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Manuel Fuentes Muñiz: La ignominia de la ley del ISSSTE

Posponer la elección del bono del ISSSTE del 30 de junio al 14 de noviembre es un reconocimiento del fracaso del gobierno federal por convencer a los cotizantes de ese sistema para que renuncien a su jubilación.

Apenas 5% ha aceptado recibir el bono a cambio de liberar al gobierno de Felipe Calderón de las responsabilidades de pensión para los beneficiarios y sus familiares.

Esta decisión tiene desesperados a los funcionarios responsables de operar las nuevas reformas de la ley del ISSSTE, sobre todo a Miguel Ángel Yunes, director del instituto, quien, el pasado jueves 12 de junio, anunció “una prórroga” (¿?) para la elección del bono económico que la inmensa mayoría de cotizantes rechaza.

A este servidor público parece que no le han informado que una ley no se puede cambiar nada más así por que sí. El director del ISSSTE no tiene facultades para que con una simple declaración pueda modificar plazos fijados por el Congreso de la Unión en una ley. Aquellos que pretendan hacer cambios sin facultades, es seguro que se meterán en problemas legales de responsabilidad.

El artículo séptimo transitorio de la ley referida establece terminantemente que “a partir del día primero de enero de 2008, los trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE”.

¿Ahora por qué pretende desconocerla fijando otros plazos? ¿No le resultaron los planes del número de trabajadores que debería aceptar el bono? Es obvio que la cifra de 5% no les gusta y ahora están en un enredo estos funcionarios de escritorio.

El 14 de diciembre pasado, los personajes encargados de “la seguridad social” elaboraron un decreto, puesto a la firma del presidente de la República, de texto lamentable, que refleja el autoritarismo de quien lo redactó y la intención de afectar los derechos humanos laborales a quien está dirigido.

En ese decreto impusieron a las dependencias y entidades gubernamentales integrar una relación de las y los trabajadores que se negaran “…a recibir la notificación o los documentos, o a firmar de recibido y, con el apoyo de un representante del Órgano Interno de Control…”, levantar un acta “…para hacer constar la negativa, señalando en la misma el lugar y plazo en el que el documento de elección estará a disposición de los trabajadores”.

¿Por qué se legítima intimidar a trabajadoras y trabajadores que se nieguen a firmar de recibido un documento? Los cotizantes no deben ser acosados de ninguna forma, mucho menos mediante un decreto presidencial; y ahora, como no les han bastado los seis meses, pretenden un plazo mayor para presionarlos.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el 25 de marzo pasado cuestionando la afectación a los derechos humanos de este seudo-reglamento, pero a este reclamo en contra de las autoridades federales ni siquiera se le ha dado trámite.

Graves violaciones

Ahora se encuentra a prueba la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que debe resolver las graves violaciones constitucionales en los derechos de los trabajadoras a quienes se impuso la ley del ISSSTE, y que enumero enseguida:

Se incrementaron los requisitos de edad (60 años de edad en hombres y 58 años en mujeres) y años de cotización para el disfrute de la jubilación (hombres 30 años y mujeres 28 años)

Se aumentaron las cotizaciones de 8% en los salarios que señalaba la ley anterior hasta 10.625% con la nueva legislación.

Se impone a las y los trabajadores cotizantes a elegir forzosamente, durante los meses de enero a junio de 2008, entre el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de los bonos del ISSSTE para renunciar a su jubilación (ahora quieren prolongar el plazo).

El artículo décimo transitorio de la ley del ISSSTE anula a partir del 2018 el derecho a obtener una pensión de cesantía en edad avanzada.

El décimo transitorio conlleva, en el caso de los riesgos de trabajo, a desnaturalizar la seguridad social al permitir que sean aseguradoras privadas las que otorguen una renta vitalicia en relación con lo aportado por la o el trabajador cotizante.

El artículo décimo transitorio impone un mínimo de 15 años de cotización para tener derecho a una pensión por invalidez o a la pensión de los familiares derivada del fallecimiento del o la trabajadora.

El artículo décimo transitorio anula el derecho a favor de los familiares cuando la o el jubilado, o en retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada, hubiere fallecido.

