Los niños gitanos son el último eslabón de la cadena. El gobierno está preparando normas que tipifican como delito penal la permanencia irregular en el territorio. Con esa excitativa, restan por estudiar 700 mil demandas de regularización, número muy superior a “la cuota” de ingreso establecido por la ley en vigor (que lleva el nombre del jefe del partido de la Liga del Norte, Bossi, y aquel posfascista Fini): no se pueden deportar 700 mil o un millón de personas, porque de acuerdo con la estadísticas hay regulares y no, llamados comúnmente en los medios y por la policía “clandestinos”. Por otro lado, el meollo del sistema de bienestar ha creado el fenómeno de los “cuidadores”, o sea dueños (sobre todo más entre los hombres) de migrantes que se hacen responsables de los niños y ancianos en un país que involuciona muy velozmente: la familia beneficiada que puede permitirse este tipo de asistencia no comprende por qué Úrsula la polaca o Ada la peruana, que vive en casa de los viejos protectores, sean de repente calificadas de criminales prófugas (después de un año y medio de estancia) y sujetas a expulsión.
Tag Archives: Berlusconi
JUAN GOYTISOLO: Europa, de las Luces al Apagón
La lectura de la prensa de estas últimas semanas llena de estupor a cualquier ciudadano por curtido que esté a la sucesión de malas nuevas que llueven sobre él. ¿Puede ser cierto lo que lee sobre la patria de Cervantes, de Dante, de Goethe, de Diderot? ¿O se trata de una broma de mal gusto, de un mediocre invento de ciencia-ficción?
Nos enteramos un buen día de que la directiva de Bruselas que permite retener a los inmigrantes indocumentados durante 18 meses, aprobada por una abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, es un “progreso” y responde a “criterios humanitarios”. De que el tiempo máximo de “custodia” de los mismos en centros administrativos -¡por favor, no sean mal pensados, no se trata de cárceles ni de campos de concentración!- obliga a algunos países tenidos hasta ahora por modelos de la gloriosa civilización europea -¡crasa ignorancia la nuestra!- a reducir el amable alojamiento de “irregulares” en espera de su deportación de los 20 meses de Estonia y de la duración ilimitada de Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Suecia, a tan sólo 18, lo que autorizaría en contrapartida a los otros -Francia, España, Italia, etc.- a prolongar la suya al amparo de dicha normativa. De que derecha e izquierda -salvo raras excepciones en la última- entremezclaron sus votos en un ejercicio de buen entendimiento, pragmatismo y encomiable responsabilidad.
Mas las noticias insólitas no se detienen ahí. El ministro sarkozyano de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Desarrollo Solidario -cóctel de títulos que deberían ser analizados uno por uno con la atención que merecen- resalta, con la satisfacción de quien anuncia, digamos, una subida espectacular de la renta per cápita de su país, que el número de expulsiones de emigrantes en situación irregular ha aumentado, señoras y señores, desde que ocupa el cargo, ¡en más de un 80%! (aplausos cerrados).
Ni Sarkozy ni el señor Hortefeux nos dicen si los enviados a perdurables vacaciones gratuitas a sus países de origen dispusieron de asistencia jurídica para aceptar el ofertón, ni si el package tour incluía a niños expedidos a países distintos de los suyos. Estos detalles insignificantes no preocupan demasiado a la burocracia bruselense.
Lo importante es dar muestras de firmeza ante un electorado temeroso de la “plaga de langosta” -así llamaba a los africanos un distinguido arabista español- procedente del Sur, de Asia y de Iberoamérica que, según lee día tras día en la prensa amarilla, se le va a caer encima como en el relato de la Biblia.Tampoco las medias tintas y componendas de la izquierda más boba y mostrenca corresponden en modo alguno al genio y figura de Berlusconi. El honestísimo espejo de demócratas, vate de Forza Italia, padre de la gloriosa emergencia gitana y propagandista ferviente del empleo de métodos drásticos para limpiar el espacio de Schengen de ocho millones de huéspedes indeseables, se muestra incluso contrariado e insatisfecho con los paños calientes de sus colegas. “La Unión Europea -dice- necesita un empujón”, y él se encargará de dárselo. ¿Empujón hacia dónde?, se preguntará el cándido lector. Il Cavaliere -muy ocupado en su porfiada defensa de un feminismo de buena ley y de la justa causa del pueblo que le aclama- se guarda la respuesta para luego. Quizá para cuando las Luces de Europa se hayan apagado del todo como en los buenos tiempos del Duce, al que los suyos saludan ya brazo en alto en las gradas del Capitolio romano.
