J. Enrique Olivera Arce: Un antes y un después de Juan Camilo Mouriño

• • • “Yo soy el primer interesado en que surja la verdad y se esclarezcan las causas de estos hechos”

• • • Felipe Calderón Hinojosa

Controvertido y acechado por la sospecha de su origen, sus antecedentes familiares y su involucramiento en tráfico de influencias dañinas para la salud de la Nación, Juan Camilo Mouriño murió en condiciones trágicas preñadas también de sospechas.

La especulación

“La especulación daña a México”, “Quién especula traiciona a México”, dicen algunas histéricas voces que desde el poder se desgarran las vestiduras ante el temor de que salgan a relucir los trapos sucios. ¿Y que esperaban? En un país donde se nos ha acostumbrado a escuchar medias verdades o mentiras completas, la sospecha florece; a falta de información veraz, objetiva y oportuna, la desinformación alimenta la imaginación popular. A la ya profunda falta de credibilidad en las instituciones y en la clase política, habrá entonces de sumarse la sospecha obligada. Más cuando desde el poder mismo se insiste en que habrá de investigarse a fondo la causa de la tragedia. Si como oficialmente se afirma y la lógica indica que fue un lamentable accidente, ¿para que la insistencia y la preocupación de Calderón Hinojosa por conocer la verdad?

Pero más allá de la especulación y la sospecha como ejercicio popular, es dable considerar que con lo acontecido, el clima ya de si enrarecido en la vida del Estado-Nación, habrá de acelerar su deterioro a partir del lamentable suceso y, con ello, la pérdida de la posibilidad de una anhelada legitimización de quien abierta y públicamente se le ha denominado “presidente espurio”. En el pueblo de México ya prendió la idea de la vulnerabilidad de quien gobierna, generándose desconfianza e incertidumbre, así como la convicción de que nunca habrá de conocerse, como en el caso de Luís Donaldo Colosio, aquello que al poder no convenga que se sepa.

Lo que viene

Héroe para Felipe Calderón Hinojosa, antihéroe para amplios sectores del pueblo, que no se tragan la versión oficial difundida por la mayoría de medios de comunicación de su honestidad y entrega al servicio de México, el temprano compromiso con la muerte de quien fuera secretario de gobernación y delfín del titular del ejecutivo federal para sucederle, reduce el círculo íntimo de Los Pinos, a la par que cierra un ciclo en la vida de México, abriendo otro no menos incierto y ominoso para el panismo entronizado. Un antes y un después de Mouriño, que coincidentemente, para el infortunio de Calderón, se empata con un antes y un después de la elección de Barack Obama por el pueblo norteamericano.

El control del Estado y del gobierno federal no dependerá más del joven superdotado, guía estratégico de quienes integran el estrecho grupo de amigos de Los Pinos, y enlace con los poderes fácticos, nacionales y extranjeros. Calderón estará obligado a gobernar sólo, en la inmensa soledad que el mismo creara en su entorno, pues sin Mouriño, el “gobierno de amigos” ha quedado en la orfandad. La disputa por la titularidad de gobernación, se encargará de confirmarlo.

Al mismo tiempo, en la medida en que Obama tome las riendas del gobierno del país más poderoso del mundo,  sin la cercanía con Bush, Calderón Hinojosa tendrá que gobernar a contracorriente de la nueva concepción de la política interna y externa de nuestro vecino del norte. El gobierno norteamericano, en lo interno, si nos atenemos a lo expuesto por Obama a lo largo de su campaña electoral, habrá de poner énfasis en la búsqueda de solución a su actual crisis económica y social, fortaleciendo el aparato productivo y el empleo, así como minimizando su dependencia de bienes, servicios y mano de obra del exterior; en tanto que, en lo externo, seguramente figurarán entre las prioridades inmediatas el recomponer la relación geopolítica con los países que la miopía de la anterior administración etiquetó como enemigos de la democracia, incluyendo a Rusia, China y Venezuela, así como el retiro decoroso de las tropas en Irak y Afganistán.

Bajo esta óptica, los presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón, en América Latina, quedarían en la orfandad. México y Colombia tendrán que rascarse con sus propias uñas, buscando el cobijo de los gobiernos “populistas” del Cono Sur, a los que hasta ahora han dado la espalda.

