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Alejandro Nadal: Enfrentar la crisis: teoría económica a la deriva

¿Cómo explica la teoría económica la actual crisis de las principales economías capitalistas del mundo? La verdad es que si analizamos la teoría económica que predomina en los bancos centrales y ministerios de Hacienda, veremos que no puede explicarnos la crisis. Es más, para esa teoría, la crisis no debería estar ocurriendo. Para hablar de esto es necesario adentrarnos en el arcano mundo de la teoría económica.

En la década de los 70 se presenta una doble crisis en la teoría económica. En la llamada teoría microeconómica la crisis es terminal: para 1974 ya está demostrado que no existe una base científica para pensar que los mercados asignan los recursos de una sociedad de manera eficiente. Eso debería haber sido suficiente para declarar cerrado el programa de investigación teórica basado en la fe en la bondad del mercado libre. Pero los economistas en el mundo académico prefirieron ignorar los problemas y siguieron torturando a sus estudiantes, enseñándoles la parte sin interés de la teoría de equilibrio general y evitando mencionarles que con esa teoría no se puede demostrar cómo se forman los precios de equilibrio. Desde entonces, vemos salir de las universidades legiones de economistas que creen (injustificadamente) que en alguna parte existe una teoría rigurosa que demuestra que los mercados asignan los recursos de una sociedad de manera eficiente.

En la teoría macroeconómica sucedió algo peor. En la década de los 60 los economistas que se reclamaban de Keynes descubrieron la llamada curva de Phillips y pensaron podían utilizarla para completar y defender el pensamiento de su maestro. Grosso modo, esa curva decía que existía una relación inversa entre desempleo e inflación: cuando aumentaba la inflación, el desempleo disminuía y viceversa. Pero en los años 70 se presentó un episodio de inflación con desempleo. Según el modelo, eso no debería estar pasando.

La estanflación marcó la debacle de esta vertiente del keynesianismo y el auge del pensamiento monetarista. Bajo el liderazgo de Milton Friedman surgió una visión de la economía según la cual “la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario”. De acuerdo con este razonamiento, la variable clave para estabilizar los precios sería la oferta monetaria. Sin un análisis científico serio, Friedman concluyó que ese resultado (controlar la inflación) sería compatible con niveles adecuados de empleo. La base de todo este razonamiento es la fe inquebrantable en la estabilidad de los mercados en una economía capitalista (justo lo contrario de lo que la teoría microeconómica había descubierto para 1974).

En un ensayo publicado en 1968 Friedman concluyó con la idea sorprendente de que para cada nivel de pleno empleo, hay una tasa “natural” de desempleo. Esa tasa natural corresponde a lo que se ha llamado desempleo friccional (determinado por el tiempo que pasan los trabajadores buscando empleo). De aquí se derivó la NAIRU, acrónimo en inglés que corresponde a la tasa de desempleo compatible con una tasa de inflación sin aceleración en el incremento de precios. Todo este edificio teórico servía para justificar que el objetivo único de la política monetaria debía ser el control de la inflación.

Para los 90, economistas como Bob Eisner habían destruido las bases analíticas de la NAIRU. Y en los hechos la tasa de desempleo se redujo una y otra vez, sin que se disparara la inflación. Es más, la oferta monetaria tuvo fuertes variaciones y la inflación no aumentó. Todo eso desmintió brutalmente la creencia central de los monetaristas sobre la relación entre oferta monetaria e inflación.

En cuanto a la inestabilidad en los mercados financieros, la serie de crisis de los años 90 debió por lo menos sacudir la fe de los monetaristas en la estabilidad de los mercados capitalistas y llevarlos a concluir en la necesidad de volver a regular el sector financiero. No fue así. ¿Serán tontos? No, lo que sucede es que las autoridades monetarias viven subordinadas a los intereses del sector financiero.

