Epigmenio Ibarra:¿De qué se espantan?

Hace unos días, en una entrevista radiofónica con Carlos Puig y a propósito de esos “resentidos” que se atreven a hablar de la posibilidad de que no termine su mandato, Felipe Calderón decía que esos, “que son cada vez menos” –ya antes había declarado, lo que al parecer le costo una comida a Carlos Marín, “que lo tienen sin cuidado los que los quieren tumbar”- no han aprendido que en la democracia hay que saber que a veces se gana y otras se pierde.

Tiene razón Calderón. La distancia entre una victoria o una derrota puede ser, a veces, solo un punto. Lo que no dijo es que, en la democracia real, hay un principio incontrovertible que el y los suyos violaron flagrantemente y es que, antes de hablar de la aceptación de los resultados, sean estos favorables o no a un determinado candidato y precisamente para que la legitimidad del mandato sea incuestionable, lo que hay que hacer es jugar limpio. Un punto, un voto si, con eso puede ser suficiente siempre y cuando no halla ni sombra de duda.

Ni Calderón, ni Fox, en el 2006, jugaron limpio. ¿De que se espantan pues si alguien en el ejercicio de un derecho ciudadano plantea la posibilidad de revocar el mandato presidencial? Harto mas fácil hubiera sido que el IFE, el tribunal electoral hubieran actuado con dignidad y congruencia y, como en cualquier país civilizado ante la opacidad de la elección y el margen tan estrecho entre los contendientes, hubieran procedido, al menos, al recuento voto por voto.

“Haiga sido como haiga sido” Calderón se hizo de la presidencia. Eso, insisto, tiene un costo que, desgraciadamente paga el país, paga nuestra incipiente y vulnerada democracia, pagamos todos.

Sorprende pues el escándalo de las buenas conciencias que hablan sobre las “intenciones golpistas” de López Obrador o de Camacho o de Muños Ledo o de cualquiera que se atreva a recordar, siquiera, las condiciones en que se celebraron los comicios y en tanto que ese recuerdo sigue vivo, a preguntarse, en el ejercicio de un derecho ciudadano, si ese señor tiene derecho a seguir sentado en la silla.

Solo pensarlo hace que a uno se le cuelgue de inmediato el sambenito de intolerante y subversivo. Más subversivo, golpista eso si, fue sin embargo atropellar, como lo hicieron Fox, los poderes facticos y el propio Calderón a las instituciones y los procesos electorales. Son muchos los que, de manera sistemática, reducen todo, ese derecho ciudadano a inconformarse, al puro resentimiento, al rencor y, sobre todo, a la incapacidad de aceptar la derrota.

Sorprende digo el escándalo de las buenas conciencias, a propósito de la idea siquiera de la revocación de mandato, porque son muchos los ejemplos de gobiernos que, en Italia, Inglaterra y otras democracias por mucho menos que la falta de legitimidad de origen de Calderón, su ineficiencia en el ejercicio del poder o el comportamiento impropio de algunos de sus mas altos funcionarios, se han venido abajo.

En una democracia –Calderón tampoco lo dijo- incluso cuando se juega limpio los votos no son un cheque en blanco para el gobernante. La permanencia en el poder depende la conducta, probidad y eficiencia de quien resulto electo para mandar.

Calderón, eso esta sobre la mesa y es cada día mas claro, no da, como dice el refrán popular, pie con bola. Rodeado de amigos, conocidos solo por el y leales también solo a el, mas que de funcionarios con prestigio, solvencia y capacidad. Inmerso en una obsesiva batalla –algo le aprendió a Fox- por conseguir legitimidad a punta de spots. Movido por intereses ideológicos y oscuros intereses económicos más que por una apreciación objetiva de la realidad y las necesidades del país. Lo suyo es en rigor – y la ausencia de logros lo demuestra- una batalla pérdida de antemano contra cada vez más numerosos molinos de viento.

Cada frente que abre Felipe Calderón –pese al enorme rating que obtiene con sus constantes y atrabiliarias apariciones en la televisión- es ya, desde el inicio del combate, una derrota anunciada.