Se anula la prestación a los familiares de las y los derechohabientes por concepto de gastos funerarios cuando un o una pensionista ha fallecido.

Se establece la subrogación de servicios a terceros que presta dicha institución privatizando de hecho su función.

Desaparece el derecho del pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada e invalidez a la gratificación o aguinaldo.

Se individualizan las cuentas de las y los cotizantes, cancelando el carácter solidario de la seguridad social.

Se anula el carácter tutelar de la legislación de seguridad social, convirtiéndola en fiscal al cancelar la participación de la autoridad laboral en la solución de los conflictos que se llegaran a suscitar derivados de la jubilación, dejando exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la interpretación y aplicación de las normas en esta materia.

Finalmente se abroga la ley del ISSSTE reduciendo y eliminando derechos de los trabajadores cotizantes que ya laboraban con fecha anterior al 31 de marzo de 2007 afectando derechos ya adquiridos.

Esta ley del ISSSTE representa la ignominia de este gobierno y un atropello a los derechos de los y las trabajadoras. ¿Hasta cuándo?

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=60114

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Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’

El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo

STEFANO RODOTÀ

El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.

El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.

Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.

Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?

El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.

Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.

Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?

Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.

En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.

El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.

Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Luis Hernández Navarro: Los apóstoles se cansaron de serlo

Nombre de la obra: retrato de la familia política y sindical en Bellas Artes hace medio siglo. Fecha: 15 de mayo de 1958. Al centro se encuentra el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en su último año de gobierno. Lo acompañan: Enrique W. Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite (el Elba Esther Gordillo de la época) y el doctor Manuel Sandoval, subsecretario de Educación.

Celebran, como se hace cada año desde 1918, el Día del Maestro, porque, según se desprende del decreto firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza, el maestro es “factor decisivo del progreso de la nación, forjador del alma nacional, por la educación que imparte a las masas”.

En la ceremonia oficial, el presidente Ruiz Cortines está muy molesto con los profesores de primaria del Distrito Federal. Desde el 16 de abril los mentores suspendieron labores, exigiendo un aumento salarial de 40 por ciento, y el reconocimiento de sus representantes sindicales seccionales encabezados por Othón Salazar, nombrados en un Congreso de Masas efectuado en el Rancho del Charro, año y medio antes. Y, desde el 30 de abril de 1958, realizan una asamblea permanente en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es un dechado de organización y disciplina.

Los mentores democráticos se rebelaron contra los pésimos salarios, las malas condiciones de trabajo, los materiales pedagógicos inservibles, los representantes sindicales espurios, las autoridades educativas despóticas e ineficientes, la ausencia de justicia. No querían seguir siendo los trabajadores abnegados a los que cada 15 de mayo se les rendía tributo verbal, pero que el resto del año debían aguantar todo tipo de maltratos. Por eso, desde el inicio de su protesta reivindicaron “una lucha frontal contra la condición de apóstoles, que se nos da para sumirnos cada día más en el hambre y la miseria”. (El Nacional, 26 de julio de 1956).

Pero en el Día del Maestro el mandatario está enfadado. Según la mitología oficial de la Revolución Mexicana los docentes deben ser servidores públicos capaces de sacrificar sus necesidades gremiales en función de los intereses nacionales, correas de transmisión de saberes estatales, semiprofesionistas leales con sus empleadores. Y así se lo dice en su discurso. “La tarea del maestro –afirma– entraña excepcionales responsabilidades ante sí mismo y ante la patria, que cada maestro en cualquier circunstancia debe enseñar invariablemente con su ejemplo, su esfuerzo y su interés por elevar sus virtudes ciudadanas y en mostrar su solidaria actuación con los intereses nacionales.”

Al regaño presidencial le siguió la concesión. Magnánimo, Ruiz Cortines anuncia, como ha sido costumbre hacerlo los Días del Maestro, un inminente aumento salarial a partir del primero de julio. Precavidos, los maestros mantuvieron la huelga hasta que el 3 de junio se hizo público el monto otorgado.

