La desprestigiada forma de suspender las sanciones a Cuba que acaba de adoptar la Unión Europea el 19 de junio ha sido abordada por 16 despachos internacionales de prensa. No implica en lo absoluto consecuencia económica alguna para nuestro país. Por el contrario, las leyes extraterritoriales de Estados Unidos y, por lo tanto, su bloqueo económico y financiero continúan plenamente vigentes.
A mi edad y en mi estado de salud, uno no sabe qué tiempo va a vivir, pero desde ahora deseo consignar mi desprecio por la enorme hipocresía que encierra tal decisión. Esto se hace aún más evidente cuando coincide con la brutal medida europea de expulsar a los inmigrantes no autorizados procedentes de los países latinoamericanos, en algunos de los cuales la población en su mayoría es de origen europeo. Los emigrantes son además fruto de la explotación colonial, semicolonial y capitalista.
A Cuba, en nombre de los derechos humanos, le exigen la impunidad de los que pretenden entregar, atados de pies y manos, la patria y el pueblo al imperialismo.
Hasta las propias autoridades de México tienen que reconocer que la mafia de Miami, al servicio del gobierno de Estados Unidos, le arrebató por la fuerza ―o compró― a un importante contingente de agentes migratorios de ese país a decenas de inmigrantes ilegales arrestados en Quintana Roo, entre ellos niños inocentes transportados a la fuerza por riesgosos mares y hasta madres forzadas a emigrar. Los traficantes de personas como los de drogas, que disponen a su antojo del mayor y más codiciado mercado del mundo, han puesto en riesgo la autoridad y la moral que necesita cualquier gobierno para dirigir el Estado, derramando sangre latinoamericana por todas partes, sin contar los que mueren por emigrar a través del humillante muro fronterizo sobre lo que fue territorio de México.
La crisis de los alimentos y de la energía, los cambios climáticos y la inflación acosan a las naciones. La impotencia política reina, la ignorancia y las ilusiones tienden a generalizarse. Ninguno de los gobiernos, y menos aún los de la República Checa y Suecia, que eran renuentes a la decisión de la Unión Europea, podrían responder de forma coherente a las interrogantes que están sobre el tapete.
Mientras tanto, en Cuba los mercenarios y vendepatrias al servicio del imperio se halan los pelos y rasgan sus vestiduras en defensa de los derechos de traición e impunidad.
Tengo muchas cosas que decir, mas por hoy basta. No deseo molestar, pero vivo y pienso.
Divulgaré esta Reflexión solo por la vía de Internet hoy viernes 20 de junio de 2008.
Debe ser dura, dijeron los conservadores en el Parlamento Europeo e impusieron el destierro a los inmigrantes, después de haber usado su mano de obra barata durante varios decenios, para alcanzar los niveles de prosperidad que tienen. La política del limón exprimido mostró su rostro más despiadado en la decisión dictada por los representantes de los países europeos y que ellos, muy graciosamente, han llamado “directiva de retorno”.
Estos son los términos de tal medida: en los próximos dos años, latinos, africanos y asiáticos que no cuenten con sus papeles en regla, cualquiera sea el tiempo de su permanencia, serán expulsados de la Unión Europea (UE). A partir de esa fecha, los “ilegales” tienen entre 7 y 30 días para salir por su voluntad; el tiempo de tolerancia dependerá de la voluntad de las autoridades migratorias. Si no se van, ingresarán a un encierro que puede durar de 6 a 18 meses; en este caso, el periodo depende de que puedan encontrar a qué país trasladarse (ninguno europeo, por supuesto). En caso de que tal tiempo sea insuficiente, el encierro se convierte en encarcelamiento, hasta que se lo expulse. A la expulsión le sigue la prohibición de volver hasta 5 años después. La pregunta es: ¿alguien volverá después de ser tratado en forma tan humillante?
La ilegalidad de los pobres
Ser pobre, en un país empobrecido, es una tragedia. Ser pobre en un país enriquecido, es infamante.
Las formas de apropiación de las riquezas de nuestras regiones, que se intensificaron durante los tres decenios pasados, beneficiaron a Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea anterior a su ampliación hacia el este y al Japón.
EE.UU. tiene sus métodos de expulsión violenta, incluyendo matar a los “ilegales” y levantar un muro en su larga frontera continental. En el Japón no se registran restricciones, al menos hasta ahora. En la UE, desde hace varios años, comenzó una campaña en contra de la llegada de migrantes pobres. Barcos repletos zozobrando, expulsiones masivas, se han dado en el pasado reciente. Ahora, con la “directiva de retorno”, esta violencia será mayor, ni duda cabe.
