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Jorge Zepeda Patterson: Prensa y negros del arroz

No hay posibilidad de ser ingenuo luego de algunos meses de cubrir a la clase política Felipe Calderón se quejó el jueves de que los periodistas sólo damos malas noticias. Y tiene razón: nota roja, pleitos entre políticos, ineptitudes de las autoridades e infamias similares. Pero los periodistas nos preguntamos: ¿podemos escribir y hablar de otras cosas sin caer en la frivolidad o la irresponsabilidad? ¿Hay manera de difundir los discursos sin transparentar el escepticismo que inspiran?

Hace unos meses difundimos las declaraciones triunfalistas de Calderón en el sentido de que estábamos ganando la guerra en contra del crimen organizado. Recibieron despliegue de ocho columnas, de la misma forma que las contundentes declaraciones de Fox hace cuatro años, y las de Zedillo hace 11, que anunciaban la erradicación de la inseguridad ¿Qué se supone que debamos de hacer la próxima ocasión que el Presidente asegure, como ya lo hizo, que defenderá la canasta básica, mejorará la economía o vencerá a los cárteles de la droga? ¿Es mala leche hablarle de desempleo al ex candidato que se declaró “el presidente del empleo”?

Las autoridades acusan a los periodistas de ser cínicos y escépticos, de buscar por fuerza “los negros del arroz” en toda acción del poder público. Es posible que así sea. Pero puedo asegurar que no hay posibilidad de ser ingenuo o mantener en alta estima la condición humana luego de algunos meses de cubrir a la clase política. Se aprende pronto que la autoridad sólo dice lo que conviene a sus intereses. En el mejor de los casos es parcial al resaltar ciertos temas y obviar otros; en el peor, simplemente miente. Luego de algún tiempo el reportero no tiene sino dos caminos: corromperse y divulgar la idílica versión oficial o buscar “los negritos del arroz”.

Ciertamente los periodistas somos malos fiscales a la hora de investigar los vicios públicos. Carecemos de los instrumentos jurídicos y la calificación necesaria. Pero al menos podemos detectarla. Y tenemos que hacerlo porque los fiscales autorizados no están sirviendo. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, fue el último miembro de la alta clase política que cayó en prisión. Eso fue hace nueve años. Usted escoja: ¿ya no hay corrupción o aumentó la impunidad?

Los lectores piden que los medios hablemos de otras cosas: de los casos de éxito de la sociedad civil, de todo aquello que la comunidad está haciendo. Hay que hacerlo, sí, pero no podemos olvidar que nuestra mayor responsabilidad es evitar que la vida pública sea patrimonio de la autoridad. No podemos dejar los asuntos que atañen a todos en las manos exclusivas de una clase política que nos muestra, una y otra vez, que actúa para su beneficio y, en muchas ocasiones, en detrimento de todos.

Nos encantaría que las autoridades nos dieran motivos para sentirnos orgullos de difundir lo que hacen o dicen. Sería formidable aplaudir la llegada al gabinete de algún personaje con prestigio, y no sólo jóvenes desconocidos sin mayor mérito que la incondicionalidad que le deben a su jefe. Festejaríamos la destitución del góber precioso, el enjuiciamiento de los Bribiesca o el fin de los privilegios de los monopolios.

El Presidente aseguró que difundir malas noticias de forma sistemática equivale a renunciar a la esperanza. Por el contrario, no publicarlas equivale a resignarse, a vivir en espejismos, a encerrarse en la negación, hasta que el destino nos alcance. Mostrar los vicios públicos y las incongruencias de los poderosos representa la única esperanza de que algún día las cosas cambien, aunque sólo lo hagan para no ser exhibidos en la prensa.

* El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73613.html

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J. Enrique Olivera Arce: Jóvenes y amas de casa, víctimas propiciatorias de un sistema injusto

“Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros”

        • Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron  a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47

Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.

La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.

En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la SSPF declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.

Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.

La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes,  sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.

México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.

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Hecmilio Galván: Defender la soberanía alimentaría

En enero de este año, cables de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación. En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados. Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití.

Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora, dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos.

Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas. Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.

La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo. La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, si no también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población. Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer.

Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria. La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.

La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un “colchón” alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población. Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre. Esta fue una consecuencia previsible del modelo.

Y es qué las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales. La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país. La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; si no que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales.

Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual.

La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80’s), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada “estrategia de desarrollo conjunta” para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el “Taiwán” del Caribe. La historia ha sido diametralmente diferente.

Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier. La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación. La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%. El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002.

La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un “Programa de ajuste estructural” de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80´s y como una “condicionalidad” para el financiamiento. Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados -PMA-.

La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI. Según la OMC “dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa. En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor”. (OMC, 2003).

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=055059&Parte=0

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