El incendio de los campamentos de rumanos azuzado por la Camorra napolitana y la multiplicación de incidentes xenófobos contra magrebíes y subsaharianos constituyen la prueba tangible de que los ciudadanos honrados encarnados en Il Cavaliere están hasta los güevos de tanto cachondeo. Por ello, junto al crecimiento de los presupuestos militares indispensables para luchar eficazmente contra el terrorismo, habrá que acelerar la creación -en estos benditos tiempos de desaceleración- de los dispositivos de seguridad, no en los campos, sino en los “jardines de concentración” -así los llamó hace cuatro décadas, con un humor que le costó muy caro, el poeta cubano Heberto Padilla, refiriéndose a los de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).
Los muros de protección exterior no bastan, en efecto, sin el complemento de estos “jardines” cuyo acondicionamiento e higiene no son, según las ONG que alcanzan a visitarlos, los de un hotel de cinco estrellas. Y mientras el número de eufemismos en torno al problema se extiende entre los Gobiernos, el rastreo por los servicios secretos de los correos electrónicos, faxes y llamadas telefónicas sin autorización judicial alguna coronan el cuadro de esta dulce Europa tan distinta de aquella con la que soñaron Olof Palme y las grandes figuras de la socialdemocracia de nuestra posguerra.
La indignación de los líderes de Suramérica contra la que denominan la “directiva de la vergüenza”, no afecta desde luego a Berlusconi ni siquiera a Sarkozy, para quienes no pasa de ser una mera pataleta, convencidos como están de que la historia rueda cuesta abajo y de que la vuelta a la semana de 60 horas marca un hito histórico del desmantelamiento del funesto Estado de bienestar creado por el infantilismo gauchista. Pero ¿qué piensa de ello el actual Gobierno español? ¿Qué hace un partido digno como el PSOE ante un retroceso generalizado como éste? El presidente que elegimos con razonable esperanza y su ministro del Interior tienen que sacarnos de dudas. ¿Aspiramos aún a la Europa de las Luces o nos resignamos a la del Apagón?
Juan Goytisolo es escritor.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Europa/Luces/Apagon/elpepuopi/20080629elpepiopi_4/Tes
Filed under Blogroll, Columns, Human Rights, Politics, Resistance
Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’
El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo
STEFANO RODOTÀ
El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.
Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.
El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.
Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.
Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?
El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.
Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.
Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?
Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.
En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.
El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.
Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Filed under Blogroll
Italia impulsa la ley que convierte en delito la inmigración ilegal
El primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi se celebra en Nápoles, hundida entre toneladas de basura.- El Gobierno aprueba también un decreto ley que endurece la penas de los ‘sin papeles’
El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.
Esta polémica medida ha sido incluida en uno de los tres proyectos de ley sobre seguridad e inmigración aprobados ayer y ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una amplia mayoría.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. Sin embargo, el primer ministro italiano, volvió a retomar la lucha contra la inmigración ilegal como una de sus principales banderas durante la campaña electoral y ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.
La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales. Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá “millones de fugitivos” y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros”. También se opone a la medida la Iglesia Católica, que lo considera un “error”, ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.
El Ejecutivo de centro-derecha también ha aprobado un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen. Ha sido rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.
Penas más duras
Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.
Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.
También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.
“Los vertederos serán verdaderas áreas militarizadas”
Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primera reunión ministerial para expresar su compromiso con solucionar la crisis de las basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia. Por ello, los ministros han aprobado a través de un decreto ley un plan extraordinario y urgente para solucionar la crisis y en el que se incluye la declaración de zonas militarizadas para los vertederos, condenas penales para quien impida su utilización y el nombramiento del jefe del Departamento de Protección Civil, Guido Bertolaso, para que supervise la situación.
Berlusconi ha anunciado que se reabrirán cinco vertederos, uno por cada provincia de Campania, que serán considerados “zonas de interés estratégico nacional”. “Serán verdaderas áreas militarizadas, y estarán protegidas por las fuerzas armadas”, ha explicado Berlusconi, que ha añadido que el lugar donde se situarán será secreto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, para quien se introdujera en esas zonas se prevén penas que van de los tres meses a un año de cárcel, mientras que las condenas serán de hasta cinco años para quienes causen desordenes que impidan la normal utilización de los basureros.
Sin embargo, la celebración del Consejo de Ministros en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles no ha estado exenta de críticas. Frente a las autoridades, que habían asegurado que todo el centro de la ciudad estaría hoy limpio, los medios locales señalaron que se pretendía mostrar hoy una ciudad “limpia” cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.
Filed under Blogroll
Guillermo Almeyra: Italia: la política y las elecciones
Entre la derecha empresarial de Silvio Berlusconi y el gobierno tecnocrático-burocrático de Romano Prodi, apoyado por todos los partidos de la izquierda, el centro y la derecha clientelista o moderada consiguieron dar un golpe casi mortal a la política, desprestigiarla al máximo y lograr el repudio general a sus representantes, que están tan separados de los intereses de las mayorías.
