Andrés Sal.lari: Honduras ¿Golpe de Estado contra Barack Obama?

Una noticia me llamó mucho la atención este domingo, al llegar a mi puesto de trabajo para iniciar la crónica del retorno del depuesto presidente José Manuel Zelaya, un colega se apareció en mi chat y me pasó unas declaraciones que realizó el canciller impuesto por el gobierno de facto hondureño, Enrique Ortez Colindres, que decían lo siguiente.

“Dejad a los hondureños que resuelvan sus problemas. Ellos permiten lo que sea. Ya Estados Unidos no es el defensor de la democracia. En primer lugar, el presidente de la República, que lo respeto, el negrito, no conoce dónde queda Tegucigalpa. Nosotros somos los que conocemos dónde está Washington y somos los obligados como país pequeño, un pigmeo democrático, a aclararles las concepciones y a leerle, tal vez en su idioma, lo que está pasando”.

Lo que me pregunto es si Ortez habla solo.

Horas después, los colegas Cristina González y Hernán Cano entrevistan al sociólogo James Petras en la emisora YVKE Mundial de Caracas.

Petras no se plantea la discusión en los mismos términos que propongo en esta nota, él critica abiertamente a Obama por no romper relaciones con los golpistas, y por no imponer sanciones comerciales, pero me robo parte de sus declaraciones para utilizarlas en pro del interrogante que plantea esta nota.

Dice Petras: “Bueno, por lo menos veamos los indicadores concretos. Primero, el embajador norteamericano sigue allá. Segundo, los generales, mayores y coroneles estadounidenses estacionados en la base de Honduras siguen en contacto con los asesinos como si fuera una cosa rutinaria.”

Me vuelve la pregunta de antes.

¿Ortez habló solo?

Obama no habrá sido del todo tajante, pero el lunes 29 de junio dijo que el gobierno de Michelleti era ilegal y que el único presidente que reconocía EEUU era Zelaya.

¿Fue una declaración de condena real o una actuación para las cámaras?

No estoy seguro, pero al día siguiente las agencias internacionales informaron que Estados Unidos había decidido suspender sus actividades militares conjuntas con Honduras como medida de presión tras el golpe de Estado.

Esta noticia era interesante, pero al día siguiente el periodista Walter Martínez informó en su programa Dossier -que transmiten Venezolana de Televisión y Telesur- en Venezuela, que esta orden había sido desacatada.

Eso fue el miércoles posterior al golpe del domingo 28 de junio. Cuatro días después leí declaraciones de otro periodista venezolano -quien fue vicepresidente de Chávez- y que suele tener muy buena información.

Rebotada por la Agencia Bolivariana de Información, la noticia era la siguiente:

“El periodista José Vicente Rangel denunció este domingo que en Honduras actuaron dos líneas políticas de Estados Unidos antes de que se fraguara el golpe de Estado contra el presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya.

‘En Honduras se hicieron presentes dos niveles de la política del gobierno norteamericano, una proveniente de la Casa Blanca y otra de la maquinaria que dejó montada la administración de George W. Bush a través de la base militar implantada en la población hondureña de Palmarola’, sostuvo.

Rangel explicó que las razón es que en la madrugada del domingo 28 de junio dos importantes funcionarios del Departamento de Estado, James Steimberg y Tom Shannon, contactaron la embajada estadounidense en Tegucigalpa y la base militar que tiene ese país en la población hondureña de Palmarola para advertir del golpe y disuadir cualquier intento de apoyo.

‘En Honduras operaría, además del Departamento de Estado, la línea del Pentágono a través de la base militar cuyo jefe, el general Douglas Fraser, días antes del golpe en ese país hizo declaraciones contra el presidente (Hugo) Chávez, las cuales asumió de inmediato el gobierno usurpador de (Roberto) Micheletti’, comentó Rangel.

Indicó que fue por esa situación que el embajador estadounidense, Hugo Llórens, se vio forzado a pronunciarse en contra de lo ocurrido, con reservas al principio y luego en forma más categórica.”

Otra vez la pregunta. ¿Por boca de quién habló Cortez?

Robert Gates es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Obama le mantuvo el puesto que su antecesor George W. Bush le había confiado en 2006. Su función clave es vencer en la guerra de ocupación en Afganistán y Pakistán, para lo que la administración de Obama está dispuesta a seguir bombardeando indiscriminadamente a sus pueblos, como ya lo ha demostrado.

En octubre de 2007, Gates declaró desde El Salvador que Chávez “es una amenaza para la libertad y prosperidad económica de los venezolanos.”

Durante la década del ’80, Gates fue el subdirector de la CIA, la época en la que Honduras era una base de operaciones para la inteligencia estadounidense, que mantenía una guerra de alta intensidad para derrocar a los sandinistas en Nicaragua.