Quien ha tenido necesidad de viajar a cualquiera de esos países, conoce la rutina del visado burocrático, arbitrario y, sobre todo, discriminatorio. Exigen condiciones económicas que les garanticen, a los países receptores, que el visitante no se quedará y que el migrante podrá mantenerse. Las condiciones son tan altas, que han permitido la aparición de redes de traficantes, que ofrecen trasladar a la persona, usando métodos no muy claros, a precios escandalosos, aunque muy por debajo de la exigencia oficial.
Llegan allá los migrantes (cualquiera sea el país que eligieron) y se enfrentan a la alternativa de aceptar el trabajo humillante del socio de los traficantes o quedar a expensas propias, con el riesgo de ser deportados de inmediato. Si tiene suerte, logrará ser lavaplatos en un restaurante de tercera categoría; de lo contrario, dormirá a sobresaltos en un parque, recogerá restos de comida en los basureros y rogará por un trabajo eventual a precio miserable.
Después, mucho después, podrán ser empleados o empleadas domésticos, útiles para todo servicio u obreros de la limpieza. Los afortunados, llegarán a trabajar en la construcción, en el transporte público o la fábrica. Para entonces, se habrán dado cuenta que construyeron una vida en ese país extraño del que, de pronto, hoy les anuncian que serán expulsados.
Razones y sinrazones
Pueden explicarse y hasta entenderse las razones por las cuales, la Unión Europea, ha llegado a tomar esta determinación. Pero es indudable que no se ha tomado en cuenta la situación de las personas. Esto provoca la reacción de los países cuyos connacionales sufren tal discriminación.
Hay, ni duda cabe, una contracción económica que afecta a todas las naciones del mundo. Después de un largo periodo de bonanza, los países desarrollados enfrentan un descenso. Sumemos a esto el ingreso a la UE de los países de Europa Oriental, cuya estructura económica, social y política es obligada a adecuarse a los parámetros occidentales. Todo esto influye en el trazado de las estrategias del llamado primer mundo. Comprensible, pero inaceptable.
La evidencia de esto, es la definición parlamentaria en la misma votación. Casi la mitad de los votos, no acompañó la decisión final. Es verdad que sólo 200 se opusieron y hubo algo más de 100 que se abstuvieron.
Probablemente, otras medidas tratarán de paliar o, al menos, desviar la atención. Pero el hecho seguirá siendo evidente: más de 8 millones de inmigrantes que carecen de papeles, viven en Europa y hoy están atemorizados.
Hombres y mujeres latinoamericanos, africanos y asiáticos, tienen la sensación de miles de ojos puestos sobre ellos. Temen que la mano de un policía los detenga. La posibilidad de quedar sin trabajo, es ahora más evidente; ese trabajo eventual y mal pagado que han obtenido luego de tanto tiempo. Los niños, los hijos de los migrantes, están faltando a la escuela. Estos y muchos otros, son los efectos inmediatos que ha tenido la “directiva de retorno”, aunque diga que comenzará a aplicarse en dos años más.
El temor, la más humillante de las sanciones, ha comenzado a esparcirse por el “mundo ilegal” de la inmigración a lo largo y ancho de ese pequeño pero tan enriquecido continente que es Europa.
Respuestas
No es posible hablar de soluciones. Decir que pueden facilitarse las gestiones de legalización, es desconocer la raíz misma del problema. Toda la estructura administrativa de los países europeos está organizada para impedirlo. Es simple: un migrante legal tiene derechos y, por tanto, debe ser empleado en las mismas condiciones que el natural del país. El empresario, grande o pequeño, ya no ´le dará trabajo eventual y, como el empleo legal está copado, el migrante quedará en la calle.
Sólo hay una respuesta que puede darse. Un acuerdo en el que intervenga, por una parte, la Unión Europea, y por la otra, los países latinoamericanos en bloque (puede hacerse lo mismo en otros continentes) que establezca mecanismos de tolerancia y que, sobre todo, recupere la dignidad de las personas. En otros términos: permitir el trabajo que realizan actualmente, con condiciones mínimas de seguridad, al mismo tiempo, que se programe un plan de retorno compatible con la recuperación económica de los países de donde son originarios los migrantes.