Hoy observamos que en la Reserva Federal sigue dominando un esquema monetarista. Por eso el problema para la política macroeconómica se define como antes: hay que encontrar el nivel preciso de oferta monetaria para controlar la inflación y mantener el empleo en un nivel adecuado. La Fed se equivoca nuevamente: el origen de la crisis se encuentra en la desregulación financiera y en una política monetaria dedicada a alimentar burbujas especulativas.

Por eso las teorías que dominan en la Fed (y en muchos bancos centrales) no pueden decir nada relevante sobre la crisis: ni sobre sus orígenes, ni sobre la política para enfrentarla. El verdadero problema es que el mercado capitalista es intrínsecamente inestable y la crisis es la forma natural de vida de este sistema económico. En un marco reformista por lo menos habría que acordar que la respuesta de política correcta es la regulación y la intervención pública.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=026a1eco

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Ezequiel Meler: Argentina, origen de la crisis en el campo

Modalidades de concentración de la tierra en la Argentina reciente

1.

El punto de partida de estas reflexiones es el reciente conflicto entre el gobierno y las corporaciones de productores agropecuarios. La cronología del mismo da inicio formal el 11 de marzo del presente año, cuando el gobierno anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, ajustable al precio internacional, que despertó la enconada oposición de la mayoría de las agrupaciones de productores rurales. Homologados en su conjunto por un sistema tributario que, por sus propias características, no estaba preparado para diferenciar a las grandes explotaciones de las pequeñas y medianas, los representantes de las corporaciones reaccionaron, en una perfecta profecía autocumplida, como un único sujeto opositor.

Muchos referentes del progresismo citadino se preguntaron en estos días qué intereses, más allá de la coyuntura, podían unir a sectores aparentemente tan diferentes como la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Las explicaciones, en la mayoría de los casos, reprodujeron anticuados estereotipos simplistas, ligados a imágenes de larga perduración en la memoria colectiva. De este modo, mientras los productores asociados podían presentarse ante los medios como “el campo” –y algún trasnochado llegó a ver en ellos el germen de una genuina lucha campesina, el gobierno, paradójicamente, no atinó a dar con un discurso público que lograse quebrar la unidad sectorial del bloque, y se refugió cómodamente en la imagen de un actor social singular, de vocación antidemocrática, políticamente hegemonizado por los grandes terratenientes.

2.

Por supuesto, el asunto es más complejo. Las transformaciones acaecidas en el agro argentino durante la última década son poco conocidas. No obstante, en términos estadísticos, está claro que asistimos a un renovado proceso de concentración productiva. Según un estudio elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre 1988 y 2002 el número de explotaciones agropecuarias cayó en más de un 21%, pasando de 421.000 a 333.000. El fenómeno es más agudo en la Región Pampeana, donde, en el mismo período, la merma fue del 29%. Como contrapartida a la mencionada reducción en el número de explotaciones, el tamaño promedio de las mismas pasó de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. En la Región Pampeana, de nuevo, los números son peores: la escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de 400 hectáreas en 1988 a 533 en 2002.(1)

Según el mismo estudio, el proceso, lejos de detenerse, se ha acelerado desde entonces. Sin embargo, la modalidad de la concentración ha variado. Fuera de la Región Pampeana, se ha incrementado la presencia directa de la gran propiedad, en la medida en que los adelantos técnicos permitieron la expansión de la frontera agraria a zonas antes improductivas. Por el contrario, en la Región Pampeana propiamente dicha, los grandes propietarios, aunque siguen estando presentes, ya no son el polo dinámico del proceso económico. Propiedad y explotación, al menos en la Pampa Húmeda, son categorías cada vez menos homologables. Como la tierra raramente se vende, aparece otra salida: el arriendo. Y otro actor: los grupos de inversión. Los nuevos protagonistas del proceso de acumulación de capital son, en efecto, los pools de siembra, grupos de inversión de tipo financiero, generalmente de origen extranjero, que arriendan una superficie de tierra significativa a diferentes propietarios por un período determinado, en general, por el término de una cosecha. Amparados en las ventajas que ofrece la combinación de diferentes factores, como una legislación permisiva, precios internacionales muy altos y un tipo de cambio extremadamente subvaluado, los pools de siembra se han consolidado como un agente económico insoslayable. Asimismo, cabe destacar que estos fondos de inversión, en la mayoría de los casos, están asociados a los oligopsonios de comercialización: un puñado de firmas multinacionales –Cargill, Bunge & Born, Dreyfuss, Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos, desde hace más de un siglo, la totalidad de las exportaciones argentinas al mercado mundial.(2)

3.