En este posible escenario, las palabras de despedida vertidas por Calderón Hinojosa en el Campo Marte, centro neurálgico del honor militar, al mismo tiempo que hablan de un pasado que ya no tiene retorno, de cara al futuro inmediato trastocan principios y valores que podrían concurrir a la construcción de la necesaria unidad nacional frente a la crisis global, resolviendo la polarización existente; perdiendo  la moral colectiva y la ética política  frente al cinismo con el que se exaltan virtudes inexistentes de un hombre que en vida fue actor y cómplice de cuestionadas conductas públicas; elevando a la calidad de paradigma la corrupción e impunidad que mantienen postrado a México. Percibiéndose en lo que para el calderonismo representó Juan Camilo, el trazo de una nueva ruta a seguir para lo que resta del sexenio: políticas a la defensiva y mano dura para doblegar la protesta popular, en pro de mantener el poder y sostener estrategias equívocas de despojo y desmantelamiento de lo poco que queda del patrimonio nacional.

Si la muerte de Luís Donaldo cambió el curso de la historia de México, anunciando la salida del PRI de la Presidencia de la República, la muerte de Juan Camilo Mouriño anuncia el principio de la debacle del PAN y sus pretensiones de gobernar a México por tiempo indefinido. La protesta social podrá quebrarse, pero no doblarse y a ello habrá de atenerse Calderón Hinojosa en lo que resta del sexenio.

Al PRI no le queda de otra que poner sus barbas en remojo, revisando su estrecho y cuestionado maridaje con el calderonismo.

Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Fabiola Martínez: Cesa Gobernación a la titular del Conapo; lo deja acéfalo

Elena Zúñiga Herrera fue destituida como secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), bajo el argumento de que venció su contrato. La Secretaría de Gobernación (SG) pretende nombrar ahora, por “libre asignación”, al sucesor en este cargo, cuya función es coordinar el diseño y normatividad de la política de población.

Zúñiga, quien estuvo 12 años a cargo del organismo, fue la responsable de la elaboración del Programa Nacional de Población (PNP) 2007-2012, cuya ceremonia de presentación, a cargo del titular de la SG, Juan Camilo Mouriño, había sido programada inicialmente para mañana (viernes), en el contexto del Día Mundial de Población.

La remoción de la demógrafa fue considerada por las organizaciones que integran el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de Conapo, una decisión “inoportuna e innecesaria”, que “evidencia la pretensión de los gobiernos panistas de resquebrajar la política de población en México”.

La noticia, señalaron, generó “sorpresa e indignación” porque con ello se lesiona la política de Estado en materia de población que ha mantenido el país por más de 30 años, por encima de transiciones sexenales ideológicas y partidistas.

La destitución le fue informada a Zúñiga el sábado pasado y, dos días después, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Ana Teresa Aranda, acudió a las oficinas Conapo para manifestar, ante unos 40 empleados de este organismo, que estaba impactada con la noticia porque había aprendido a apreciar a la ahora ex funcionaria, quien –de acuerdo con fuentes consultadas– se limitó a decirle a su equipo que concluía una etapa.

Por la noche, Gobernación informó de la “conclusión de la gestión” de Zúñiga, debido al término de su nombramiento el pasado 6 de julio; reconoció sus “aportaciones” al fortalecimiento internacional de México en materia demográfica, así como su participación en la elaboración el PNP, próximo a publicarse; dijo que “en breve se anunciará al nuevo secretario general del Conapo”.

En la víspera de celebrarse el Día Mundial de la Población y, eventualmente, presentar el programa sexenal en la materia, el Conapo está acéfalo.

En el documento referido, el cual contiene un mensaje del secretario Mouriño (quien es a su vez presidente del Conapo) y del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, se advierte sobre la situación vulnerable en que se hallan jóvenes y adolescentes mexicanas respecto a información y acceso a métodos anticonceptivos, así como el alto nivel de embarazos no deseados.

La secretaría general de Conapo tiene como responsabilidad planear y regular la dinámica poblacional y coordinar a los diversos sectores que influyen en ella.

La destitución de Zúñiga afectaría también los trabajos iniciados en organismos internacionales, porque la ahora ex funcionaria recientemente fue nombrada presidenta de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Naciones Unidas y del Comité Especial de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Zúñiga Herrera es reconocida por académicos y organizaciones no gubernamentales por su promoción a las políticas de población, respetuosas de los derechos humanos, con apego a los acuerdos internacionales.