La supuesta contienda actual entre el llamado Partido Demócrata de Walter Veltroni, que declara inspirarse en su homólogo estadunidense, y la alianza derechista dirigida por el magnate Berlusconi, no es un real enfrentamiento. Sus concepciones políticas, sus programas (o, mejor dicho, la falta de los mismos) y su funcionamiento gerencial son idénticos y, para completar, Veltroni ha ofrecido un “gobierno de unidad nacional”, el “Veltrusconi”, que fusione la derecha tradicional y la nueva derecha con los restos degenerados del viejo Partido Comunista (los Massimo D’Alema, Piero Fassino, Walter Veltroni e compagnia bella).
Fuera de ese grupo, pero dentro de los marcos institucionalistas, gobiernistas, burocráticos-aparatistas, está la reciente alianza Arco Iris sin otro proyecto que no perder demasiadas curules y puestos de gobierno, carente de ideas generales y que, ahora, después de la caída del gobierno de Prodi, en el que sus integrantes se sometieron totalmente al capital, propone con fines electorales algunas medidas salariales y sociales que no aplicó cuando cogobernaba. Y al margen de esa “clase política”, oportunista y cínica, que se tutea ignorando las diferencias ideológicas que dicen tener sus componentes, quedan sólo dos pequeñas agrupaciones que agitan la bandera roja y proclaman aún un objetivo socialista: la Sinistra Crítica, representada por el senador Franco Turigliatto, expulsado de Rifondazione Comunista por no haber votado los fondos para la misión militar imperialista en Afganistán, y el grupo, también trotskista, también ex miembro de Rifondazione, dirigido por Ferrando, ya que el objetivo del primer agrupamiento –formar un frente de todos los anticapitalistas y revolucionarios– no ha podido superar los intereses particulares y el sectarismo.
Los italianos van así a las elecciones generales desmoralizados y sin perspectivas, repudiando la política y a los políticos y obligados a votar por gente en la que no creen y de la que no esperan (o por grupos fascistas o fascistoides), para elegir un gobierno que deberá enfrentar la tormenta económica que se avecina con la expansión de la crisis en Estados Unidos. Este es el fin miserable del desastre causado por la deseducación de los trabajadores y de la juventud de Italia por decenios de política pragmática y de colaboración con el capitalismo y el fin de la dirección centralizada y antidemocrática de las organizaciones obreras, todo lo cual es imputable a la escuela de Togliatti-Stalin que modeló al hoy inexistente Partido Comunista (que a mediados de los años 70 tenía un tercio de los votos).
Desde este punto más bajo de su historia moderna, los trabajadores, los jóvenes estudiantes o con empleos precarios, los intelectuales capaces de ir más allá del neoliberalismo que propone nuevamente el Veltrusconi rosa-negro, deberán recuperar credibilidad y eficacia a la política, recuperar inspiraciones éticas y morales, construir proyectos creíbles para un futuro y, al mismo tiempo, prepararse para los negros tiempos que están por venir.
Sin duda esta tarea requiere apoyarse, como Anteo, en un terreno sólido, el de la recuperación de la visión de clase mediante la lucha por el empleo seguro y digno, por salarios que superen la inflación y permitan recuperar el nivel de vida perdido, la lucha contra el racismo y por reconstruir los sentimientos solidarios e internacionalistas presentes desde el combate por la unidad de Italia en el siglo XIX. Pero la misma no puede quedar reducida al terreno sindical, por importante que ésta sea, ya que hay que reconstruir (o construir) una visión política y teórica sobre lo que es el capitalismo y lo que son el Estado y las instituciones estatales, incluidos en éstas la Iglesia y los partidos que tratan de perpetuar el sistema o no se oponen al mismo. Si el capitalismo está tratando de hacer volver a los trabajadores europeos al siglo XIX –con la destrucción de la solidaridad, con la difusión del individualismo y del egoísmo, con el fin de las conquistas sociales solidarias, como las ocho horas o las pensiones, con el trabajo desregulado– es necesario recomenzar lo que se hizo en aquel siglo, creando las condiciones teóricas para la lucha contra el capitalismo y las organizaciones anticapitalistas de masa, en la lucha contra los patrones y el Estado y con el objetivo de un nuevo orden social.
Eso no puede hacerse sin una superación de las viejas concepciones, tal como el marxismo debió superar entre los trabajadores al saintsimonismo o al fourierismo y derrotar el apoliticismo de los Bakunin. El balance del estalinismo está aún por hacer. No se puede construir ningún futuro si uno está empantanado y hundido en el pasado.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol
Our Words In Resistance 