Entre Buenavista y la Plaza de Santo Domingo

El último año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue atravesado por un verdadero sismo social. Su epicentro se localizó entre Buenavista (sede central de los ferrocarrileros) y la Plaza de Santo Domingo (lugar en el que encontraban las oficinas de la SEP ocupadas por los maestros durante 37 días). En 1958 estalló por todo el país una oleada de luchas obreras, campesinas y estudiantiles independientes. Tuvieron como trasfondo un lento crecimiento económico, los efectos de la devaluación del peso de 1954 en los salarios, el empleo y la carestía; el aumento en los precios del transporte público en la ciudad de México, el estancamiento de la reforma agraria, y una burocracia sindical corrupta.

Durante 1957 y 1958 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) protagonizó grandes invasiones de tierras. En Sonora, Sinaloa, Baja California y la Comarca Lagunera persistían grandes latifundios que violaban las leyes agrarias y la Constitución. En esos estados, jornaleros agrícolas, aspirantes a braceros y solicitantes de tierras ocuparon miles de hectáreas. Aunque los dirigentes fueron encarcelados, Adolfo López Mateos, sucesor de Ruiz Cortines, se vio obligado a reanudar el reparto agrario.

En esos mismos años se suscitaron, también, importantes movimientos sindicales independientes entre telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y maestros que cuestionaron, temporalmente, el modelo de control gremial hegemónico en el país. La insurgencia sindical, particularmente entre los trabajadores del riel encabezados por Demetrio Vallejo, vivió entre 1958 y 1959, y hasta su decapitación, una primavera democrática sin continuidad. Su derrota sumió al movimiento obrero en un letargo del cual aún no sale.

Las protestas de los estudiantes de la UNAM contra el alza de las tarifas de los camiones urbanos capitalinos resultó ser, a decir de José René Rivas Ontiveros (La izquierda estudiantil en la UNAM), la primera gran movilización política estudiantil de masas en la historia de la Universidad Nacional, que inauguró una larga y fructífera etapa de luchas protagonizada por las fuerzas de izquierda.

El florecimiento de las luchas proletarias en plena guerra fría provocó que arreciaran los vientos anticomunistas que soplaban en el país. En una editorial del 2 de mayo de 1958, el periódico Excélsior advertía cómo “la agitación que promueven lidercillos que sirven a doctrinas ajenas a México resulta criminal”. Y El Universal reparaba en cómo “poco será necesario ahondar para llegar a las capas más oscuras, donde corren los veneros del comunismo, que alientan este sacudimiento social, que sus telúricas proporciones, lleva las más serias amenazas para el progreso de México”.

Desde el otro lado de las barricadas, un grupo de 13 importantes intelectuales y artistas, entre los que se encontraban Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Carlos Pellicer, veía las cosas de otra manera. En un desplegado público sostenían: “Somos testigos de un movimiento obrero que desea la purificación del sindicalismo nacional y que repudia a los dirigentes que durante años han traicionado los fines que legitiman la asociación de los trabajadores, desviando la lucha obrera en su provecho y con propósitos personalistas”.

La primavera del consciente proletariado magisterial

Entre 1956 y 1960, el magisterio de educación primaria del Distrito Federal, perteneciente a la sección 9 del SNTE, protagonizó una de las más importantes movilizaciones gremiales en el país. Nacido desde las escuelas y agrupado desde 1957 en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), realizó en tres ocasiones Congresos de Masas para nombrar a sus dirigentes, organizó marchas, tomó las oficinas de la SEP, luchó para que los dirigentes sindicales en funciones no ocuparan cargos de representación popular y arrancó indirectamente aumentos salariales para los trabajadores de la educación.

Su condición salarial era precaria. En un manifiesto publicado en 1958 así lo hicieron saber: “en julio de 1956 ganábamos 14 por ciento menos que en 1939, en tanto que en marzo de 1958 la diferencia es de más de treinta por ciento”.

Los maestros que protagonizaron el movimiento se politizaron rápidamente. “Los derechos no se exigen: se arrebatan”, decían. El gobierno puso su parte en esta radicalización. En no pocas ocasiones la fuerza pública los macaneó, pateó, persiguió y encarceló a sus dirigentes. El 6 de septiembre de 1959 la policía gaseó a los maestros en el Monumento a la Revolución, en el Hemiciclo a Juárez, en el Correo Central, en el Zócalo, en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza de Buenavista y, por si fuera poco, los persiguió hasta el local del sindicato del Ánfora, donde se habían refugiado, y los sacó a palos. ¿Cómo no se iban a politizar así?