Conducir este barco, en medio de las oscuras y tormentosas aguas por las que navegamos, exige, más que eficiencia y capacidad que, también son necesarias y de las que Calderón, por cierto, no ha hecho gala, una legitimidad de origen incontrovertible. Solo un gobernante sin macula, cuyo mandato sea incuestionable, puede conseguir el consenso nacional necesario y suficiente. Ese consenso que, nace del respeto y no de la resignación ni de la amnesia, es la única palanca de fuerza para sacar adelante el país.

No hay que engañarse. Los pactos coyunturales con otros partidos, como el que ha permitido, de alguna manera, sobrevivir a Calderón de la mano del PRI, alcanzan solo para maniobras políticas de corto alcance; sirven, si acaso, para pavimentar el camino de la restauración del antiguo régimen.
La impunidad, el origen y horizonte de nuestros males nace del olvido conveniente de las trapacerías, de la aceptación de lo inaceptable.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com/2008/09/de-que-se-espantan.html

Alvaro Montero Mejía: El Estado de Derecho ha sucumbido

Queridas compañeras y compañeros de la Hora del Silencio

El próximo lunes, 15 de septiembre, día de la Independencia, procuraremos estar aquí, como todos los lunes, a fin de leerles un mensaje sobre el significado de ese valor trascendental que es la independencia nacional. A todos los que reciban este mensaje, los invitamos a acompañarnos este lunes próximo a las ocho de la noche, aquí, frente a la casa de Oscar Arias, a fin de confirmarle nuestra irrenunciable voluntad de defender a Costa Rica, de impedir que, con las acciones económicas y políticas impulsadas por su gobierno, dejemos de ser, los hombres y mujeres de Costa Rica, los únicos e insustituibles amos y señores del destino de la Patria.

Aunque en ese momento Oscar Arias haya regresado a Costa Rica, estamos casi seguros de que no se atreverá a convocar a la ciudadanía o asistir a un acto multitudinario de celebración patriótica. En primer lugar, los Arias saben que han perdido toda autoridad moral para hablarles a los costarricenses de ese valor supremo, la independencia, que ellos se han encargado de hacer jirones. En segundo lugar, no desean enfrentar esa repulsa de espontánea indignación, que provocan cada vez que aparecen ante miles de conciudadanos. Quizás esperan pacientes que el gobierno chino, con una generosidad que el gobierno de los Arias no merece, les construya ese nuevo circo romano, llámese estadio nacional, donde el pueblo sencillo, embebido por la droga futbolera, le tributaria una ovación en su apertura. Debemos estar advertidos y prevenidos, porque es seguro que los Arias planean convertir la inauguración del nuevo estadio nacional, en el más importante acto político electoral de la campaña de 2010.

En días recientes, se ha acrecentado el escándalo derivado del empleo que el ministro Zumbado hizo con los fondos de Taiwán, depositados en el BCIE. En efecto, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el supuesto delito derivado del destino que se le dio esos fondos.

Realmente impresiona la capacidad de los Arias para encontrar chivos expiatorios de modo que, ante las innumerables tropelías cometidas durante su administración, sean sus subordinados y no ellos mismos, los que encaren las responsabilidades políticas y hasta penales derivadas de sus actos.

Cuando dos subordinados suyos, Fernando Sánchez y Kevin Casas redactaron el famoso memorándum del miedo, por encargo directo de los Arias, la prensa no puso en el tapete que ese memorándum fue sólo un resumen operativo de las conclusiones sacadas en una reunión con ellos. El apremio de las fuerzas conservadoras por aprobar el TLC a costa de todo, les permitió silenciar la verdad de lo ocurrido. Cuando Fernando Berrocal cometió la imprudencia de acusar la penetración de las FARC en la política costarricense, amparándose en el gobierno colombiano, tal como lo había confirmado Laura Chinchilla, se fue Berrocal para su casa. Ahora el ministro Zumbado aparece como el responsable de los malos manejos de los fondos donados por Taiwán. Pero veamos. Cuando el gobierno de Taiwán decidió hacerle esa donación a Costa Rica, ya los Arias habían tomado la decisión de romper con los isleños y establecer relaciones con la República Popular China. Por esa razón, fueron los Arias y no Zumbado, quienes decidieron que sus dineros fueran depositados en el BCIE. Cuando esos fondos fueron trasladados al Ministerio de la Vivienda, jamás el banco centroamericano lo habría hecho sin una orden expresa de los Arias. Cuando el ministro Zumbado, decidió cambiarles el destino, era imposible que los Arias no lo supieran, por más que Zumbado dijera, en un gesto elemental de lealtad, que no lo había consultado “para no importunar al Presidente”.