No es la primera vez que se separa del cargo. En 2006 renunció a la secretaría general del Conapo por mantener diferencias con el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, precisamente en lo que toca a políticas de población y acceso a información y a métodos anticonceptivos.

Meses después, ya en la administración calderonista, Zúñiga regresó a Gobernación a partir de un contrato temporal por 10 meses; el plan original era que al término de ese plazo concursara por la plaza.

Así lo hizo –en junio pasado– y, a pesar de cubrir los requisitos y resultar con mayor puntaje respecto a otros candidatos, según las fuentes consultadas, el concurso fue declarado desierto. Con ello, la dependencia gubernamental dará paso, como lo permite un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública de julio de 2005, a la libre asignación.

El artículo primero de ese acuerdo señala que son de libre asignación las funciones que impliquen de manera permanente la negociación, orientación o defensa de las políticas institucionales en el ámbito, entre otras, de la política interior.

En tanto, el artículo 34 del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal señala que “en casos excepcionales” podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, vacante o plaza de nueva creación, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esa ley. El personal no creará derechos respecto al ingreso al sistema.

Premura de la destitución

María Eugenia Romero, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Conapo y directora de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, dijo que el lunes pasado tenían programada una reunión con Zúñiga, pero unas horas antes les fue notificada la salida de esta funcionaria.

Comentó que esta acción “intempestiva y grave” es un signo de la poca importancia que concede el gobierno federal a la política de población; también lamentó que las “buenas intenciones” se queden en el papel y no en una campaña amplia y efectiva de información acerca de los métodos de planificación familiar y el acceso a ellos.

Por mencionar un dato, de acuerdo con Conapo, la demanda insatisfecha (de métodos anticonceptivos) entre mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad aumentó de 26.7 a 36.0 en el periodo 1997-2006.

Lo anterior, en un contexto en el que siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse.

Las organizaciones civiles –entre las que se encuentran también Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida y Salud Integral para la Mujer– exigieron al gobierno mexicano demostrar su compromiso con la política de población y los derechos de las mujeres: ocho de cada 10 adolescentes que viven en pareja ya tienen un hijo o se encuentran embarazadas, de las cuales 75 por ciento no lo tenía planeado.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/07/10/cesa-gobernacion-a-titular-del-conapo-lo-deja-acefalo

Dossier Político: Espía espiado

El senador Manlio Fabio Beltrones siempre se ha caracterizado por la astucia que desarrolla en la actividad política, así que debemos tomar con todas las reservas del caso ese supuesto rompimiento de su alianza con el presidente Felipe Calderón porque fue espiado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Beltrones se formó en el mundo de la inteligencia política. Por eso, cualquier lector que consumió esa información pudo haber exclamado: ¡Voooooooyyyyyyy! De cuando acá…

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, querrá, si somos mal pensados, utilizar esa coyuntura de espía espiado como arma negociadora para sus aspiraciones personales y elevar el precio pactado al apoyo de la reforma petrolera.

La nota reseña: “¡A la fregada!”, fue la decisión tomada por los senadores a los que Beltrones les compartió las evidencias de las tareas de espionaje. Sin detallar aspectos, las fuentes consultadas dijeron esta mañana: “Se metieron fuerte, y mucho con la vida privada”.

Y luego viene un párrafo que se podría calificar como poco lógico: Servidores públicos del Cisen proporcionaron al equipo de Beltrones parte de los informes de Inteligencia que detallan las actividades del priìsta, así como de sus principales colaboradores y asesores, en el Senado y fuera del círculo legislativo.

Esto da a entender que los propios espías le dijeron al espiado: Señor, estamos espiando su vida privada y política. Si Beltrones presionó a Juan Camilo Mouriño para que le entregaran ese reporte, no lo consigna la nota informativa.

Esta labor de espionaje se habría desarrollado en los primeros días de junio pasado y abarcó los preparativos de la boda de Sylvana, la hija del influyente legislador. Aquí sí pudo haber enojo de Beltrones porque se metieron con la familia, aunque al respecto recordamos un simpático episodio registrado entre Beltrones y el periódico El Imparcial. Fue un reportaje gráfico dedicado al Día del Amor. En varias gráficas mostraban a una pareja fotografiada a distancia. Cuando se publicaron en un semanario propiedad de un amigo de Manlio Fabio, se omitieron nombres. Sólo aparecía una leyenda promovida por el poderoso diario: Nada como la libertad.

