Los niños gitanos son el último eslabón de la cadena. El gobierno está preparando normas que tipifican como delito penal la permanencia irregular en el territorio. Con esa excitativa, restan por estudiar 700 mil demandas de regularización, número muy superior a “la cuota” de ingreso establecido por la ley en vigor (que lleva el nombre del jefe del partido de la Liga del Norte, Bossi, y aquel posfascista Fini): no se pueden deportar 700 mil o un millón de personas, porque de acuerdo con la estadísticas hay regulares y no, llamados comúnmente en los medios y por la policía “clandestinos”. Por otro lado, el meollo del sistema de bienestar ha creado el fenómeno de los “cuidadores”, o sea dueños (sobre todo más entre los hombres) de migrantes que se hacen responsables de los niños y ancianos en un país que involuciona muy velozmente: la familia beneficiada que puede permitirse este tipo de asistencia no comprende por qué Úrsula la polaca o Ada la peruana, que vive en casa de los viejos protectores, sean de repente calificadas de criminales prófugas (después de un año y medio de estancia) y sujetas a expulsión.
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Lluís Bassets: De crisis en crisis, como siempre
Apenas unos 110.000 votantes irlandeses han conseguido paralizar la ratificación del Tratado de Lisboa. Será dificil que alguno de los países que quedan por ratificar no se enganche a esta oportunidad. Los conservadores británicos quieren que su país lo someta a referéndum para poder rechazarlo, desalojar a Gordon Brown de Downing Street y dar al fin un voto negativo a la Unión Europea deseado y esperado durante décadas por la opinión euroescéptica británica, ampliamente mayoritaria. También están mal las cosas en la República Checa, pendiente de la firma presidencial de Vaclav Klaus y de la revisión de su máxima autoridad judicial. Y en Italia, donde la Lega Nord ha echado las campañas al vuelo y puede obstaculizar la ratificación parlamentaria.
Está claro que ya la tenemos armada, como sucede regularmente en Europa desde hace 20 años. Pero mejor no desesperarse. Estamos perfectamente habituados a que sucedan cosas así desde el Tratado de Maastricht. Dinamarca, Irlanda, Francia y Holanda han interrumpido procesos de ratificación en distintas ocasiones. Europa vive permanentemente en crisis e incluso vive de las y para las crisis. El mayor responsable de todo y quien debe dar las primeras indicaciones es, sin lugar a dudas, el taoisech (primer ministro en gaélico) Brian Cowen. Es una crisis europea, pero antes es una crisis irlandesa. A ver qué nos propone el gobierno de Dublín al resto de los europeos.
Esta crisis fastidia, y de qué manera, a Nicolas Sarkozy. La mejor manera de que Francia regresara a Europa era liderándola, y esto es lo que intentó su presidente, apenas estrenado, apoyando e incluso quitándole protagonismo a Angela Merkel, en aquel momento presidenta de turno. La presidencia francesa que empieza este primero de julio iba a tener en su agenda la aplicación del Tratado de Lisboa, algo que le iba a muy bien a Sarkozy en todos los sentidos. Coronaba su esfuerzo e iba a convertirse en el honesto intermediador de los nombramientos para altos cargos previstos en el Tratado: el nuevo presidente del Consejo Europeo, el nuevo vicepresidente de la Comisión y alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, y el propio presidente de la Comisión.
Ahora, con el Tratado colgado, no habrá nombramientos dentro del semestre francés. La agenda de la presidencia francesa quedará, además, dominada por la búsqueda de una salida al Tratado de Lisboa. A señalar, sin embargo, que esta crisis pondrá a prueba las dotes de improvisación y el talento político de Sarkozy. Se trata de una dificultad, pero también de una oportunidad, que es lo que los chinos entienden por crisis.
Las dos siguientes presidencias, de Chequia y Suecia, poco margen tendrán para hacer avanzar las cosas, aunque este año próximo habrá elecciones europeas bajo las reglas todavía de Niza que pueden convertirse en un momento interesante del debate europeo. Las presidencias semestrales seguirán teniendo protagonismo, precisamente porque no podrán producirse los nombramientos hasta que el Tratado no entre en vigor. Aunque con Lisboa no iba a desaparecer este turno rotatorio, sí quedaba claramente relegado a la organización de reuniones ministeriales de segundo nivel, pues se perdía la presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores. Será dificil que antes de 2010 se resuelve el embrollo, por lo que es muy probable que España presida de nuevo la UE en el primer semestre de 2010, y se le ofrezca así una oportunidad incluso de dar un impulso al proceso que actualmente acaba de descarrilar.
