| MADRID.— Alejandro Ordaz dice que es inocente. Lo repite una y otra vez desde la sala de comunicaciones del Centro Penitenciario de Sevilla (sur de España), en la que concede una entrevista, la primera, a EL UNIVERSAL.
Reconoce que se siente fatal al estar en prisión, al despertar cada día encerrado en una celda; que le cuesta dormir, tiene pesadillas y que sueña que se escapa y que tiene miedo a ser declarado culpable. También asegura que no es justo que por haberse peleado con unos policías pidan una condena para él de 36 años de cárcel. “Más que para un asesino o un violador, cuando yo no he hecho daño a la sociedad”, denuncia. Se defiende con el argumento de que se enfrentó a ellos porque no sabía que eran policías y sintió “un arranque de pánico al pensar que me querían secuestrar”. Le pide al presidente Felipe Calderón que se interese por su caso y que durante la visita que realiza a España exija a su homólogo, José Luis Rodríguez Zapatero, que se haga justicia. El pasado 8 de marzo, la vida de Alejandro Ortiz, de 29 años, dio un vuelco. De ser un brillante estudiante mexicano residente en la ciudad andaluza becado por el Conacyt para realizar un doctorado en energías renovables, se convirtió en un preso más de la cárcel de Sevilla. De vivir en un cómodo departamento de la calle San Juan de la Salle en el barrio de la Macarena, con su compañero y amigo desde hace más de una década, el también estudiante mexicano José Alberto Vite, pasó a ocupar una pequeña celda del penal, junto a un hombre acusado de violencia doméstica. Y de tener un futuro profesional y personal —se casaba este mes de julio con su novia Rocío—, ahora se enfrenta a una posible condena de 36 años de cárcel. Aquella noche, Alejandro había salido a tomar unos tragos con Vite. A las dos de la madrugada el joven, que “había bebido más de la cuenta”, como él mismo reconoce, salió solo del bar Amazonia, que se encuentra a pocos metros de su casa. Por el camino fue detenido por dos policías que iban vestidos de civiles, que al parecer le confundieron con un chico que esa noche estaba acosando a tres mujeres. Aunque le mostraron la placa, el joven pensó que lo iban a secuestrar y la emprendió a golpes. Ahora se enfrenta a dos delitos de tentativa de homicidio contra la autoridad, un delito de lesiones y otro de amenazas. “Cada vez estoy peor aquí encerrado”, explica a través de un vidrio. “Estoy muy agobiado y sicológicamente me encuentro mal”, añade. “Yo no soy un delincuente, nunca he hecho daño a nadie. Para mí todo fue una pelea fruto de un malentendido. Yo nunca quise atacarlos y jamás les apunté con el arma ni les intenté disparar. Les pegué en defensa propia porque al ir vestidos de civil no pensé que eran policías”, se justifica. “Yo no sabía que en España había policía secreta”, añade. De su vida en la cárcel asegura que está en un módulo tranquilo y que no ha tenido problemas con nadie, aunque cuenta que estar rodeado de asesinos, de violadores y de narcotraficantes “te hace vivir siempre en alerta, porque no sabes en qué momento pueden explotar”. Cuando los internos salen al patio, Alejandro se suele sentar en una esquina con la computadora y aprovecha el tiempo para estudiar. Además, trabaja limpiando galerías y en la biblioteca. Su padre, Esteban Ordaz, que ha dejado su trabajo de policía en Guanajuato para trasladarse a vivir a Sevilla, es quien lo visita cada domingo por la mañana. Aunque también acaban de estar con él su novia Rocío y su madre Isabel. “Yo no quería que vinieran aquí porque es muy duro entrar en una cárcel y ver todo esto”, relata. “Pero se empeñaron porque no estaban tranquilas después de saber los golpes que me habían dado cuando me detuvieron”, cuenta. “Al verlas yo me derrumbé. Ver a mi madre llorar me afectó mucho y no pude contener las lágrimas. Sentí muy feo de haberles causado tanto dolor”, añade. Alejandro también lo pasa mal cuando sale a hacer “diligencias”: a testificar ante el juez. “En ese momento es cuando tengo contacto con la policía y me tratan peor que a los demás presos, creen que soy una amenaza porque saben que he pegado a dos de sus compañeros y yo los siento muy hostiles”, dice. Ordaz también pasa miedo porque recuerda las torturas que dice que sufrió cuando fue detenido y mantenido incomunicado en los calabozos durante 48 horas. “En esos dos días entraron varios policías al calabozo y me pegaron con las pistolas, incluso me la metieron en la boca varias veces, me insultaron; el jefe me dijo: te vamos a regresar a tu país de indios, me mintieron y me aseguraron que los dos policías con los que me había peleado se habían muerto, y me amenazaron con tirarme al río”, denuncia. |
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ANA ANABITARTE: Alejandro Ordaz Moreno “Denuncia tortura y racismo”
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Hará exhorto a favor de salmantino la Permanente
Por: Yadira Cárdenas, Jueves, 15 de Mayo de 2008
“Lo hago con respeto, lo hago sin estridencia y lo hago apelando a la consideración de una relación muy añeja que tenemos con los españoles, de una relación de amistad, de una relación de respeto que les advierta a los españoles que se están dando algunas actividades xenofóbicas”.