Manlio Fabio Beltrones Rivera se encuentra hoy en la cima de su carrera política. Muy lejano se observa aquel 1982 cuando fue enviado como diputado federal por Sonora, claro, bajo el padrinazgo de su guía y tutor político, Fernando Gutiérrez Barrios.

En 1983 fue designado secretario del CEN del PRI adjunto a la presidencia. Retornó a Sonora para hacerse cargo del PRI estatal. En 1985 fue designado secretario de Gobierno con Rodolfo Félix Valdés. Manlio tenía entonces 33 años.

Con su llegada al puesto de número dos en el gabinete estatal, se le fueron en bola todos los felixvaldecistas y volvió al PRI nacional, ahora como secretario de Promoción y Gestoría.

Eran los últimos meses de la gestión presidencial de Miguel de la Madrid. Con el destape de Carlos Salinas, Manlio fue enviado como candidato a senador, pero no duró mucho en la curul.

Don Fernando Gutiérrez había sido nombrado secretario de Gobernación y se llevó a Manlio como subsecretario. Fue entonces cuando Beltrones pidió a don Fernando que le ayudara a cumplir su más caro anhelo: Ser candidato a gobernador de Sonora. Para 1991, a los 39 años de edad, Manlio cumplió su deseo.

Para espiar se necesita inteligencia

La labor de inteligencia es en la práctica todo un aparato montado por los gobiernos federal y estatales para hacer acopio de información supuestamente clasificada como de seguridad nacional. Pero la mayor de las veces, casi siempre, personal y equipo son utilizados para vigilar la vida privada y pública de la clase política.

¿Piensa que lo vigilan?

¿Escucha ruidos extraños en su línea telefónica?

Si padece de este marcaje personal en su vida privada, usted es importante para el gobierno. Esto es parte de la inteligencia. En este tipo de tareas el gobierno espía a los enemigos políticos y también a los de casa.

En cierta ocasión, el entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora, dio a entender en una plática con un reportero que en comparación con el equipo mexicano, James Bond, en sus películas, tiene juguetes de principiantes.

Pero aquí en Sonora no hacemos malos quesos: Por allá en los albores de la administración boursista, en círculos cerrados se mencionaba que el gobierno estatal había adquirido dos equipos con capacidad para interceptar 70 mil líneas telefónicas cada uno.

Aunque habría que reconocer que en esto del espionaje los propios funcionarios se encargan de alimentar mitos, tenga usted por seguro que a estas alturas ya están preparando las casas de seguridad para monitorear todo lo que se mueva en el proceso electoral.

Así que los personajes políticos, líderes empresariales y sindicales, el clero, liderazgos ciudadanos, y toda la etcétera que se pueda acumular, a cuidarse. Si usted es espiable, no lo tome a pecho. Es mejor aceptar estas invasiones a la privacidad con un toque de humor. Al fin y al cabo que los asuntos de importancia no se abordan en una plática telefónica.

http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=39162&relacion=&tipo=principal1&cat=11

Sergio Aguayo Quezada: Cortinas de humo

Hay nexos entre seguridad nacional y derechos humanos y para conciliarlos son indispensables la precisión, la claridad y la solidez fáctica. En lugar de seguir esa vía Juan Camilo Mouriño y José Luis Soberanes lanzaron cortinas de humo.

El lunes 2 de junio, Juan Camilo Mouriño lanzó un ultimátum a Washington. Aunque le flaqueó la voz su mensaje fue claro. “En sus versiones actuales”, dijo, los proyectos de la Iniciativa Mérida son “inaceptables para nuestro País”. Estamos ante una tesis que embona con nuestras tradiciones. Es una pena que el discurso de Mouriño se desbarrancara en ambigüedades. ¿A qué se refiere cuando habla de “medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar” la Iniciativa y meterla en “metas de política mucho más amplios”? La falta de precisión abre el terreno para todo tipo de interpretaciones.

José Antonio Crespo: Consulta petrolera

Es bastante clara la estrategia diseñada por Andrés López Obrador y el FAP en torno a la reforma petrolera. Se trata de echar abajo la iniciativa de Felipe Calderón, de frustrar la iniciativa. Y en caso de que fuese aprobada (en sus actuales términos o incluso más adelgazada), generarle al gobierno un enorme costo político (con vías a su derrocamiento, sospechan muchos y afirma Dolores Padierna). El siguiente paso consiste en preguntar a la ciudadanía su parecer sobre el destino de “nuestro” petróleo (es un decir, pues buena parte de su renta acaba en los bolsillos de gobernadores, altos funcionarios, líderes sindicales y hasta en los casinos de las Vegas). El argumento es políticamente vendible; sobre un asunto tan trascendente no pueden decidir un puñado de ciudadanos (los legisladores, que apenas pasan los 600), por más representativos que sean – aunque muchos no se sienten por ellos representados -, sino que es el pueblo directamente quien debería tomar dicha decisión, o al menos expresarse para que su posición sea considerada por los legisladores. La democracia representativa tiene límites, se dice. En contraparte, se ha dicho con razón, someter esa decisión a la ciudadanía a través del plebiscito no es posible constitucionalmente, pues a nivel federal no existe la figura. Es cierto. A lo cual el FAP replica que se puede introducir en la Constitución para ejercitar la democracia directa en este asunto en particular. Sin embargo, con lo deseable que es adoptar figuras de democracia directa, es cierto que su regulación no es cosa sencilla.

Por más atractiva y deseable que resulte, conlleva varios problemas técnicos. Su regulación exige despejar preguntas como ¿quiénes pueden decidir qué temas deben someterse a la decisión de los ciudadanos? ¿El Ejecutivo, el Congreso, con cuántos votos, bajo qué condiciones? ¿La ciudadanía puede también proponerlo – cosa deseable-, en cuyo caso, con cuántas firmas de por medio? ¿Qué nivel de complejidad técnica puede soportar la participación ciudadana antes de tomar una decisión de gran calado? ¿Cómo debe proporcionarse al ciudadano la información pertinente? ¿Quién formula las preguntas de la consulta? ¿Qué nivel de concurrencia debe exigirse para hacer vinculante el resultado? Y es que la democracia directa se presta no sólo para complementar la democracia representativa – algo sano – sino también para evadirla – algo insano. Quien dispone de una mayoría en el Congreso, evitará el plebiscito pues no lo necesita, y en cambio se arriesga a perder en él. A la inversa, quien no cuenta con una mayoría parlamentaria, intentará bajar el tema a la ciudadanía. Entonces, para evitar que un partido minoritario recurra al plebiscito en cada asunto que pierda en el Congreso, o que un presidente que haga lo propio, las figuras de democracia directa deben reglamentarse con suma atingencia. No todas las decisiones públicas pueden ni deben someterse a la ciudadanía, o el resultado sería la parálisis gubernamental. Desde luego, temas tan trascendentales como una reforma petrolera (o la despenalización del aborto) justifican ese recurso. Pero reglamentar la democracia directa tomaría mucho tiempo, lo que desde luego beneficiaría al FAP en su intento por echar abajo la reforma calderonista.

Por eso mismo, el FAP ha venido anunciando que hará su propia consulta, misma que, de hacerse sin visos de formalidad, no gozaría de mucha confianza, pues podría hacer la pregunta a modo – lo cual es clave – además de que a su convocatoria asistirían sólo – o casi – quienes comparten su rechazo a la reforma calderonista. Además, ¿quién garantizaría la pulcritud del proceso y la fidelidad del resultado – pues no podría ser el IFE -, sobre todo tras haber visto cómo se las gasta el PRD en sus procesos electorales? Y ahí es donde viene la hábil maniobra de Marcelo Ebrard. Más allá de no compartir esencialmente su postura sobre la reforma, debemos reconocer que políticamente hizo un excelente movimiento político: en la capital sí se hará una consulta popular con cariz oficial, pues está prevista en el estatuto capitalino. Es cierto que se trata de una reforma federal, por lo cual no podría someterse a plebiscito, pero ¿por qué no una consulta, siendo un tema de elevado interés general? Puede decirse – aun con razón – que las consultas son parte de una táctica “dilatoria y provocadora”, pero ahí donde se celebren satisfarán el deseo de participar del 78 % de los ciudadanos (según una encuesta nacional de Gea-Isa, entre otras). De ahí el desafío que hace Ebrard a todos los gobernadores; preguntar a sus gobernados qué quieren. A menos que teman el resultado, reta Marcelo.

