Carlos Fazio: La mafiocracia colombiana

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con el narcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=opinion&article=016a1pol

Alvaro Madrigal Castro: Inversiones depredadoras

El Tribunal Ambiental Administrativo desató la ira de los nuevos dioses. El celo con que ha asumido las tareas a su cargo, dirigidas a recomponer -si es que aún hay tiempo para ello- el patrimonio ambiental tan venido a menos, lo ha colocado en línea de colisión con la inescrupulosa codicia de unos nuevos ricos que, para desgracia de la Naturaleza, han encontrado cobijo y aliento en las estructuras del poder político. El Tribunal ha topado con montañas arrasadas, humedales destruidos, fuentes acuíferas explotadas en demasía y licencias para desarrollos urbanísticos curiosamente otorgadas o con sus alcances deformados por una imperdonable tolerancia, lo han obligado a clausurar obras e iniciar procesos sancionadores que han de causar cuantiosas pérdidas patrimoniales para unos cuantos pero portentosas lecciones de valentía e integridad para los más. Desató, así, las iras de concupiscentes empresarios que anteponen su interés personal al del país y que hoy mueven -como lo denunciaron los integrantes del T.A.A.- cielo y tierra para decapitarlos. Si ayer don Quijote advirtió a Sancho Panza de las secuelas que sobrevendrían tras dar con la, iglesia, hoy estaría advirtiéndole al Tribunal Ambiental Administrativo el significado de chocar con esa madeja de intereses que promueve el turismo depredador y la traída de inversión extranjera a cualquier precio. De nuevo, una manifestación más de que las oligarquías son intolerantes porque se gobiernan por la ley de hierro.

Víctor M. Quintana S.: Movimiento campesino: la difícil negociación

Ha llegado el momento más difícil para un movimiento social: la negociación con el adversario. La etapa del carisma, del entusiasmo, de las calles, de las masas, de la participación, deja ahora su lugar a la centralización, a los largos diálogos, a los representantes, a la centralización, al predominio de la lógica institucional.

Hasta ahora los diversos agrupamientos de organizaciones que forman lo que algunos llaman el Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria han tenido tres aciertos incuestionables: llevaron a cabo el 31 de enero la movilización campesina más numerosa de varias décadas. No se han dividido hasta el momento, superando las difíciles tensiones internas, y no se dejaron que los representantes del gobierno federal les impusieran sus condiciones y contenidos para la negociación el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, hay que estar muy vigilantes para que el proceso de negociación no vaya a resultar en las divisiones del movimiento, la cesión en lo fundamental al adversario, el distanciamiento con las bases y las regiones, o, peor aún, el olvido de los objetivos fundamentales.

En este sentido es necesario preguntarse sobre la calidad de los interlocutores por parte del gobierno federal. Se hizo bien en rechazar a Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, pero ¿por qué aceptar que la conducción esté a cargo del ahora seriamente cuestionado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño? Después de todas las impugnaciones por tráfico de influencias, y más allá de si obró legal o ilegalmente, ¿tendrá calidad moral como interlocutor de los hombres y las mujeres del campo? ¿O se piensa que su debilidad puede favorecer un mejor resultado para las organizaciones?

Una parte del movimiento, los que integran la campaña Sin maíz no hay país, planteó al menos dos condiciones importantes para empezar a negociar. Ambas van orientadas a hacer menos desproporcionada la influencia que el gobierno pretende ejercer sobre la opinión pública respecto del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus impactos. La primera de ellas es que el gobierno suspenda la campaña de propaganda con las medias verdades sobre las ventajas del tratado en la agricultura. La segunda es la realización de un debate público entre los representantes gubernamentales y los de las organizaciones campesinas para que éstos puedan difundir sus análisis y puntos de vista y refutar lo propalado hasta ahora por el régimen calderonista. Es conveniente no dejar de lado ambas condiciones.

Un punto clave en la negociación es la unidad en torno a dos demandas torales: la renegociación del TLCAN, cuando menos para proteger el maíz blanco y el frijol, y una sustancial reorientación de la política agropecuaria para construir la soberanía alimentaria con base en la agricultura campesina e indígena y establecer una reserva estratégica de alimentos en manos de la nación. Debe evitarse la dispersión que predominó hace cinco años en el Acuerdo Nacional para el Campo, que le permitió al gobierno de Vicente Fox esquivar los compromisos fundamentales.

Finalmente, existe el peligro de que se incurra en la ley de hierro de la oligarquía, por dos vertientes diferentes: en primer lugar, que las organizaciones dichas nacionales, algunas de ellas sólo porque tienen oficinas en el Distrito Federal, se adueñen de la negociación y no tomen en cuenta el pensar y el sentir de las organizaciones locales y regionales, que han sido muy importantes para el inicio y la vigorización del movimiento. O que alguna trate de acaparar la voz y la representatividad como sucedió en el templete del Zócalo el 31 de enero. La otra vertiente es que los actores rurales sean desplazados por los no rurales, que a aquéllos se les “desujetivice” por la no distinción entre aliados y sujetos del proceso de movilización y negociación.

