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Juan Diego García: Los diálogos de la paz. Un balance y unas perspectivas

El desarrollo de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP parecen desarrollarse con vigor y aunque no se conoce el alcance de los posibles acuerdos entre los insurgentes y la delegación del presidente Santos en La Habana, todo indica que al menos en la cuestión agraria existe un punto de encuentro bastante significativo en relación a las formas más improductivas de la gran propiedad rural y la necesidad de su modernización. Eso explicaría la reacción airada del gremio ganadero, principal representante del estamento latifundista del país que ve amenazados sus privilegios.

De la misma forma se explican las demás reacciones adversas a estos diálogos de paz por parte de grupos que interpretan los supuestos avances como una amenaza para sus intereses: políticos agrupados en torno al expresidente Uribe, usurpadores de tierras, militares y militaristas, empresarios de la guerra y los ideólogos a sueldo de la extrema derecha.

Una solución exitosa favorecería sin duda a Juan Manuel Santos, ya sea que apueste a la reelección presidencial, ya sea que aspire a alguna designación importante a escala internacional (se rumora que podría ser propuesto como futuro secretario general de Naciones Unidas). Algunas fuentes lo mencionan también como posible candidato a premio Nobel de la paz. En todos estos casos, la perspectiva no puede ser más favorable si Santos consigue cerrar medio siglo de guerra civil y pasar a la historia regional como el presidente de la paz.

Para las FARC-EP los resultados (hasta el momento) resultan bastante alentadores pues ha conseguido darle un sentido diferente a la agenda pactada. En efecto, en parte por iniciativa de la guerrilla, en parte por la misma dinámica vigorosa de los movimientos sociales, la cuestión de la paz ha ido ganando terreno en el debate público dentro del país, algo que no estaba en los planes del gobierno. Por lo visto, las autoridades deseaban sacar el debate del territorio nacional, reducir al máximo el temario (según el delegado gubernamental casi nada importante estaba a debate) y exigían alcanzar los acuerdos en el menor tiempo posible (el llamado “acuerdo express”).

Sin embargo, las cosas no han transcurrido según estos propósitos pues si bien es conveniente ajustar los procesos a tiempos razonables éstos no deben llevar a precipitaciones irresponsables tratándose de un asunto de tanta trascendencia como poner fin a un conflicto armado de tan larga duración; tampoco tiene mucho sentido desvincular los puntos de la agenda acordada del modelo económico, del sistema político o de la doctrina militar del país. Impedir o limitar la participación ciudadana puede entenderse como una táctica gubernamental para no dar ventajas a la guerrilla pero ha sido inútil y la ciudadanía ha dado muestras de una enorme madurez democrática en las formas y bastante manejo de la problemática nacional ofreciendo diagnósticos muy sólidos y soluciones bastante apegadas a la realidad. En este aspecto, el gobierno ha visto frustrados sus propósitos y es evidente que las FARC-EP han sabido aprovechar al máximo su oportunidad de interlocución con la sociedad.

La imagen de la insurgencia no podía ser mejor. En contraste con la idea difundida por los medios y por éste y anteriores gobiernos, los delegados de las FARC-EP dan muestras de un conocimiento muy sustentado de los problemas del país y utilizan un lenguaje de altura que nada tiene que ver con el discurso de un grupo de delincuentes comunes o con las soflamas incendiarias de terroristas desalmados. Además, y para sorpresa de quienes esperaban propuestas utópicas (en el peor sentido de la expresión), los delegados de la insurgencia han dado muestras de un gran realismo y disposición a los acuerdos en un asunto tan sensible como la cuestión agraria, de honda significación para un movimiento guerrillero de orígenes campesinos y que tiene en las zonas rurales sus principales apoyos.

El cumplimiento de la tregua unilateral que decretó la insurgencia disipa las dudas sembradas por algunos sectores contrarios al proceso, según las cuales existirían divergencias en las filas de las FARC-EP. Exceptuando incidentes menores, los guerrilleros acataron satisfactoriamente las órdenes impartidas demostrando que existe cohesión y una unidad de mando efectiva.

Pero probablemente la mayor victoria de las FARC-EP es precisamente haber sido aceptada como interlocutor válido, como entidad política, una consecuencia natural de la decisión inteligente de Santos cuando aceptó -desde el mismo comienzo de su mandato- que en el país existe un conflicto de naturaleza social y política al que no se puede buscar solamente soluciones de tipo militar. Era apenas lógico que el paso siguiente fuese el que se ha dado: sentarse a dialogar con los interesados para buscar una salida civilizada, una negociación política del conflicto.

Cuando la delegación guerrillera en La Habana presenta diez propuesta para resolver la cuestión agraria recogiendo en buena medida las propuesta de diversos sectores sociales ligados al campo, pero también de la academia, de asociaciones de productores, de iniciativas ciudadanas y hasta propuestas de gentes anónimas que hacen llegar a la capital cubana sus ideas y sugerencias están dando forma concreta a su legitimidad como voceros de determinadas reivindicaciones de la población, con independencia de la dimensión efectiva de unos sectores sociales que así ven recogidas sus exigencias. O sea, están mostrando cómo podrían ejercer como fuerza política legal, que es precisamente otro de los puntos centrales de la agenda acordada en estos diálogos. En lugar de obstaculizar (criminalizando) estos contactos de la insurgencia con la ciudadanía, el gobierno debería en sana lógica propiciarlos dando todo tipo de facilidades y ofreciendo a su vez las soluciones que en su opinión resultan más ventajosas para el país.

El proceso ya no está solo en La Habana; su secretismo se ha roto (para bien del país); crece la opinión de que, si bien por una parte es necesario concretar acuerdos para no convertir las conversaciones en interminables diálogos de sordos, por otra parte debe darse a estos delicados asuntos el tiempo que razonablemente exijan.

Los grupos afectados (sobre todo los terratenientes y ganaderos) están muy activos movilizando sus recursos (que son enormes) con la perspectiva de torpedear el desarrollo de los diálogo, conseguir que Santos se vea obligado a suspenderlos y renuncie a toda tentativa de reforma. Y si éstos culminan exitosamente, hacer imposible su aplicación como ya sucedió varias veces en el pasado cuando proyectos de reforma agraria provocaron la violenta reacción del gremio terrateniente hundiendo no solo el proyecto sino al país en una guerra civil como la actual, que tiene sus raíces precisamente en la violenta respuesta del sistema a los reclamos de los campesinos.

El gobierno no debería perder los nervios cuando constata que las FARC-EP han hecho una gestión bastante exitosa de estos diálogos de paz en La Habana. Por el contrario, debería aprovechar la ocasión para concretar los avances y ganar el favor de la opinión pública nacional (ya cuenta con un amplio apoyo internacional). En el debate abierto su papel sería demostrar de manera fehaciente que sus propuestas son mejores que las que ofrece el movimiento guerrillero y sería nefasto que en una demostración de impotencia, producto de sus propias limitaciones y ante las presiones de la extrema derecha, dieran una patada a la mesa y se retiraran alegando motivos secundarios, por lo general propiciados en forma de provocación por los mismos que ahora conspiran abiertamente contra el proceso.

 

Link original: http://www.argenpress.info/2013/02/los-dialogos-de-paz-un-balance-y-unas.html

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Carlos Fazio: La guerra y la paz

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo noal enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque tenemos la ley, la razón y la fuerza. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el Alto a la guerra y el No más sangre no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la guerrade Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, losverdaderos enemigos de México –los hijos de puta, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el monopolio del poder (sic) para hacer la guerra en nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece unacooperación con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

Fuente: La Jornada

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Ana García y Javier Arjona: Premio Príncipe de Asturias a la Ingrid Betancur, cuestión de clase

Vale la pena inquietarse sobre el por qué del destino de un premio como “el principe de Asturias” a Ingrid Betancur.
Por qué a ella y no al profesor Moncayo, por ejemplo. Que ha recorrido caminos, carreteras, cancillerías, buscando la liberación de su hijo, prisionero de guerra en la montaña, pero también proponiendo medidas para conseguir la paz en Colombia..
Porqué a Ingrid y no al abogado Camilo Umaña, por poner un ejemplo, cuyo padre Eduardo Umaña, de los más prestigiosos defensores de derechos humanos, fue asesinado hace 10 años, y el estado colombiano ha “inmunizado” y decretado Impunidad para este crimen.
Por qué a la señora Betancur, y no a Ivan Cepeda, por decir otro ejemplo, cuyo padre, el senador Cepeda, es uno de los cuatro mil asesinados de la Unión Patriótica, genocidio político reconocido, pero que permanece en el presente porque a los poquitos sobrevivientes de aquella esperanza electoral se los van asesinando cada día, sin compasión ni descanso de la estructura mafiosa y paramilitar del establecimiento colombiano.
Por qué a ella y no a cualquier familia de los siete mil presos políticos que se pudren en las cárceles colombianas, muchos de ellos por ejercer su labor sindical, o agraria, o estudiantil, o simplemente por opinar sobre la injusticia del país, mantenida a sangre y fuego de una violencia de más de 50 años.
En efecto el premio que se concede en territorio asturiano tiene mucho contenido de clase. Y ahí están para ejemplo los que se dan a ricachones este año y otros. Los empresarios de microsof, los de google, y tantos más, aunque de vez en vez, como excepción, “se pueda poner un pobre a su mesa” como en la mejor época franquista.
No nos referimos solo al traje impecable, y a los lujos manifiestos, que han salido a relucir en Le Figaró: nos referimos a hechos más profundos: Cómo contribuir a la Paz, de verdad, en Colombia.
Cómo procurar reparación integral, memoria y verdad, buscando la Justicia para 140.000 asesinados por el estado colombiano, según los datos de la ambigua OEA.
La opción no es por los trajes caros, que cuadran bien a los obcenos beneficios de las multinacionales en medio de la guerra que desangra a Colombia. La opción debiera ser por el Diálogo, la Justicia, La Paz, y para ello ningún guiño a los guerreristas es sostenible.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72496

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Juan Francisco Coloane: La OTAN amenaza los equilibrios

Esta crisis ruso georgiana que comienza a movilizar políticamente a
toda Europa y EE.UU., puede convertirse en una crisis mundial. Dicho
esto, no por el carácter militar territorial del problema que es bien
acotado aún, sino por su fondo político. Al ampliar el foco, éste
tiene un alcance mayor, porque incide en los equilibrios a nivel
global, y en el cómo se obtienen.

En el cuadro mayor, Rusia estaría más interesada en este objetivo, no
en el sentido de la antigua supremacía pretendida por el poder
soviético, sino simplemente para coexistir como entidad en la
operación universal. Mal que mal, Rusia no está obsesionada con esta
supremacía, ni todavía con instalar una muralla de calibre bélico
nuclear para su protección.

En este sentido, que la solución se centre en lo que suceda o decida
un organismo como la OTAN, es un contrasentido, y una distorsión en la
visión del problema mayor. Recordando otras crisis en la zona en que
la OTAN fue un actor principal, se debe enfatizar que los Balcanes no
son el Cáucaso, puesto que la variable rusa en el tema de los
equilibrios, o los conflictos con la aspiración rusa de poder,
conllevan una dimensión de carácter universal.