El resultado de esas consultas probablemente será desechado por la mayoría de legisladores, pero quedarían como desdeñosos de la voluntad ciudadana que dicen representar. Y en un tema como el petróleo, eso se ve bastante mal. Lo dicho por el subsecretario Jordy Herrera, en sentido de que “la población está participando de muchas maneras (como por ejemplo) siguiendo las discusiones”, no generará demasiado entusiasmo cívico (30/V/08). ¿A eso debe reducirse la expresión ciudadana? ¿A ver los debates (los que puedan) minimizados además por los medios oficialistas? Está pues ya estructurado el alegato para justificar la previsible movilización contra la reforma petrolera; un puñado de legisladores “entregan” nuestro petróleo a intereses extranjeros (simbolizados por Juan Camilo Mouriño) “por encima del pueblo”, que exigía ser tomado en cuenta y no lo fue. Y ante tal atropello – se dirá con vehemencia -, no es posible quedarse cruzados de brazos. En eso consistió la sagaz jugada política de Ebrard. El gobierno, supongo, estará preparándose para el cantado escenario de la movilización (¿o lo tomará por sorpresa?

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=71493

Arnaldo Córdova: ¿Derecha progresista, izquierda retrógrada?

El oscurantismo es, entre otras cosas, el engaño sistemático en la interpretación de lo que piensan o proponen los contrarios y se presenta como lo opuesto de lo que ellos son o sugieren. Hoy la moda es, de nuevo, exhibir a la izquierda mexicana como retrógrada y a la derecha como la más progresista, la que quiere el bien del país y su desarrollo, como dice Juan Camilo Mouriño.

Hace dos semanas, Enrique Krauze publicó un artículo en el que desliza la siguiente tesis: los conservadores del siglo XIX mexicano eran proteccionistas; los liberales estaban por la libertad de comercio y la apertura al extranjero; luego los revolucionarios se hicieron proteccionistas y, hoy, la izquierda, de nuevo, se presenta como proteccionista. Recuerdo que, en los años cincuenta y sesenta, nuestros grandes historiadores llegaron a sugerir que, muchas veces, los conservadores tenían propuestas más avanzadas que los liberales en materia de desarrollo económico.

Sin afirmarlo, pero sugiriéndolo, Krauze siente que su derecha “liberal” es heredera de los liberales mexicanos del siglo XIX. No nos ha dicho qué piensa del voto particular de Ponciano Arriaga en el Constituyente de 1856-1857, sobre la cuestión de la tierra, que hizo que don Jesús Reyes Heroles (el grande) bautizara aquel movimiento de ideas como liberalismo social.

Krauze y Mouriño se ostentan como progresistas. Pero, ¿en qué consiste su progresismo? Piensan como los ideólogos del porfirismo: puesto que en México no hay suficiente capital, hay que traerlo de afuera. Los retrógrados revolucionarios mexicanos pensaban lo mismo, sólo que eso, según ellos, se debía hacer bajo reglas que evitaran se pusiera en peligro la soberanía de la nación. Para Krauze y Mouriño, como para sus congéneres del pasado, hay que traerlo y ya, sin restricciones estúpidas que lo puedan asustar, porque, entonces, volaría el pájaro.

Nunca hablan de las reglas y condiciones que se deben plantear a la iniciativa privada para que explote nuestras riquezas nacionales ni, mucho menos, se refieren a exigencias puramente técnicas que es indispensable pensar con cordura y con sentido común. Adrián Lajous nos entregó, hace dos sábados, un excelente ensayo sobre el petróleo en el que, sin adoptar posición ideológica ninguna, sólo nos ilustra sobre el hecho, técnicamente fundado, de que explorar, por ahora, en aguas muy profundas requiere de medios que no existen y, luego, iniciar su explotación, igualmente sin esos medios, sería una locura. Adrián se pregunta qué empresa privada (nacional o extranjera) se echaría el compromiso de llevar a cabo esas tareas haciéndose cargo de los riesgos que ello comporta.

Para nuestros derechistas mexicanos, López Obrador y la izquierda mexicana son retrógrados sólo porque defienden los principios constitucionales en los que se inscribe el deber de defender la soberanía de la nación, pero nos dicen que no quieren reformar la Constitución (sólo quieren anularla mediante leyes secundarias que violan su letra y su espíritu). Es típico de la derecha reaccionaria y pro imperialista nunca hablar de soberanía nacional. Ese no es su tema. Su tema es más bien el entreguismo sin barreras de los bienes comunes de los mexicanos a la iniciativa privada y, si ésta es extranjera y, en especial, española y franquista, cándidamente nos preguntan, “pero, ¿eso qué tiene de malo?” Una cuestión que tampoco la izquierda ha sido muy apta para rebatir.