Francisco Arroyo Vieyra, senador priista
Fue aprobado por unanimidad, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el punto de acuerdo presentado por el senador priista, Francisco Arroyo Vieyra, mediante el cual se exhorta al presidente de la República, Felipe Calderón, para que se realicen las gestiones diplomáticas necesarias para que el estudiante salmantino, Alejandro Ordaz Moreno, sea liberado de la cárcel de Sevilla, España, donde permanece desde marzo acusado de agredir a policías.
Al subir a la tribuna, Arroyo Vieyra presentó ayer el punto de acuerdo donde explicó la situación en la que se encuentra Alejandro Ordaz Moreno, consignado por las autoridades judiciales de España por el delito de intento de homicidio y, con el riesgo de enfrentar una condena corporal de hasta 15 años.
“Yo quisiera ser especialmente cuidadoso en abordar el tema, no sólo por no parecer oportunista y subirme a un asunto que ha calado hondo en la sociedad cervantina y guanajuatense, fundamentalmente en la comunidad universitaria de Guanajuato a la que varios de nosotros nos honramos pertenecer”, mencionó.
El senador dijo entender las explicaciones de la Embajada de México, por conducto de Cristian Alarcón, informando las gestiones que se han realizado.
Mencionó que el interés de presentar el asunto a la Comisión Permanente, es para que el jefe del Ejecutivo Nacional instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en España para que hagan todo lo posible por ayudar a Alejandro; además, dijo, para que esas instancias se sientan respaldadas y que se conozca la preocupación de los legisladores por la situación.
Senadores:
* Humberto Andrade Quezada
* Alejandro González Yáñez
* Carlos Lozano de la Torre
Diputados:
* Alejandro Chanona Burguete
* Margarita Arenas Guzmán
* Joaquín Humberto Vela González
* Cuauhtémoc Sandoval
“Lo hago con respeto, lo hago sin estridencia y lo hago apelando a la consideración de una relación muy añeja que tenemos con los españoles, de una relación de amistad, de una relación de respeto que les advierta a los españoles que se están dando algunas actividades xenofóbicas”.En su punto de acuerdo, Arroyo Vieyra pide a las autoridades españolas que “reconsideren, sumándose a las peticiones de otras instituciones, lo han hecho, para que exista una consideración y Alejandro recupere su vida normal y pueda terminar sus estudios”.
Finalmente y luego de considerarse un asunto urgente, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, para que se le brinde el apoyo necesario al estudiante guanajuatense.
Espero que en verdad ayuden, y que se haga algo a favor de Alejandro Ordaz y de su familia
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Joanna Jolly: Migrants tell of township tensions
Ahmed Dakane is a 31-year old Somali refugee. For the past four years he’s been living in the South African township of Zweletemba, on the outskirts of the town of Worcester in the wine-growing hills outside Cape Town.
Among the sprawling mess of tin huts and makeshift shelters he points out a pile of rubble that until recently was his shop and his livelihood.
Two months ago a mob of local South African youths surrounded and destroyed it, forcing Ahmed to flee for his life.
“All the community from this place, all South Africans, almost 1,000 people came to me,” he says, describing the night of violence.
“I called the police. When they came they said we can save your life but we can’t save your shop. So they took me and put me in the police station. I lost everything, even my clothes.”
Hunted and attacked
Locals living in Zweletemba say the attack was provoked by another Somali shopkeeper who shot dead a robber.
But when the angry mob looked for revenge, they didn’t just target one shopkeeper, but every foreigner living in the township.
Zimbabwean car mechanic, Norman Kajeni, was also hunted down and attacked.
“They come here, they robbed me, they took my equipment, they broke the car, they broke the house. They hit me. I had sixteen stitches in the head,” he says.
“They don’t like foreigners here. For the reasons we don’t know, because we have just come here to work to make a living.”
The attack in Zweletemba is not an isolated event.
Since the end of apartheid 14 years ago, Africans from all over the continent – both legal and illegal – have migrated to South Africa, attracted by its booming economy and apparent wealth.
