Jesús Aranda: Rechazan 10 ministros parte del proyecto antiaborto de Aguirre

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien precisó que la Carta Magna no considera “valores absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.

Al igual que Genaro Góngora Pimentel, Gudiño rechazó el proyecto que pretende penalizar la interrupción del embarazo, además puso como ejemplo el conflicto entre la libertad de la mujer sobre su cuerpo y el valor de la vida del concebido. En el caso del Distrito Federal, dijo, la Asamblea Legislativa (ALDF) se inclinó porque la mujer decida hasta las 12 semanas de gestación y, a partir de ahí, la ley protege al producto de la concepción.

Por la mañana, el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano ya había sufrido su primer derrota, cuando 10 de sus compañeros rechazaron parte de su proyecto y consideraron que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.

Hubo consenso en que las autoridades capitalinas no violaron la Constitución al despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones –quedó para después la discusión respecto a si dicha despenalización se apegó o no a la Carta Magna– y que fueron legales las medidas adoptadas por el gobierno local para garantizar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres que deseen abortar.

Esta decisión mayoritaria, que para muchos presentes fue el anticipo de que el pleno validará la reforma capitalina con al menos seis votos, molestó a Aguirre, quien lamentó que el documento en el que sustentaba que la ALDF había invadido la competencia del Congreso de la Unión hubiera sido “zarandeado” por el pleno.

En su intento por descalificar las argumentaciones de sus compañeros, dijo alzando la voz: “la señora ministra Góngora Pimentel, ¡perdón!, la señora Olga Sánchez Cordero nos dice…”, y remató diciendo que retiraba su documento para que no fuera incluido en el dictamen, a lo que se opuso tajante el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien después tomó la votación, que fue unánime en contra del texto de Aguirre.

“Finalmente logré la unanimidad”, dijo irónico el ministro instructor, a quien le fue negada la posibilidad de que en el resto de las sesiones conteste a cada uno de los ministros que hablen en contra de su proyecto. El ministro presidente determinó que hablará, pero hasta que termine la primera ronda de ministros.

En la sesión vespertina del pleno de la Corte se inició la discusión del tema de fondo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en donde Góngora y Gudiño reivindicaron también el pleno derecho de la mujer sobre su cuerpo y rechazaron abiertamente la pretensión de que el Estado imponga por ley la maternidad, como lo plantea el proyecto de dictamen que está a discusión.

“No encuentro en la Constitución nada que garantice el derecho a la vida y mucho menos que tenga que defenderse por la vía penal”, subrayó Góngora.

Ambos rechazaron el planteamiento del proyecto respecto a que la Constitución consagra el derecho a la vida y que exista una protección constitucional al producto desde la concepción sin restricciones ni limitaciones.

Góngora abundó que la penalización del aborto voluntario atenta contra los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de la mujer y que “culminar el embarazo bajo amenaza de pena criminal” es discriminatorio, porque “la mujer que decida no ser madre es delincuente”, además de que no respeta “el momento biológico y físico cuando se sienta lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad”.

El embarazo forzado “implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad”; se discrimina a la mujer en razón de su condición social, porque los problemas de salud que generan los abortos inseguros tienen más impacto en las mujeres pobres.

Subrayó que el proyecto de Aguirre es “sesgado”, porque no incluyó una perspectiva de género en donde se tomen en cuenta los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En este contexto, puso como ejemplo la violación de derechos humanos en el caso la niña Paulina, a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar, pese a que el embarazo fue producto de una violación.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y recomendó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo cuando esté permitido.

La discusión continuará este miércoles en doble sesión.

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=capital&article=039n1cap

Nayeli Roldán: Abrogar ley de aborto, una derrota: Monsiváis

En vísperas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley que permite a las mujeres interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, el escritor Carlos Monsiváis aseguró que declararla inconstitucional “sería una derrota del desarrollo civilizatorio de México”, pero confía en que no sucederá. Entrevistado luego de recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en la Universidad del Claustro, afirmó que los ministros de la Suprema Corte “no pueden dar marcha atrás a la despenalización del aborto”. En entrevista por separado, Martha Lamas, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, indicó que no hay temor entre los grupos que apoyaron la despenalización, porque la discusión no será sobre el aborto, sino sobre constitucionalidad o no del proceso. “Si es así, tendremos ley para rato”, agregó. MILENIO reportó que los ministros de la SCJN recibieron un kit informativo elaborado por la organización Manos a la Vida que contiene un dvd y folletos con sustentos jurídicos, científicos, bioéticos y filosóficos para defender el valor de la vida y exponer las “contradicciones de la ley”. Ante esto, Lamas aseguró que todas las posiciones políticas tienen derecho a utilizar los recursos que cree convenientes para defender sus posiciones, pero consideró como “lamentable y patético” que recurran a materiales de ese tipo porque el debate no es ideológico ni de carácter emocional o sentimental.