Veremos qué dice a todo esto Zapatero hoy en su discurso sobre política exterior, y si sabe tomar algún protagonismo en un campo en el que hasta ahora se le ha echado en falta. Vamos a ver pues si para él, como para Sarkozy, hay una oportunidad a aprovechar dentro de esta crisis europea. Tiempo habrá para discutir a fondo sobre esta nueva interrupción de la construcción europea. Sólo anotar que se produce en un momento especial, de ascenso de Rusia de nuevo como superpotencia energética, con grandes intereses de todo tipo en Europa; justo cuando Estados Unidos está preparando un relevo presidencial y probablemente un cambio de rumbo; y, finalmente, en plena crisis económica de una profundidad y trascendencia tan discutidas como temidas. Es decir, que los europeos nos atamos la mano en la espalda justo cuando más necesitábamos ampliar nuestros márgenes de acción.
http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/2008/06/de-crisis-en-cr.html#more
Daniel Campione: Venezuela en perspectiva revolucionaria
La derrota en el referendum sobre la reforma constitucional en Venezuela ha dado lugar a una rica discusión acerca de su evaluación y los modos de resolver la problemática que plantea. En la mayoría de los casos, los interrogantes se dirigen a encontrar el modo de preservar y profundizar las transformaciones sociales a las que han dado lugar los nueve años de gobierno de Chávez en el poder. O lo que es lo mismo, a visualizar cómo afianzar y extender una perspectiva revolucionaria que, a partir del país caribeño, se proyecta sobre nuestro continente.
Al discurrir sobre la derrota se han volcado argumentos explicativos de variado tipo, que van desde críticas al diseño de la campaña hasta fenómenos de corrupción, burocratización e inoperancia al interior del gobierno y de los organismos revolucionarios en general, pasando por la propia concepción y alcance de la reforma constitucional. También han ocupado un lugar importante los alertas sobre la falta de solución a los problemas concretos de la población, como el abastecimiento alimenticio, las carencias en materia de vivienda, la inseguridad, el deterioro de las “misiones”. Y aquí y allá brotaron las advertencias sobre la creación de estratos privilegiados que se enriquecen mientras corean consignas revolucionarias.
Ese conjunto de factores seguramente jugó cada uno su papel, pero creemos que a ellos subyace algo más sustantivo, estructural, cuya comprensión es indispensable para analizar lo transcurrido y apuntar estratégicamente en dirección del futuro: La revolución bolivariana, como otros procesos progresivos latinoamericanos, está atravesada ella misma, su gobierno, su militancia, sus cuadros dirigentes, por la lucha de clases. Ese conflicto se proyecta, sin determinarla por completo, a la coexistencia entre concepciones diferentes, si no opuestas, de construcción política y social, al interior del propio poder “chavista”.
Esto quiere decir que junto con una visión anticapitalista, basada en la iniciativa popular, radical en su concepción de la democracia de abajo hacia arriba, anidan en el proceso revolucionario tendencias proclives a coexistir indefinidamente con el capitalismo (o más pudorosamente economía de mercado) y a mantenerse en los cauces de la democracia representativa tradicional. Y esa diferencia decisiva no cursa por aceptar o no la denominación de socialista para el proceso, o por estar a favor o en contra de determinada nacionalización. Más bien atiende a si se asigna o no un lugar protagónico a las clases populares conscientes y organizadas; si se apunta consecuentemente a una transformación radical de las relaciones sociales. o sólo se aspira a la redistribución de la riqueza, la inclusión social y demás tópicos que, asumiéndolo explícitamente o no, dejan incólume la sustancia de la explotación capitalista.
Han brotado luego del referendum los llamados a la reconciliación, desde la oposición y sectores del oficialismo. La amnistía presidencial que acaba de beneficiar a partícipes del golpe de abril de 2002 y otros atropellos, y algunas declaraciones presidenciales, indican cierta propensión a aceptar ese rumbo desde la cúspide del aparato estatal. Esto podría avanzar hacia su consumación si se busca una política de pactos con los partidos opositores y se procura la alianza con una sedicente “burguesía nacional”.