Los líderes sindicales oficialistas del SNTE se encargaron del resto. Tenían a su disposición a pistoleros famosos como La Bruja y El Mago que acuchillaban a los activistas. Llegaban a las escuelas y, como escarmiento, golpeaban a los maestros democráticos.

El movimiento magisterial tuvo el mismo destino que los otros brotes de sindicalismo independiente. Sus dirigentes fueron desconocidos y varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad para no ser detenidos. La desmoralización de sus bases fue profunda.

Muchos de sus dirigentes fueron incorruptibles. Resistieron regaños, amenazas, intentos de soborno, palizas y cárceles. Nacidos de un potente movimiento de bases, soportaron todo tipo de adversidades mientras se mantuvieron cerca de él. Ése fue el caso de Jesús Ortega Macías, Rubelio Fernández y Othón Salazar.

Incansable, Jesús Ortega Macías cargó a cuestas la larga noche del reflujo de la lucha magisterial en las filas del MRM. Cuando en 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ganó a pulso el reconocimiento de sus integrantes. Como maestro jubilado participó en sus luchas hasta que la muerte lo alcanzó.

A Rubelio Fernández, secretario general de Escuela Nacional de Maestros y activo militante del movimiento normalista, le dieron su plaza el 7 de junio de 1960. Trabajó tres meses y fue despedido. Nunca fue reinstalado. No obstante, se ha mantenido dentro de la lucha magisterial democrática y del movimiento popular a lo largo de su vida.

Othón Salazar fue cesado hace 48 años. Ni fue reinstalado ni recuperó su plaza de maestro. Estuvo en la cárcel y fue alcalde de su pueblo, Alcozauca, Guerrero. A punto de cumplir 84 años, enfermo de diabetes e hipertensión, sigue exigiendo que se le reinstale y participando en las mejores causas.

Jesús, Rubelio y Othón, como muchos otros integrantes de su generación, se cansaron de ser apóstoles, pero no de ser luchadores sociales. Con ellos, y con muchos más como ellos, hay una deuda profunda. En su persona –y en la de otros muchos– se resume una lección de dignidad, una hazaña democratizadora, una pedagogía cívica que hoy, a 50 años de aquellas jornadas de lucha, ha sido retomada por la CNTE.

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Tanalís Padilla: Othón Salazar, la dignidad revolucionaria

A sus casi 84 años de edad Othón Salazar se sigue expresando con la tonalidad de un gran orador. Sus palabras son precisas y en ellas se vislumbra esa preocupación social que tanto se le impregnó al magisterio durante el cardenismo. Desde muy joven Othón cultivó su habilidad como orador. Solo, se ponía a practicar en el campo. “Yo me fijaba que no hubiera nadie –relata–, pero una vez estaba un campesino escondido y escuchó el discurso y cuando yo terminé salió y me dijo ‘le sale bien’.” Othón, como otros líderes populares, encarna un proceso social más amplio y su lucha al frente de los maestros fue un importante ejemplo de la defensa de los logros revolucionarios que, a través del siglo XX, se seguiría dando en México.

Hijo de padre panadero y madre campesina, Othón tuvo que trabajar desde muy chico. De niño salía a cortar leña a las tres de la madrugada. En la oscuridad le era difícil distinguir entre las ramas secas y las verdes, pero para el amanecer tenía que llegar a su casa con un tercio de leña. De allí se iba a la escuela. “Quizás por eso –reflexiona– la escuela fue para mí algo que sin que nadie me dijera nada yo sentía la necesidad de aprovechar cuanto se pudiera.”

Othón llegó a la normal de Oaxtepec en 1942. Allí, “los maestros veían los últimos relámpagos de la revolución. Eran maestros y maestras todos con inquietudes sociales”.

Cursó sólo el primer año en Oaxtepec. El segundo lo hizo en Ayotzinapa y el tercero en la Escuela Nacional de Maestros. Después ingresó a la Normal Superior, donde estudió cuatro años, especializándose en ciencias sociales para la enseñanza del civismo. En 1954 sería importante dirigente de la primera huelga de la Normal Superior.