Este proceso, inevitablemente, ha desplazado del sector rural a miles de pequeños y medianos productores de tipo familiar. Ante la imposibilidad de competir, sea en términos técnicos, en economías de escala, o en términos de integración productiva, muchos chacareros han elegido convertirse en simples rentistas, opción que se entiende, asimismo, considerando los altos arrendamientos que perciben. En un proceso que asusta por la velocidad con que se desarrolla, la agricultura argentina se está quedando sin agricultores. Al mismo tiempo, el boom internacional de la demanda de soja vuelca las preferencias de los fondos de inversión hacia este producto, encareciendo el precio de la tierra de mejor calidad, tanto para el cultivo de otros cereales –principalmente, el trigo y el maíz- como para la actividad ganadera.

El desplazamiento, entonces, es doble: de producción y de productores. Y su repercusión sobre la cadena de precios no puede ser mayor, puesto que las actividades desplazadas, al realizarse forzosamente en tierras menos idóneas, generan mayores costos, que se traducen en significativos aumentos del precio de venta final. Aumentos que, huelga decirlo, repercuten en un ya muy golpeado mercado interno. De este modo, los pools de siembra, sin actuar como los agentes inmediatos del proceso de concentración de la tierra –pues, en general, no adquieren la misma en propiedad- se erigen en sus usuarios por excelencia, y por ende, adquieren el control del proceso productivo global.

4.

La conclusión es elemental. Cuando, el 11 de marzo, el gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones móviles, bajo el argumento de que resultaba imprescindible detener el proceso de expansión del cultivo de soja, cometió, como mínimo, dos errores. Por un lado, centró su atención exclusivamente en qué se producía, y no en quién lo producía. Al separar ambas dimensiones, lanzó una medida no sólo explosiva, sino ineficaz: para los grandes pools de siembra, el cultivo de soja sigue siendo rentable, y por su control sobre el proceso de comercialización, estos sectores están en condiciones de descargar los nuevos costos sobre otros productores. Para los pequeños y medianos productores, en cambio, la nueva medida resultó una sentencia de muerte en términos de rentabilidad. La imposibilidad de competir con los fondos de inversión se hizo imposible. La opción por la entrega del campo en arriendo se volvió, más que conveniente, obligada. Y la reacción, desde luego, no se hizo esperar.

En otras palabras, las retenciones, lo sepa el gobierno o no, difícilmente modifiquen, siquiera en el mediano plazo, el escenario productivo del sector agropecuario argentino, pero sí tienen consecuencias inmediatas sobre el escenario social, al continuar y profundizar el proceso de desplazamiento de productores rurales. En segundo lugar, el gobierno subestimó la fuerza política de los fondos de inversión, largamente asociados a los intereses de los grandes propietarios locales. De este modo, quizás sin quererlo, galvanizó a los diferentes sectores sociales que componen el universo agropecuario argentino en un sólo interés. Detrás del negocio de la soja, como agudamente observó Alfredo Zaiat, está pariendo un nuevo bloque de poder:

“Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del poder económico emergente de los barones de la soja. A diferencia de las privatizadas y de los bancos, en este caso cuentan con el invalorable aporte, físico y discursivo, de pequeños productores, y de la clase media agraria ascendente. Como se pudo observar con nitidez en estos días, el gigantesco poder financiero del complejo sojero, que investigadores aliados al negocio de poroto denominan sin inocencia “tramas productivas”, lograron capturar el interés de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta reductos de defensa del desarrollismo y de la industria han mudado su vocación a la tutela del negocio de la soja, integrado por grandes arrendatarios, pools de siembra, multinacionales de la semilla trasngénica, acopiadores y grandes exportadores […] El fabuloso ciclo de alza de las materias primas, impulsado por la revolución industrial tardía de China, el avance sostenido de India y el desarrollo de los biocombustibles, ha permitido la creación de un dinámico núcleo de poder económico […] El saldo del piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como partero la invalorable colaboración de los pequeños productores”. (3)

5.

Lo cierto es que tampoco el gobierno hizo nada por evitar este proceso. Al contrario, se asoció a los sectores más concentrados, que en el contexto de la recuperación lograron balances espectaculares. No hubo consideración oficial alguna, en estos cinco años, para las consecuencias sociales del proceso socioeconómico descrito. En la coyuntura desatada por el lock out patronal, el gobierno, pese a su discurso “anti – oligárquico”, prefirió dialogar con las transnacionales y con los grandes del sector, tratando de acordar diferenciando por arriba y no por abajo. Tal vez por ello, varias propuestas de la Federación Agraria, como el proyecto para modificar la ley de arrendamientos –un aspecto central del modelo de monocultivo sojero- pasaron desapercibidas. Sin lugar a dudas, hubo aquí otro error de evaluación política: el nuevo bloque de poder se mostró más firme de lo previsto, desatando la peor crisis política desde 2001 a la fecha.

El nuevo escenario económico y social, emergente a la vez de la crisis de 2001 y de la modalidad de concentración que consolidó la recuperación posterior, requiere algo más que maquillaje. El gobierno debe actuar decididamente en contra de la concentración bajo la modalidad de arrendamientos, propulsando una nueva ley que recoja los proyectos archivados, actualizando la legislación y las fórmulas políticas del primer peronismo. Para eso, necesita recuperar paulatinamente la larga tradición de presencia estatal en el sector agropecuario, para convertirse por sí mismo en un árbitro eficiente en el terreno de la producción y comercialización de la riqueza agropecuaria del país. Después de todo, la historia argentina nos enseña que quien controle la distribución de la renta agraria, controla la economía, y, por carácter transitivo, gobierna el país.

[1] Véase Pablo Benchimol: “Latifundios y pools de siembra”, en Página 12, 20/04/08.
[2] Para un análisis del “modelo Cargill”, véase Scaletta, Claudio: “Gigantes invisibles”, en Página 12, 06/04/08.

[3] Zaiat, Alfredo: “El parto de un nuevo bloque de poder”, en Página 12, 13/04/08.

http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=7833

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José Castillo: ¿A qué se debe el paro del campo?

El aumento de las retenciones a la soja y el girasol provocó el conflicto rural más importante de los últimos treinta años. El gobierno dice que es un ‘paro de la oligarquía’, pero los pequeños productores son presencia mayoritaria en los cortes y manifestaciones.

Gran parte del crecimiento económico de los últimos años fue consecuencia de los altos precios internacionales de los productos del campo. Así el gobierno acumuló reservas y tuvo superávit fiscal récord. Los grandes ganadores fueron unos pocos, entre ellos el grupo concentrado de los grandes negocios del campo, favorecidos por un modelo económico que privilegió el dólar alto y subsidió el gas oil para los grandes exportadores.

Ahora el gobierno decidió aumentar sustancialmente las retenciones a la soja y el girasol. Trata así de apropiarse de una parte de la tajada de estas ‘superganancias’. La Sociedad Rural Argentina (que representa a los grandes productores, terratenientes y cabañeros), Confederaciones Rurales Argentinas (federaciones regionales de ganaderos, agricultores y tamberos), Coninagro (cooperativas arroceras, frutihortícolas, algodoneras y fundamentalmente lecheras, como Sancor) y la Federación Agraria Argentina (pequeños productores individuales, arrendatarios y cooperativistas, tanto de la ganadería de cría, como de la agricultura y los pequeños tambos), llamaron a un paro que, al momento de escribir esta nota, todavía continúa con carácter de indefinido.