Al analizar con profundidad los antecedentes de esta crisis, los
problemas claramente los arrastra la alianza transatlántica y la OTAN,
en su expresión más radicalizada, por su continua óptica expansiva
para la preservación de la supremacía. Como que el triunfo ideológico
y económico de la Guerra Fría clásica no hubiera sido suficiente.

En rigor, si existieran las bases para un nuevo orden mundial, o
siquiera un atisbo de ello, la OTAN debiera dejar de existir o al
menos reformular su mandato y estructura, cambiando la direccionalidad
de su matriz, como que Europa Occidental fuera a ser devorada por el
algún monstruo asiático.

La OTAN es la estructura militar que más poder político ha acumulado
precisamente por la debilidad del sistema internacional que
supuestamente se administra desde la ONU. En este sentido, hay una
contraposición de dos entes: uno, eminentemente militar en el papel
como la OTAN, pero que ha adquirido un enorme poder político. El otro,
que supuestamente es eminentemente político como la ONU, pero
debilitado. Esta contradicción se ha hecho más evidente con el fin de
la bipolaridad y esta crisis es un fiel reflejo de ella.

La OTAN nace como respuesta al expansionismo soviético en la
confrontación bipolar. Tenía plena justificación frente a la adopción
de regímenes socialistas en naciones europeas que por lo demostrado en
década y media, todavía no se explica cómo pudieron haber durado tanto
bajo la presión soviética.

¿La OTAN subsiste como tal, frente a qué enemigo? ¿Cuál es el acecho?
Tal vez se justificaba para un reordenamiento de la situación en los
Balcanes de la ex Yugoslavia. Pero la reordenación de las naciones y
territorios que estaban bajo el dominio de la Ex URSS, es harina de
otro costal, y tanto la OTAN como EE.UU. deben medir su aspiración de
expansión y dominio.

Al mismo tiempo, sería de un facilismo prosaico caer en el cliché de
la variable energética como el eje de lo que está en juego. Está
demasiado manida en la cartilla estratégica. Simplemente existe como
parte del cuadro en cualquier parte. Por mucho que existan reservas y
fuentes de crudo y gas en zonas no controladas territorialmente por
las fuerzas y los países de la OTAN, los recursos energéticos tienen
peso y razón de ser, en un engranaje financiero industrial altamente
interdependiente, y sobre cuya complejidad no puede actuar ni la
obcecación política o la desesperación militar. No basta sólo con
tener dominio político o territorial sobre el recurso: hay que
preguntarle a los barones de la energía en EE.UU., el Reino Unido,
España, Irak, Venezuela o Bolivia, entre otros.

Hoy, la alianza transatlántica está en una posición de supremacía
universal casi total, pero aún quiere más, y en ese proceso amenaza a
la estabilidad. En la superficie se ve la intervención rusa y su
imperiosa necesidad de conservar la integridad y estabilidad, sin
embargo el tema real es el reordenamiento político en función de los
equilibrios en el nuevo orden mundial. Que la ganancia y la
sustentabilidad económica están detrás de todo el ejercicio, es
cierto, y son su máquina propulsora.

Pero también es cierto que después de la caída de la ex URSS, el
debate acerca de la nueva paz conquistada ha sido, en el mejor de los
casos, fragmentado y en el peor, orientado a mantener la matriz de la
supremacía occidental, que, como se observa en cualquiera de las
actuales zonas de conflicto bélico, es políticamente exagerado. Cuando
se indaga en estas zonas, hay un rechazo a Occidente. Y la
globalización, entendida con matriz militarista de la OTAN, se
transforma en una barbarie por este rechazo.

* Argenpress

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Emir Sader: El racismo separatista

Una de las nuevas modalidades que asume el racismo hoy día es el separatismo, forma de intentar delimitar territorios de la raza blanca, apropiándose privadamente de riquezas que pertenecen a la nación y a su pueblo. Ya conocíamos esos intentos bajo la forma de barrios ricos que buscan definirse como alcaldías propias, para que los impuestos que son obligados a pagar por una parte –la que pueden encubrir– de sus inmensas riquezas se queden para aumentar los beneficios de sus barrios atrincherados, detrás de los cuales buscan aislar y defender –con seguridad privada, desde luego– sus formas privilegiadas de vida.

Un fenómeno que inicialmente caracterizó a ciudades como Los Angeles y Miami, que agrupan en territorios comunes o cercanos a sectores muy ricos de la población y a otros muy pobres –a menudo inmigrantes–, se fue difundiendo por América Latina, conforme los estilos de vida miamescos y californianos de las burguesías y clases medias altas del continente se fueron diseminando. Son reiterados los intentos, por ejemplo, de barrios de la Barra da Tijuca (que ya fue caracterizada como “la Miami de América del Sur”) para hacer aprobar, mediante referendos, la separacion de sus locales de vivienda de la ciudad de Río de Janeiro. Han fracasado sistemáticamente, sea porque domingos de sol dificultan el quorum necesario para que la consulta tenga validad legal, sea porque los barrios pobres aledaños votan masivamente en contra de esos intentos elitistas. Seguro que los moradores de barrios como Chacao, en Caracas, y otros enclaves privilegiados de ciudades latinoamericanas alimentan siempre ese sueño racista y separatista.

Es un planteamiento típico del desarrollo desigual de nuestras sociedades. Los prejuicios del sur de Brasil en contra del nordeste, de la ciudad de Buenos Aires en contra de los “cabecitas negras” y “descamisados”, entre tantos otros, se reproduce también en Europa; el ejemplo reciente del enorme crecimiento de la Liga del Norte, partido neofascista italiano, es una nueva expresión del prejuicio del norte –teniendo al progreso de ciudades como Milán y otras de la región– en contra del sur de Italia, de donde provienen exactamente los trabajadores que crean las riquezas de esa región, al igual que en los casos citados de Brasil y Argentina. Es un prejuicio de raza y de clase.

Es el mismo que hoy afecta gravemente a Bolivia. Las provincias de la llamada Media Luna, con su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, tuvieron derrotados sus gobiernos, desde la dictadura de Hugo Bánzer a todos los gobiernos neoliberales que le sucedieron y que han concentrado como nunca la riqueza en Bolivia, han acentuado su apropiación privada y su desnacionalización. La caída de su derradero gobierno, el de Sánchez de Losada –refugiado en Estados Unidos, con demanda de destierro a Bolivia para responder por los asesinatos de cientos de bolivianos, en el intento desesperado de seguir protegiendo los intereses de las elites cruceñas y de las provincias del este del país– representó una gran victoria del pueblo boliviano que, por primera vez en su vida, ha elegido a un indígena presidente de Bolivia. Un país en que 62 por ciento de la población se reivindica indígena, solamente ahora ha logrado elegir un presidente que defiende los intereses de la mayoría de la nación.

Pero la minoría sigue disponiendo de gran parte de las riquezas del país. Fue afectada por la nacionalización de las riquezas naturales. Ellos, que hacían que la Bolivia pobre vendiera el gas a precio “solidario” a Argentina y a Brasil, mucho más desarrollados, ahora quieren quedarse con la gran tajada de los impuestos que el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el país con la nacionalización. Quieren además impedir que la reforma agraria se extienda a todo el país, buscando reservarse el derecho a disponer de la concentración de tierras en sus provincias, para seguir exportando soya transgénica y acumulando riquezas para ellos y no para el país y el pueblo bolivianos.

Han convocado un referendo que intentaba legalizar su separatismo racista. Racista, porque su prensa monopólica no esconde sus prejuicios contra los indígenas, contra Evo Morales, no deja de contraponer su raza blanca a la de la gran mayoría del pueblo boliviano, a quienes han secularmente explotado, discriminado, oprimido, humillado. Han mantenido una consulta a la que la justicia boliviana negó cualquier valor legal, que ha sido condenada por todo tipo de organismo internacional, de gobiernos de la región, de fuerzas democráticas.

Es un intento, no accidental, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y su embajada en La Paz, envuelta abiertamente en intentos de espionaje y de financiamiento del separatismo racista. Ese bloque de fuerzas del separatismo racista tiene que ser derrotado para que el pueblo de Bolivia pueda seguir adelante, construyendo la más avanzada Constitución del continente: plurinacional, pluriétnica, pluricultural. Para que los pueblos originarios puedan afirmar su soberanía, para que los recursos naturales de Bolivia sean explotados en favor de su pueblo, para que la tierra produzca sanamente los alimentos que Bolivia necesita, para que el gobierno democrático y soberano de Evo Morales siga transformando a Bolivia en un país libre, a imagen y semejanza de su pueblo.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=opinion&article=023a1mun

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Modesto Emilio Guerrero: El Estado ‘Contra’ de América Latina

La apaciguadora Resolución de la OEA sobre la agresión militar colombiana a Ecuador resultó un empate a favor de Colombia que alentó al presidente Uribe a reiterar su ofensiva decididamente proyanqui en la Cumbre de Río. Esta aparente contradicción en los términos se resuelve de una manera muy simple.

Basta comparar el cálculo político de la agresión y los objetivos estratégicos de su patrocinante, EEUU, con el final del conflicto en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la reunión del Grupo de Río realizadas en forma simultánea. El resultado es una contradicción que le puede costar caro al continente. Uribe fue salvado y con él, la vigencia de la “Doctrina Patriota” del actual grupo dominante en Washington. Lo cualitativamente nuevo es que esta vez esa Doctrina agresiva la aplica un Estado latinoamericano contra otro igual. Esto es lo que se ha consagrado en la OEA y Río.

Los babosos caminos de la OEA

Curiosamente, y para hacer más complejo el cuadro, el conflicto reveló un dato político de importancia: ya Estados Unidos no tiene en la OEA el mismo tipo de control que tenía hace 10, 20 o 30 años, cuando hacía e imponía lo que le daba la gana. Basta recordar el conflicto entre Ecuador y Perú, o el de Argentina contra Inglaterra y antes con el Chile de Pinochet, o más reciente, en 2002, cuando quiso aplicar la Carta Democrática al gobierno de Hugo Chávez.

La reacción de protesta contra la agresión fue esta vez unánime en todos los gobiernos de la región (excepto Las Bahamas, Estados Unidos y Canadá, además de Colombia, claro). Eso no era lo usual.

A pesar de la moderación de algunos, incluso de la duplicidad de otros, el hecho es que debe ser la primera resolución sobre un conflicto de alta intensidad regional, en el que todos declaran a horas apenas, su rechazo enfático a la acción agresora contra un país pequeño, que no es cualquier país, porque tiene un gobierno que se define hoy por su condición anti imperialista. Es mucho pedir para la OEA y para muchos gobiernos que sintieron la candela en sus barbas.

Hasta gobiernos tan moderados como los de Bachelet o Tabaré, Torrijos, saltaron con declaraciones de alto vuelo diplomático condenando una acción en la que se sintieron involucrados y por qué no, también amenazados. Incluso gobiernos tan pitiyanquis y adversos a los bolivarianos de Ecuador y Venezuela, como los de Perú y México, apoyaron a Correa contra la invasión de Uribe.

Pero hasta ahí llegó la cosa. La OEA fue el límite. Cada uno y una en la medida de sus condiciones políticas internas y de sus respectivas relaciones con Washington. La correcta efervescencia de las declaraciones iniciales aterrizó suave en la OEA y Dominicana.