Cuando, en 1956, los líderes oficiales del SNTE negociaron un incremento salarial que no llegaba ni a la mitad de la demanda inicial, Othón decidió convocar a un mitin de protesta. Poco después, una asamblea independiente lo eligió representante, formando las bases para el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) que se constituiría a finales de 1957 y cuya presencia en las escuelas primarias del Distrito Federal se iría expandiendo. En el siguiente año el MRM estaría al frente de una de las luchas magisteriales más importantes. Las movilizaciones a las que convocaba eran atendidas por un amplio sector social, y el gobierno, al reprimirlas, como hizo con la marcha del 12 de abril de 1958, fomentaba un descontento social que llevaba años gestándose. Mientras las autoridades rehusaban reconocer al MRM, éste tenía cada vez más capacidad de convocatoria y el 30 de abril los maestros tomaron las oficinas de la SEP y obligando al gobierno a negociar.

En agosto, en un congreso paralelo, los maestros de la ciudad de México eligieron a Othón como su legítimo representante, pero ante este gesto de autonomía sindical, la posición del gobierno se fue endureciendo. La manifestación del 8 de septiembre fue reprimida, y Othón, aprehendido. Las autoridades llegaron temprano a su casa, lo amarraron y lo vendaron. Lo sometieron después a violentos interrogatorios y le exigieron que confesara cuántos rublos recibía de la Unión Soviética. Lo mantuvieron secuestrado nueve días antes de procesarlo. Acusado de disolución social, fue encerrado en Lecumberri, pero, gracias a las grandes movilizaciones por su libertad, permaneció allí sólo tres meses.

Efervescencia laboral

El año de 1958 fue de gran efervescencia laboral y los maestros del MRM estuvieron entre sus principales protagonistas. Ese mismo año las movilizaciones de los telegrafistas, petroleros y ferrocarrileros conmovieron al país. Las luchas tenían sus orígenes en demandas económicas, pero su aspiración por la democracia sindical tenía implicaciones mucho más amplias, que sacudirían las estructuras mismas del PRI. A una década del charrazo y en pleno milagro mexicano, los trabajadores mostraban con su inconformidad las condiciones laborales que las estadísticas del milagroso crecimiento económico ocultaban. Su presencia desmentía otro mito, el de la llamada paxpriísta. La represión del gobierno sería un presagio de la brutalidad oficial que se cometería 10 años después en la plaza de Tlatelolco.

Con mano dura el gobierno lograría derrotar estos movimientos que se proponían democratizar al sistema. Pero no pudo silenciar a los participantes, que seguían empeñados en mantener vivas las causas populares. Othón continuaría su lucha en el magisterio y en 1960 participaría en otra huelga en la Escuela Nacional de Maestros. Pero esta toma de la normal por la corriente democrática de la sección 9 del SNTE fue reprimida y en represalia Othón fue cesado, una condición que padece hasta el presente. Desde entonces ha vivido una situación económica precaria, agraviada ahora por su avanzada edad. Sin embargo, sigue regresando a Alcozauca, su natal pueblo en Guerrero, y recorre la región de la Montaña escuchando y asesorando a los que allí se organizan.

De las filas de los normalistas han salido un notable número de luchadores sociales, importante indicio del poder que tiene la educación para crear conciencia. Junto con el reparto agrario, los derechos laborales, y la afirmación que las riquezas del subsuelo eran propiedad de la nación, el proyecto educativo fue uno de los más importantes legados de la revolución. Ante gobernantes que se han propuesto desmantelar estas conquistas revolucionarias, han salido a las calles aquellos que no se resignan ante justificaciones indignas. Othón Salazar es un símbolo de este proceso y su ejemplo un caso de la dignidad revolucionaria que, por más que los gobernantes han querido tratar de ignorar o reprimir, sigue recorriendo el territorio mexicano.

*Profesora del Dartmouth College. Su libro Rural resistance in the land of Zapata: the jaramillista movement and the myth of the paxpriísta, 1940-1962, publicado por Duke University Press, aparecerá el próximo octubre

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/15/index.php?section=opinion&article=a04a1cul

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