No puede negarse que, ésta, es una tarea en la que tienen una gran responsabilidad las naciones que hicieron su prosperidad en base al trabajo mal pagado de los hombres y mujeres que llegaron a Europa en busca de un mejor futuro, cuando sus países sufrieron la despiadada exacción de sus riquezas.
La decisión mayoritaria del Consejo de la Unión Europea del pasado 9 de junio sobre la revisión de la directiva relativa al tiempo de trabajo no ha modificado el precepto básico de que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días. Pero al mantener la posibilidad de que por acuerdo individual entre el trabajador y el empresario se pueda superar dicho umbral, y al cifrar esa excepción en un tope de 65 horas a la semana, amenaza con vaciar de sustancia el límite legal de la jornada de trabajo, debilitar y condicionar la negociación colectiva y establecer un nuevo horizonte simbólico para la duración de la semana laboral.
El acuerdo del Consejo de la UE “britaniza” el derecho europeo del trabajo. El eslogan de Sarkozy, “trabajar más para ganar más”, toma el relevo en Europa a la bandera sindical de “trabajar menos para trabajar todos”. Todo un cambio de paradigma. Causa de enorme perplejidad y decepción para los que tienen en el mundo el modelo social europeo como referencia. Y una profunda incoherencia con el discurso a favor de la salud en el trabajo y de la conciliación laboral y personal.
Lo peor es que éste sólo es un síntoma más, que se añade a otros, en una Europa social que, en expresión del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, se “bate en retirada”. Y cuya superación depende básicamente de un binomio de cuestiones hoy por hoy inexistente: un proyecto político de Europa que prevalezca sobre las reglas económicas que rigen la vida comunitaria y una coalición de fuerzas capaz de llevarlo adelante.
La actual regulación europea de la jornada semanal ya es muy flexible. Establece que el periodo obligatorio de descanso diario será de 11 horas y el semanal de 24, con lo que, en realidad, se pueden llegar a trabajar 78 horas a la semana. La vigente directiva permite, además, un descuelgue -opt-out- individual, pactado entre el trabajador y el empresario, del máximo legal semanal. Y establece un “periodo de referencia” de cuatro meses durante el cual se pueden realizar más de 48 horas de trabajo a la semana, mediante una “ordenación irregular de la jornada” a lo largo de ese periodo, pactada en convenio.
Como consecuencia de todo ello, en el Reino Unido, principal valedor de los contenidos de la actual norma, cerca de cinco millones de personas trabajan más de 48 horas a la semana, y algunos centenares de miles llegan a las 78 con cierta frecuencia
Para evitar los abusos a que ha dado lugar el opt-out se esperaba que la Comisión y el Consejo derogaran el descuelgue individual de la jornada máxima semanal o, al menos, establecieran un periodo transitorio al cabo del cual se procediera a su extinción. Que ampliaran los tiempos de descanso obligatorio, diario y semanal, y propusieran que la superación del límite máximo de tiempo de trabajo semanal se acuerde exclusivamente por la vía de la negociación colectiva. Y adaptaran la directiva a varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), cuyo contenido determina inequívocamente que los tiempos de guardia forman parte del tiempo efectivo de trabajo. Pero no ha sido así. El acuerdo del Consejo sigue manteniendo la posibilidad de derogación individual, aunque limitada por nuevos requisitos. En las guardias, se da carta de naturaleza a que los “tiempos inactivos” no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en contrario, y se establece la posibilidad, en uno de los supuestos sin acuerdo colectivo, de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la anualización de la jornada.
Todo ello implica una potencial amenaza para la duración máxima legal de trabajo en cada Estado miembro y para la regulación de las guardias de colectivos como médicos, bomberos o cajeras de supermercado. Y de otros sectores laborales que, como los trabajadores móviles del transporte por carretera, tienen reconocido, en otra directiva comunitaria, el tiempo “de atención continuada” como tiempo de trabajo.
Es previsible que el opt-out británico se extienda a otros países, alimentando, de esa manera, el dumping social. Y que la negociación colectiva sea marginada allá donde se pueda para así establecer periodos de referencia más amplios y tiempos de trabajo semanales desmesurados. Como se está intentando hacer ya en Francia, las 35 horas de trabajo semanal a tiempo completo pasarán al baúl de los recuerdos y, en general, aumentará la discrecionalidad empresarial para flexibilizar aún más la organización del tiempo de trabajo.