De modo que quienes deberían encarar la acusación de la Contraloría y la presentación del caso ante el Ministerio Público, son los hermanos Arias y sólo en segundo término el ministro encargado. Aparentemente, la Contraloría pasó por alto el artículo 130 de la Constitución que expresamente dice: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.

“Obligado colaborador” significa que le deben lealtad al Presidente y que sólo hacen aquello que deciden juntos o en función expresa de la responsabilidad de su cargo. El cargo de un Ministro no es una responsabilidad autónoma, desprendida de la naturaleza que la Constitución le da a eso que denomina Poder Ejecutivo. Cuando la Constitución habla de los Ministros del gobierno (artículo 141), dice con absoluta claridad que “Para el despacho de los negocios que correspondan al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley”.

La Constitución no dice que el Poder Ejecutivo lo ejerzan solos, sujetos a sus propias y personales decisiones, los Ministros de Gobierno ni expresa, en ninguna parte, que aquel que los nombra y remueve libremente (artículo 139), sea absolutamente irresponsable por los actos que cometan aquellos a quienes nombra como miembros del Poder Ejecutivo. Si un Ministro se excede en sus funciones, es responsable el Ministro, pero también lo es, aquel que lo nombra y orienta.

Esto que afirmamos no es una simple interpretación de las normas constitucionales, sino lo que expresamente dice la Constitución. En efecto, el artículo 148 textualmente dice:

“el Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorgue a ambos”. En efecto, el artículo 140 de la Constitución, que señala los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, en el inciso siete dice:

“disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes”.

En estricto sentido y en apego a la letra de la Constitución, la Contraloría debió solicitarle a la Asamblea Legislativa que procediera a investigar, de acuerdo con los elementos de convicción aportados, si procedía o no, el levantamiento de la inmunidad presidencial para los efectos de un eventual enjuiciamiento del Presidente. Porque no tiene absolutamente ningún sentido que sea sometido a una investigación y eventual procesamiento, aquel que actuó como “obligado colaborador” y no aquel que lo nombró y para quien colaboraba. Al menos es lo que expresamente indica y ordena la Constitución.

¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué nuevos actos arbitrarios presenciaremos y hasta dónde llegará la subordinación de los órganos rectores de la institucionalidad pública, obligados a mantener el imperio de la ley?

En nuestras manos está el resarcimiento que la democracia costarricense merece. Esta lucha por la unidad y sus consecuencias político-electorales, se ha convertido en una verdadera causa nacional.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/costa-rica-el-estado-de-derecho-ha.html

Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Carmelo Ruiz Marrero: ¿Son seguros los transgénicos?

¿A qué se debe la controversia en torno a los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos? ¿Son seguros para consumo o no?

Quienes defienden los transgénicos argumentan que no hay evidencia científicamente válida de que hagan daño. ¿Existe tal evidencia o no? Esta pregunta tiene sólo dos respuestas posibles, y ninguna de las dos trae sosiego. O respondo que sí hay evidencia de daños o respondo que no la hay. Podría responder de inmediato que sí, pero para demostrar que es la pregunta incorrecta responderé de primera intención que no.

Si no existe tal evidencia, todavía el debate queda abierto, todavía no queda demostrado para nada que sean seguros. Después de todo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Quien esté tranquilo y satisfecho con la aseveración de que no hay evidencia de daños está presumiendo que alguien en alguna parte está haciendo o ha hecho averiguaciones a respecto. Los defensores de los transgénicos señalan, con un aire de finalidad como para poner fin al debate, que la agencia estadounidense FDA, que vela por la inocuidad de medicamentos y alimentos, declaró que estos productos son sustancialmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto no presentan ningún riesgo novedoso al consumidor.

