Vicky Pelaez:Despierta México, tu patria peligra

La decisión del presidente de México, Felipe Calderón, de solicitar a Estados Unidos la adopción de un plan de seguridad similar al “Plan Colombia” estremece hasta al más indiferente. No sólo representa una posible amenaza a la soberanía, sino es parte de un proyecto norteamericano iniciado en el nefasto gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1984 – 1990) que consiste en crear condiciones para que el poderoso vecino asuma el control sobre el destino del país.
El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre México, Estados Unidos y Canadá, negociado por Salinas y George Bush padre, fue decisivo para el debilitamiento y luego el desmantelamiento de la economía que debieron subordinarse a los intereses de las mega corporaciones norteamericanas, llevando al país azteca a la dependencia económica y financiera de EE.UU. Así, la economía de México, segundo socio comercial de Estados Unidos, del cual recibe más del 85 por ciento de la inversión extranjera, fue orientada hacia el modelo que favorecía a los intereses norteamericanos. De ser el primer productor del maíz en el mundo hasta 1980, México se convirtió en importador de este producto y lleva de California el 80 por ciento del maíz que se consume. Por eso, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados engrosando las filas de los desocupados y marginados.

Un 45 por ciento de la población que tiene trabajo no gana suficiente para la canasta familiar. Los jóvenes, sin posibilidad de un futuro diferente, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o delinquir.

El narcotráfico y la delincuencia ahora proliferan en el país que cada día es más ingobernable. Lo trágico de la situación actual es que este proceso de caída fue previsto, tanto por los gobernantes de México como por sus mentores norteamericanos. El 15 de septiembre de 1999, la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el documento “New World Coming: American Security in the 21st Century”, donde en la página 112 hace la siguiente conclusión: “La inestabilidad política, económica y social de México se convertirá en el más serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Teniendo en cuenta la extensión de México, será muy difícil de contener este proceso dejando abierta posibilidad de una intervención militar norteamericana”.

Felipe Calderón no ignoraba estas conclusiones. Su comportamiento en vísperas de asumir la presidencia muestra que es también partícipe del plan norteamericano. En octubre pasado viajó a Bogotá, siguiendo el consejo del Departamento de Estado, para ver la posibilidad de aplicación del Plan Colombia en México. Tras su encuentro con Alvaro Uribe declaró: “Queremos aprender de las mejores experiencias y aplicar acciones contundentes en la lucha contra la inseguridad en nuestro país, que aquí en Colombia se ha traducido en política de seguridad democrática”.

Parece que Calderón “aprendió” rápidamente en que consistía la “experiencia” de Uribe con la asesoría del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la DEA (Drug Enforcement Agency). Hace unos meses el jefe de la DEA en Colombia, David Gaddis, fue trasladado a México, dando inicio al plan norteamericano de “colombianización” de México. No hace un mes, Felipe Calderón, siguiendo a Uribe declaró la militarización de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico lo que agudizó la violencia en México, ahora convertida en estado mayor de los carteles del narcotráfico que corrompieron más al gobierno. El fraude electoral pasado, generar hambre y violencia, todo estaba planificado.

Calderón no mira la otra cara de los “éxitos” de seis años de Uribe, que le cuesta 5 mil millones de dólares a Estados Unidos: las 3,211 víctimas inocentes del terror paramilitar en 20 de los 25 Departamentos de Colombia; incremento de la guerrilla, secuestros, matanzas, producción de cocaína a pesar de la presencia de tropas y contratistas norteamericanos (en total, de acuerdo al informe de la Casa Blanca, la producción de cocaína durante seis años del Plan Colombia creció en 27 por ciento); y lo más trágico, que Colombia perdió completamente su soberanía.

Este destino o peor le espera a México si es que el pueblo no se opone a la “colombianización” de su país.

Artículo publicado en el año 2007

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007061411

Obed Vizcaíno: Ya casi nadie habla de los retenidos en Colombia

El rescate de Ingrid Betancourt y de los tres mercenarios o contratistas norteamericanos, dejó sin esperanzas a cientos de retenidos en Colombia. Ya casi no se habla de cientos de colombianos y colombianas, que permanecen en las selvas. Pareciera que el destino de muchos se encamina por la ruta del olvido.

Tenemos que reconocer que ganó Uribe y su séquito de ministros de guerra. La liberación de doña Ingrid Betancourt y los tres mercenarios norteamericanos, selló la suerte de otros ciudadanos colombianos que también necesitan reencontrarse con sus familiares.