Habría que entender que la base para “reconciliarse” no puede ser otra que el estancamiento o el retroceso del proceso revolucionario, con la oposición en puja permanente por convertir el parate en reversión total, en desplazamiento del “chavismo” del poder, en retorno a una “normalidad” vaciada en el molde de la Colombia de Uribe o el México de Calderón. En el mejor de los casos quedaría en pie una política exterior moderadamente nacionalista, y cierto rumbo “desarrollista” de la economía. Vale decir, lo compatible con el umbral de tolerancia del núcleo de las clases dominantes y el imperialismo norteamericano para procesos “progresistas” en la región.
Allí está, sin embargo, el camino opuesto, aquél que en lugar de negociaciones o conciliación con gran capital y oposición, se dirija a ampliar la base social en las clases subalternas de la revolución bolivariana. A afianzar la identificación entre el proceso revolucionario, el rumbo estratégico que ha venido marcando el presidente Chávez, y las masas movilizadas y conscientes. Eso requiere la acentuación y extensión de todas aquellas medidas que mejoren el nivel de vida, junto con el compromiso y organización política de las clases populares. Y ello conlleva asumir que, más temprano que tarde, se confrontará con los intereses del gran capital local y extranjero, llegando a un nivel de no retorno, a un punto de definiciones para los que sustentan tomar un cauce “moderado”. Esto no se define a través de una reforma constitucional o de cualquier otra iniciativa legal. Requiere la construcción de poder social desde las clases subalternas, la concentración de una capacidad contrahegemónica que cohesione y consolide el poder popular al mismo tiempo que debilite y en última instancia destruya, al poder de las clases dominantes. Es una batalla económica, política, social y cultural, que no puede emprenderse exitosamente sin una reforma intelectual y moral en el interior del propio “chavismo”. Más temprano que tarde, se debe asumir que la propiedad privada de los principales medios de producción y las instituciones estatales construidas para mantener el poder de las clases populares limitado a la expresión periódica del sufragio, son por igual incompatibles con una transformación social radical.
Está claro que esa confrontación debe sostenerse, en decisiva medida, en organizaciones de base, conscientes y activas, que tengan todo que ganar en la radicalización revolucionaria, que puedan y quieran avanzar en la construcción de un poder político de nuevo tipo, que concluya por destruir las bases del antiguo estado, corroído por viejos y nuevos fenómenos de burocratismo y privilegio. Ellas pueden abrevar en las mejores páginas del proceso revolucionario venezolano, como han sido la exitosa resistencia popular a la tentativa de golpe, o al boicot económico. Y convertir las consignas gubernamentales de revisión, rectificación y reimpulso, lanzadas después del revés electoral, en un vigoroso torrente que desde abajo cohesione y amplíe el campo de los que están decididos a terminar con la explotación, la desigualdad y la injusticia.
Si la revolución venezolana arriba a victorias decisivas, a transformaciones irreversibles, la potencia expansiva de su ejemplo prestaría un envión importante a procesos como el boliviano, el ecuatoriano, y otros que puedan gestarse en el futuro cercano. América Latina vive una oportunidad histórica en cuanto a la posibilidad de encarnar una profunda desmentida al predominio absoluto e indefinido del poder del capital. El lugar que ocupa el trayecto a seguir por Venezuela en esa perspectiva es, a todas luces, decisivo.
* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051121&Parte=0
Daniel Campione: Venezuela en perspectiva revolucionaria
La derrota en el referendum sobre la reforma constitucional en Venezuela ha dado lugar a una rica discusión acerca de su evaluación y los modos de resolver la problemática que plantea. En la mayoría de los casos, los interrogantes se dirigen a encontrar el modo de preservar y profundizar las transformaciones sociales a las que han dado lugar los nueve años de gobierno de Chávez en el poder. O lo que es lo mismo, a visualizar cómo afianzar y extender una perspectiva revolucionaria que, a partir del país caribeño, se proyecta sobre nuestro continente.