La presencia estadounidense (con base y 600 soldados hasta hoy) en Honduras permanece, y dudo mucho que los contactos entre los militares de ambos países y Gates puedan haber desparecido. También es imposible pensar que Gates no esté congratulado con el golpe de Estado que afecta al ALBA y a Chávez directamente.

Una vez más la pregunta. ¿Habló solo Cortez?

Repito y repito esta pregunta porque esa declaración racista e irrespetuosa es prácticamente inédita en la historia golpista del continente, y que no surjan represalias más llamativo aún.

Petras confirma que “los generales, mayores y coroneles estadounidenses estacionados en la base de Honduras siguen en contacto con los asesinos como si fuera una cosa rutinaria.”

Walter Martínez informa que la orden de suspender la ayuda militar fue desoída y Rangel revela que diplomáticos de Obama debieron llamar a Tegucigalpa para que EEUU quedé despegado del golpe, y que el embajador Llórens se vio “forzado” a declarar contra la intentona.

Todo parecería indicar que hay un doble poder, tal vez el embajador Llórens, el Pentágono y probablemente el secretario Gates, estén de acuerdo en que Obama “es un negrito que no sabe dónde queda Tegucigalpa” y en que “Estados Unidos ya no es el defensor de la democracia” y “permite lo que sea”.

Tal vez alguna línea de poder le transmitió a Cortez la seguridad necesaria, o la luz verde para que se dirigiera al Presidente de Estados Unidos en esos términos sin el temor a sufrir la represalia correspondiente, que yo pensaría que es el derrocamiento del gobierno golpista.

Por qué no podría concluir esto este periodista, si esta idea acerca de Obama es la que promueve todo el tiempo Richard Cheney, el ex vicepresidente de Bush, que permanentemente declara los mismos conceptos que Cortez con diferentes palabras. Y Gates era uno de los principales funcionarios de Bush y Cheney.

Es cierto que Obama sigue atacando Afganistán y Pakistán, pero no sé si podría dejar de hacerlo sin ser derrocado. Es cierto que mantuvo a Gates, y todo pareciera indicar que podría haberlo removido sin que esto le represente represalias, pero no me animaría a afirmarlo de manera tajante.

También es cierto que algunas cuestiones cambiaron en materia de política exterior estadounidense y eso puede tener muy molestos a muchos ultraconservadores acostumbrados a detentar el poder en Washington. De hecho lo tiene muy molesto a Cheney, y entonces me permito pensar que para el viejo lobo de operaciones de inteligencia y desestabilización de la guerra fría, Robert Gates, tampoco le caerá bien el negrito.

Pareciera ser que esto mismo es lo que piensa la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien en la madrugada del pasado domingo declaró lo siguiente en la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Washington.

Cristina es una mujer inteligente, recomiendo prestarle atención:

“Creo también, esto corre por cuenta exclusivamente de quien habla, que también hay aquí atrás otros intereses, intereses que tal vez quieran torcer el rumbo que ha comenzado a tomar el conjunto de la América como por ejemplo en Trinidad y Tobago (Cumbre de las Américas) donde pudimos volver a dialogar y a intentar tener una relación diferente. Yo no soy ingenua y creo que no solamente el ataque es a Ud. presidente Zelaya, o a la República de Honduras, tal vez hay una estrategia más fina, mas profunda que no solamente involucra a quienes tal vez en su país quieren seguir con un modo de no redistribución del ingreso, etc etc.

Creo que también se intenta frustrar una política diferente para el conjunto de América para el conjunto de todos países que conformamos América. Pensémoslo. ¡Qué curioso!, durante los últimos 8 años no se habían registrado, salvo el episodio de Venezuela, casos similares. Cambia la administración del país más poderoso del mundo en el cual estamos aquí, con una nueva tónica a la que todos aspiramos como cambio y comienzan a suceder cosas como estas que pareciera ser que retroceden o ponen el tela de juicio los avances que hemos comenzado a tener a partir de un cambio de administración que ha sembrado mucha esperanza, no solamente en América, sino en el mundo en la necesidad de cambiar.

Sin visiones conspirativas pero con la inteligencia que todos tenemos la obligación de tener al mirar los hechos, no solamente en el lugar que se producen y por las apariencias que presentan, creo que estamos todos obligados a tener una gran dosis de racionalidad, una gran dosis de inteligencia para entender las cosas que están en juego a partir de lo que ha sucedido en Honduras.