Para esos derechistas no tiene ningún significado el que casi toda la banca privada esté en manos de extranjeros, ni les inquieta mínimamente el volumen de sus ganancias colosales con las que nos están sangrando. El grupo City Corp tiene en Banamex su única sucursal productiva en el mundo y los españoles ganan más con su banca aquí que en España. No les importa que todas las ramas importantes de nuestra economía estén en manos de compañías extranjeras. Hace tiempo nos pusieron de ejemplo a Corea del Sur. Ahora el gran ejemplo es Brasil. Deberían referirse a lo que esos países hicieron y hacen para preservar su independencia.

Es de reiterarse que la izquierda no está pidiendo, nunca lo ha pedido, que se expropie a ningún privado, aunque a algunos de ellos, como las grandes compañías de telecomunicaciones, se les podría hacer eso con la mano en la cintura si se respetaran y se aplicaran los principios constitucionales que, entre otras cosas, prohíben los monopolios. Pero, además, ¿cuándo, los derechistas nos han tratado con seriedad el problema de la pobreza? Como lo postulaban sus antecesores porfirianos, eso ya se verá después. Con el resultado de que ya no hay en su ideario una propiedad responsable de su función social, como lo marcan nuestra Carta Magna, su legislación civil y lo sostuvieron, muy firmemente, los principios de doctrina del PAN de 1939.

Frente a esta derecha depredadora, franquista y pro yanqui, sólo la izquierda se opone. Ella está haciendo conciencia en el pueblo empobrecido para que luche por su nación y contra los ladrones que la están saqueando. Habría que imaginar un México de hoy sin esa izquierda y sin su líder, tan sólo con el PAN y con el PRI en el poder. Eso es lo que éstos sueñan. Para la derecha, su máxima es el saqueo indiscriminado de todo el que se deje; para la izquierda, se trata de defender del saqueo lo que es nuestro, de enfrentar a sus enemigos (porque son eso) y poner en claro que aquí hay una fuerza que está empeñada en impedirlo.

Luis Linares Zapata: La mafia del poder cupular

Con apenas dos meses al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el brazo fuerte de Calderón, soporta abultado fardo de problemas que le han doblado su débil espalda. Las ambiciones del joven preferido de Los Pinos han ido más allá de sus capacidades para encauzarlas por la debida ruta de la ley y los valores éticos que tendrían que servirle de guía y marco general. Mouriño pretendió jugar el triple papel de contratista, impulsor de negocios trasnacionales y conjugarlo con el de encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo federal con los demás poderes de la Unión. Una encomienda claramente incompatible con su defectuoso accionar. Un verdadero enredo de cometidos que lo tienen al borde del abismo. Y con él se asoma, con el pánico inherente a estos peligros y penas en la historia de la cosa pública, su mismo patrocinador.

A los contratos signados por Mouriño como apoderado de la empresa familiar, Ivancar –suficientes para designar una comisión investigadora especial y defenestrarlo–, se suman otras andanzas de mucho más calado y consecuencias. Quizá la más relevante por sus repercusiones jurídicas es el abierto tejido de una red de funcionarios, presta para sustentar sus pretensiones de poder y riquezas (reporte Índigo). El más torpe estilo Ahumada se repite y Mouriño lo imita sin escrúpulo. Otra más cuando, por iniciativa propia o por encargo de su jefe directo, se presenta como pivote de acuerdos comerciales con armadores navales gallegos, en la mismísima región de donde procede su estirpe (Faro de Vigo). El intríngulis formado de esta mafiosa manera no requiere mayores explicaciones: se presenta solo y dibuja al grupo de cómplices incrustado en la cúspide del oficialismo.