Una OEA sin yanquis

La mejor definición de la OEA, la hizo el comandante Fidel Castro en 1962, cuando develó su función imperialista regional en el sistema de Estados en el nuevo orden mundial luego de la II Guerra Mundial: “Este organismo interamericano no es más que un ministerio de colonias de los Estados Unidos”, dijo Fidel tras la expulsión de Cuba de ese organismo en Montevideo, a instancias de lo que luego se conoció entonces como la “Doctrina Betancourt”, aludiendo a la propuesta de Rómulo Betancourt, el presidente venezolano de entonces. Betancour declaró que “absolutamente incompatible la presencia de Cuba en el organismo interamericano”, casi las mismas palabras usadas por el Enviado por Washington. Como se sabe la OEA es la conformación sistémica del proyecto semicolonizador de 1889 cuando inventaron en Washington la Conferencia Panamericana.

En esa perspectiva histórica y actual tiene absoluta razón el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando exige la constitución de un organismo regional que sólo contenga países caribeños y latinoamericanos. Sin el imperio adentro.

Dijo: “Necesitamos una OEA sólo conformada por países de la región, es decir una Organización de Estados Latinoamericanos”, resaltó Correa en su cadena radial de este sábado en Quito” (Rafael Correa, Aporrea, domingo 9 de marzo).

Tiene razón. Sería un paso útil en el camino de ruptura con el control estadounidense en Latinoamérica. La contradicción nace en la Resolución final votada por Ecuador y todos los países congregados en la reunión especial de la OEA, la semana pasada.

En el texto se dice todo lo que sirve para quedar bien con los principios universales del progreso humano y el bienestar de los pueblos, menos una cosa: Un Estado llamado Colombia, al mando de un tipo llamado Uribe, agredió a otro llamado Ecuador. La Resolución salva al régimen de Uribe.

Como reseñó la agencia bolivariana de noticias: “Caracas, 05 Mar. ABN.- La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que el operativo militar colombiano efectuado el pasado fin de semana en suelo ecuatoriano ‘constituye una violación de la soberanía’ de Ecuador, pero no condenó explícitamente a Colombia, de acuerdo con el texto de resolución aprobado, que deja en manos de los cancilleres las recomendaciones para solucionar la crisis.”

Si esto, la condena expresa y explícita, no queda clara, todo lo demás queda oscuro y baboso, escurridizo. Y ahí resalta la declaración de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, quien advirtió correctamente, que el gobierno colombiano se puede sentir aupado y entusiasta de hacer lo mismo con el aún más pequeño país centroamericano.

Siguiendo las investigaciones del Centro de Estudios para una Nueva Mayoría, de Argentina, las Fuerzas Armadas de Colombia son 13 veces más grandes que las de Nicaragua, 11 más que las de Ecuador y 5 que las de Venezuela.

Pero con dos diferencias cualitativas, que no señala el Centro citado: Son las Fuerzas Armadas latinoamericanas mejor equipadas por Estados Unidos, con la mayor cantidad de dinero (sólo Irak e Israel la superan en esto) y tecnología de punta como la que usaron para “cazar” satelitalmente al comandante Raúl Reyes en el selvático pueblito de Sucumbíos, a dos kilómetros de la fronteras colombiana.

Las fuerzas militares y policiales (la pavorosa DAS) del Estado colombiano, son las mejor entrenadas al día de hoy para guerras agresivas, porque llevan casi medio siglo combatiendo guerrilleros bien armados, en grandes cantidades y en zonas amplias de selva y montaña, experiencia que ya perdieron casi todos los ejércitos latinoamericanos.

Lamentablemente el voto salvado de Nicaragua en la reunión de la OEA, fue fagocitado política y moralmente por la cumbre del Grupo de Río en Dominicana, donde todo terminó en abrazos entre Correa, Chávez y Ortega con Uribe. Aunque, como se sabe, los hechos son testarudos y la cruda realidad social, sobre todo la colombiana, no puede ser absorbida en una declaración diplomática.

Todo está firmado, nada está resuelto

La dialéctica, que suele ser buena acompañante en momentos críticos, enseña que en política, como en casi toda realidad viva, vale tanto lo que haga, diga y sienta una fuerza, como lo que haga, diga y sienta la fuerza contraria que la enfrenta. Si nos guiamos por el contenido absolutorio de las resoluciones de la OEA y Río, y la inmediata exultación casi afrodisíaca de los enemigos de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, podremos entender, como se dice en la Venezuela bolivariana, “por donde van los tiros”.

En los caminos de la OEA y Río, los tiros fueron por el camino equivocado. Y esa vulnerabilidad la tratará de aprovechar el enemigo interno y el otro, para presionar más, no para congraciarse y colaborar en el “progreso de los pueblos”.

El correcto objetivo de evitar una guerra entre países hermanos y de no regalarle esa oportunidad a Washington, no estaba obligado a terminar en un mensaje político equivocado, donde se pierden las fronteras con un enemigo tan peligroso como el gobierno de Uribe. La imagen debe ser e inversamente proporcional al discurso y directamente proporcional a los principios. Sobre todo en el siglo del imperio de la imagen simbólica y mediática.

Además de la diplomacia burguesa, por esencia hipócrita y falaz, el siglo XX vio aparecer otra de tipo revolucionaria, donde hay que aprender a combinar los principios con el protocolo. Se le puede sonreír a Uribe, lo que no se debe es deponer su condena en una Resolución y postular que se puede construir junto con él una Latinoamérica mejor.

En ese aspecto tuvo total razón el presidente venezolano cuando declaró en Aló Presidente que el gobierno de Uribe estaba desautorizado moralmente para convocar la próxima reunión de la UNASUR (proyecto unionista de países sudamericanos). Pero entra en contradicción con la Resolución de la OEA y el acuerdo y la imagen de Río. Uribe no puede mutar de enemigo a amigo en 48 horas en dos escenarios diplomáticos.

Sobre todo porque la historia suele jugar malas pasadas. Las tres fronteras calientes de Colombia siguen intactas. Todo puede volver a saltar, sea con Nicaragua por las tres islas caribeñas, sea con Venezuela por todo lo que cruza por sus dos mil kilómetros de frontera, o sea en la misma Ecuador, por donde la guerrilla colombiana seguirá tratando de escapar, como lo haría cualquiera en una lucha similar.

Las causas del conflicto con Ecuador no cambiaron, al contrario, se potenciarán con los resultados, sobre todo por la urgente necesidad del imperialismo yanqui de extirpar al gobierno venezolano y poner bajo control a los de Nicaragua y Ecuador.

Colombia, el nuevo Estado Contra

Se ha puesto en evidencia la transnacionalización del conflicto interno colombiano, un conflicto que nació desde sus profundidades sociales y políticas en 1948 y dio un salto en 1964 cuando aparecen las FARC como un ejército guerrillero con raigambre campesina, junto a otros movimientos insurgentes. Esa realidad se modificó es cierto. Ni las FARC de hoy son las mismas ni están en las mismas condiciones militares, ni los otros movimientos tienen fuerza ofensiva. Otros capitularon.

La novedad que debemos registrar es que el Estado colombiano tiende a “israelizarse”, como advirtió Chávez, y lo que hizo en Ecuador indica que puede convertirse en el Estado gendarme en la subregión.

Como lo fue Honduras en los años ochenta para combatir la revolución Centroaméricana; como lo es Israel contra la causa palestina, árabe e islámica, como lo fue Sudáfrica contra la revolución anticolonial del continente negro, como lo fue Corea del Norte, o la Irak de Hussein en 1980 contra la Revolución Iraní.

Todo el siglo XX está lleno de casos similares. Estados tapón, Estados gendarme, Estados subimperialistas, etc., y otras formas transitorias de contención subregional. El imperialismo siempre se apoyó en otros Estados para ejercer su dominación semicolonial.

Lo advirtió el presidente nicaragüense en Dominicana, “Lo que ustedes hicieron en Ecuador los puede convencer de hacerlo pronto con nosotros por San Andrés”.

En esta dinámica continental, el régimen político colombiano representa lo nuevo. Paulatinamente se convierte en la más importante plataforma de las políticas estadounidenses en la región (Plan Patriota, Plan Colombia, Plan Amazonas), dirigidas a cinco objetivos bien definidos: la contención del Caribe occidental, la del Istmo, las reservas petroleras venezolanas, la prórroga del control de la base ecuatoriana de Manta en el Pacífico, la inconmensurable bioriqueza del Amazonas y el equilibrio geopolíticocomercial en la Comunidad Andina, donde EEUU logró dos TLC después del fracaso del ALCA.

Si el Estado colombiano no es más y con más vigor expansivo se debe a por lo menos tres razones:

Primero: tiene a Palestina adentro en las selvas del Caguán, en el Chocó, en Villavicencio.

Segundo: Sus principales fronteras las ocupan tres Estados independientes de Washington: Venezuela, Ecuador y Nicaragua, cada uno a su medida. En Venezuela y Ecuador hay suficiente movimiento social politizado para resistir, no así en Nicaragua.

Tercero: La burguesía colombiana no tiene ni la fuerza económica ni la base social de la sudafricana o la israelí; al contrario, su lumpenización mediante la integración de las fuerzas paramilitares a las instituciones y la economía tiende a debilitarla estructuralmente, y tercero: Estados Unidos no está en el mejor momento para andar montando Estados gendarmes, a pesar de su actual política mundial agresiva.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052874&Parte=0

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Cristóbal García Vera: El discreto viaje hacia la otra orilla de José Saramago

El escritor portugués José Saramago acaba de adherirse a la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), creada por ‘intelectuales’ y artistas afines al PSOE con motivo de las próximas elecciones del 9 de marzo. Así lo anunció en un comunicado esta Plataforma, algunas de cuyas caras más conocidas son las de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Bosé. De esta forma, el Nobel portugués afincado en la isla de Lanzarote se suma a la petición realizada a los ciudadanos por los integrantes de “PAZ”, para que “mayoritariamente vuelvan a apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero” (1) y al “deseo de que éste sume otra legislatura que le permita continuar con el proyecto que inició hace cuatro años”. (2)

¿Qué apoya realmente José Saramago?

Los hombres y mujeres que integran la Plataforma de Apoyo a Zapatero piden el voto para el actual presidente del Gobierno – según expresan en su manifiesto – “porque éste cumplió su palabra de retirar a las tropas españolas de Irak… y ha recuperado una política internacional basada en la cooperación, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos”. O porque – afirman – “ha acompañado los logros de la política económica con la mejora del bienestar de toda la ciudadanía… y ha promovido la ampliación de derechos civiles más importante de nuestra historia reciente”. (3)

Este mensaje, en realidad, no hace más que reproducir la propaganda oficial del PSOE, pero a nadie se le escapa que al ser difundido por personajes populares y presuntamente “progres” puede calar más fácilmente entre cierto sector de la población. Para muchos de sus destinatarios la emoción provocada por la pegadiza canción “Defender la alegría” – compuesta para sonorizar el apoyo a Zapatero – sustituirá al esfuerzo por contrastar la veracidad del discurso. Pero José Saramago, que alquila su prestigio como izquierdista para esta campaña de la socialdemocracia española, no es una de esas personas que ignora cual es la verdadera política del Partido Socialista Obrero Español.