Si no se toman en cuenta estos riesgos, se desembocará, no en un Acuerdo Nacional para el Campo plus, sino en uno bis, y segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, las señales actuales dejan esperar mejores cosas por parte del movimiento campesino en este difícil trance de la negociación. A eso le apostamos

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=politica&article=022a2pol

Víctor M. Quintana S.: Construir lo inevitable

El tratamiento de choque, como diría Naomi Klein, no le funcionó totalmente a la oligarquía en el campo mexicano. Los campesinos siguen ahí, son decenas de millones, están empobrecidos, pero inconformes y con ganas de combatir: eso es lo que demuestra con claridad la marcha campesina-sindical del pasado 31 de enero.

Las calles, las carreteras, volvieron a gritar. Desde Ciudad Juárez se desarrolló una marcha de tractores hasta el Zócalo: dos mil kilómetros de verdades para contradecir las mentiras oficiales difundidas por el régimen y sus medios adictos. Como demostración activa de que no es cierto que lo peor ya pasó se logró la manifestación de rechazo a la política agraria y agroalimentaria más numerosa, plural y combativa de varias décadas.

Los logros de las movilizaciones de enero son muy palpables: con sus muros humanos, con sus tomas, con sus marchas, los hombres y las mujeres del campo volvieron a poner el tema de la renegociación del TLCAN en el centro de la agenda nacional. Pudieron penetrar a la mayoría de los medios y decir su palabra, alternativa a la verdad oficial. Demostraron los enormes perjuicios del tratado para las mayorías campesinas y para los consumidores. Se supieron unir por encima de diferencias partidarias y de celos gremiales. Se articularon con sindicatos y organizaciones civiles y montaron una marcha de fuerza irrefutable.

Ahora la gran cuestión es cómo proseguir el movimiento de manera exitosa. Está la gran ventaja de que este no es un año electoral, circunstancia que pesó muy negativamente en el movimiento de 2003. Pero esto no quita que pese sobre el movimiento el peligro de subordinación a intereses partidistas, metarrurales. La CNC, quien ahora invirtió mucha más energía y convocatoria que hace cinco años, deberá ser consecuente con la radicalidad de su discurso en el Zócalo y cuidarse de no ser utilizada como moneda de cambio para encarecer el apoyo del PRI a la reforma energética. También hay que cuidar el peligro de no tratar de pintar de amarillo el movimiento utilizándolo para fortalecer corrientes o candidaturas del PRD. Mantener la lógica socio-política del movimiento, su pluralidad y su independencia son claves para el éxito.

El gobierno se ha apresurado a ofrecer diálogo, pero no puede aceptarse sin que antes haya un debate público de las organizaciones campesinas con él. Es necesario que la nación conozca cómo responden a las falacias del calderonismo y de sus apoyadores; que se desmantele el mito del carácter mayormente benéfico del tratado para el campo. No puede dialogarse en un ambiente de opinión pública donde se sigue bombardeando con mentiras al movimiento y descalificando a sus dirigentes. Tampoco debe dialogarse si el gobierno acota la agenda y no acepta el tema fundamental: la renegociación del TLCAN. No deben distraerse las fuerzas ni dejar enfriar los ánimos para apostarle todo a una dudosa negociación.

Mucho menos debe bajarse la guardia y suspender las movilizaciones. Ciertamente no hay que reiterar de inmediato las marchas, pero hay que acudir a instrumentos que impacten más la opinión pública, que penetren a todos los rincones y sectores de la República, que dejen bien claro al gobierno y a la sociedad que es voluntad mayoritaria la renegociación del tratado.

Para eso suena bien la propuesta de constituir un Mandato de la Nación que exija al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, tímido hasta ahora, que se empiece a renegociar el TLCAN y a controlar las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El principio de ética pública a la base de esto es que la soberanía reside en el pueblo. Las herramientas serían dos: por un lado, la convocatoria a un referéndum sobre la renegociación del TLCAN a llevarse a cabo en todo el país, sobre todo en los ejidos y comunidades rurales. Por otro, el recabar adhesiones formales de autoridades ejidales, comunitarias, municipales, de gobernadores, de congresos de los estados a un documento que exija comenzar la renegociación. Esto tendría varias ventajas: mantendría movilizadas a las organizaciones y con menor desgaste, se lograría una mejor correlación de fuerzas ante el gobierno, conservaría el tema en la agenda pública y acudiría, por una parte, a la democracia participativa y, por otra, a la representativa, para acuñar la expresión clara y unívoca de la voluntad popular por renegociar el tratado.

Ya sabemos, pues ya lo mostró en 2006, que a Calderón le importa un bledo la expresión de la voluntad popular. Pero aun así debemos apostarle a conjuntar una fuerza de movilización tal, una contundencia tal, que, volviendo a citar a Naomi Klein, lo que se consideraba políticamente inviable se haga políticamente inevitable.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/08/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Gustavo Iruegas: El arma orgánica de los resistentes

La organización del poder popular que libere al pueblo mexicano de la voracidad de la oligarquía extranjerizante y de los desmanes del gobierno corrompido ya está en marcha. Después del fraude a la voluntad popular por la vía del golpe de Estado, el pueblo de México decidió no darse por vencido.

Hasta el 16 de septiembre de 2006 se mantuvo el reclamo democrático en el nivel electoral. Ese día se inició el proceso de rechazo y resistencia al gobernante espurio que detenta el poder nacional y subvierte las instituciones. Ante la alternativa de designar un coordinador de la oposición y un presidente legítimo se optó por el segundo; la oposición es parte del sistema y se rige por sus reglas, como los partidos y los legisladores se han encargado de demostrar a lo largo del año. La condición de legitimidad del presidente López Obrador le viene de la designación soberana del pueblo, misma que asumió formalmente el 20 noviembre. Su misión es revertir al pueblo la soberanía en planitud y rencauzar los esfuerzos del Estado hacia el cumplimiento de su cometido original: propiciar la seguridad y promover el desarrollo de la nación mexicana. El cumplimiento de esa misión tiene como causa la necesidad de justicia, democracia y soberanía; su objetivo es refundar la República sobre bases éticas; la estrategia es la toma del poder de manera pacífica; la táctica consiste en organizar a los ciudadanos para la resistencia territorial y el arma orgánica es el valor civil. Toda esta concepción de lucha parte del convencimiento cada vez más profundo de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo puede salvar a la nación.

El primero de diciembre empezaron los trabajos de la organización del poder popular para enfrentar a la desarraigada camarilla y al gobierno que engendró ya corrompido. Diciembre de 2006 y enero de 2007 se emplearon en organizar el pequeño, pero efectivo aparato dedicado a recibir de los ciudadanos el patriótico compromiso, voluntario y personalísimo, de luchar junto al presidente López Obrardor y proveerles sus credenciales de representantes del “gobierno legítimo”.

A lo largo de 2007 se definieron la causa, el objetivo y la estrategia. En 2008 la tarea se centrará en el crecimiento de la organización y la profundización de su caracter territorial. La organización territorial es una opción como lo podrían ser la laboral o la partidista. Hay que destacar que la organización territorial es tan novedosa en México como lo es la resistencia pacífica y las otras dos han probado ser fácilmente neutralizadas por el sistema y su fórmula infalible: la corrupción.

La organización de lucha pacífica del “gobierno legítimo” se ha iniciado en el nivel municipal –delegacional en el Distrito Federal– y se desdoblará a escala distrital. Avanzado el proceso se pensará en los niveles seccionales y por último el de colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional y otros. Para visualizar la capacidad de movilización popular de esta organización, habría que pensar quizá en el nivel de comités de manzana o, en su caso, por casilla electoral. Así se podría imaginar, en el extremo más obvio, el llamado a todos los resistentes de implantar una vigilante presencia en todas y cada una de las casillas electorales, cada quien en la suya. Igualmente se podrá pensar en otras formas de uso y de movilización a lo largo de la lucha que implica la defensa de los intereses populares, vale decir, producción agrícola, precios de los productos de primera necesidad, salarios; del patrimonio nacional en la forma petróleo, energía, seguridad y, destacadamente, la soberanía nacional que todos los elementos anteriores involucran.

El energético principal de la lucha popular es la indignación frente al abuso. Esta especial indignación es privativa de los resistentes, porque sólo se da en quien previamente guarda la condición de dignidad. Los bribones no se indignan; se enfurecen, se fastidian o se enfadan, pero la indignación no les va bien, no son dignos. En la indignación de los resistentes germina el coraje necesario para oponerse al abuso, algo que se conoce como valor civil. Un valor de gran aprecio en el pueblo de México, que, en otras épocas, cuando se enseñaba civismo en las escuelas, se ilustraba con el ejemplo del joven Porfirio Díaz en ocasión de una pantomima electoral del dictador Santa Anna: como no se usaban las boletas electorales ni las casillas, se puso sobre una mesa un par de libros para que en uno firmaran los ciudadanos señalando así su preferencia por Su Alteza Serenísima o por don Juan Álvarez, que entonces representaba la oposición. Vigilaba la escena un pelotón de amenazantes soldados. Un oficial se presentó con 30 firmas de los vecinos para Santa Anna y Porfirio exigió que sólo se anotaran 29 porque él no había dado su voto a nadie. Alguien comentó que solamente los que tenían miedo se abstenían de votar y el futuro héroe del 2 de abril firmó en su presencia el libro de don Juan Álvarez.

En la actualidad entendemos por valor civil un agregado a la virtud de las personas que actúan conforme a sus convicciones y tienen además el valor de sostenerlas en público afrontando toda clase de represalias, afrentas y riesgos. La actitud de los resistentes entraña esa entereza de ánimo para cumplir con determinación y patriotismo su compromiso de acudir al llamado del “presidente legítimo” para defender las causas populares y nacionales. Es por eso que, con 2 millones de resistentes acreditados, los resulatdos de 2007 permiten al “gobierno legítimo” adelantar grandes progresos en 2008.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/09/index.php?section=politica&article=018a2pol