Pero Mouriño tiene y cuenta con una malla de protección mayor de la que le puede extender su amigo Calderón. Rebasa el apoyo mediático de un programa estelar de noticias (Televisa) o de las plumas y conciencias que tratan de disculparlo con sofismas varios. Va más allá del respaldo incondicional que le han ofrecido los panistas, con el niño Tarsicio al frente (Germán Martínez, que por ahora funge como su designado presidente del PAN por dedazo directo) para instalarse en la cúpula del priísmo tardío. Es aquí, en este ámbito que presume de habilidades y la experiencia suficiente donde Mouriño ha encontrado algo de paz para su atribulada alma de novel funcionario bajo brutal cuestión. Son los priístas de elite los que le han extendido esa mano convenenciera y apuntan salidas que se van gastando con las horas. Para asfixia de sí mismo y de su grupo íntimo, Mouriño ha resbalado hasta enredarse en la trampa de una alianza dañina, tanto para él como para los taimados autores. Tanto Gamboa como Beltrones, en el solícito papel de protectores áulicos, lo dejarán caer sin contemplación alguna ante lo que se avecina si su jefe superior no responde a sus mensajes y cumple lo exigido.

Pero la reacción de la prensa ante el apoyo de los coordinadores priístas ha sido implacable para con sus imágenes de conductores y políticos. El manto aventado a Mouriño, en lugar de acrecentar su celebrada capacidad de maniobra, los ha metido en un tobogán de complicidades de donde no saldrán ilesos. “Una raya más al tigre”, dirán algunos cínicos, pero no será tan fácil la tarea de salvamento. Además, muchos de sus correligionarios partidistas, que no son pocos ni desprovistos de instrumentos, se muestran irritados por tan grotesco manipuleo en espera de saldar cuentas pendientes. Tan pronto se den cuenta del daño recibido, por grandes o fructíferas que sean las prebendas ofrecidas a cambio, tratarán se neutralizar los efectos del inminente naufragio.

A pesar de las críticas a la labor de denuncia llevada a cabo por López Obrador, a quien acusan, como siempre, de varias perversidades, la lucha por evitar la privatización del sector energético sigue adelante. Por lo pronto, la batalla por la atención ciudadana ha sido ganada. Los mexicanos están atentos a lo que se fragua desde esas oficinas de negociantes sin escrúpulos y desbocada ambición. Se extiende y solidifica la idea de que la reforma energética anunciada no es más que la pretensión de un grupúsculo de mandones (nativos y del exterior) por meterle grotesca mano a las riquezas colectivas que todavía se mantienen intocadas. Desean apoderarse de la parte sustantiva de la renta petrolera y de las plantas de generación eléctrica. Desean, con furia incontinente, apropiarse también del ancho campo de las energías renovables. La mal llamada reforma energética no es más que un eufemismo a modo que inventan y difunden los negociantes coaligados en perjuicio de los tesoros de la nación. Lo que Mouriño en verdad representa es esa camada de panistas de cuño descarado que pretenden, y han logrado, incrementar sus ya desmedidas riquezas a costa de los bienes de todos. Una camada de la peor especie: ésa que combina, en secreto, la función pública con los negocios privados.

El gobierno legítimo que preside López Obrador no pretende enfocar su esfuerzo en denostar a Mouriño. Sería una tarea de lo más fácil, simple y expedita. Tampoco se opone a todo lo que el gobierno plantea y hace, como tantas veces le predican. Mucho menos desea que el país fracase y se afecte el bienestar del pueblo. Se opone, sí, a que se continúe depredando al país, que se siga abusando de la buena voluntad de los mexicanos, en especial de los que menos tienen. A eso sí que se opone, no sólo él, su gobierno y los partidos del FAP que lo respaldan, sino un creciente y cada vez más consciente grupo de ciudadanos de variada composición. Grupo humano que se cuenta por millones de activos agentes del cambio.

El programa que AMLO ha venido ofreciendo a México pretende integrar el sector energético para que sea un sólido motor de impulso al progreso. Se apuesta a crear la propia tecnología para utilizar las riquezas petroleras que aún tiene el país y cimentar así un desarrollo independiente y no salir, compulsivamente, en busca de interesado auxilio, alegando que los mexicanos no pueden solos. Se propone que el sector de la energía quede tal como lo mandata, con envidiable precisión, la ley suprema: bajo el estricto pero amplio control del Estado. No se acepta que ésta pueda violentarse modificando leyes secundarias (tal como ya hizo Salinas con la ley del 92 del servicio público) a que tan efectos han resultado los panistas dirigidos por los beneficiarios de siempre.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/12/index.php?section=opinion&article=021a1pol