Es posible, y deseable, que, no obstante, el Parlamento Europeo (PE) elimine, en el procedimiento de segunda lectura, los elementos más negativos de la propuesta consensuada en el Consejo. Pero salvo que se produzca una gran reacción social y política en contra, no está claro que ello termine sucediendo, sobre todo tras el cambio de posición de Francia e Italia. Y tampoco está garantizado que, incluso si eso sucede, no termine acaeciendo lo que está pasando tras la profunda modificación que realizó el PE del proyecto de la directiva “Bolkenstein”: algunos de sus contenidos se están intentando reintroducir de nuevo, al amparo de la revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores y de las sentencias del TJE.
La parálisis legislativa del último decenio en el campo social, la creciente sustitución de los procedimientos obligatorios por los indicativos y voluntarios, el contenido regresivo de las propuestas que terminan aprobándose, el drástico endurecimiento de las políticas migratorias, las recientes sentencias del TJE sobre los casos Laval, Viking y Rüffert son algunas de las manifestaciones que indican que lo que está sucediendo con la directiva de tiempo de trabajo no es un hecho aislado.
En realidad, estamos asistiendo a la erosión progresiva del modelo social europeo. Las citadas sentencias han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de huelga. De esta manera, se ha legitimado la competencia desleal realizada por empresas de unos Estados miembro en otros Estados miembro de la UE, al aplicar a sus trabajadores desplazados menores salarios y peores condiciones de trabajo que los que rigen en los países donde se localizaron esas empresas.
La política social europea está dejando de ser parte de la solución para pasar a ser parte del problema. Por ello, la CES ha propuesto que se incluya en el Tratado de Lisboa un Protocolo de “progreso social” que asegure la prioridad de los derechos sociales fundamentales sobre las libertades económicas y las normas de competencia y evite que las directivas o reglamentos sociales europeos puedan, por la vía de la ley o del convenio, empeorar los estándares nacionales. La política social europea ha pasado de tener como norte, en los años 60 y 70, la “equiparación en el progreso” a perseguir el establecimiento de “prescripciones mínimas” en los años 80 y 90, y, actualmente, a derivar hacia una especie de “competición entre modelos sociales nacionales”. Un panorama que desgraciadamente no contribuye a aumentar el entusiasmo de los ciudadanos europeos hacia la construcción europea. Y que reclama con urgencia la reacción de un bloque de países que estén dispuestos a defender el modelo social europeo. El encadenamiento en los próximos dos años de presidencias europeas en las que se van a suceder Francia, Suecia, España y Bélgica puede ser una buena oportunidad para ello.
José María Zufiaur es consejero del Comité Económico y Social Europeo.
Hasta finales de la Segunda guerra mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas.
Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada ”directiva retorno”. El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento Europeo.
Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.
Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.
Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan – ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió mas del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.
Es decir que los flujos de migración son benéficos tanto para los Europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros Estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de ”directiva retorno” complica terriblemente esta realidad.
Si concebimos que cada Estado o grupo de Estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La ”directiva retorno” prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión -o ”alejamiento”, según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular el artículo 13 de la Declaración reza:
”1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamientos donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado esta hoy el deber de ingerencia humanitaria? ¿Dónde está la ”libertad de circular”, la protección contra encarcelamientos arbitrarios?
Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un ”Acuerdo de Asociación” que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la ”seguridad jurídica” para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.
Bajo estas condiciones, de aprobarse esta ”directiva retorno”, estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los Bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE.
El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, que sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.
A nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente regiones del mundo como el Maghreb, Asia y los países de Africa, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la ”directiva retorno”.
Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus ”políticas de integración” como han fracasado con su supuesta ”misión civilizatoria” del tiempo de las colonias.
Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los ”clandestinos”.
Apenas unos 110.000 votantes irlandeses han conseguido paralizar la ratificación del Tratado de Lisboa. Será dificil que alguno de los países que quedan por ratificar no se enganche a esta oportunidad. Los conservadores británicos quieren que su país lo someta a referéndum para poder rechazarlo, desalojar a Gordon Brown de Downing Street y dar al fin un voto negativo a la Unión Europea deseado y esperado durante décadas por la opinión euroescéptica británica, ampliamente mayoritaria. También están mal las cosas en la República Checa, pendiente de la firma presidencial de Vaclav Klaus y de la revisión de su máxima autoridad judicial. Y en Italia, donde la Lega Nord ha echado las campañas al vuelo y puede obstaculizar la ratificación parlamentaria.