Concentración feroz

El discurso del diario La Nación y de los voceros ‘tradicionales’ del campo es que ya no existe más la ‘oligarquía agropecuaria’, habiendo sido reemplazada por miles de pequeños productores, ‘la gente del campo’. Del otro lado, el gobierno descalifica a todos de conjunto:’son la oligarquía, millonarios terratenientes’. Pero en el campo no todos son lo mismo: están los grandes terratenientes, referenciados en la Sociedad Rural Argentina. Pero también existen los pequeños productores, muchos de ellos organizados en la Federación Agraria.

Según el último Censo Agropecuario Nacional, del año 2002, en la Argentina hay 170 millones de hectáreas agropecuarias y 317.816 productores. Pero sólo 4.000 de ellos poseen 74,3 millones de hectáreas (más de la mitad). En la Pampa Húmeda la concentración es mayor: 4.110.600 hectáreas están en manos de 116 dueños. El 69% de las explotaciones tienen menos de 200 hectáreas, pero representan sólo el 3% del total de la tierra agropecuaria. En la otra punta de la pirámide, el 10% de los grandes establecimientos, con más de 1.000 hectáreas, ocupan en 78% de la superficie.

Esta concentración feroz ha ido en aumento. Comparando los números con el Censo anterior, que es de 1988, se verifica que entre ambos desaparecieron 100.000 explotaciones. Y toda la tendencia indica que desde el 2002 para acá la concentración siguió creciendo a pasos agigantados. Analicemos que pasa con el cultivo ‘estrella’ de los últimos años, la soja, hoy la mitad de la superficie sembrada del país. Los pequeños y medianos productores, en campos que producen hasta 1.500 toneladas por año, son el 96% del total de los establecimientos, pero levantan apenas el 40% de la cosecha. El otro 60% lo producen 2.817 grandes explotaciones.

Esta ‘parte de arriba de la pirámide’ del negocio del campo se compone de tres actores: lo que queda de la vieja oligarquía terrateniente (los Ledesma, Amalia Lacroze de Fortabat, Gómez Alzaga, el Grupo Bunge); los nuevos capitalistas del agro, entre los que se destacan Adecoagro (Grupo Soros), Bemberg, Werthein, los Grobocopatel, LIAG Argentina S.A., Benetton, Cresud; y los ‘pooles de siembra’, de hecho capital financiero especulativo que hoy ‘entra en el negocio’, en general arrendando tierras por un año, concentrando y produciendo en cantidad.

Siendo claros: todos estos ‘grandes jugadores’ son los responsables no sólo de que los precios de los alimentos estén por las nubes, sino de esquilmar diariamente al pequeño productor, al que le pagan centavos por sus cosechas, animales o leche. Pero, también tenemos que ser coherentes y decir que, hasta ahora, la política del gobierno, por acción u omisión, siempre favoreció la concentración.

¿Para qué las retenciones?

D´Elia y Moyano dicen que hay que defender al gobierno, incluso movilizándose contra los cortes y manifestaciones y disolviéndolas por la fuerza. Se trata de una actitud patoteril y autoritaria, rayana con el fascismo, repudiable desde todos los puntos de vista. No queremos dejar desde estas líneas de fijar posición al respecto.