José Saramago es consciente de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a haber retirado las tropas españolas de Irak, ha sido un fiel aliado de los EEUU en su “guerra global contra el terrorismo”. Así, el ejército español no sólo se ha mantenido en el ocupado Afganistán, sino que el Gobierno ha aumentado el número de soldados destinados en este país. Igualmente, a finales del año 2004, el Gobierno de Zapatero envió soldados a Haití, para apoyar el golpe de Estado contra el presidente Aristide. En El Líbano, 1100 militares españoles participan en una misión que tiene como objetivo proteger los intereses del agresor Estado de Israel. Por otro lado, el ejecutivo español continúa colaborando con los EEUU en Irak, mediante sus servicios secretos y formando militares, policías y diplomáticos para el gobierno títere impuesto por los ocupantes. El manto de legalidad conferido a estos atropellos por la ONU no disminuye un ápice el sufrimiento de los cientos de miles de víctimas de estas guerras. ¿Cómo alguien como José Saramago – que a menudo se presenta como abanderado de la Justicia y los derechos humanos – puede olvidar a estas víctimas, contribuyendo a engañar a la población española con el supuesto pacifismo de la política exterior del PSOE? ¿Constituyen los muertos, los torturados, los despojados, una parte de ese “mal menor” que debe asumirse para evitar el advenimiento del Partido Popular?

José Saramago también es consciente -o debería serlo- de que, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el conjunto de la ciudadanía ha estado lejos de notar esa “mejora del bienestar” a la que se refieren sus acomodados correligionarios de “PAZ”. En un periodo de espectacular crecimiento económico, en el que los bancos y las multinacionales españolas no han parado de romper récords de beneficios, el salario medio real de los trabajadores ha disminuido. El enriquecimiento de los especuladores del ladrillo, tan favorecidos en la etapa de Zapatero como en la de José María Aznar, ha seguido aumentando el precio de las viviendas hasta convertirlas en un privilegio al que no pueden acceder millones de personas. Y la Sanidad y la Educación públicas continúan estando infradotadas. Tal y como manifestaba el propio Saramago el trece de junio del pasado 2007, “aunque se llamen así los partidos que están en el poder ya no hay gobiernos socialistas”. (4) Cierto es que al afirmar algo tan evidente, que desde hace tiempo la política neoliberal ha sido asumida como propia por la socialdemocracia europea, José Saramago ya salvaba entonces al Partido Socialista Obrero Español. En opinión del premio Nobel, en “España, el gobierno socialista compensa la política neoliberal, de la que no se puede escapar, con importantes leyes de tipo social”. (5) ¿Ignorará Saramago que, pese al bombo y platillo con el que se nos ha vendido la Ley de Dependencia, el Estado español continúa teniendo el gasto social más bajo de todos los países de la UE con similar desarrollo económico, y que el ejecutivo de Zapatero ha mantenido este déficit social? ¿Por qué, entonces, no son socialistas los gobiernos socialdemócratas de otros países y sí lo es el español?

Cabría preguntarse, igualmente, por las razones que conducen a José Saramago a suscribir alegremente que, durante estos cuatro años, se ha producido “la ampliación de derechos civiles más importante de nuestra historia reciente”. ¿Acaso no existen tampoco para el premio Nobel -como para los grandes medios de comunicación -los condenados en el macroproceso 18/98, denunciado por centenares de juristas internacionales como un “juicio político”? ¿Considera quizá, José Saramago, que la ilegalización de partidos políticos también contribuye a ampliar los derechos civiles de la población?

Los antecedentes de Saramago: “¿Jesús de Polanco?, un hombre admirable”

En cualquier caso, la decisión de Saramago de sumarse a la campaña de apoyo a Zapatero no debería sorprender a quienes hayan seguido su trayectoria durante los últimos años. Con la injustificada venia que suele otorgarse a los “iconos de la izquierda”, el escritor portugués ha venido protagonizando un paulatino proceso de derechización con episodios especialmente desafortunados.

Su decidido posicionamiento junto al grupo PRISA en una de sus más agresivas campañas contra el gobierno cubano o su descalificación, como meras “bandas armadas”, de la guerrilla colombiana de las FARC provocaron las primeras críticas aisladas contra el Nobel portugués. Apenas generó muestras de rechazo entre la “izquierda”, en cambio, el apoyo que también concedió en las pasadas elecciones autonómicas al candidato del PSOE a la presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, quien en su día mostró su respeto por el “Estado de Derecho” “construyendo imputaciones” para mantener en la cárcel a un preso que ya había cumplido su condena.

Mayor desconcierto generó el panegírico que José Saramago dedicó a Jesús de Polanco, tras la muerte del que fuera dueño del Imperio mediático que publica sus libros. Participando en un lugar destacado del homenaje rendido en El País a este tiburón de la comunicación, Saramago recordaba al magnate como “un caballero…y la más delicada y afable de las personas que puedo recordar en este momento”. (6)

En su empeño por no desmerecer de sus colegas de PRISA a la hora de recordar al patrón, Saramago llegó a afirmar también que Polanco poseía la “cualidad del estoicismo”, “muy infrecuente en estos tiempos” (7), ya que nunca lo oyó quejarse por los fuertes dolores que le provocaba la enfermedad que acabó con su vida. Desde luego, con muy buenos ojos debía mirar José Saramago a este empresario, enriquecido gracias a sus buenas relaciones con los jerarcas del franquismo, para suponer que, como proclamaban los estoicos, intentó alcanzar la libertad y la tranquilidad de espíritu renunciando a las comodidades y que su vida estuviera regida por los principios de la razón y la virtud. Pero, además de esta mirada amable hacia el fallecido, se antoja necesaria también una escala de valores muy poco congruentes con un discurso de izquierdas para afirmar -como hizo entonces el escritor portugués- que “admiré a este hombre (a Polanco) y respetaré, mientras viva, su memoria”. (8)

Para concluir su sentido homenaje a Jesús de Polanco, José Saramago rememoraba una significativa anécdota protagonizada por el finado, él mismo, y su esposa Pilar “en el Palacio real, en la antesala de los saludos oficiales”. En este escenario tan glamoroso, Polanco -al parecer- elogió un libro de Saramago diciendo “tu libro es bueno, tú te llevas la gloria, pero yo me quedo con la plusvalía’. “Hablaba Polanco -recordaba luego el escritor- con una sonrisa, la más divertida que se podría esperar de semejante conversación, pero con sus ojos parecía pedir cierta disculpa: ‘El mundo es así, no he sido yo el inventor del capitalismo, decía. Tenía razón. Un día nacemos, otro morimos, y el mundo continúa”. (9)

Una disculpa semejante podría argüir José Saramago, probablemente, ante quien se atreviera a recordarle algunas de las razones por las que resulta inmoral su apoyo a la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque, al fin y al cabo, el mundo es así y tampoco lo ha inventado el escritor portugués. Unos ganan y otros pierden y en esta jungla, por el momento, él se encuentra entre los primeros. Desde esa favorecida posición resulta muy cómodo, preciso es reconocerlo, sumarse a iniciativas como “PAZ” y entonar despreocupadamente una “defensa de la alegría”. O, al menos, de la de aquellos privilegiados que alcancen a conocerla.

Notas y referencias bibliográficas:
1) Del Manifiesto de la Plataforma de Apoyo a Zapatero. “En defensa de la alegría”.
2) Apoyan José Saramago y Günter Grass a Zapatero. EFE
3) Del Manifiesto de la Plataforma de Apoyo a Zapatero. “En defensa de la alegría”.
4) José Saramago: ‘Hoy día no conozco nada más estúpido que la izquierda’. Intervención en el ciclo literario “Lecciones y Maestros”. Agencias
5) Ibídem.
6) José Saramago. “Un estoico”. El País. 22/7/2007.
7) Ibídem.
8) Ibídem.
9) Ibídem.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052539&Parte=0

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Emir Sader: Por la paz en Colombia

La liberación de los primeros rehenes es un acto que debe ser saludado desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque recuperaron su libertad personas que habían estado recluidas durante varios años, aisladas del mundo y de sus familiares. Es un gesto humanitario que debe ser saludado como tal, con los debidos agradecimientos a todos los responsables, entre ellos y en primer lugar al presidente venezolano Hugo Chávez, luego a los representantes de gobiernos como los de Argentina, Cuba y Brasil, entre otros, por su apoyo.

En segundo lugar, porque Colombia es uno de los epicentros de la “guerra infinita” de EU y por primera vez este país deja de ser agente de la guerra para convertirse en mediador de eventuales procesos de paz. El mecanismo ya viciado impide éxito en diversos casos, el más largo de los cuales es Palestina.

Ni en Palestina ni en Irak ni en Afganistán ni en Colombia parecían prosperar iniciativas de resolución pacífica de los conflictos llevadas a cabo por Washington.

Es una buena sugerencia para que otros busquen soluciones o al menos alternativas que avancen en la dirección de la solución pacífica de los conflictos en el mundo. Una posibilidad para que gobiernos progresistas, y especialmente el Foro Social Mundial, busquen demostrar que “otro mundo es posible”, otras formas de superar la política de militarización de los conflitos de parte de la potencia imperial estadunidense.

En el caso colombiano se trata de no detenerse en la liberación de los detenidos de una parte y de otra, aunque éste sea el próximo paso concreto, que servirá de poco, si siguen en acción los paramilitares, si el ejército sigue atacando a campesinos, si siguen los secuestros; en fin, si la guerra sigue. De ahí que la propuesta de Hugo Chávez –promover una negociacion política que permita terminar con la guerra y replantear la relación del gobierno de Colombia con las FARC y el ELN en el plano político– sería un objetivo fundamental para que Colombia cierre ese capítulo duro de su historia que tantos sufrimientos causa a su pueblo, para que América Latina deje de tener un epicentro de las “guerras infinitas” del gobierno estadunidense, para que no se entorpezcan las relaciones entre los gobiernos del continente por esa guerra.

Y, finalmente, para que se sepa que se pueden resolver los conflictos sin apelar a la guerra, a la violencia, a la militarización, para lo cual es necesario tener gobiernos con iniciativa, audacia y compromiso para arribar a soluciones favorables al bienestar de nuestros pueblos, como ha sido el caso de Venezuela. Perderían los que apuestan a la violencia y a la guerra para ganar los conflictos; esto es, los fabricantes de armamentos, los que viven de eso en Colombia.

Ha llegado el momento de constituir una especie de Grupo de Amigos de Colombia con los gobiernos que han participado con éxito en esta primera negociación, tanto los latinoamericanos como los europeos, porque queda claro que esa acción tiene legitimidad y posibilidad de éxito.

La cuestión colombiana es un problema de los colombianos, pero se ha visto que el apoyo internacional tiene buenas posibilidades de éxito y apoyos internos e internacionales, además de que puede representar un nuevo hito en este comienzo de siglo, todavía dominado por las “guerra infinitas” del imperio.

América Latina puede dar al mundo el ejemplo de que puede resolver sola, de forma pacífica y justa, el conflicto colombiano.

