Sergio Aguayo Quezada: Cortinas de humo

Hay nexos entre seguridad nacional y derechos humanos y para conciliarlos son indispensables la precisión, la claridad y la solidez fáctica. En lugar de seguir esa vía Juan Camilo Mouriño y José Luis Soberanes lanzaron cortinas de humo.

El lunes 2 de junio, Juan Camilo Mouriño lanzó un ultimátum a Washington. Aunque le flaqueó la voz su mensaje fue claro. “En sus versiones actuales”, dijo, los proyectos de la Iniciativa Mérida son “inaceptables para nuestro País”. Estamos ante una tesis que embona con nuestras tradiciones. Es una pena que el discurso de Mouriño se desbarrancara en ambigüedades. ¿A qué se refiere cuando habla de “medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar” la Iniciativa y meterla en “metas de política mucho más amplios”? La falta de precisión abre el terreno para todo tipo de interpretaciones.

Días antes, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes dedicó una columna publicada en Reforma (“Más allá de la anécdota”, 29 de mayo de 2008) a regalarnos su interpretación sobre el asunto. “Entre las propuestas del Plan Mérida, escribió, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) para distribuirlos a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”. Cerró el argumento asegurando que los beneficiarios últimos serían organismos civiles internacionales y nacionales que, con tal de obtener un pellizco del millón de dólares, “optaron por el camino de denostar la labor” de la CNDH. La codicia corruptora explica las críticas que se le han hecho.

El Ombudsman nacional levantó una cortina de humo que prendió en algunos círculos en donde se toma como dogma que la Iniciativa Mérida agrede la soberanía por ese millón de dólares que la ONU entregaría a organismos civiles que agreden a la patria. A Soberanes y sus asesores les faltó precisión y les sobró manipulación de la información. El ya famoso millón de dólares sí fue aprobado por el Comité de Apropiaciones del Senado para ser entregado a la ACNUDH pero en ningún lado dice que ese dinero sería repartido por la ACNUDH a “discreción” a organismos civiles de México o el extranjero; esa oficina de la ONU no es una agencia financiadora y en caso de que recibiera el dinero seguramente lo metería en sus programas.

No es la primera vez que José Luis Soberanes hace afirmaciones sin sustento lo cual erosiona esa autoridad moral de la cual depende buena parte de su efectividad. Tampoco es raro que el doctor Soberanes guarde silencio sobre temas que le incomoden. Por ejemplo, en la columna arriba mencionada guardó silencio sobre condicionamientos que sí aparecen mencionados explícitamente en la Iniciativa Mérida. El principal, por cierto, involucra directamente a la CNDH.

Si se mantiene el texto actual, la cuarta parte de los 350 millones solo serán entregados a México cuando el Departamento de Estado informe al Congreso de aquel País que nuestro Gobierno “fortaleció la autoridad legal y la independencia de la CNDH”. La frase se presta a múltiples lecturas y si se me dieran las teorías conspiratorias hasta podría armar un texto especulando sobre la posibilidad de que la CNDH cabildeara en Washington para beneficiarse. Prefiero quedarme en los hechos.

En su estado actual la Iniciativa Mérida sí nos condiciona. Además de exigir el fortalecimiento de la CNDH, pide que los militares violadores de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y exige el establecimiento de un mecanismo independiente, en el que participe la sociedad civil, para monitorear la Iniciativa.

Es igualmente cierto que en materia de seguridad hay condicionamientos más insidiosos por ser menos visibles. Apuntala una visión estratégica favorable a las tesis de Washington orientadas a frenar la oferta: el papel de México es combatir la producción y frenar el tráfico sin tomar en cuenta que va en nuestro interés incrementar la atención dada al consumo. El aparato de seguridad estadounidense también incrementa su presencia e influencia en el aparato de seguridad mexicano.

La corta y accidentada vida de la Iniciativa Mérida deja varios saldos. Seguimos con el dilema de cómo conciliar la seguridad con derechos humanos. En ese sentido es preocupante cómo sigue reduciéndose la estatura moral del Ombudsman nacional; en lugar de utilizar el espacio periodístico para aclarar su papel en la salida de Amerigo Incalcaterra (ex representante en México de la ACNUDH) desvió la atención a interpretaciones sin sustento. Tampoco aclaró cuál es la posición de la CNDH sobre el papel que debe jugar la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Es medio esquizofrénico que participe en organismos de Naciones Unidas para luego obstaculizar su trabajo en México.

Mouriño confirmó por su parte que, en materia de seguridad, seguimos sin tener una estrategia clara que nos permita saber cuál es el papel asignado a la Iniciativa Mérida en la guerra contra el crimen organizado. ¿Por qué le han dado tanta importancia a los 350 millones de dólares y qué pasaría si no se reciben?

Un tercer revolcado es el Senado de la República. Mientras que su contraparte en Estados Unidos escudriña y pone condiciones y pregunta, los nuestros se las arreglan para evadir el tema. Es inconcebible que nunca hayan hecho una evaluación integral sobre lo hecho y dejado de hacer por la CNDH y que hayan guardado silencio sobre la remoción de Amerigo Incalcaterra y el papel jugado por la CNDH. Tampoco parecieran interesarse en las múltiples implicaciones de una Iniciativa que, en estos momentos, recibe la extremaunición. Ante la falta de claridad y dadas las cortinas de humo coincido con Mouriño en que lo más adecuado es interrumpirla.

Artículo Original: El Siglo de Torreón

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