There are no official figures of how many foreigners are in South Africa, but the South African Forced Migration Studies Programme estimates that between one and three million African migrants now live in the country, many of them from Zimbabwe.
The past few months have seen a marked increase in attacks by the local South African community on black migrants, causing some to describe the situation as the “new apartheid”.
‘New apartheid’
In Zweletemba, community workers like Sylvanus Dixon – himself from Sierra Leone – say high unemployment, poor infrastructure and few prospects for South Africa’s majority black population leads to jealousy of migrants.
“The problem is that people don’t want to accept the refugees or the foreigners. They don’t know who to blame for what has happened in South Africa – the apartheid, the struggling.
“They see all this influx of foreigners, especially the black foreigners, they think what is going on?” he says.
“They see foreigners with businesses and they don’t know how they got their money. They think maybe he got money from the government, they don’t know.
“That’s where the jealousy is coming from. That’s when the fear becomes xenophobia.”
Sylvanus Dixon believes that many South Africans also blame foreigners for the high levels of crime in the township.
‘We don’t want foreigners’
Not all South Africans are hostile to incomers. Ahmed Dakane is now rebuilding his shop with the help of a group of locals who are keen to see him re-start his business.
But there is also anger in the community. Watching Ahmed fix corrugated iron to the sides of his new shed is a teenage South African boy.
“We don’t need the foreigners here,” he says.
“They have a lot of businesses here, but they don’t do anything for Zweletemba They have a lot of shops but they don’t employ Zweletemba youth.”
His comments are echoed by a middle-aged South African woman who says foreigners charge too much for basic goods and don’t pay their workers enough.
“They must go, we don’t want the foreigners here. We don’t have jobs. The foreigners come here for our jobs.”
In the past few weeks community workers like Sylvanus Dixon have organised meetings between local and migrants in Zweletemba to ease tensions.
But Ahmed and the other foreigners who live here, believe that until the major issues of poverty and unemployment are solved, it’s only a matter of time before they become victims again.
Carolina: SOS Racismo cree que la ley de Extranjería está concebida “al revés”
Carmen Caldera, coordinadora de SOS Racismo-Granada, opina que la ley agrava la situación del inmigrante y pide reformas para adecuarla a la realidad.
EFE, Granada | Actualizado 17.04.2008 – 14:28
SOS Racismo ha pedido hoy la adecuación a la realidad de la ley de Extranjería, concebida en su opinión “al revés” de como debería porque incluye cuestiones “difícilmente aplicables” como la del contrato en origen, circunstancia que, al no poder cumplirse en muchos casos, agrava la situación del inmigrante.
Así lo ha manifestado la coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo-Granada, Carmen Caldera, en la presentación del informe anual 2008 sobre el racismo en el Estado español, según el cual la explotación laboral, el hacinamiento y los abusos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad siguen marcando la estancia de los inmigrantes en el país.
El informe analiza diez cuestiones fundamentales relacionadas con la inmigración y el racismo, como los derechos laborales y sociales que asisten a este colectivo de la población, que siguen “cobrando menos que los nacionales” y sin que se le reconozcan el derecho al voto ni a la sindicación, entre otros, ha explicado Caldera.
SOS Racismo ha hecho especial hincapié en la situación de las inmigrantes empleadas de hogar, a las que considera “las nuevas esclavas del siglo veintiuno”, con jornadas excesivas y sin apenas derechos laborales.
Advierte también el informe de la falta de política de vivienda social especialmente dirigida a los inmigrantes que residen en España, el 20 por ciento de los cuales dispone de menos de diez metros cuadrados para vivir, mientras que el 47 lo hace como inquilino arrendado por la negativa de las inmobiliarias a alquilarles casas y un 19 por ciento en condiciones de hacinamiento.
En cuanto al ámbito educativo, durante el curso 2007/08 el 69 por ciento del alumnado extranjero estaba escolarizado en escuelas públicas frente al 31 por ciento en centros privados o concertados.
Para SOS Racismo, el hecho de que la mayoría de los menores inmigrantes se concentren en la escuela pública puede propiciar la formación de guetos y fomentar la discriminación y la violencia.
Sobre los menores no acompañados, el informe recrimina que las comunidades autónomas no asuman su responsabilidad respecto a la situación de desamparo.
Otro de los puntos abordados por el estudio son los “abusos” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos y privados, que en ocasiones practican “un racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por el funcionamiento del sistema judicial”.
SOS Racismo, que precisa no obstante que esos abusos parten de un pequeño sector policial, ha advertido igualmente de la “impunidad” de los grupos de extrema derecha y del discurso xenófobo practicado por algunos partidos.
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