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Paz con Democracia: Llamamiento a la nación mexicana

1. El momento histórico que vivimos

1°. México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación integral, a la vez abierto y silencioso, que muchas organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil –entre ellas Paz con Democracia— han estado denunciando desde hace décadas, estructurado mediante reformas a la Constitución y a través de disposiciones de hecho. Estas políticas y transformaciones aplicadas sin un examen público informado –legalizadas o fuera de la ley –, impuestas por los gobernantes, al profundizar y extender la ocupación, han refuncionalizado nuestra nación al proyecto “globalizador” y hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina una inmensa región del mundo, encabezado por Estados Unidos de América.

2º. El proyecto neoliberal de los sucesivos gobiernos mexicanos sigue todos los lineamientos del llamado “Consenso de Washington”, que es el consenso de “los que mandan”. Han logrado convertir a México en una zona transnacionalizada, dependiente y excluyente, en la que legitiman y legalizan el despojo comercial o forzado. Los distintos gobiernos y grandes empresarios, unos cuantos multimillonarios, grandes accionistas de las megaempresas transnacionales, encabezadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus subordinados y asociados, se han beneficiado enormemente, a costa de la inmensa mayoría de la población. En dichas instituciones, supuestamente mundiales, el poder de decisión lo tiene el gobierno de Estados Unidos. Este ha contado además con la unión de intereses de grandes potencias, como Inglaterra, Europa y Japón. Dispone asimismo de la colaboración de redes internas e internacionales de otras empresas y gobiernos, todos ellos articulados a organizaciones informales, como mafias y raqueteros políticos que actúan como operadores contratados, sicarios, e incluso como fuerzas paramilitares. La inmensa mayoría de la llamada “clase política”, de “los medios”, así como de otros dependientes y socios, incluso de los más bajos estratos sociales, han hecho del apoyo al proyecto “globalizador” su modo de vida, para obtener privilegios y pagos por sus servicios. Y si no pocos obran con cinismo y picardía, existen también quienes se engañan y acaban convenciéndose de que su trabajo en apoyo de neoliberales y señores mafiosos es para bien de su alma y de su país.

3°. Este proceso de ocupación integral, “transnacional” o “globalizadora” –de gran parte del mundo y de México— ha ocurrido en gran medida ya; pero tiene el proyecto de extenderse y profundizarse aún más, y hacer que todos los sectores y las ramas del Estado, la economía, la cultura y la sociedad mexicana formen parte del inmenso complejo dominado por el imperialismo. Los impactos directos e indirectos, abiertos y encubiertos de las redes actuales del imperialismo han comprobado –para quien quiera verlos y oírlos, y no tema reconocerlos— las grandes mentiras del neoliberalismo sobre la “economía de libre mercado”, sobre “los progresos y el desarrollo de la nación mexicana”, y sobre tantas otras “bondades neoliberales” que nos empobrecen y someten cada vez más. Hoy mismo, en medio de todos los desastres y desenfrenos que sufrimos, hay voceros que defienden con fingidas razones la privatización y desnacionalización de todo México. En realidad esos voceros de las fuerzas que dominan gran parte del mundo y del país, mienten incluso cuando llegan a aceptar los efectos perversos de sus políticas. Para seguir ocultándolos, unos a otros se echan la culpa y siguen aplicando, extendiendo y profundizando las mismas políticas que llevan a la miseria creciente de las mayorías, y al coloniaje informal e integral del país, acusando a los gobiernos más débiles o a los anteriores al suyo de no haber logrado las metas que ellos se proponen y que afirman estar fundadas en una presuntuosa ciencia de punta. Con distintos modos de engañar, buscan justificar o legalizar la continuación de las políticas neoliberales de ocupación y saqueo.

4º Este proceso de ocupación neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Asimismo, el neoliberalismo fortalece sus funciones e instituciones represivas, transformándolas en garantes de la estabilidad social y del control autoritario de la fuerza de trabajo, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. El fin esencial del actual Estado nacional de competencia es hacer rentable al país en el mercado neoliberal y optimizar las condiciones nacionales de rentabilidad del capital trasnacionalizado. Para ello lleva a cabo una permanente intervención económica, social, política, ideológica, cultural y militar, y, si es necesario, una guerra social interna para facilitar la penetración y explotación trasnacional.

5º. Mientras todo eso ocurre, criminalizan las protestas sociales, violan gravemente los derechos humanos, disimulan la impunidad, “aplican el derecho” a su arbitrio e incluso lo invocan para actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes de la República, y van introduciendo lentamente en nuestro marco jurídico un “derecho de excepción”. Por un lado le piden al pueblo mexicano que “obre conforme a derecho”, y por otro actúan violando sistemáticamente las leyes y la Constitución, pretendiendo además legalizar la arbitrariedad. Así, con ese doble rasero quieren esconder la violación o desestructuración permanente del derecho público y privado, civil y penal, y sobre todo del derecho Constitucional.

6º. Y como si todo estuviera orquestado, pasan de sus conceptos de “gobernabilidad democrática” a los de “gobernanza”. En nombre de la “seguridad nacional” —al estilo de la administración Bush— desatan una fingida guerra contra el terrorismo, en la que tal vez a diferencia de aquél, utilizan al Ejército, provocando relaciones de odio mutuo entre éste y el pueblo, mientras alientan con sus políticas públicas y privadas la corrupción de los partidos, los Poderes de la Unión y de cuanto líder grande o pequeño se preste a ser asimilado.

7º. Con tamañas medidas, ellos mismos están conscientes que han llevado al país a una crisis de las instituciones y a la liquidación de una gobernabilidad mínimamente democrática. Pero están listos a dar los pasos necesarios para tomar las medidas político-militares contra la ciudadanía insumisa y contra los pueblos indígenas autónomos que defienden sus recursos, territorios y tierras, su cultura, vida y dignidad.

8º. Este proceso de ocupación integral se ha realizado con dos armas tradicionales: la represión y la cooptación, el autoritarismo exacerbado de Estado y la asimilación, asociación y corrupción. Esta doble política busca hoy como ayer que los propios mexicanos se atemoricen o se vuelvan cómplices y socios menores de la pérdida y sometimiento de nuestro país. Se aplica así de nuevo la política que un presidente de Estados Unidos llamó “de la zanahoria y el garrote”. El objetivo de la misma consiste, simultáneamente, en sembrar el miedo y en comprar al temeroso, sumándolo o sometiéndolo a los líderes-socios y a las fuerzas de apoyo social, cultural, político, militar, para-militar y económico del sistema. Esa política se aplica hasta en los estratos más bajos y miserables de la sociedad, con más miedo y menos pago.

9°. El proceso de ocupación integral de México, sus consecuencias y peligros, se advierte en prácticamente todas las medidas que las fuerzas dominantes han venido tomando desde los años ochenta, con base en un proyecto de represión-negociación, en el que los acuerdos se logran con la lógica pragmática de los oportunistas: “ganar algo hoy, aunque se esté más sujeto, corrompido y amolado mañana”; y aunque “mañana” los “gringos” y sus aliados ocupen mayores, más y mejores posiciones, fuerzas, empresas y poder. Hecho que se vuelve evidente a nivel mundial desde el 2005, año en el que el gran capital y el imperialismo colectivo encabezados por Estados Unidos han decidido aplicar (siempre que la correlación de fuerzas lo aconseje) la nueva “política de concesión cero” a los movimientos de pueblos indígenas, ciudadanos y trabajadores que exijan el cumplimiento de los derechos humanos integrales, individuales y colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, nacionales, étnicos y de género, alcanzados en luchas anteriores.

10º. La persecución tiene en la mira a los insumisos que insistan en la realización de un proyecto pacífico y legal que les permita satisfacer los intereses generales y el bien de todos, y acabar con el proyecto neoliberal que nos esclaviza y coloniza, y que corresponde a una nueva política de conquista integral y de “desarrollo del subdesarrollo”, de destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural, científico, artístico y comunitario, así como de menoscabo de las infraestructuras encaminadas a la solución de los problemas sociales y nacionales, propios del interés general y del bien común en México y el Mundo.

11°. A contracorriente de la propaganda neoliberal, la nación sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia, y la base estratégica de nuestra articulación con las resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero al capitalismo. La disputa por la nación pasa por la defensa de sus recursos naturales y estratégicos, por la lucha contra la ocupación neoliberal de nuestros países. La resistencia patriótica es fundamento de las transformaciones democráticas y sociales de largo aliento, que nuestro país requiere urgentemente.

12° Próximos a celebrarse el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, los objetivos de construir una nación libre, soberana y pluricultural y de garantizar la justicia social, han sido traicionados y continúan siendo un pendiente histórico. Peor aún, la creciente integración a Estados Unidos, la subordinación a los intereses de las potencias y las grandes corporaciones, la aplicación de las políticas neoliberales que destruyen las conquistas sociales históricas, y hoy la amenaza de imponernos un Plan México o la “Iniciativa Mérida”, han venido alejando aquellos objetivos por los que tantos cientos de miles de mexicanos sacrificaron su vida.

Las dimensiones de la ocupación

2. Cómo ocurre el proceso de ocupación integral

13° El territorio mexicano encierra enormes riquezas materiales y culturales. Es una tierra con grandes reservas de agua y un amplio espectro de minerales, que van del oro al uranio y de los inorgánicos a los apreciados hidrocarburos. Con 2,7 millones de km2 de mar patrimonial y 9 mil 330 kilómetros de costas, generalmente de aguas tibias, circundadas por arrecifes coralinos y pobladas por especies marinas muy variadas y valiosas, cuenta con un suelo fértil que dio origen al maíz -amenazado hoy por la revolución verde, los transgénicos y el TLCAN-, así como con cientos o miles de especies más igualmente en peligro y muchas ni siquiera identificadas por la ciencia, que hacen de México un área de megadiversidad.

14° Al TLCAN, megaproyecto que aceleró el proceso de ocupación contemporáneo, mediante la desregulación del patrimonio nacional, la extranjerización total de la planta productiva y la mercantilización del campo (la Madre tierra), se siguió el Plan Puebla Panamá, proyecto de infraestructura para la integración territorial, energética, biológica y maquiladora, con el fin de resolver el déficit energético de Estados Unidos, trasladar el problema de la migración y los trabajos precarios hacia el sur —creando así una nueva frontera de la conflictiva socioeconómica—, y para dejar en manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y otros organismos similares la invaluable riqueza biológica del Corredor Mesoamericano, que es pieza central de comunicación y canal de alimentación y enriquecimiento entre las selvas húmedas del norte de Chiapas (muy particularmente la Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica).

15° Estos megaproyectos, atravesados por el del corredor del Istmo de Tehuantepec, son acompañados hoy por otros de naturaleza distinta: los megaproyectos de seguridad, que comprometen ya no sólo la soberanía alimentaria o económica de México, sino íntegramente su soberanía como nación. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que no es ni tratado ni acuerdo, para eludir la sanción de la sociedad, pone en riesgo la vigilancia de nuestras fronteras, y desde allí nuestra seguridad interior, así como la independencia de las fuerzas de seguridad de México, por una supuesta amenaza del terrorismo. Los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, en cambio, tienen la facultad de actuar para garantizar la seguridad de la región completa, con atribuciones en suelo mexicano, que son, por decir lo menos, inconstitucionales. Curiosamente, se agregan a la ASPAN, la integración energética (el saqueo de nuestros hidrocarburos), tan delicada por el valor material y simbólico del petróleo en México, y el libre tránsito de especies (biopiratería legalizada).