El profesor Gustavo Moncayo, podrá caminar todas las rutas de la indiferencia e indolencia, sin lograr que gobierno alguno se interese por la liberación de su hijo. No recibirá más que unos cuantos aplausos y ovaciones, de la gente de pueblo que se solidariza con su causa.

Muchos, padres y madres en Colombia, podrán hacer todas las marchas y actos públicos  por la paz, que no habrá de ahora en adelante quien se interese por la suerte de sus seres queridos. El gobierno pronorteamericano de Álvaro Uribe, los ha condenado a ser ciudadanos y ciudadanas de segunda y tercera categoría, que no representan ningún interés político o estratégico inmediato.
La utilización por parte del gobierno colombiano, de los símbolos de la Cruz Roja y Medialuna Internacional, de otros organismos e instituciones informativas y humanitarias, pusieron en una situación peligrosa a todo intento por mediar  por cientos de personas en poder hasta ahora de las FARC y otros grupos.

Ya nadie habla de los que quedaron atrás, son como una especie de colchón mediático e ideológico que le da legalidad, al ya inconstitucional gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto es una oportunidad política única, que puede ser usada en la campaña electoral, en la cual el señor Uribe pretende otra reelección ilegitima.

La propia señora Ingrid Betancourt, está callada, a ella que no se aplicaran las leyes migratorias o el Protocolo de Retorno que se aplicaran a millones de trabajadores inmigrantes en Europa. Ella, está disfrutando de su libertad y tranquilidad en Francia. Ya está segura y bien lejos de Colombia.

Lejos de la guerra y de las mentiras de las cuales hizo uso, al decir ante todo el mundo, que el gobierno colombiano jamás había utilizado los símbolos y emblemas de las instituciones humanitarias internacionales y de los medios de prensa como Telesur. La mataron políticamente el presidente Uribe y su Ministro de la defensa, al utilizarla gobbelianamente en semejante mentira.
El silencio y complicidad del mismo Comité Internacional de la Cruz Roja y Medialuna Internacional, de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenan de manera firme e injusta, a los cientos de colombianos y colombianas, que todavía están retenidos por las FARC y otros grupos insurgentes.

Los están engordando y guardando, para cuando sean verdaderamente útiles, para la campaña presidencial de Álvaro Uribe, quien pretende perpetuarse en el poder en Colombia, con el apoyo de los Estados Unidos, a través de las bases militares y tropas elites de comando, proyectadas para estos próximos diez años en ese país.

Están esperando que sean útiles, para dar unos golpes propagandísticos, militares e ideológicos, que no van a ser tan limpiamente quirúrgicos. Todo esto apoyado por la inteligencia militar norteamericana.

Esos retenidos por las FARC, le van a dar al actual gobierno ilegitimo de Colombia, la legalidad que necesita, para perpetuarse en el poder y para servir como factor desestabilizador en la región,  como cabecera de playa a las tropas norteamericanas y al Departamento de Estado, contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

El rescate de Ingrid Betancourt y de los tres mercenarios norteamericanos, quita la presión política sobre el gobierno de Uribe. Desvía toda acción política de los grupos sociales y humanitarios hacia las FARC. Logrando así, un respiro estratégico a Álvaro Uribe, para armar el elemento político táctico, que le permita relanzarse a una aventura electoral en contra de la constitución, la paz y la legalidad colombiana.

El gobierno venezolano y la Senadora Piedad Córdova, salieron utilizados y traicionados por el gobierno de Álvaro Uribe. A la orden del gobierno de Bush, fueron desautorizados, como mediadores del proceso de negociación y mediación de paz, en un vil intento de dañar la imagen de Venezuela y de la Senadora Córdova, y para poder ubicar estratégicamente las posiciones de los campamentos de las FARC, a través de acciones de inteligencia que involucraron toda la tecnología satelital y militar del gobierno norteamericano. Además de la complicidad interna y la traición de algunos sectores políticos dentro de la fuerzas insurgentes.
La presión política que ejercía el cautiverio de la Betancourt, desapareció del panorama político colombiano, facilitando así la posibilidad de una nueva reelección ilegitima de Álvaro Uribe. Condenando a Doña Ingrid, al eterno exilio dorado que le garantiza el gobierno francés de Nicolás Sarkozy.

El serio revés que representaba para las FARC, la liberación de tres mercenarios o contratistas del Departamento de Estado norteamericano, es un fuerte golpe psicológico y militar contra el grupo guerrillero.