Está claro que ya la tenemos armada, como sucede regularmente en Europa desde hace 20 años. Pero mejor no desesperarse. Estamos perfectamente habituados a que sucedan cosas así desde el Tratado de Maastricht. Dinamarca, Irlanda, Francia y Holanda han interrumpido procesos de ratificación en distintas ocasiones. Europa vive permanentemente en crisis e incluso vive de las y para las crisis. El mayor responsable de todo y quien debe dar las primeras indicaciones es, sin lugar a dudas, el taoisech (primer ministro en gaélico) Brian Cowen. Es una crisis europea, pero antes es una crisis irlandesa. A ver qué nos propone el gobierno de Dublín al resto de los europeos.
Esta crisis fastidia, y de qué manera, a Nicolas Sarkozy. La mejor manera de que Francia regresara a Europa era liderándola, y esto es lo que intentó su presidente, apenas estrenado, apoyando e incluso quitándole protagonismo a Angela Merkel, en aquel momento presidenta de turno. La presidencia francesa que empieza este primero de julio iba a tener en su agenda la aplicación del Tratado de Lisboa, algo que le iba a muy bien a Sarkozy en todos los sentidos. Coronaba su esfuerzo e iba a convertirse en el honesto intermediador de los nombramientos para altos cargos previstos en el Tratado: el nuevo presidente del Consejo Europeo, el nuevo vicepresidente de la Comisión y alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, y el propio presidente de la Comisión.
Ahora, con el Tratado colgado, no habrá nombramientos dentro del semestre francés. La agenda de la presidencia francesa quedará, además, dominada por la búsqueda de una salida al Tratado de Lisboa. A señalar, sin embargo, que esta crisis pondrá a prueba las dotes de improvisación y el talento político de Sarkozy. Se trata de una dificultad, pero también de una oportunidad, que es lo que los chinos entienden por crisis.
Las dos siguientes presidencias, de Chequia y Suecia, poco margen tendrán para hacer avanzar las cosas, aunque este año próximo habrá elecciones europeas bajo las reglas todavía de Niza que pueden convertirse en un momento interesante del debate europeo. Las presidencias semestrales seguirán teniendo protagonismo, precisamente porque no podrán producirse los nombramientos hasta que el Tratado no entre en vigor. Aunque con Lisboa no iba a desaparecer este turno rotatorio, sí quedaba claramente relegado a la organización de reuniones ministeriales de segundo nivel, pues se perdía la presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores. Será dificil que antes de 2010 se resuelve el embrollo, por lo que es muy probable que España presida de nuevo la UE en el primer semestre de 2010, y se le ofrezca así una oportunidad incluso de dar un impulso al proceso que actualmente acaba de descarrilar.
Veremos qué dice a todo esto Zapatero hoy en su discurso sobre política exterior, y si sabe tomar algún protagonismo en un campo en el que hasta ahora se le ha echado en falta. Vamos a ver pues si para él, como para Sarkozy, hay una oportunidad a aprovechar dentro de esta crisis europea. Tiempo habrá para discutir a fondo sobre esta nueva interrupción de la construcción europea. Sólo anotar que se produce en un momento especial, de ascenso de Rusia de nuevo como superpotencia energética, con grandes intereses de todo tipo en Europa; justo cuando Estados Unidos está preparando un relevo presidencial y probablemente un cambio de rumbo; y, finalmente, en plena crisis económica de una profundidad y trascendencia tan discutidas como temidas. Es decir, que los europeos nos atamos la mano en la espalda justo cuando más necesitábamos ampliar nuestros márgenes de acción.
A principios de diciembre se llevó a cabo la esperada Cumbre de Lisboa, que reunió a los 27 países de la Unión Europea (UE) con los 52 de la Unión Africana. El histórico encuentro, que sigue al primero que se realizó en 2000, abarcó varios aspectos de la relación bilateral entre los dos continentes, incluyendo el tema migratorio. Bajo el esquema europeo de frenar la migración ilegal y promover los canales legales de entrada a la UE, las negociaciones han tenido un curso absolutamente contradictorio. Si por un lado se quería reconocer el papel de la Unión Africana cual sujeto de igual dignidad e importancia frente a la UE, por el otro, los europeos fueron tejiendo relaciones bilaterales con cada país, según criterios de urgencias y debilidad de la contraparte.
