Jesús Aranda: Rechazan 10 ministros parte del proyecto antiaborto de Aguirre

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien precisó que la Carta Magna no considera “valores absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.

Al igual que Genaro Góngora Pimentel, Gudiño rechazó el proyecto que pretende penalizar la interrupción del embarazo, además puso como ejemplo el conflicto entre la libertad de la mujer sobre su cuerpo y el valor de la vida del concebido. En el caso del Distrito Federal, dijo, la Asamblea Legislativa (ALDF) se inclinó porque la mujer decida hasta las 12 semanas de gestación y, a partir de ahí, la ley protege al producto de la concepción.

Por la mañana, el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano ya había sufrido su primer derrota, cuando 10 de sus compañeros rechazaron parte de su proyecto y consideraron que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.

Hubo consenso en que las autoridades capitalinas no violaron la Constitución al despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones –quedó para después la discusión respecto a si dicha despenalización se apegó o no a la Carta Magna– y que fueron legales las medidas adoptadas por el gobierno local para garantizar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres que deseen abortar.

Esta decisión mayoritaria, que para muchos presentes fue el anticipo de que el pleno validará la reforma capitalina con al menos seis votos, molestó a Aguirre, quien lamentó que el documento en el que sustentaba que la ALDF había invadido la competencia del Congreso de la Unión hubiera sido “zarandeado” por el pleno.

En su intento por descalificar las argumentaciones de sus compañeros, dijo alzando la voz: “la señora ministra Góngora Pimentel, ¡perdón!, la señora Olga Sánchez Cordero nos dice…”, y remató diciendo que retiraba su documento para que no fuera incluido en el dictamen, a lo que se opuso tajante el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien después tomó la votación, que fue unánime en contra del texto de Aguirre.

“Finalmente logré la unanimidad”, dijo irónico el ministro instructor, a quien le fue negada la posibilidad de que en el resto de las sesiones conteste a cada uno de los ministros que hablen en contra de su proyecto. El ministro presidente determinó que hablará, pero hasta que termine la primera ronda de ministros.

En la sesión vespertina del pleno de la Corte se inició la discusión del tema de fondo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en donde Góngora y Gudiño reivindicaron también el pleno derecho de la mujer sobre su cuerpo y rechazaron abiertamente la pretensión de que el Estado imponga por ley la maternidad, como lo plantea el proyecto de dictamen que está a discusión.

“No encuentro en la Constitución nada que garantice el derecho a la vida y mucho menos que tenga que defenderse por la vía penal”, subrayó Góngora.

Ambos rechazaron el planteamiento del proyecto respecto a que la Constitución consagra el derecho a la vida y que exista una protección constitucional al producto desde la concepción sin restricciones ni limitaciones.

Góngora abundó que la penalización del aborto voluntario atenta contra los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de la mujer y que “culminar el embarazo bajo amenaza de pena criminal” es discriminatorio, porque “la mujer que decida no ser madre es delincuente”, además de que no respeta “el momento biológico y físico cuando se sienta lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad”.

El embarazo forzado “implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad”; se discrimina a la mujer en razón de su condición social, porque los problemas de salud que generan los abortos inseguros tienen más impacto en las mujeres pobres.

Subrayó que el proyecto de Aguirre es “sesgado”, porque no incluyó una perspectiva de género en donde se tomen en cuenta los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En este contexto, puso como ejemplo la violación de derechos humanos en el caso la niña Paulina, a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar, pese a que el embarazo fue producto de una violación.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y recomendó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo cuando esté permitido.

La discusión continuará este miércoles en doble sesión.

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=capital&article=039n1cap

Carolina: El primero que pega …pega dos veces, Alejandro Ordaz Moreno

Al ver varios cometarios en foros abiertos, sobre todo en el diario de Sevilla, en contra de Alejandro  Ordaz  Moreno, no entendía muy bien el porqué.

Ahora después de mucho buscar encontré la primera noticia que salió de Alejandro:

 

 

El seguro de la pistola impide que un joven mate a una policía en Sevilla

La agente pasó seis días en el hospital tras ser agredida por el joven que le disparó

Fernando Pérez Ávila | Actualizado 14.03.2008 – 10:12

Una agente de la Policía Nacional ha permanecido casi una semana ingresada en un hospital después de que fuera agredida por un joven durante la madrugada del pasado viernes, 7 de marzo. El agresor llegó a hacerse con la pistola reglamentaria de la policía e incluso apretó el gatillo hasta en tres ocasiones. Lo que salvó a la mujer fue que el arma llevaba puesto el seguro y el agresor no sabía cómo se retiraba este mecanismo de seguridad.