Ahora le toca al presidente Uribe Vélez, volver a ganar las elecciones en Colombia, aunque sea de manera ilegal, para que se cumplan todos los planes de desestabilización  en la región, planificados por la administración norteamericana.
Ya nada los detendrá, los permisos para la instalación de bases norteamericanas en Colombia están prácticamente dados. La posibilidad que un próximo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se convierta de hecho, en una especie de gobierno de ocupación con el apoyo de tropas norteamericanas, es cada vez más cercana.

Ya está dada la eminente reelección de Uribe, está preparada el arma política propagandística que representa el rescate por la vía militar, de algunos de los retenidos por las FARC. Ya está montada la operación Goebbels, aún a costa de la vida de los mismos retenidos.

Ya nadie, o casi nadie, a nivel internacional, habla de los otros cientos de retenidos por las FARC. Dejaron de ser una preocupación, para los políticos y los gobiernos del mundo. El objetivo político final y único, como que era tan solo la liberación de Ingrid Betancourt y de los tres mercenarios o contratistas norteamericanos.

Quizás el rescate de ellos y ellas, no represente ni la más remota posibilidad de obtener un premio Nóbel de la Paz.

http://www.alcnoticias.org/interior.php?codigo=12186&format=columna

Carlos Fazio: La mafiocracia colombiana

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con el narcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=opinion&article=016a1pol

John Saxe-Fernández: Calderón, ficha de EU

El endoso de Calderón a la integración militar bajo auspicio de EU por medio del Comando Norte (CN), la ASPAN, la Iniciativa Mérida y el Proyecto Mesoamérica, arriesga la integridad territorial mexicana y le adjudica a la oficina presidencial el patético papel de “ficha” (asset) de EU en el tablero estratégico de las Américas; una capitulación de soberanía y de liderazgo latinoamericano que comparte con Álvaro Uribe, su homólogo colombiano.

Cabe recordar que la Iniciativa Mérida, gemela del Plan Colombia, es un inductor presupuestal que integra a México al CN mediante negocios: asesorías, equipo, entrenamiento, intercambio de información y movilización conjunta de tropas bajo los bastidores de empresas contratistas tipo Blackwater y DynCorp, brazos clandestinos del Pentágono al mando de ex oficiales militares y de inteligencia estadunidenses, como ya se advirtió desde estas páginas.

La construcción imperial de coaliciones de corte militar-empresarial, usando el CN y la ASPAN, se encamina, por conducto de la Iniciativa Mérida, a desvanecer la función de “defensa nacional” en las fuerzas armadas mexicanas, para sustituirla por tareas de “seguridad interna” o de corte netamente policial.

Estas instancias castrenses también se coordinan con el Comando Sur que opera del Suchiate a la Patagonia y tienen entre sus objetivos: a) el posicionamiento territorial para el control de la población y los recursos naturales de América Latina con despliegues de bases, operativos navales, aéreos y terrestres; y b) la utilización de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia como arietes para una ofensiva oligárquico-imperial encaminada a generar sinergias entre ambos comandos que refuerzan su dominio de América Central y el Caribe desplegando operaciones abiertas y encubiertas para socavar, por la vía de la desestabilización socioeconómica y militar, el proceso de formación de coaliciones sudamericanas en curso.

La mencionada sinergia se explicitó en el comunicado del Proyecto Mesoamericano cuando los nueve mandatarios participantes “… reiteraron su disposición a estrechar la cooperación entre sus países y con EU en el marco de la Iniciativa Mérida” (BBC-Mundo, 29/6/08).

Esos operativos se intensificaron después que Brasilia informó a la secretaria Rice de su apoyo para la formación de una estructura sudamericana de defensa que excluye a la potencia norteña.

Al poco tiempo se registraron los violentos ataques contra territorio ecuatoriano desde Colombia, haciéndose visible la acción oculta de EU actuando a través de su “ficha” colombiana.

Así se puso en práctica la doctrina de la guerra preventiva, de las “fronteras flexibles” y de lo que el Pentágono concibe como el derecho de intervenir militarmente en “espacios de precaria gobernabilidad” –dotados sin excepción de abundantes y estratégicos recursos naturales–, todo en abierto desacato del derecho internacional y de acuerdos multilaterales suscritos por EU con América Latina.