16° Como si fuera insuficiente, en la actualidad se refuerza la ASPAN con un Plan copiado de la triste y desastrosa experiencia colombiana, la denominada “Iniciativa Mérida”, que aportará recursos estadounidenses para el combate al narcotráfico en México, pero que serán, como los créditos atados, otorgados en especie y acompañados de las instrucciones de uso y de los instructores estadounidenses. El Plan México y las políticas de “inteligencia” y “seguridad” que se están poniendo en marcha son una amenaza a la sociedad mexicana. Se trata de romper tejidos comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, y de convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio de algunas altas autoridades que nadie controla, que no tienen sanción social, y que obedecen las directivas del Comando Norte de Estados Unidos.

17° Saqueo económico hasta la última gota de petróleo, hasta el último grano de maíz criollo, hasta el último código genético, provenga de planta, animal o ser humano; este es el escenario que se construye con los megaproyectos económicos, y que se garantiza con los megaproyectos de seguridad. Disciplinamiento social, fragmentación, represión directa, selectiva, masiva, mediática, subliminal, simbólica, hasta convencernos de que aislados, solos y encerrados es como podemos construir nuestra felicidad. Disuadirnos de actuar, atemorizarnos, des-sujetizarnos, es el propósito. Colocarnos en la situación de sospechosos, mediante el mecanismo “tolerancia cero”, el operativo desmovilizador. La disolución de la nación mexicana, el objetivo estratégico, y convertirnos en “estrella” de Estados Unidos de Norteamérica, el “mejor futuro posible”.

3. La dimensión económica. Integración subordinada total

18° La economía mexicana se encuentra hoy mucho más integrada a un proceso que inicia y termina fuera del país. Constituye una pieza intermedia de un rompecabezas que se arma y se decide en el extranjero y de acuerdo con una lógica ajena a las necesidades y voluntades internas. El mercado interno es alimentado por bienes importados y la producción interna nutre las cadenas mundiales. Esto es signo de una pérdida de autosuficiencia y, por tanto, de una vulnerabilidad económica acrecentada. La incorporación al mercado mundial, en la mayoría de los casos es a través de las filiales de empresas extranjeras que operan en el país, y, cuando no, sirve solamente para elevar la jerarquía de nuestros supermillonarios en las listas de Forbes, nunca para fortalecer la capacidad de autorreproducción y autodeterminación de la nación mexicana.

19° La política económica, en un país que depende del exterior, se orienta total y casi indiscriminadamente hacia la obtención de divisas. Entregar los recursos petroleros, gasíferos, agrícolas, mineros o cualquier otro, generando incluso desabastecimiento interno, se justifica por la obtención de esas divisas que, inexplicablemente, en vez de aplicarse al bienestar nacional, se acumulan en las bóvedas del Banco de México o se fugan bajo la forma de ganancias o de abonos a la eterna deuda externa. Exportar jóvenes en condiciones de alto riesgo para obtener remesas; exportar petróleo, depredando el ambiente natural y social, y vaciando aceleradamente los yacimientos; exportar trabajo, realizado sin protección ni derechos, con salarios diez veces menores que los del resto de América del Norte y con jornadas de trabajo abusivas, maquilando productos de los que no podemos hacer uso, porque son sólo una pequeña pieza de un proceso ajeno: éstos son los pilares de la economía y las finanzas del país.

20° El campo ha sido depredado: los campesinos han quedado sin créditos y con tierras que se van reduciendo y desgastando, acosados por los empresarios del agrobussines y por la necesidad de explotar exhaustivamente sus parcelas, sin permitirles descanso. Se ha perdido capacidad de autosuficiencia y, simultáneamente, competitividad. Los subsidios al campo se destinan a los grandes empresarios, en vez de apoyar la producción campesina, que es la que más conserva las especies criollas. Primero la revolución verde y hoy la importación de granos de baja calidad, pero bajo precio, y la introducción de transgénicos, han acabado con el cuerno de la abundancia y diversidad del que nos enorgullecíamos todavía en los años sesenta del siglo pasado1. El debilitamiento de nuestra autosuficiencia alimentaria tiene en enero de 2008 una fecha fatal: en virtud del cumplimiento del TLC, los granos básicos (maíz, frijol) quedarán, desde ese momento, absolutamente desprotegidos. Serán arrasados por la falta de créditos o subsidios, por los precios o por los cultivos transgénicos, si los campesinos, que están acentuando sus protestas, no son apoyados por la sociedad en su conjunto.

21° La deuda externa, de 42 mil 604.3 millones de dólares2, motor original de la conquista financiera que imponía créditos atados al modelo productivo del exterior, y hacía depender cada vez más a los países endeudados de los grandes prestamistas y de sus tasas variables, se acompaña hoy de una abultada deuda interna de un billón 498 mil 608.3 millones de pesos3, construida con dudosos mecanismos, entre los que destaca el rescate bancario. Podría afirmarse que las deudas interna y externa conforman un mismo paquete que, subdividido, crea la falsa ilusión de estarse liberando de la sujeción externa, pero que, con la extranjerización del sistema financiero, mantiene las finanzas del país, y en general la política económica, sometida a las disposiciones de los organismos acreedores externos, del FMI y del Banco Mundial. Con la creciente deuda externa se impuso un nuevo tributo colonial al pueblo de México. Paradójicamente, esta deuda crece al mismo tiempo que se empieza a entregar el petróleo al exterior (por inversiones en el sector). Esto es, se abren simultáneamente dos canales de extracción de nuestras riquezas que, en una espiral maligna, van secando los pozos del patrimonio nacional.

22° La política monetaria, que debería responder a las necesidades internas de ajuste, es prisionera del Banco Mundial y del FMI, desde el momento en que se decretó la autonomía del Banco Central. El gobierno mexicano pierde el control de las políticas monetarias y se refuerza así la aplicación de un proyecto colonizador, empobrecedor, excluyente y desnacionalizador. Con la política de endeudamiento externo-interno, y con la política que determina el valor del peso como divisa, los grandes monopolios y sus complejos militares-empresariales pueden extender su fuerza, aumentar sus utilidades y propiedades a discreción.

23° Ante una situación de abastecimiento del mercado interno por importaciones, de un sector productivo en parte precarizado y casi totalmente orientado a la exportación, con base en el abaratamiento de salarios; con un turismo de enclave y con una industria extractiva saqueada, así como con un sector social desmantelado, las actividades que dinamizan el empleo, y en las que se refugian los mexicanos que no emigran, son cada vez más el narcotráfico, las actividades ilícitas y deleznables, como la pornografía y la pederastia, y los cuerpos de seguridad, que no dejan de crecer para controlar el descontento frente a esta descomposición. ¿Qué clase de sociedad se está conformando sobre estas rutas?

24° La divisa privatizadora bajo el proceso de ocupación neoliberal arroja un saldo escalofriante y aún está por cobrar sus últimas cuentas. A estas alturas, más del noventa por ciento de lo que alguna vez fueron empresas del Estado han sido malbaratadas, en lo que ha constituido un negocio redondo para empresarios nacionales y extranjeros, que primero fueron subsidiados por ellas, luego las compraron por debajo de su precio real, en algunos casos fueron generosamente “rescatados” con fondos públicos, para luego volverlas a comprar a precio de ganga. Ha sido así que sectores como los bancos quedaron ya casi por completo en manos extranjeras. Ahora se va por lo que queda como pendientes de la agenda privatizadora, lo que pomposamente se denomina como las reformas estructurales de “tercera generación”, que además representan nichos seguros para la inversión: la energía (petróleo y electricidad), la salud y la seguridad social, la educación pública, el patrimonio cultural, la biodiversidad y el agua. Es la privatización de la vida, en contraposición a cualquier futuro de justicia, equidad y bienestar social.

25° El petróleo, símbolo de la soberanía nacional desde el momento de su expropiación y patrimonio esencial del pueblo de México, ha sido objeto de una privatización hormiga, mediante los contratos de servicios múltiples. Simultáneamente, ha servido para financiar los gastos gubernamentales a costa de su descapitalización, que hoy es argumento para inyectarle inversiones privadas. Y de la misma manera, la amenaza de privatización se cierne sobre la electricidad y el agua. Sólo la resistencia activa mostrada por diferentes sectores de la sociedad ha logrado detener hasta hoy estos procesos, que son reclamados por el Banco Mundial y los inversionistas interesados.

26° México enfrenta una crisis de agua, a pesar de su dotación natural de ríos y lagos, contaminados, por cierto, en un 94 por ciento. En los últimos años han desaparecido cinco lagunas y alrededor de 38 ciudades presentan problemas de agua. Once millones de personas no tienen acceso a agua potable y la conflictiva social por problemas relacionados con el agua o con su utilización productiva, como es el caso de la construcción de presas hidroeléctricas, se incrementa proporcionalmente a su escasez.

27° Los largos años de ocupación neoliberal han dejado un panorama desolador para la gente que depende de su trabajo para vivir. Para los que tienen la fortuna de tener trabajo, de 1982 a la fecha el salario ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo; es decir, se necesitaría un incremento del 200 por ciento para recuperarlo. Más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en el desempleo, el subempleo o, en el mejor de los casos, en la llamada “economía informal”, como un fenómeno que ha adquirido carácter estructural, incluyendo las cadenas “informales” de producción o distribución de mercancías, en las que miles de personas a domicilio o en pequeños talleres inhumanos, producen o distribuyen por su cuenta para las grandes compañías, marcas y tiendas de autoservicio, sin que éstas los reconozcan como sus trabajadores.

28° Quienes encuentran “empleo” se enfrentan también ahora al empleo precario: sin seguridad, sin prestaciones, con salarios de hambre y en condiciones en general violatorias de la Constitución y las leyes laborales. Para burlar sus obligaciones e inhibir aún más la organización colectiva, los patrones recurren crecientemente a la tercerización o subcontratación. Por si fuera poco, existe una verdadera campaña para hacer aparecer toda conquista laboral como un privilegio, enfocada ahora especialmente a reducir los derechos a una jubilación y pensión dignas. Para evitar las violaciones a las leyes, la solución es fácil: cambiar las leyes, y por ello se busca una reforma laboral que institucionalice la flexibilización brutal que se ha venido poniendo en práctica.

29° Como mancuerna de estas políticas neoliberales, se refuerza aún más la ausencia de libertad de asociación sindical, que en algunos casos se traduce en prohibición directa, como en las maquiladoras. Actualmente la mayoría de los trabajadores formales se encuentran bajo sindicatos y contratos de protección patronal; esto es, pactados mafiosamente entre “lideres” y abogados con los patrones, con el desconocimiento absoluto de los trabajadores. El fenómeno de la migración atañe a toda la población en el país, y está generando serios problemas políticos, sociales y económicos, obligando a plantear nuevas estrategias de convivencia social.