Los hechos ocurrieron la noche del citado día en la avenida de San Juan de la Salle, en el distrito Macarena. La sala del 091 recibió una llamada de tres mujeres jóvenes que alertaban de que una persona las estaba acosando y no las dejaba en paz. La Policía Nacional envió a la zona desde donde se produjo la llamada a una pareja mixta de paisano y con un vehículo camuflado. Pronto localizaron al sospechoso gracias a la descripción que había dado una de las denunciantes.

Los agentes se bajaron del coche e identificaron al individuo. Éste, en un principio, se negó y luego accedió a facilitar su documento de identidad a la agente. Mientras ésta tomaba nota de sus datos, el joven se abalanzó sobre ella y la cogió del cuello. El otro policía intentó ayudarla golpeando con los grilletes en la cabeza al agresor, pero éste seguía sin soltar a la mujer. Se entabló un forcejeo entre los policías y el joven y como consecuencia del mismo la agente perdió la pistola, que cayó al suelo. El agresor se lanzó rápidamente a por el arma, se hizo con ella y encañonó a la policía. A continuación apretó hasta tres veces el gatillo dirigiendo la pistola hacia ella, pero el seguro impidió la salida de las balas.

Finalmente el hombre fue reducido y detenido por la Policía Nacional. Se trata de un joven de nacionalidad mexicana que estudia Ingeniería en Sevilla. El juez encargado del caso decretó su ingreso en prisión preventiva sin fianza como presunto autor de sendos delitos de atentado a la autoridad y lesiones. El joven llegó a manifestar una vez detenido que si hubiera hecho algo así en su país posiblemente lo hubieran matado. Por su parte, la funcionaria ha pasado seis días en el hospital hasta que ayer por fin se le dio el alta.

El secretario general en Andalucía del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Espino Heredia, explicó ayer a este periódico que este hecho “corrobora que los delincuentes son cada día más violentos y que los policías se enfrentan a situaciones de peligro incluso en lo que parecía una identificación rutinaria”. El representante del sindicato mayoritario en la Policía Nacional aplaudió la decisión del juez de encarcelar al autor de la agresión.

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/78056/seguro/la/pistola/impide/joven/mate/una/policia/sevilla.html

 

Este artículo salió el 14 de marzo, 6 días después de la detención de Alejandro, la carta de Alejandro fue escrita  el 16 de marzo y empezó a circular muchos días después, en normal que las personas que leyeron la primera publicación le identifiquen con un borracho que se resistió a un arresto. “Un Rambo borracho.”  El que pega primero pega dos veces. ¿Es así de simple?

 

Al pasar de los días, los policías que lo detuvieron  ampliaron su acusación por doble tentativa de homicidio, esto me  salta y me pregunto el por qué hacerlo tantos días después,  o solo la nota es como cualquier nota amarillista que vemos todos los días publicados en los periódicos donde los nombres, las causas o el hecho en sí mismo es erróneo?

 

Es preocupante que muchos mexicanos ataquen a Alejandro, ya lo juzgaron, antes de ser juzgado por la Justicia española, al igual es preocupante que otros ataquen a todos los españoles y recordar desde la conquista hasta el exilio de los españoles durante la época del franquismo.

 

Por suerte para él y su familia, se ha ido demostrando  lo que mayormente se dice en esta nota publicada no es verdad, lo principal es no encontrar sus huellas en el arma de la policía, y el tener testigos a su favor. En la última carta que envió Alejandro como agradecimiento a los correos de apoyo que ha recibido, se ha tenido que eliminar una página donde el da más datos,  esto a petición de su defensa, causa por la cual no la pondré en este foro.

 

Mi preocupación sigue siendo, sí realmente las autoridades mexicanas están ayudando a Alejandro, sí el consulado le presta la tención que necesita, sí realmente le ayudara a su padre a conseguir una visa especial hasta que termine su juicio, esto puede tardar mucho tiempo ya que en España los juzgados están rebasados por una huelga que duró dos meses aproximadamente,  mientras tanto ¿Como hace la familia para pagar al abogado y sus estadía en España?

