Pierluigi Sullo: La Italia clandestina

De mañana se siente temor al abrir los periódicos. La última noticia es del viernes 4 de julio: la Liga del Norte, que forma parte de la mayoría de derecha en el gobierno, propondrá una enmienda al “decreto de seguridad” por el cual se dispone que serán favorecidos, para su ingreso al país, los migrantes que hablen italiano y sean cristianos. En otro, se ordena que sobre la apertura de mezquitas se organice un referéndum ciudadano. El coordinador de los senadores de la liga ha explicado que la intención es “limpiar al país de los delincuentes, de los nómadas que traen degradación y criminalidad”. En los hechos ya se puso en práctica, en varias de las grandes ciudades (Milán, Roma, Nápoles), la identificación de los niños gitanos. La idea es del ministro del Interior, que procede de la Liga del Norte. En el manual que la policía aplica hay un renglón que indica que debe especificarse a cuál “etnia” pertenece el sujeto al que le serán tomadas las huellas digitales. No ocurría tal cosa desde 1938, cuando el régimen fascista promulgó la ley “por la defensa de la raza”. Hoy el gobierno de Berlusconi ha instituido el “Comisariado Extraordinario sobre la Emergencia Gitana”. Los comisarios son designados por los prefectos, por lo que representan al Estado central en las principales áreas metropolitanas. Éste es el caso promovido en la escalada contra los niños gitanos: el prefecto de Roma, Carlo Mosca, que proviene de la carrera diplomática y es un convencido católico, se niega a aplicar la norma con los niños.

Los niños gitanos son el último eslabón de la cadena. El gobierno está preparando normas que tipifican como delito penal la permanencia irregular en el territorio. Con esa excitativa, restan por estudiar 700 mil demandas de regularización, número muy superior a “la cuota” de ingreso establecido por la ley en vigor (que lleva el nombre del jefe del partido de la Liga del Norte, Bossi, y aquel posfascista Fini): no se pueden deportar 700 mil o un millón de personas, porque de acuerdo con la estadísticas hay regulares y no, llamados comúnmente en los medios y por la policía “clandestinos”. Por otro lado, el meollo del sistema de bienestar ha creado el fenómeno de los “cuidadores”, o sea dueños (sobre todo más entre los hombres) de migrantes que se hacen responsables de los niños y ancianos en un país que involuciona muy velozmente: la familia beneficiada que puede permitirse este tipo de asistencia no comprende por qué Úrsula la polaca o Ada la peruana, que vive en casa de los viejos protectores, sean de repente calificadas de criminales prófugas (después de un año y medio de estancia) y sujetas a expulsión.

Francisco López Bárcenas: La criminalización de la protesta social

Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.

Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.

Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.

¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.

Adolfo Pérez Esquivel: No confundir campesinos con terratenientes

No confundir campesinos con terratenientes
El paro agrario en Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.

Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido y generado que los sectores del campo coincidan, en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos que consideran que la medida del gobierno afecta a los pequeños y medianos productores rurales.

Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.

Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Pero los dos con intenciones diferentes”.

No hay que olvidar que los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos.

Sin embargo, es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias han destruido, quemado, miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.

Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo. El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001, fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales, llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocada por las grandes corporaciones industriales y agropecuaria, como el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.

Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario y dicen que lo hacen para “defender al campo”.

Ésta mañana sentí hablar a dos mujeres que se preguntaban: ¿Qué tal te fue en el cacerolazo? –Muy bien querida. Estuvo divino!!!!!!!!. ¿Y vos donde fuiste? – Estuve en el cacerolazo frente a la Quinta de Olivos. ¿Vas a ir hoy al cacerolazo? –No querida tengo una reunión en el club. Nos vemos querida. Mientras ponían en marcha su camioneta 4×4.

La falta de memoria a muchos les ha jugado una mala pasada. Se olvidaron que la clase media acomodada que siempre creyó estar a salvo de la debacle del país; también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria porque hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría y muchos tienen serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; juzgarlos con la misma vara, con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.

Estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

A río revuelto, en la actual situación de conflicto, se suman sectores golpistas que buscan provocar tensiones para desestabilizar al gobierno y se suman al cacerolazo, no para defender el derecho de los trabajadores rurales. Sus intenciones son otras que todos conocemos y sufrimos.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.

El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes.

No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadores.

Hay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resistir en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, con políticas públicas para evitar la explotación irracional a que someten al país.

Las retenciones deben dirigirse correctamente a construir el país que queremos.

Queda un largo camino a recorrer que es necesario construir entre todos y todas.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=opinion&article=031a1mun