30° El 17 por ciento de los migrantes mexicanos tienen entre 15 y 24 años de edad4. Solamente en el último sexenio, más de tres millones y medio de mexicanos traspasaron la frontera hacia Estados Unidos. Algunas estimaciones señalan que el 9.4 por ciento de los mexicanos se encuentran fuera del país. Cerca de medio millón de connacionales fueron detenidos en el 2006 en Estados Unidos y deportados hacia México. Los emigrantes son también centroamericanos y atraviesan nuestro país sufriendo maltratos y violaciones a sus derechos humanos. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses son víctimas de violencia física, extorsión, tortura y privación ilegal de su libertad. Miles de mujeres han sufrido violaciones sexuales y abusos por parte de autoridades mexicanas. 5

31° Las políticas neoliberales profundizan las migraciones y provocan nuevas corrientes y patrones de movilidad laboral hacia las regiones de agricultura comercial, ciudades capitales regionales y de la frontera norte, centros turísticos, reforzando la histórica marcha rumbo a Estados Unidos. La fisonomía de los migrantes internos se diversifica étnica y generacionalmente, y se feminiza, al igual que la de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, que es cada vez más heterogénea social y culturalmente: trabajadores del campo y la ciudad, clases medias empobrecidas y sin empleo, sin olvidar los “cerebros” fugados.

32° La xenofobia, casi siempre pensada hacia los extranjeros de nacionalidades varias, no se ha reconocido hacia otros migrantes internos que se desplazan por el territorio nacional, y quienes igualmente son exteriorizados, atributo para marcar diferencia, distancia y limitar derechos, racializados y excluidos por sus orígenes regionales, y estigmatizados como los de fuera en su propia nación. Es evidente una relación entre exclusión neoliberal, xenofobia y racismo, particularmente cuando se trata de los emigrantes indígenas en contextos urbanos, o el paso de un tipo de rechazo a otro, una vez que el otro se vuelve próximo y ocupa un lugar, se fija y arraiga en el territorio. Los excluidos pueden tener distintos nombres y procedencias culturales, regionales y nacionales. La interioridad y la exterioridad, así como la movilidad de las fronteras étnicas, culturales y locales, regionales, nacionales y transnacionales son constantes, como lo son sus cotidianas transgresiones.

33° El racismo y la xenofobia pueden dirigirse a muy distintos sujetos sociales internos y externos a la nación. El neoliberalismo fragmenta espacios de relaciones, identidades colectivas, la propia comunidad nacional y los movimientos sociales. Mientras estos procesos de fragmentación separan, se produce paradójicamente una homogeneización de las condiciones sociales y formas de exclusión que igualmente afectan a una diversidad de sujetos, y de las cuales pueden surgir estrategias comunes que articulen las luchas sociales.

34° En los últimos años se da por un hecho que México se encuentra en plena “transición a la democracia”, si bien con sus contradicciones, avances y retrocesos. En realidad no existe tal transición a la democracia. La “alternancia” de partidos y políticos no ha alterado la continuidad de las políticas neoliberales, la persistencia de las estructuras corporativas, la resistencia a saldar los crímenes del pasado y la ausencia de mecanismos verdaderamente democráticos, a través de los cuales la gente pueda participar y decidir. Tampoco ha cambiado la violación constante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, la falta de control de los medios masivos de comunicación, la impunidad y la corrupción. Los comicios se reducen a un circo electoral que va de reforma en reforma, sin impedir la repetición del fraude, la falta de respeto al sufragio efectivo, la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar por proyectos y no sólo por políticos de uno u otro color, el derroche de recursos públicos que se invierten en las campañas electorales y en los aparatos partidarios —que se creen los dueños del país y de la “democracia”—, sin propiciar la real disputa por el poder y evitar la “alternancia” de las mafias narco-político-financieras que predominan más allá de las fronteras partidarias. Para que exista o, mejor dicho, para que pueda iniciarse una verdadera transición a la democracia, es indispensable primero una ruptura tajante, profunda, con el viejo orden, el desmantelamiento de las añejas estructuras antidemocráticas, comenzar a saldar decididamente los grandes pendientes humanos, democráticos y sociales que existen en el país.

35° Las fuerzas armadas, cuidadosamente preparadas para la “guerra interna” y la contrainsurgencia, desde los tiempos de las escuelas militares panamericanas dirigidas por Estados Unidos, han pasado a ser verdaderos ejércitos de ocupación, emplazadas en vastas regiones del país y en prácticamente todas las regiones indígenas. Muchos de sus altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al gran capital, en formas directas o indirectas. La dependencia y vinculación de las fuerzas armadas mexicanas con las estrategias militares y de inteligencia de Estados Unidos, en el marco del ASPAN, y a través de la asistencia, entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país a sus contrapartes locales, han cerrado el círculo de la dependencia de México en el terreno militar, de seguridad e inteligencia. La militarización de la seguridad pública y los cambios legislativos para adecuar el marco jurídico-constitucional del país a las exigencias estadounidenses en materia de seguridad y terrorismo, acentúan el carácter neocolonial de nuestra dependencia.

36° La televisión y “los medios”, que producen la “verdad virtual”, a la manera de los antiguos magos de la India, capaces de hipnotizar a multitudes enteras, van imponiendo significados fabricados que sustituyen los sentidos comunes construidos colectivamente y, consecuentemente, tienden a borrar o parcelar las memorias y a generar una pasividad que inhibe la autodeterminación como un proceso directo, activo y participativo del pueblo de México.

37° Las elecciones han sido suplantadas en su añorado papel de representación de la ciudadanía por el oligopolio de la televisión, por el uso abierto y encubierto de múltiples recursos de la cultura mexicana y estadunidense en materia de trampas electorales y de “política sucia” antigua y electrónica, para lograr los resultados deseados. A esto se suma la influencia monetaria y la manipulación y violencia de los poderes fácticos, que deciden en última instancia el rumbo de la “transición democrática” y el carácter de la alternancia. Los procesos electorales se transforman en eventos mediáticos superficiales, en los que la oferta partidaria no difiere en la sustancia, y sólo permite una alternancia controlada por los grandes electores neoliberales.

38° El Poder Ejecutivo sigue usando al presidencialismo, aunque sin bases sociales y sin negociaciones para que se beneficie por lo menos sectores de campesinos, trabajadores y clases medias. El Poder Legislativo logra votos de unanimidad o de mayoría suficiente para aplicar las políticas neoliberales, entre pleitos por las curules y las “concesiones”, al tiempo que una llamada “nueva izquierda”, políticamente correcta, hace una oposición muy poco efectiva dentro del nuevo sistema de “partidos de Estado” que encabezan el viejo PRI y el restaurado PAN. El Poder Judicial toma algunas medidas autónomas, a las que después hace ajustes, interpretaciones, precisiones, con argumentos legales “magistrales”, en los que echa abajo sus efímeras oposiciones.

39° Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos. Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta crisis alcanza también a los partidos de la izquierda institucionalizada, al ser absorbidos en las reglas del juego que establece el poder, y al dejar de ser portavoces de las causas populares y de los movimientos sociales. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción.

40° Las políticas culturales del Estado mexicano y la transnacionalización corporativa neoliberal a través de los medios masivos de comunicación, la información y las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo.

41° El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como CONACULTA, violando el marco jurídico existente, ha abierto el camino a su privatización y desnacionalización. El control de los medios de comunicación ha significado la difusión de discursos y representaciones de un modelo de vida, de ser y de pensar único, que niega y distorsiona las especificidades y las diversidades culturales, y sus formas propias de significar el mundo. La homogeneización y las formas en que se mediatiza la creatividad popular y se amenaza el patrimonio étnico–lingüístico–cultural de la nación mexicana, son una estrategia de estos poderes para disolver toda frontera política, ideológica y cultural que pueda impedir el avance del capital transnacional. La producción industrial y masiva de lo cultural promueve el consumismo, el individualismo, la competencia y un supuesto humanismo global y, consecuentemente, busca subsumir lo colectivo, la solidaridad y la fraternidad, manifestando su etnocentrismo y desprecio por las identidades de pueblos y culturas, que han de ser el sustrato a partir del cual se articulen otras identidades colectivas y un humanismo global democrático construido en el diálogo intercultural.

42° En materia educativa, el proceso de ocupación está dirigido fundamentalmente hacia dos objetivos: por un lado, ocupar las mentes de los jóvenes, esto es, formar conciencias adaptadas a una situación social determinada, y, por otro, a producir la fuerza de trabajo necesaria, en función del lugar que ocupa el país en la división del trabajo del capitalismo internacional.

43° La ocupación en materia educativa ha quedado sancionada en los tratados comerciales y de libre comercio. Antes de la firma del TLCAN, bajo el salinismo, fueron modificados el Artículo 3° constitucional, la Ley General de Educación, que reglamenta dicho artículo y las demás leyes secundarias. Esto es, que todo el marco jurídico y legal que regía el sistema educativo nacional fue modificado en correspondencia con las nuevas reglas introducidas por el TLCAN. La repercusión más importante fue que dejó de concebirse a la educación como un derecho social, y, por lo tanto, asequible a todos, en todos sus niveles y formas, para convertirse en un servicio; es decir, algo que puede ser privatizado, y cuyo acceso dependerá de las posibilidades y preferencias individuales del consumidor. Esto significa, en materia de educación superior y media superior, anular la responsabilidad social del Estado y, consecuentemente, acabar con el principio de gratuidad.

44° El desmantelamiento del Estado benefactor y la imposición del modelo neoliberal implicó la elaboración y la instauración de nuevas políticas educativas, cuyo eje conductor ha sido el discurso de la calidad, la eficiencia y la competitividad. En nombre de la calidad se impulsaron medidas y reformas que modificaron de manera sustancial los esquemas de funcionamiento, las relaciones entre los distintos actores educativos dentro y fuera de las escuelas, los contenidos educativos y, de manera importante, los fines de la educación en el país. Para lograr estos objetivos, se han instrumentado los más diversos programas y políticas de gobierno, como la carrera magisterial, los estímulos a la productividad docente, o las “escuelas de calidad”6, encaminados a ganar un mayor control político del sistema educativo nacional, y una mayor subordinación de sus actores sociales.

45° Los programas de estímulos a los maestros alentaron el premio a la individualidad y a la competencia, eliminando la solidaridad y cooperación académica, promoviendo con ello una mentalidad empresarial, en la que los investigadores, “por iniciativa propia”, buscan “nichos” en el mercado, para colocar “el producto” o resultado final de su trabajo, pues de ello depende en gran medida el monto del ingreso o salario personal.

46° En este contexto, y como consecuencia de las restricciones presupuestales a la educación pública, pero además bajo las presiones de organismos financieros internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, se alentó a las universidades públicas a diversificar sus fuentes de financiamiento; lo que, traducido quiere decir por un lado imponer a sus alumnos un aumento en el cobro de colegiaturas, y, por otro, ponerse al servicio de las empresas que compararán los productos universitarios por una buena cantidad de dinero. En una palabra, estamos hablando de un proceso de privatización de la educación superior. También, como consecuencia del TLC, quedó abierto a la inversión privada el mercado de la educación. Lejos de lo esperado, no llegaron con abundancia los capitales extranjeros, pero los inversionistas nacionales ocuparon rápidamente el nuevo espacio que se abría. Así, entre 1990 y 2002 las escuelas particulares de nivel superior pasaron de 800 a más de 2 mil, y la matrícula privada creció de 22 a 33 por ciento respecto de la matrícula nacional.