Caso ejemplar de esta situación es sin lugar a dudas la posición del coronel Muamar Khadafi, gobernante de Libia. Si en otros casos la UE ha podido jugar libremente el papel de quien tiene el cuchillo –económico– por la parte del mango, con Libia el trato ha sido distinto. La relación entre Khadafi y la UE tiene historia. Los atentados terroristas en Berlín e Inglaterra, los embargos económicos y militares, los diálogos secretos entre Italia y Libia a partir de 2002, la relación del Parlamento Europeo en 2005, la visita secreta del pasado mes de mayo a Libia de la agencia de migración Frontex, son las etapas de esta relación difícil y contradictoria. Con el aumento de los flujos migratorios de África hacia Europa, Libia ha asumido un papel fundamental por ser uno de los principales países de tránsito de los miles que cada día se asoman a las costas mediterráneas en el riesgoso intento de cruzar a costas europeas. Pero no sólo eso. Khadafi ha procurado en los años 90 hacerse de un liderazgo en la Unión Africana, logrando la legitimidad de esta institución. Con el argumento panafricano, lanzado al rescate de la dignidad del continente, ha conquistado el puesto de líder moral, pero sobre todo político de esa África que quiere contar en el panorama global.
A cambio, con tal de conseguir la cooperación en el tema migratorio –más ciertas prerrogativas sobre los recursos libios–, la UE le ha reconocido ese papel, rescatando la manchada reputación del líder norafricano. Perdonados los atentados terroristas que ensangrentaron Europa entre los 80 y los 90, levantados los embargos económicos que de ellos derivaron, olvidado el reporte que el Parlamento Europeo presentaba en 2005 y que denunciaba graves violaciones a los derechos humanos en Libia –en particular hacia los migrantes–, la UE en Lisboa terminó de legitimar a Khadafi, confirmándole, por si hacía falta, como el primero y más importante interlocutor para la UE en África, papel que le confiere no sin antes haber aceptado su peculiar posición.
No son viejas sus declaraciones en las que advertía a Europa que de no resolver los problemas de los países pobres había poco que esperar además de migración y terrorismo. ¿Amenaza? ¿Provocación? No, simplemente definición de posiciones. Porque si bien es cierto que parece que Khadafi dejó definitivamente en el pasado ciertas prácticas, lo cierto es que consiguió los objetivos económicos y políticos dejando partir a los migrantes de sus costas.
Terminada la Cumbre de Lisboa, el líder libio siguió con sus declaraciones. En París no tuvo empacho alguno en contradecir al presidente Nicolas Sarkozy al declarar que Francia no tiene legitimidad alguna para hablar de la falta de respeto a los derechos humanos en Libia, cuando los migrantes africanos son maltratados en territorio galo. No se preocupó de medir sus declaraciones acerca de Darfur cuando afirmó que no permitirá que nadie se entrometa en Sudán –de sus amigos en el gobierno–, desmintiendo al primer ministro italiano Romano Prodi, que tan sólo dos días antes había dicho lo contrario. Muamar Khadafi es definitivamente una figura fuerte –que no ha perdido el tono desafiante que tantos problemas le ha causado–, sin dejar de ser el líder autoritario y represivo que Libia ha conocido en los pasados 30 años y que bien sabe aprovechar lo que tiene: pobreza, la de su gente y la de los migrantes.
Por otro lado, no dejan de saltar las contradicciones de la UE. Inglaterra deserta de la cumbre, en medio de gran clamor mediático, por la presencia de Mugabe, presidente de Zimbabwe, conocido internacionalmente por los abusos de que es promotor en su país, pero rescata y legitima a Khadafi, igualmente responsable de no respetar los derechos humanos en su país. Contradicciones –no las únicas– que se convierten en hipocresía al considerar los miles de muertos en las fronteras europeas desde que cayó el Muro de Berlín: 11 mil 529, a los cuales hay que sumar 4 mil 134 desaparecidos. En 2007, hasta noviembre, mil 500. Números que quizá no se comparan con las muertes provocadas por los “dictadores” de las cuales los gobernantes europeos hoy se indignan. Pero son cifras que no permiten a los presidentes de los 27 países de la UE hablar de derechos humanos con tanta ligereza, puesto que el esfuerzo gubernamental para resolver la cuestión de los derechos humanos de los migrantes que se hace en el viejo continente se dirige solamente a aumentar los presupuestos militares y policiacos. Todo con tal de cultivar el sueño –para ellos– de una Europa blindada.
Our Words In Resistance 