El regreso de la “diplomacia de las cañoneras” con la puesta en operación el martes pasado de la cuarta Flota –establecida durante la Segunda Guerra Mundial contra ataques submarinos alemanes y desactivada desde 1950– lo anunció el Pentágono con una gira por la región del almirante Jim Savridis, a cargo del Comando Sur, exactamente una semana antes del cónclave fundacionaaal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizado en Brasilia, el 23 de mayo pasado, cuyo fundamento es la defensa conjunta de la inviolabilidad territorial de los firmantes, en contraste con las doctrinas y programas castrenses hilvanados con diseños de desincorporación territorial del Banco Mundial-BID y ONG “ambientalistas”, para una refuncionalización estadunidense del espacio nacional, como ocurrió con los ferrocarriles de México y que la iniciativa energética de Calderón llevaría a los vastos complejos económico-territoriales, involucrados en la operación diaria de. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Álvaro Uribe: Mexicanos Delincuentes

Vaya, nuestro facista del sur no deja de sorprenderme con su infinita maldad y estupidez.

Para el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, los mexicanos muertos en un campamento de las FARC en Ecuador eran delincuentes, ya que estaban en complicidad con las actividades de ese grupo guerrillero.

“Complicidad es aprobar una actividad criminal, esconder una actividad criminal, encubrirla y se pasa de la complicidad a la acción de ser delincuente de la misma actividad”, dijo en entrevista televisiva.

“No eran rehenes, no estaban es una gestión humanitaria, entonces en qué actividad distinta de complicidad con las FARC estaban”, añadió.

A pregunta expresa sobre si los mexicanos muertos en Ecuador y la sobreviviente Lucía Morett eran delincuentes, guerrilleros, terroristas y narcotraficantes, el Mandatario contestó “por supuesto”.

Uribe deploró que haya juventud vinculada a grupos terroristas.

“Ninguna muerte es buena, mucho menos la de los jóvenes, porque nosotros no sabíamos que había la presencia de esos jóvenes mexicanos.

“Yo deploro la muerte de estos jóvenes pero también deploro que haya juventud vinculada con el grupo terrorista las FARC”, dijo.

Reconoció la batalla del Gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico

“Las FARC ese es el principal distribuidor de narcotráfico en el mundo”, señaló.

El Mandatario colombiano dijo que las autoridades de su País están dispuestas a investigar en conjunto con las mexicanas a Lucía Morett, quien sobrevivió al ataque.

Afirmó que Colombia no puede indemnizar acciones de terroristas, por lo que descartó que su Gobierno vaya hacerlo a los familiares de los mexicanos muertos como lo pidió el Gobierno de Calderón.

Sería bueno saber que pruebas tiene Uribe para asegurar su dicho y aunque lo probara nada cambiaria las cosas pues aunque nuestros mexicanos hayan sido combatientes estos fueron masacrados en territorio no combatiente así que, por donde se le vea, Uribe está más que sumergido en su propio charco de mierda y criminalidad.
El discurso y la semántica no pueden enterrar los hechos evidentes.

Por otra parte esperemos que nuestra mexicana Lucia Morett encuentre el asilo político pues de lo contrario sería enjuiciada y encarcelada en México por cargos ficticios, acusada por hombrecitos grises y cobardes bajo el mando de Fecal.

Link (por suscripción con costo):
Reforma

Morfo Fuera

Raúl Zibechi: Movimientos en contextos de guerra

El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.

No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.

Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.

Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.

Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.

Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.

En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.

Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.

El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Emir Sader: Otra Colombia es posible

Recuerdo la preocupación de García Márquez cuando veía lo que sucedía en Argentina en 1977, temiendo que Colombia se fuera a transformar en otra Argentina. Él aún no había recibido el Premio Nobel –que elevó el nombre de su país al contexto mundial– ni se daba cuenta del camino por el que se había enrumbado Colombia.

Tres décadas después, su nación continúa siendo uno de los epicentros de la “guerra infinita” del gobierno de Bush. Álvaro Uribe es producto de esa política –de los aliados más estrechos entre los pocos con que cuenta el belicismo en América Latina. Uribe fue electo bajo la promesa de ejercer con“mano dura”, de buscar una solución “a la iraquí” para Colombia, considerando que las iniciativas pacificadoras de los presidentes anteriores habían fracasado.

