Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’

El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo

STEFANO RODOTÀ

El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.

El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.

Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.

Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?

El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.

Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.

Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?

Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.

En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.

El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.

Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

Bernardo Barranco V: Los dilemas mediáticos del cardenal Rivera

Ha pasado un mes de las inapropiadas declaraciones del cardenal Norberto Rivera, quien sentenció el pasado 7 de diciembre en el penal femenil de Santa Marta Acatitla: “Ustedes –dijo a las reclusas– encuentran en esto gente aquí, pero también gente afuera que mata la fama, la dignidad, el buen nombre de las personas, ¡verdaderas prostitutas, verdaderos prostitutos de la comunicación que deshacen la fama de los demás!” Sin dar nombres ni referencias precisas, manifestó su resentimiento contra algunos comunicadores, periodistas y medios. Más allá de la pérdida de compostura, el tema amerita una reflexión para dimensionar la crisis severa por la que pasan el cardenal y la arquidiócesis de México, involucrando al conjunto de la Iglesia mexicana.

En un artículo publicado en estas páginas (“Crisis mediática del arzobispado”, La Jornada, 22/8/07), ya advertíamos del desencuentro entre el cardenal y los medios de comunicación, que comprendía desde las denuncias sobre su presunta complicidad y encubrimiento a pederastas y la manera en que encaró la despenalización del aborto en el Distrito Federal; cuestionábamos el papel del vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, al ponerse los guantes y subirse al ring para, después de haber sido vapuleado, proclamarse “el primer perseguido político de la administración de Marcelo Ebrard”. En ese momento cuestionamos los débiles argumentos de victimización como explicación del estrepitoso derrumbe de la imagen mediática de Rivera. No es la persecución a la Iglesia ni son los enemigos de la fe, no es el relativismo secular ni los embates a las tradiciones religiosas las causas: es el accionar del cardenal, empecinado en un ciego protagonismo, quien junto con su vocero es responsable de la desavenencia entre los medios y la arquidiócesis.

Al parecer el factor detonante en una primera aproximación simplista fue el impacto del trabajo periodístico de Sanjuana Martínez, en particular la edición del libro Manto púrpura. Algunos comentaristas apuntan a cierto paralelismo con los escándalos por encubrimiento en Estados Unidos que costaron a la Iglesia desprestigio y millones de dólares en indemnizaciones. Por su parte, actores religiosos han insistido en que se ha “orquestado una campaña de odio y repudio hacia el cardenal por parte de grupos extremistas de izquierda… que pone en riesgo la integridad del arzobispo” (La Jornada, 4/11/06). Sin embargo, la Iglesia mexicana y el cardenal siguen gozando del privilegio y del arropamiento de los grandes medios electrónicos televisivos y de nutridos sectores de la clase política. En cambio, el comportamiento político y posicionamiento mediático del cardenal Rivera, que se ha gestado desde hace más de 10 años, ha desencadenado una reacción que no calificaría de anticatólica, sino anticlerical; comprar la tesis utilizada por los católicos estadunidenses del anticatolicismo y del complot es desmedido en el caso mexicano. Ahí están investigaciones como la de Verónica Veloz, referida en este espacio, mostrando que el afán de posicionamiento político, más que religioso, de Rivera ha tenido a la larga un “efecto bumerán” debilitando la autoridad moral requerida para un prelado que ostenta investidura cardenalicia. Basta analizar los artículos de opinión de 2007, los chistes populares, los apodos y los cartones periodísticos para calibrar la magnitud perniciosa de dicho efecto. La posición de que los medios son espejo del accionar de los actores es una teoría superada en el campo de la comunicación; los medios construyen realidades, relatos e imágenes que reflejan la correlación y exhiben las miserias o bondades de los protagonistas públicos. La inconsistencia de Rivera va de la mano de la crisis de liderazgo que reina en diferentes ámbitos de la vida política y económica del país. El propio Valdemar reconoce que 2007 ha sido un año crítico para el cardenal, quien ha suspendido sus conferencias de prensa dominicales para abrir nuevos frentes. Su vocero ha dedicado este mes a hacer un recuento de daños, diseñar una nueva estrategia y ha pedido tiempo para “reconquistar” a medios agraviados por las altisonantes declaraciones de su cardenal herido.

Aquí vale la pena preguntarse por la concepción tradicional que el arzobispado tiene de la función de los medios de comunicación. Da la impresión de que es pragmática e instrumentalista, como si fueran herramientas mediante las cuales se puede modificar la conciencia de los receptores. Esta concepción utilitaria de los medios fue desarrollada a partir del éxito de los televangelistas en los años 70, cuando lograron revertir momentáneamente el mapa religioso de Norteamérica; sin embargo, nuevos estudios han demostrado que, aparejada al deslumbrante “espectáculo religioso” proyectado en televisión, operaba una estructura que daba seguimiento particular a los prospectos. Existe en Valdemar una ausencia en la dimensión dialógica que perciba a los medios como un lugar cultural dentro de los cuales se compite por construir la realidad desde procesos culturales diferenciados y con aristas heterogéneas, es decir, desde el diálogo y el reconocimiento de la pluralidad y diversidad. La “nota” no debe basarse sólo en la denuncia ni en la crítica –ésta se ha desgastado– ni mucho menos por show del rating, vía sensacionalismo. Hace falta que la Iglesia genere una nueva actitud de humildad, apertura y de diálogo acompañada de capacidad de propuesta en asuntos públicos.

Con jaloneos y retrocesos, los medios han sido un factor importante en la transición democrática. Falta mucho para elevar el nivel de compromiso de éstos con los valores democráticos, la objetividad en el manejo informativo de la agenda pública y mejores niveles. Hay riesgos latentes, pero hasta hace muy poco se decía que eran intocables el Presidente, los militares y la Iglesia; hoy esa intocabilidad ha desaparecido y es parte de la crítica y del quehacer democrático

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/09/index.php?section=opinion&article=018a1pol