47° Como parte de esta misma tendencia general de privatización y mercantilización de la educación, legitimada bajo el discurso de la calidad, los gobiernos neoliberales dejaron de impulsar el crecimiento de la Universidad Autónoma tradicional que conocemos (cuyas tres funciones básicas son la enseñanza, la investigación y la difusión de las culturas), para promover, primero el crecimiento de la universidad privada, la universidad a distancia y la creación de Institutos y “Universidades” Tecnológicas. Estas últimas han recibido un gran apoyo gubernamental en los últimos años, y se han creado ya más de 100 planteles; sin embargo, en realidad no son universidades (que cumplen mínimamente con las tres funciones básicas ya mencionadas), sino centros de capacitación y adiestramiento laboral post-bachillerato, con ciclos cortos de educación, basados en la nueva concepción de un profesionista deshumanizado y sin conciencia histórica, con una concepción pedagógica centrada en la enseñanza de manuales técnicos, y vinculados directamente con las empresas privadas enclavadas en la localidad, cuyos directivos deciden en última instancia los programas de estudio y los perfiles profesiográficos de la región.

48° Esta política de impulso a modalidades de educación superior, distintas a la Universidad Pública Autónoma tradicional, fue planteada de manera deliberada para contener el crecimiento de la matrícula en las mismas, evitando así por un lado los problemas que provocaría al gobierno la presión de miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de continuar estudiando, aunque también para cubrir con los requerimientos laborales que exige la cada vez mayor complejidad tecnológica en el ámbito laboral. Para que el país pueda atraer la inversión extranjera que busca el gobierno, es necesario ofrecerles una mano de obra dócil y bien capacitada.

49° Una de las consecuencias sociales más graves de la aplicación de la política neoliberal en materia de educación, ha sido la exclusión de miles de jóvenes a ejercer su derecho a recibir educación universitaria. Ante la creciente demanda de acceso, y para legitimar estas políticas de exclusión, se optó, siempre bajo el discurso de la calidad, por hacer más selectivos y rigurosos los mecanismos de ingreso a las universidades. El argumento es que sólo entren “los mejores”. Se esconde así el hecho trágico de que en nuestro país sólo el 23 por ciento de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, están inscritos en el sistema educativo nacional.

50° En términos de “dominación ideológica”, toda la educación en México, desde el nivel básico hasta el superior, está siendo modificada por sucesivas reformas en sus contenidos y planes de estudio. En esencia, todos los cambios tienen como denominador común preparar a los alumnos para resolver problemas técnicos concretos, manteniéndolos en un estado de pasividad; es decir, sin conciencia crítica de sí mismos y de la sociedad. Para esto se puede, y es necesario prescindir del estudio de la historia, artes, humanidades; pero es indispensable aprender a leer, a escribir (habilidades en el manejo del español) y conocer los números (habilidades en el manejo de la aritmética).7

51° En síntesis, el discurso neoliberal ha sido muy eficiente en el campo de batalla ideológica, y en gran medida ha sido exitoso en ocupar las mentes de los funcionarios, profesores y estudiantes, para que en aras de “la calidad”, el “desarrollo económico” y la “integración laboral”, apoyen una educación desnacionalizada, con amnesia histórica y funcional al modelo hegemónico vigente.

4. La dimensión jurídica o normativa

52° En el periodo del 2000 al 2006, México tuvo la visita de 20 Mecanismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De estos mecanismos se han derivado 16 informes que dan cuenta de la situación de los derechos humanos, en temas como tortura, migrantes, discriminación, independencia de magistrados y abogados, defensores de derechos humanos, vivienda adecuada, desplazados, indígenas y violencia, entre otros. Sin embargo, con todo ello el país ha venido acumulando una cantidad enorme de recomendaciones, que no logran que el gobierno dé pasos decididos para proteger debidamente los derechos humanos en la vida cotidiana, pues aún se padecen violaciones graves y sistemáticas, como son las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, además de la prácticamente nula garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto aunado a la impunidad y a severos problemas de acceso a la justicia.

53° Violaciones graves de los derechos humanos que han quedado impunes son las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995; la de Acteal, en Chiapas, en 1997, y la de El Charco, igualmente en Guerrero, en 1998; los más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante la guerra sucia de los años 60, 70 y 80; las agresiones y el asesinato contra periodistas y medios de comunicación social; la violación sistemática contra los derechos individuales y colectivos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas; la muerte y violaciones graves a los derechos humanos de cientos de migrantes que intentan cruzar las fronteras de Guatemala con México, y de México con Estados Unidos, así como las violaciones a su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; el hostigamiento en contra de las/los defensoras/es de derechos humanos; la criminalización de la protesta social y la reciente represión a los movimientos sociales, como han sido los casos de Cancún (2003), Guadalajara (2004), y sobre todo San Salvador Atenco (2006) y Oaxaca (2006), a los que podríamos añadir la represión contra los obreros de la SICARTSA en el 2006, sólo por mencionar algunos. Todo esto es muestra de que no se ha logrado atender de manera integral las violaciones de los derechos humanos, mediante una adecuada e imparcial investigación, garantías al debido proceso, sanción y reparación de daños.

54° La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra de los pocos avances concretos en materia de derechos humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se encuentran la discriminación y violencia de género en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México; la violencia de género ejercida por militares en contra de indígenas en varios estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes de homofobia.

55° Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas regiones del país. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad a favor de los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños, su internamiento injustificable en penales de alta seguridad, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que han sido víctimas estando en prisión, así como su posterior consignación por el delito de secuestro equiparado a 67 años y medio de cárcel; la muerte de la indígena de 73 años Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos del 14 de junio, 27 de octubre y 27 de noviembre del año 2006, y los del 16 de julio de 2007 en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. La exoneración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y un juez de Saltillo, de catorce de los veinte militares en servicio activo que el 11 de julio de 2006 participaron en los delitos de violaciones sexuales (propios e impropios), lesiones, intimidaciones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la debilidad con la que actuaron los organismos de procuración e impartición de justicia de Coahuila.

56° En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no hay tampoco determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública al respecto, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.

La lucha por la independencia y la soberanía nacional sigue

Ante esta situación de verdadera emergencia nacional en que nos encontramos, llamamos a todas las fuerzas patriotas y nacionales a continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser pacífico, por la democracia. Conscientes de que el anhelo histórico de México consiste en estructurar un país soberano y democrático, que permita a todos los integrantes de su nación su pleno desarrollo, en su unidad y en su pluralidad, en sus comunidades y para todos y cada uno de sus miembros. Ello significa impulsar la solidaridad y el apoyo entre los componentes de la sociedad.

Es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos.

Llamamos respetuosamente a las comunidades existentes, o a quienes tomen las iniciativas de sus propias organizaciones, a ejercer en todo momento la democracia como libertad, como pluralidad de creencias filosóficas y religiosas, como honestidad individual y colectiva, con claridad en el manejo de los fondos y recursos públicos o colectivos; como desmercantilización de servicios, que sólo pueden darse aumentando la cultura comunitaria y las relaciones de interés social general.

Llamamos respetuosamente a esas comunidades a no embarcarse en discusiones abstractas o dogmáticas sobre las mejores formas de organizarse. Todas las experiencias muestran que para los propósitos emancipadores, la lógica de la combinación de fuerzas y organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr objetivos comunes. Según su historia, conocimiento y experiencias de organización y lucha, cada movimiento escogerá las organizaciones jerárquicas para fines de defensa, en tanto para esos fines éstas revelen ser las más eficaces. Y lo serán siempre que entiendan el “mandar obedeciendo” como los lineamientos generales que les dan las bases, e informando a éstas de sus actos, sin salirse de esos lineamientos. Y, en todo caso, proponer los cambios necesarios a las bases y darles la última palabra en la decisión.

Al mismo tiempo que llamamos a la unidad en la diversidad de las fuerzas patriotas y liberadoras, pedimos que reflexionen sobre la importancia que para la lucha por la independencia de la nación, para la democracia en México y para un nuevo socialismo tiene la construcción de alianzas, frentes o bloques, en los que los trabajadores y pueblos marginados, excluidos y discriminados tengan, dentro de las organizaciones alternativas, un peso real y moral efectivo, por su fuerte presencia, y por la decisión inquebrantable de no traicionarlos a la hora del triunfo, como ha ocurrido en el pasado, en que se les usa y mediatiza a la hora de las luchas liberadoras y se les olvida y abandona a la hora de los triunfos.

Ninguna alianza, frente o bloque construirá otro mundo posible y mejor que se encamine a la emancipación humana, si no tiene física y moralmente presentes a los pobres de la tierra y a quienes están decididos a echar su suerte con ellos. Cabe recordar que muchos grandes latinoamericanos cumplieron con ese propósito que Martí precisó para las luchas de nuestra América.

No son tolerables ni morales ni “políticas” ni “realistas” más burlas a los pueblos indios y a los trabajadores proletarios, que siempre han sido utilizados como carne de cañón o como instrumento por quienes, cuando triunfan, los dejan en iguales o peores condiciones de exclusión y discriminación, hechos vergonzosos que se dan desde la lucha por la independencia de México hasta la traición colectiva a los acuerdos de San Andrés. Impedir que esas traiciones se repitan es posible, y si no se cumplen al pie de la letra, otro mundo mejor será imposible.

No nos engañemos y no nos engañarán: México hará una gran contribución a la liberación humana.

Juntos luchamos, juntos ganaremos, gobernaremos juntos.

“Por Paz con Democracia”

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas, Héctor de la Cueva, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Higinio Muñoz, Samuel Ruiz García, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo Romo Cedano, Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Juan Brom, Oscar González, Guillermo Briseño, Guillermo Almeyra, Alfredo López Austin, Carlos Fazio , Rafael Reygadas, María Fernanda Campa Uranga, Manuela Alvarez y Santiago Alvarez.

1 En el momento en que se rompe la autosuficiencia alimentaria, o incluso como parte de los mecanismos que la precipitan, se inicia la importación de maíz de baja calidad para forraje y las políticas de dumping que no solamente arruinan a los campesinos, sino que facilitan la erradicación de especies nativas de mucho mayor calidad nutricional, pero de menor rendimiento productivo. Actualmente se importan alrededor de 10 mil toneladas., un tercio del maíz que se consume en el país.

2 Es el saldo de la deuda externa neta del sector público federal. Datos del Banco de México a junio de 2007.

3 Deuda interna neta del sector público federal al cierre de julio del 2007.

4 Según expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

5 Ver datos de Sin Fronteras I. A. P. y Frontera con Justicia A. C.

6 El programa de “escuelas de calidad”, por ejemplo, otorga recursos adicionales a las escuelas de educación básica, con el objetivo de mejorar las condiciones infraestructurales de las mismas; sin embargo, por un lado está basado en una relación comercial, mediada por el dinero, entre el gobierno federal, el local y los distintos actores de la escuela (docentes, estudiantes y familias), y, por otro, profundiza, en lugar de subsanar las desigualdades existentes, ya que el programa establece que la cantidad de recursos que aportará la federación dependerá de la cantidad de recursos que aporte la propia escuela. Como resultado, las escuelas que más dinero pueden aportar, más recursos reciben, y viceversa.

7 Este es el sentido de la última reforma realizada a la educación secundaria (la RIES, Reforma Integral a la Educación Secundaria), que entró en vigor a partir del ciclo escolar 2006-2007.

* La Jornada
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