Pero vamos al fondo de la cuestión. Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares es absolutamente correcto plantearse cobrarle fuertes impuestos a los grandes monopolios, que incluye obviamente a los del campo. Pero el problema es que este aumento de las retenciones no es simplemente ‘cobrarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos’. Primero porque los pagan todos por igual, el pequeño productor y el grande. Mientras que a este último le recorta un poco sus superganancias, al chico directamente lo funde. Eso ‘libera’ tierras, saca productores del medio, y eso es justamente lo que necesitan los grandes monopolios del agrobusiness y los pooles de siembra. Y segundo porque no es cierto lo que dice el ministro Lousteau: que este aumento de las retenciones sirve para luchar contra la inflación, ya que aumentaron las de la soja y el girasol, que se exporta en su casi totalidad, y se bajó las del trigo y maíz, que sí tienen incidencia en los bienes que componen la canasta básica. Tampoco sirve para evitar la ‘sojización’ promoviendo otros usos de tierras, ya que aún con las nuevas retenciones seguirá siendo el cultivo más rentable. Si el gobierno estuviera realmente interesado en evitar la tendencia al monocultivo pondría en práctica otras herramientas como la modificación de la Ley de Arrendamientos, presentada por la Federación Agraria al Parlamento y cajoneada por el propio bloque oficialista.

El gobierno aumenta las retenciones porque lo que necesita es ‘seguir haciendo caja’, no para dedicar esos mayores recursos a las necesidades populares o al desarrollo regional. Lo que sucede es que el gobierno está seriamente preocupado por los efectos de la crisis mundial y sabe que se le acaba el ‘viento de cola’ que le permitió crecer estos años: no hay más financiamiento fácil y por eso necesita dinero para empezar a pagar ‘cash’ los futuros vencimientos de deuda externa.

La rebelión del campo

Es necesario clarificar el conflicto. Hay un hecho real: La Sociedad Rural, una de las entidades convocantes del paro representa efectivamente a los grandes terratenientes, tiene un pasado de apoyo a las peores dictaduras y su consigna central de ‘no a la retenciones’, planteada en general, refleja un planteo ideológico de no aceptar ceder un peso de sus superganancias a nadie.

Pero en el conflicto también están los pequeños productores, que levantan sus legítimos reclamos, esquilmados por los ‘grandes’ del campo y por las políticas oficiales, muchos de los cuales se referencian con la Federación Agraria. Es cierto que la consigna ‘No a las retenciones’ en general, no le sirve al pequeño productor, que seguirá sufriendo la concentración. Es urgente poner como centro los reclamos del pequeño productor, diferenciándose de los grandes monopolios del sector.

No se puede desconocer la realidad (que el gobierno concientemente niega y oculta), de que se ha generado una verdadera rebelión en el campo, con centenares de cortes de ruta, movilizaciones, y virtuales puebladas, todas llevadas adelante por los pequeños productores.

La salida, que el gobierno se niega a discutir, porque desnudaría su discurso de meter a todos en la misma bolsa, es una política de apoyo a los pequeños productores del agro, al pequeño ganadero y al pequeño tambero. Tienen que existir retenciones diferenciadas, incrementándolas para los grandes y eliminándolas para los pequeños. Si existen precios máximos, estos deben ser para los invernadores, feed lots, frigoríficos, grandes empresas lácteas, ceraleras y monopolios del complejo sojero, no para el pequeño tambero o criador de ganado. Por el contrario, para ellos debe haber precio sostén para granos, carne y leche, recreando las desaparecidas Juntas Nacionales de Granos y Carne. Tiene que lanzarse un plan de desarrollo ganadero para el pequeño productor, incentivando la cría para aumentar el número de vientres. Debe haber subsidios para la pequeña producción lechera, como existen en el mundo desarrollado.

Pero todo esto no existe. Y por eso esta protesta es un espejo de algo que venimos denunciando en estas columnas: el supuesto ‘modelo económico’ del gobierno es para unos pocos monopolios, que cada vez concentran más, y así como no favorece a los trabajadores, tampoco lo hace al pequeño productor agropecuario. Su futuro dependerá de su capacidad de tender lazos con las reivindicaciones de la clase trabajadora y de su diferenciación de los planteos reaccionarios de la Sociedad Rural. Sólo así podrá torcerle el brazo a un gobierno que quiere meter a todos en la misma bolsa.

José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda

* La Jornada
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=053553&Parte=0

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