Pero la FDA no examina los alimentos transgénicos. Lo que hace es aceptar los datos que le someten las compañías que los hacen. Casi todos los estudios que someten son confidenciales. Si son tan seguros estos productos, ¿Por qué la confidencialidad?

“El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento”, informa el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro ‘Genetic Roulette’ (Ruleta Genética). “Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco.”

La FDA “depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología”, advierten los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. La FDA “sólo acepta las aseguranzas de las compañías de biotecnología de que su producto es seguro.”

Los defensores de los transgénicos nos dicen que son los productos más minuciosa y exhaustivamente examinados de toda la historia y hacen referencia a montañas de estudios y datos a este fin. Pero cuando uno excluye los estudios que son confidenciales entonces la pila se achica bastante. De la pila que queda, la mayor parte consiste de estudios que si bien son minuciosos fueron hechos para determinar variables agronómicas relacionadas a la productividad y rendimiento, datos que no tienen ninguna utilidad para determinar inocuidad. Una vez excluimos esos, la pila de estudios y datos se achica más aún.

De los estudios que tienen alguna relevancia a la salud humana, ¿Cuántos de estos son públicos y no confidenciales? ¿Cuantos han pasado por el proceso de revisión por los pares y sido publicados en la literatura científica? Como que la pila sigue achicándose. Y de éstos, ¿cuántos NO fueron financiados por la industria de biotecnología?

¿Quién puede creer que la fuente de financiamiento de una investigación científica no es de importancia? En un informe publicado en la revista Nutritional Health, I. F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios científicos sobre transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los estudios financiados por la industria nunca encuentran ningún problema.

De cualquier modo, ¿Qué compañía ha encontrado algo malo con sus propios productos? ¿Cuántas décadas pasaron antes de que la industria tabaquera admitiera tímidamente que quizás podía existir alguna relación entre su producto y el cáncer?

Sepan ustedes que los estudios sobre transgénicos revisados por los pares y debidamente publicados que tengan alguna relevancia a la salud humana son apenas más de veinte. De estos, ¿Cuántos fueron realizados con sujetos humanos? Uno solamente. Es realmente preocupante que se hayan comercializado estos productos de manera masiva cuando la base de datos sobre su inocuidad es tan diminuta.

Las pocas veces que datos confidenciales sobre alimentos transgénicos han salido a la luz pública éstos han resultado ser sumamente preocupantes.

El 22 de mayo de 2005 el periódico inglés The Independent reportó la existencia de un informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y linfocitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos (indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual indica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; niveles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); y otros síntomas adversos. Portavoces de Monsanto aseguraron que la compañía haría público el informe, pero no lo hizo de buena gana, alegando “confidencialidad”, y al principio sólo publicó un sumario de once páginas. No fue sino hasta que un tribunal alemán ordenó su divulgación unos meses después que el texto entero fue hecho público.

Es importante señalar que esta importante información es pública no por la buena fe de Monsanto sino porque algún buen empleado con acceso a documentos confidenciales de la compañía se tomó el riesgo de llevarla a la prensa. De no ser por este héroe anónimo, todavía hoy seríamos felizmente ignorantes sobre los efectos del Mon 863. Cabe preguntar entonces, ¿Habrá otros transgénicos nocivos que la industria de biotecnología nos está dando de comer a sabiendas de que son dañinos?

¿Qué más se puede esperar de una compañía como Monsanto? El excelente documental Le Monde Selon Monsanto (“El Mundo Según Monsanto”) de la cineasta francesa Marie Monique Robin, muestra cómo esta corporación ha pasado décadas negando responsabilidad por los horrendos daños a la salud ocasionados por el Agente Naranja, defoliante tóxico que ésta fabricó y que se utilizó extensamente en la guerra de Vietnam.

También se presenta en el filme el caso del pueblo de Anniston, en Alabama, EEUU, el cual sufrió por décadas de contaminación de sustancias tóxicas conocidas como PCB vertidas por Monsanto, contaminación que la compañía pretendió encubrir. En el curso de la batalla que la comunidad de Anniston dio en corte salió a luz un memorando interno de la compañía que decía “No nos podemos dar el lujo de perder un solo dólar de ganancia” (We can’t afford to lose one dollar of business).