Al discurrir sobre la derrota se han volcado argumentos explicativos de variado tipo, que van desde críticas al diseño de la campaña hasta fenómenos de corrupción, burocratización e inoperancia al interior del gobierno y de los organismos revolucionarios en general, pasando por la propia concepción y alcance de la reforma constitucional. También han ocupado un lugar importante los alertas sobre la falta de solución a los problemas concretos de la población, como el abastecimiento alimenticio, las carencias en materia de vivienda, la inseguridad, el deterioro de las “misiones”. Y aquí y allá brotaron las advertencias sobre la creación de estratos privilegiados que se enriquecen mientras corean consignas revolucionarias.
Ese conjunto de factores seguramente jugó cada uno su papel, pero creemos que a ellos subyace algo más sustantivo, estructural, cuya comprensión es indispensable para analizar lo transcurrido y apuntar estratégicamente en dirección del futuro: La revolución bolivariana, como otros procesos progresivos latinoamericanos, está atravesada ella misma, su gobierno, su militancia, sus cuadros dirigentes, por la lucha de clases. Ese conflicto se proyecta, sin determinarla por completo, a la coexistencia entre concepciones diferentes, si no opuestas, de construcción política y social, al interior del propio poder “chavista”.
Esto quiere decir que junto con una visión anticapitalista, basada en la iniciativa popular, radical en su concepción de la democracia de abajo hacia arriba, anidan en el proceso revolucionario tendencias proclives a coexistir indefinidamente con el capitalismo (o más pudorosamente economía de mercado) y a mantenerse en los cauces de la democracia representativa tradicional. Y esa diferencia decisiva no cursa por aceptar o no la denominación de socialista para el proceso, o por estar a favor o en contra de determinada nacionalización. Más bien atiende a si se asigna o no un lugar protagónico a las clases populares conscientes y organizadas; si se apunta consecuentemente a una transformación radical de las relaciones sociales. o sólo se aspira a la redistribución de la riqueza, la inclusión social y demás tópicos que, asumiéndolo explícitamente o no, dejan incólume la sustancia de la explotación capitalista.
Han brotado luego del referendum los llamados a la reconciliación, desde la oposición y sectores del oficialismo. La amnistía presidencial que acaba de beneficiar a partícipes del golpe de abril de 2002 y otros atropellos, y algunas declaraciones presidenciales, indican cierta propensión a aceptar ese rumbo desde la cúspide del aparato estatal. Esto podría avanzar hacia su consumación si se busca una política de pactos con los partidos opositores y se procura la alianza con una sedicente “burguesía nacional”.
Habría que entender que la base para “reconciliarse” no puede ser otra que el estancamiento o el retroceso del proceso revolucionario, con la oposición en puja permanente por convertir el parate en reversión total, en desplazamiento del “chavismo” del poder, en retorno a una “normalidad” vaciada en el molde de la Colombia de Uribe o el México de Calderón. En el mejor de los casos quedaría en pie una política exterior moderadamente nacionalista, y cierto rumbo “desarrollista” de la economía. Vale decir, lo compatible con el umbral de tolerancia del núcleo de las clases dominantes y el imperialismo norteamericano para procesos “progresistas” en la región.
Allí está, sin embargo, el camino opuesto, aquél que en lugar de negociaciones o conciliación con gran capital y oposición, se dirija a ampliar la base social en las clases subalternas de la revolución bolivariana. A afianzar la identificación entre el proceso revolucionario, el rumbo estratégico que ha venido marcando el presidente Chávez, y las masas movilizadas y conscientes. Eso requiere la acentuación y extensión de todas aquellas medidas que mejoren el nivel de vida, junto con el compromiso y organización política de las clases populares. Y ello conlleva asumir que, más temprano que tarde, se confrontará con los intereses del gran capital local y extranjero, llegando a un nivel de no retorno, a un punto de definiciones para los que sustentan tomar un cauce “moderado”. Esto no se define a través de una reforma constitucional o de cualquier otra iniciativa legal. Requiere la construcción de poder social desde las clases subalternas, la concentración de una capacidad contrahegemónica que cohesione y consolide el poder popular al mismo tiempo que debilite y en última instancia destruya, al poder de las clases dominantes. Es una batalla económica, política, social y cultural, que no puede emprenderse exitosamente sin una reforma intelectual y moral en el interior del propio “chavismo”. Más temprano que tarde, se debe asumir que la propiedad privada de los principales medios de producción y las instituciones estatales construidas para mantener el poder de las clases populares limitado a la expresión periódica del sufragio, son por igual incompatibles con una transformación social radical.