Restituir entonces las cosas a su lugar no va a ser solamente un acto de justicia con el pueblo de Honduras y con el respeto estricto a los Derechos Humanos sino también la posibilidad de continuar y profundizar un cambio que comenzó a partir de Trinidad y Tobago, de la derogación de la hermana Republica de Cuba y de un aire diferente que se empezó a respirar en toda la América”.

El director de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, declaró el fin de semana que la solución a la crisis de Honduras depende de la administración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya que, si va a fondo, el gobierno de facto “no resiste más que unas horas”.

Obama también es un hombre muy inteligente, yo no me animo a asegurar qué es lo que quiere y/o qué es lo que puede hacer, pero el envalentonamiento racista de Cortez, y la nula represalia de Washington, sumado al silencio de Llórens, me sigue revoloteando en la cabeza.

¿Habrá sido este un golpe de Estado contra el negrito?

Fuente: Argenpress

Isaura Bustos: Buscan acuerdo con elementos españoles implicados en el caso de Alejandro Ordaz

Alejandro Ordaz Moreno, el joven salmantino recluido desde hace más de siete meses en una prisión de Sevilla, España, ahora busca hablar con los policías a los que supuestamente agredió, pretende llegar a un acuerdo “y ya cuando se llegue el juicio llegar a una cosa más tranquila y ya que queden indemnizados”, informó el padre del estudiante.

Alejandro con su familia.

En tanto, Ordaz Moreno, se encuentra a la espera que sea fijada la fecha para la realización de su juicio, “todavía no hay ni siquiera una fecha tentativa”, lamentó Esteban Ordaz Granados, padre de Alejandro.Entrevistado vía telefónica, informó que en últimas fechas le fue negada la libertad bajo fianza para que enfrentara el proceso desde fuera, esto dijo, debido a que el anterior abogado, Francisco Fernández Garoña, no aportó las pruebas necesarias para su defensa.

Recordó que desde el 21 de julio, Fernando Retamar es el abogado de Alejandro y por ello, pidió la instrucción para que se incorporaran las pruebas a su favor, sin embargo, ésta también fue negada.

Ordaz Granados señaló que, va a meter otra apelación, “ahorita se está platicando con el abogado, lo que requerimos es que se nos acepten las pruebas y hablar con los policías para llegar a un acuerdo, estas gentes están muy cerrados, no se prestan al diálogo, el mismo abogado de los policías está cerrándolos para seguir presionando y pidan más dinero para su indemnización”.

El padre del estudiante dijo “nos tenemos que adherir a lo que ellos pidan, es un país muy ajeno a las leyes de nosotros”, enfatizó.

Explicó que hay un proceso llamado instrucción y en éste se incorporan todas las pruebas, “el abogado que estuvo antes no metió nada, nada más estaba mintiendo, decía que sí había metido pruebas, que ya iba a ser el juicio, él mismo pidió que se retrasara el sumario y cuando pasa el juzgado ya no recibe pruebas” lamentó.

Detalló que por lo pronto se sigue insistiendo para que Alejandro obtenga la libertad bajo fianza y enfrente el proceso fuera del reclusorio y así pueda continuar con sus estudios.

Incluso dijo, Alejandro fue cambiado en el penal, fue separado de la población general para trasladarlo a un ‘módulo de respeto’ donde “está gente centrada y que no tiene nada qué ver con la delincuencia, le he metido libros y él sigue sobre su estudio para que cuando consiga su libertad continúe estudiando, ahí adentro sigue trabajando”, concluyó.

INTERVIENE EL GOBIERNO MEXICANO

En tanto, la madre de Alejandro, Isabel Moreno Martínez expresó en que ya son siete meses los que su hijo se encuentra recluido en Sevilla, España, y ahora, “nada más estamos a la espera de una buena noticia”.

Añadió que ahora la embajada mexicana si está involucrada, “por ella se le cambió de módulo, lo fueron a ver a prisión… ya está habiendo mucha intervención del gobierno para ver cómo se pueden mover, el abogado está metiendo todas las pruebas que mi esposo le pide… el abogado es muy bueno, pero aquella gente es muy lenta para moverse”, finalizó.

El pasado 8 de marzo, Alejandro Ordaz Moreno tuvo un enfrentamiento con la Policía de Sevilla. Fue detenido y consignado ante las autoridades judiciales.

El 10 de marzo, el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla le decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, la cual puede alargarse hasta dos años.

En respuesta al recurso de apelación presentado por la defensa, la sala dispuso el 14 de abril mantener la orden de prisión preventiva. El próximo paso será solicitar la libertad bajo fianza del detenido, quien permanece en el Centro de Penitenciaría de Sevilla.

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=89127

Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’

El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo

STEFANO RODOTÀ

El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.

El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.

Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.

Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?

El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.

Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.

Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?

Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.

En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.

El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.

Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia