Precisamente para esa experimentación con un pueblo atado, encarcelado o asesinado, sin capacidad de reclamar, se estableció una dictadura militar. Hoy sus cifras macroeconómicas son buenas, se muestran como ejemplares para otros países, pero los números benefician exclusivamente a los que ya son ricos y al capital extranjero. Los grandes empresarios suelen decir por televisión que ahora sí el país va por “el camino correcto” del crecimiento. Pero crecimiento ¿para dónde? ¿Hacía qué?… Mientras yo escribía esta historia en esta mañana de lunes, vino la policía, un tribunal y la fuerza policial a desalojar y lanzar a la calle a mi vecino de clase media porque no ha pagado su departamento… Como diría Bertold Brecha, ¿cuándo vendrán por mí?…

http://www.argenpress.info/2008/09/35-aos-de-salvador-allende-el-lado.html