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653342

Arnoldo Kraus: México como secuestro

México, dice la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ocupa el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Terrible noticia, doloroso deshonor. La veracidad de la información es cruda y real. Ha conseguido que voces tan dispares como la de Felipe Calderón y la de Marcelo Ebrard consideren que los secuestros, la violencia y la inseguridad se conviertan en materia urgente dentro de sus obligaciones y prioridades. A ellos se han unido y se unirán muchas figuras públicas de nuestra nación. No es para menos. Mañana nuestros políticos van a Palacio Nacional. Hablarán. Nosotros esperaremos. Seremos, como siempre, los Godot mexicanos.

Se repite, con razón, que la educación, la vivienda y la salud son bienes indispensables y obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. Ahora debe agregarse a ese listado la seguridad como compromiso. A diferencia de las otras cualidades, cuya presencia o ausencia es obvia, la seguridad no era, hasta hace algunos años, tema de discusión cotidiana. Los políticos mentían diciendo que combatirían las muertes por inanición, pero no enlistaban dentro de sus discursos efectistas el combate contra la violencia. Ahora todos van a Palacio Nacional. Hablarán de los secuestros. Nosotros esperaremos. Seremos, no me aburro de repetir, el Godot, de Becket: nunca llega quien debe llegar.

El miedo, la desconfianza hacia los políticos y la policía, la violencia callejera y la presencia de la industria del secuestro han hecho que la seguridad, incluso de los más desprotegidos, ocupe lugar preminente en la conciencia de la vida cotidiana. Secuestro y violencia, no como enfermedad, sino como epidemia, se han adueñado de las primeras páginas de muchos rotativos nacionales e internacionales; se han apoderado de la conciencia del vivir de la ciudadanía mexicana. Conciencia dolorosa que se paga con angustia y con dinero. Conciencia que debería ser inconsciencia. Caminar por las calles con temor es anormal. Caminar con miedo es legado de nuestra clase política.

La angustia se comparte. Los ciudadanos la vivimos por la certeza de la inseguridad y los políticos porque su prestigio se cuestiona. Los gastos también corren por caminos paralelos. Las familias sufren lo indecible hasta lograr acuerdos con los secuestradores mientras que los políticos-policías invierten cifras millonarias, seguramente del erario nacional, para contratar guardaespaldas y comprar armamentos. (Imposible no abrir este paréntesis: he preguntado en muchas ocasiones en qué rubro hacendario quedan inscritos los guardaespaldas que cuidan a los políticos y a los empresarios y nunca he obtenido respuesta. La cifra ahí invertida debe ser elevada. Podría utilizarse, pienso, para cuidar a la ciudadanía.)

El secuestro se ha convertido en epidemia. Las epidemias son contagiosas. La del miedo por ser secuestrado y/o asesinado en la calle, no por atropello o por terremoto, sino por deambular en las calles calderonistas o ebrardistas es nefanda y vigente. Ni siquiera la tradicional inmunidad de nuestra clase política los ha protegido. Sendas declaraciones y vistosos desplegados en los periódicos dan cuenta del contagio.

Calderón, Ebrard y casi todos nuestros políticos están preocupados. Deben haber leído lo que se dice de su nación y de su ciudad en el mundo; les deben haber informado de las esquelas en los periódicos. Esas noticias, lo saben, son sólo la punta del iceberg. Nadie confía en la justicia mexicana. Como signo de inteligencia, es probable que ellos desconfíen tanto de nuestra justicia como el uno desconfía del otro, y como nosotros desconfíamos de ellos. Partiendo de esa premisa podrían sanear un poco las calles y paliar el miedo que nos habita. Partiendo de las descalificaciones que se prodigan deberían criticar lo que hacen y lo que no hacen.

No recuerdo en cuál película –palabras más, palabras menos– dice el hijo del actor principal: “entre los ladrones y la policía confío más en los primeros por su sinceridad”. A ese guión, que transcurre todos los días, en todas las calles, y en todos los tiempos del PRI, del PAN y del PRD agrego que aunado al malestar contra el cuerpo policial camina, imparable, una perturbadora desconfianza hacia la clase política. Como en tantas otras circunstancias, en México la realidad copia y supera la ficción. Gracias a la corrupción, a la impunidad y a los yerros de nuestros presidentes las películas detectivescas de Hollywood son, en México, palmaria realidad.

Hace muchos años escribí un artículo intitulado: “Adiós a la calle”. Repasaba la cruda verdad en la que se había convertido la ciudad de México y lamentaba que muchos niños ya no tenían la oportunidad de hacer de las calles su casa. Esa premonición crece sin coto. Hoy, aunque duele, preocupa distinto la escasa oportunidad de jugar en las calles. Esa preocupación ha sido remplazada por los secuestros y por la violencia.

Mi desconfianza hacia los políticos es nauseabunda, incurable e infinita. Me encantaría equivocarme. Mi esperanza es que las náuseas y la desconfianza que se profesan Calderón, Ebrard y anexas devenga acciones positivas.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=023a2pol