Está claro que esa confrontación debe sostenerse, en decisiva medida, en organizaciones de base, conscientes y activas, que tengan todo que ganar en la radicalización revolucionaria, que puedan y quieran avanzar en la construcción de un poder político de nuevo tipo, que concluya por destruir las bases del antiguo estado, corroído por viejos y nuevos fenómenos de burocratismo y privilegio. Ellas pueden abrevar en las mejores páginas del proceso revolucionario venezolano, como han sido la exitosa resistencia popular a la tentativa de golpe, o al boicot económico. Y convertir las consignas gubernamentales de revisión, rectificación y reimpulso, lanzadas después del revés electoral, en un vigoroso torrente que desde abajo cohesione y amplíe el campo de los que están decididos a terminar con la explotación, la desigualdad y la injusticia.
Si la revolución venezolana arriba a victorias decisivas, a transformaciones irreversibles, la potencia expansiva de su ejemplo prestaría un envión importante a procesos como el boliviano, el ecuatoriano, y otros que puedan gestarse en el futuro cercano. América Latina vive una oportunidad histórica en cuanto a la posibilidad de encarnar una profunda desmentida al predominio absoluto e indefinido del poder del capital. El lugar que ocupa el trayecto a seguir por Venezuela en esa perspectiva es, a todas luces, decisivo.
* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051121&Parte=0
Adolfo Sánchez Rebolledo: La inmadurez del socialismo del siglo XXI
El resultado del referendo celebrado en Venezuela obliga a revisar la estrategia puesta en marcha por Hugo Chávez para alcanzar el llamado “socialismo del siglo XXI”, pero invita a ir más lejos: a examinar la naturaleza del cambio propuesto, no sólo en cuanto a su oportunidad, sino a su formulación y viabilidad.
Hizo muy bien el presidente Chávez en reconocer la victoria de sus adversarios esa misma noche, pues con ello detuvo de tajo la operación desestabilizadora que sin duda se había puesto en marcha. Esa reacción serena, democrática, conjuró los demonios del desastre y permitió al gobierno bolivariano sortear con dignidad la crisis. Pero no hay que subestimar lo ocurrido. La derrota del sí está lejos de ser la hazaña “pírrica” descrita por el gobierno, pues si bien el resultado (50.7 contra 49.3 por ciento) no cuestiona la permanencia del presidente, sí hipoteca buena parte de su apuesta por el futuro.
Acostumbrado a ganar por márgenes muy amplios, reconoció que buena parte del electorado aún no estaba “maduro” para el socialismo, pero el maniqueísmo extremo de la elección tampoco hizo posible un verdadero debate y el tema de qué país construir se diluyó en la inmediatez, cancelando de momento la “renovación integral” del régimen social, económico y político venezolano. La oposición halló un blanco fácil que le permitió agruparse bajo un denominador común. En ese sentido, la convergencia antichavista, alentada por una variedad de fuerzas, incluidas las de la extrema derecha, el golpismo y sus valedores imperiales, tal vez habría sido insuficiente para vencer si el proyecto de reforma constitucional hubiera seguido un curso de acción más flexible, mejor dispuesto al debate y a la concertación, sin dar por supuesto que la votación reiterada a favor de Chávez se repetiría linealmente ante cualquier tema y circunstancia. Pero el voluntarismo induce a las más graves equivocaciones. Los cuestionamientos más serios en torno, por ejemplo, a la relección presidencial se pasaron por alto, como si sólo la derecha fuera capaz de expresar opiniones diferentes.
Así la terca realidad se impuso: parte importante del electorado chavista no refrendó su apoyo a la propuesta de reforma constitucional y sencillamente se abstuvo de votar o votó por el no, a pesar del grado de aceptación de las políticas públicas impulsadas por el gobierno bolivariano. Sin duda, esa toma de distancia respecto a la estrategia oficialista es el hecho político más notable y definitorio, sobre todo en la perspectiva de rencauzar la acción del gobierno y la participación popular.