En vista de estos hechos, ¿Qué se puede esperar de esta compañía cuando nos asegura que sus transgénicos son seguros? Robin y yo no criticamos a Monsanto de manera arbitraria y gratuita. Es que la compañía tiene 90% del mercado mundial de cultivos transgénicos, por lo tanto es sólo justo que reciba 90% de nuestras críticas.

Otro caso preocupante que demuestra que la FDA no está haciendo nada en lo absoluto para asegurar la inoucuidad de los transgénicos es el del guisante australiano. En 2005 un guisante transgénico experimental desarrollado en Australia por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization provocó una fuerte reacción inmunológica en ratas de laboratorio.

Científicos de la escuela de investigación médica John Curtin en la ciudad de Canberra sometieron el guisante transgénico a una batería de pruebas de las que normalmente se hacen a medicamentos, no a alimentos. Las ratas que ingirieron el producto mostraron cambios significativos en sus sistemas inmunológicos y nódulos linfáticos. Esto es más que suficiente para prohibir su consumo.

Hay que enfatizar que las pruebas que realizaron los australianos no son requeridas por ley para alimentos transgénicos en Estados Unidos. Este producto hubiera entrado al mercado estadounidense si hubiera pasado por el sistema regulatorio de la FDA. Por lo tanto, no nos sorprenda que productos transgénicos igual o más nocivos que el guisante en cuestión pueden estar en el mercado ahora mismo.

Igual o más interesante que los resultados del experimento es el hecho de que los mismos científicos que desarrollaron el guisante y realizaron el experimento no entendían la importancia de lo que habían hecho. Las pruebas que habían realizado nunca antes se habían hecho con alimentos transgénicos y aún así ellos realmente estaban convencidos de que las pruebas que habían hecho eran la norma en el resto del mundo. Esto demuestra que los propios biotecnólogos- al menos la mayoría de ellos- están sumamente desinformados sobre su propio quehacer.

En honor a la verdad, la FDA sí examinó productos transgénicos, pero lo hizo una sola vez, en 1992. En ese entonces determinó que estos alimentos son perfectamente seguros y que al no presentar ningún riesgo nuevo, no necesitan de pruebas adicionales.

La agencia se negó a hacer públicos los documentos internos relacionados a estas pruebas, lo cual provocó en 1998 una demanda de una coalición de grupos de sociedad civil dirigidos por la Alliance for Biointegrity exigiendo que se hagan públicos. El juez le dio la razón a la parte demandante y como resultado se hicieron públicas sobre 44 mil páginas de documentos relacionados con las pruebas realizadas sobre los transgénicos. Estos documentos enseñan que, contrario a lo que decía la alta cúpula de la FDA, no había ningún consenso entre los científicos de la agencia en cuanto a la seguridad de los transgénicos, y que varios de ellos expresaban serias preocupaciones sobre riesgos a la salud.

Los documentos desclasificados son interesantísimos y educativos. En uno de ellos, fechado 6 de marzo de 1992, el microbiólogo Louis Pribyl dice que “los efectos involuntarios no pueden ser despachados tan fácilmente, simplemente implicando que éstos también ocurren en la crianza convencional. Hay una profunda diferencia entre los tipos de efectos inesperados de la crianza convencional y los de la ingeniería genética.” Por su parte, la oficial de cumplimiento Linda Kahl advirtió en un memorando con fecha de 8 de enero de 1992 que al “tratar de forzar una conclusión final de que no hay diferencia entre alimentos modificados por ingeniería genética y alimentos modificados mediante prácticas de crianza tradicional (la agencia está tratando de) meter una ficha cuadrada en un hoyo redondo… Los procesos de ingenería genética y crianza tradicional son diferentes y de acuerdo a los expertos técnicos de la agencia, llevan a riesgos diferentes.”