El país, cansado de la violencia, observó a un presidente –connivente con los grupos paramilitares y, por conducto de ellos, con los cárteles del narcotráfico– concentrar los recursos militares, puestos a su disposición por el gobierno estadunidense, en operaciones militares, supuestamente como vía para el triunfo de la democracia. El aislamiento de las guerrillas favoreció su consolidación y al igual que otros presidentes neoliberales del continente, como Fujimori y Cardoso, cambió la Constitución del país durante su mandato para relegirse –y ahora intenta conseguir un tercer mandato. Él ejecuta una política interna ortodoxamente neoliberal, sin darse cuenta del agotamiento de ésta en todos los países del continente. Llevó a la práctica una política represiva que afectó claramente los derechos democráticos de la población, contando en gran medida –como sucede con todas las políticas antipopulares en la región– con la anuencia de la oligarquía. Se aisló de los procesos de integración regional e intentó firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos; no pudo conseguirlo por las restricciones que el Partido Demócrata interpuso ante las precarias condiciones de los derechos humanos en Colombia.

Uribe no quiere que continuar el intercambio de retenidos por las FARC por prisioneros de su gobierno. Su apoyo interno depende de la satanización de la insurgencia, lo que le permite aparecer como el hombre del “orden”. Cuando se reeligió, tuvo como principal opositor a Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático, agrupamiento de izquierda que desbancó a los partidos Liberal y Conservador, presentándose como la mayor amenaza para el continuismo. En las pasadas elecciones municipales de octubre, el gobierno perdió en las principales ciudades con candidatos de izquierda, como Bogotá –nuevamente conquistada por el Polo Democrático–, Medellín y Cali. Se demuestra así cómo en general las políticas gubernamentales de Uribe –que apoyó a los candidatos derrotados– no cuentan con el favor popular, por lo que requiere la polarización con las guerrillas para intentar perpetuarse en la presidencia. Este gobernante nació de la violencia y sabe que su sobrevivencia depende de que ésta no termine.

La oportunidad de desbloquear la propuesta de las FARC e intercambiar presos de la guerrilla por detenidos del gobierno, revela el papel de cada régimen del continente, muestra quién quiere soluciones pacíficas, democráticas para las crisis, y quién desea perpetuar la espiral de violencia. La situación pudo ser desbloqueada gracias a la actuación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando el proceso avanzaba, Uribe utilizó un pretexto secundario para excluirlo de la negociación, al comprender que la intermediación de éste había demostrado la credibilidad necesaria para que el acuerdo pudiera concretarse, al contar con la confianza de los familiares de los presos, la interlocución con las FARC, la capacidad de iniciativa y la simpatía de sectores democráticos de Colombia y varios gobiernos regionales.

Las FARC recolocaron al presidente venezolano en las negociaciones –para disgusto de Uribe–, y entregaron los detenidos a Chávez como forma de desagravio a éste, frente a la actitud excluyente del presidente colombiano. Ese primer gesto abrió el camino para que todos los presos pudieran ser intercambiados, permitiendo al venezolano confirmar su capacidad de iniciativa política y de movilización de apoyos, revelando el papel de cada actor en el continente.

En cuanto a los gobiernos estadunidense y colombiano, y a la gran prensa, hicieron todo lo que pudieron para que las negociaciones fracasaran, en tanto que mandatarios de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador –con apoyo europeo– alentaron activamente el proceso de pacificación y liberación de los presos de ambos lados. (La cobertura de la prensa brasileña fue vergonzosa, sin que ninguna publicación escrita enviara periodistas para reportar directamente desde Colombia). Néstor Kirchner y Marco Aurelio García (de Brasil) representaron a los gobiernos de sus países, mereciendo el apoyo de la izquierda y la simpatía de sectores democráticos, que –sin embargo– siempre siguieron pasivamente los acontecimientos.

Exhibiendo su compromiso consecuente con la pacificación, primer paso para que otra Colombia –sin violencia, narcotráfico, paramilitares o secuestros– sea posible, Hugo Chávez se dispuso a dar continuidad a las negociaciones, apelando incluso a operaciones clandestinas, con tal de conseguir la libertad de los presos.

La liberación de rehenes bifurca el destino de Colombia. Un futuro de pacificación, soluciones negociadas, democratización e integración continental, o la perpetuación del clima de violencia y de guerra. Con la primera alternativa está gran parte de los gobiernos de la región, que pueden contar con el acompañamiento mayoritario del pueblo colombiano, identificado con los familiares de los presos. Con la segunda, están Estados Unidos y el gobierno colombiano. Una solución futura de liberación de todos los secuestrados apunta a otra Colombia posible y necesaria, para su pueblo y para todo el continente.

* Traducción: Ruben Montedónico
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/14/index.php?section=opinion&article=021a2pol