Es verdad que a toro pasado es fácil señalar omisiones graves y errores, pero lo cierto es que en el propio campo chavista hubo numerosas voces que alentaron contra los visibles defectos de una propuesta mal diseñada, contradictoria en temas sustantivos, cuando no equivocada.
Una de las críticas más agudas y exhaustivas es la realizada por Gerado Langer (reproducida en El Correo del Sur, La Jornada Morelos, el domingo pasado), pues en ella se subrayan al menos dos cosas que me parecen importantes: la primera es la dificultad ya citada de resolver en profundidad el tema del socialismo a partir de un referendo (aun contando con la mayoría), como si los cambios propuestos fueran un simple ajuste de la ley existente. La segunda, aún más preocupante, tiene que ver con la inconsistencia de la misma noción de “socialismo de siglo XXI” puesta sobre la mesa.
Si bien el texto del proyecto de reforma pretendía resumir la experiencia venezolana, la verdad es que no se avanzó demasiado en las definiciones sustantivas. Al respecto, señala el autor mencionado: “… No se precisó en qué consistía la diferencia y en qué aspectos debería distanciarse el socialismo del siglo XXI de la experiencia soviética del siglo XX. ¿En la negación del modelo de partido único? ¿En otras modalidades de relación entre Estado y partidos? ¿En el rechazo de una ideología oficial del Estado? ¿En alternativas al modelo monocultural negador de toda diferencia? ¿En formas de organización y participación política orientadas a no repetir la llamada democracia popular o proletaria, que terminó por negar la idea misma de democracia? ¿En un modelo económico que no esté basado en la planificación burocrática centralizada? ¿En un cuestionamiento radical del productivismo industrialista de crecimiento sin límite, que representó en la Unión Soviética, como hoy en China, una guerra sistemática contra el resto de la naturaleza, contra la vida misma en el planeta, en forma similar a como lo hizo históricamente y continúa haciéndolo el capitalismo? ¿Se trata de un socialismo con pluralismo político, compatible con lo que establece uno de los principios fundamentales de la constitución vigente?”
Pero la crítica de Langer no se detiene en vagas consideraciones más o menos abstractas, sino que procede a demostrar las inconsecuencias existentes en el proyecto mismo, desde la imprecisión conceptual en torno a las instituciones del nuevo poder popular hasta la increíble falta de rigor en el análisis de la propiedad, incluida la pública, así como la ausencia de un punto de vista en torno a la vigencia o no del régimen de partidos, cuya crisis marcó el inicio de la actual sociedad venezolana. En ese contexto, el tema de la relección y el partido único sólo podía causar alarma y llamar a la derrota del sí, a unificar los temores, prejuicios, estimulando las acciones unitarias de unas oposiciones cuyo sino habia sido la abulia democrática y el sometimiento a los dictados de los centros de poder imperiales.
Nada será igual a partir de ahora. El discurso “antitotalitario” ha perdido piso gracias a la serenidad de Chávez, pero las fuerzas progresistas que marchan a favor de la revolución bolivariana, es decir, de un cambio de fondo en la situación de la sociedad venezolana, están obligadas a sacar las lecciones que al caso correspondan. Al socialismo del siglo XXI también le falta madurar.
P.D. Los legisladores deben elegir entre tres nuevos consejeros del IFE a uno capaz de presidir la institución en tiempos de obligada renovación. La lista de los inscritos es tan vasta que sorprendió a casi todos, pero ése es buen signo de los tiempos. Hay centenas de ciudadanos que se sienten con méritos y capacidades suficientes para presidir una institución central de la democracia que anhelamos. Sin embargo, sólo tres podrán conseguirlo. Nadie espera, sería ilusorio, ciudadanos “puros” sin ideas propias. Si los hubiera no servirían para el cargo, pues en el IFE hacen falta hombres probos, de experiencia profesional reconocible y no meramente homologable, que tengan una vision del país comprometida y una actitud firme y a la vez tolerante. El IFE no es un tribunal judicial. Tampoco una oficina burocrática para atender reclamaciones partidistas en una entidad autónoma cuya función es organizar la vida electoral mexicana y contribuir a elevar su calidad. De su actuación depende, ya lo hemos visto, la credibilidad de la vida pública. Pidamos a los legisladores serenidad y responsabilidad, buen juicio. Nada más.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/06/index.php?section=opinion&article=023a1pol
Our Words In Resistance 