Resulta que el oficial puesto a cargo de la investigación sobre transgénicos no era científico sino abogado, el licenciado Michael Taylor. Previo a su servicio público representó a Monsanto. Y tras terminar su labor en la FDA volvió al sector privado y llegó a ser vicepresidente de Monsanto. Es un caso clásico de poner el cabro a velar las lechugas. En inglés le llaman ‘revolving door’, el conflicto de interés creado por el continuo movimiento de profesionales entre los sectores privado y público.

Y el caso de Taylor no es nada fuera de lo ordinario. Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo de EEUU, fue abogado de Monsanto, y el ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld fue por ocho años jefe de la farmacéutica Searle, la cual Monsanto compró en 1985. Y Anne Veneman, la primera secretaria de agricultura de la administración Bush-Cheney, había estado en la junta de Calgene, empresa comprada por Monsanto en 1997.

La activista e investigadora Beth Burrows, fundadora del Instituto Edmonds, dedicó años a investigar el ‘revolving door’ de la industria biotecnológica pero eventualmente abandonó este esfuerzo porque ella razonó que sería más provechoso hacer una lista de los servidores públicos que NO estaban brincando a las compañías de biotecnología.

En su tiempo en la FDA el supervisor inmediato de Taylor era James Maryanski, quien fue confrontado por Robin en su documental. El pobre, sin duda sintiéndose emboscado, murmuró algunos argumentos cantinflescos a la vez que admitía que efectivamente había disidencia entre los científicos de la agencia en torno a la inocuidad de los transgénicos. Pero aún así se les aprobó, en contra del propio reglamento de la FDA.

Podría hablarles de muchas otras instancias que demuestran que las preocupaciones acerca de la inocuidad de los transgénicos, como las papas de Pusztai, la tragedia del triptófano, el fiasco de la hormona transgénica rBGH, las ratas de Ermakova, el testimonio de Kirk Azevedo, y muchas más, están bien fundamentadas. Pero por la cuestión de la brevedad, vayamos directo al argumento de remate: el etiquetado.

Si estos alimentos son tan seguros, ¿por qué se opone la industria a que vayan etiquetados para que los consumidores puedan identificarlos y usar su criterio para decidir si los quieren comprar o no? Los argumentos de las compañías en contra del etiquetado no son ni remotamente convincentes. Simplemente no confían en su propio producto y tampoco confían en la inteligencia del consumidor. Quizás se oponen porque sin etiquetado no puede haber trazabilidad, y sin trazabilidad no se puede asignar responsabilidad si alguno de estos alimentos transgénicos resulta tener efectos imprevistos.

Las denuncias y cuestionamientos aquí presentados no constituyen oposición a toda biotecnología, como creen erróneamente algunos. Es simplemente un reclamo de que se salvaguarde la ecología, la salud humana y el interés público en el desarrollo de esta y cualquier otra nueva tecnología. Los biotecnólogos no tienen por qué considerar inoportunos los planteamientos aquí expuestos, si son los mejores intereses de la humanidad lo que les motiva. Si lo que les motiva es el lucro y la ambición entonces se puede entender su molestia.

Referencias:

Cummins, Claire. “Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds”. Beacon Press, 2008.

Robin, Marie Monique. Le Monde Selon Monsanto. http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto

Smith, Jeffrey. “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods”

Traavik, Terje & Lim Li Ching, editores. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms” Tapir Academic Press, 2007.

Washington Post. “Monsanto hid decades of pollution” 1 de enero 2002.

Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental, autor del libro “Balada Transgénica” y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/son-seguros-los-transgnicos.html

Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.

Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.

Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.

El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.

Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.

Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.

En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.

La deuda externa

El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.

Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.

Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.

A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.

La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.

Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.

Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.

El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas

El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.

Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.

En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.

Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.

El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.

Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.

En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.

Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.

Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.

Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.

Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.

Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.

Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.

Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.

Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.

Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.

La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.

Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.

Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.

Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.

El contexto: Más de cincuenta años de expoliación

El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.

El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.

Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.

La realidad de los hechos

La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.

Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.

No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.

El tema de la línea de bandera merece reflexión.

Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).

Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.

En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.

En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.

Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.

Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.

Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.

Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.

No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.

Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:

“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.

Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.

Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/la-regla-de-oro-del-sistema-privatizar.html