 

En foros españoles y foros mexicanos hablan de que no fue un asunto de racismo, yo misma no lo había querido tratar así y enfocarme más a lo que hacen las autoridades por connacionales que se encuentran en esta situación u otra situación en el extranjero. Pero me he puesto a buscar sobre el racismo en todos los países, incluyendo a México,  pero especialmente en España, encontrando este estudio:

 

INMIGRACIÓN Y RACISMO EN ESPAÑA

 

Por E. Tabares

26 de mayo de 2006

Los españoles en general siempre hemos dicho que no somos racistas, queriendo ignorar la historia y la realidad actual. Era fácil decirlo hace algunos años, puesto que la población del país había sido étnicamente homogénea hasta hace poco y no teníamos minorías con las que confrontarnos. A excepción, claro está, de los gitanos pobres, que han sufrido y sufren aún bastante rechazo y aislamiento social. Y olvidando también el tiempo de la depuración étnica en los siglos XVI y XVII, cuando fueron eliminados o expulsados judíos, moriscos y protestantes. Ahora nos hallamos ante una situación históricamente inédita: cerca de cuatro millones de extranjeros (inmigrantes o no) viven entre nosotros. Es cierto que casi nadie se atreve a decir que es “racista” (excepto algunos grupos de jóvenes neonazis), pero la verdad es que se multiplican las situaciones de rechazo y hasta de choques violentos. Una frase que muchos repiten: “Yo no soy racista; yo no tengo nada contra los inmigrantes, pero…” Y en ese “pero” cargan todos los estereotipos y prejuicios contra ellos. Lo cierto es que existen opiniones y actitudes muy contrapuestas. Por ejemplo, según encuestas recientes (El Mundo, 22-03-06), un 59% de los españoles culpa a los extranjeros del recorte salarial y un 62% cree que nos quitan puestos de trabajo; un 45% considera que los inmigrantes deberían mantener “sólo los aspectos de su cultura y religión que no molesten al resto de los españoles”, aunque un 57% dice que “es inaceptable que se excluya a una alumna de un colegio por llevar la hiyab”; un 58% es partidario del reagrupamiento familiar, el 91% aprueba que cobren el subsidio de desempleo, el 80% apoya que puedan votar en las elecciones municipales y un 86% está a favor de que puedan obtener la nacionalidad española. Tal vez no se trata de “racismo” en cuanto tal, sino de “xenofobia”, es decir, de rechazo al “otro” por ser “otro”, por ser “diferente” culturalmente, más que racialmente. La diferencia cultural hace que muchos españoles defiendan que no podemos convivir juntos y no se debería permitir la entrada a quienes no son “parecidos” a nosotros (blanco, cristiano, occidental), puesto que su presencia amenaza y atenta contra nuestra identidad colectiva. Especialmente, los musulmanes son vistos como los “menos integrables” y sospechosos de integrismo y fanatismo religioso y de costumbres familiares muy atrasadas. Aunque, en vez de hablar de “xenofobia”, habría que decir “aporofobia” (del griego “aporós” = pobre), o sea, se rechaza al que es diferente porque además es “pobre”. Pues con respecto a los extranjeros (inmigrantes o no) bien situados económica o profesionalmente nadie dice nada en contra. En cambio, quienes son simples trabajadores-as se llevan el peso de todos los rechazos. Hay aquí, por tanto, un componente de “clase” que no podemos ignorar. Nuestra sociedad puede que tenga componentes “racistas”, pero no podemos negar que es fuertemente “clasista”, a pesar del discurso democrático igualitario. Las personas inmigrantes sufren actualmente en Europa una fuerte presión xenófoba. Y España no es una excepción. Toda una corriente de opinión pública y de discurso político alimenta esta falsa ecuación: inmigración = desempleo = delincuencia = inseguridad ciudadana. La crisis del Estado del Bienestar, el aumento del desempleo, las bolsas de marginación y de exclusión social, la pérdida de referentes éticos comunes… hacen que mucha gente busque un culpable. Y el “chivo expiatorio” o “cabeza de turco” lo han encontrado en la inmigración.   Por eso, en las encuestas de opinión, los tres problemas principales que siempre aparecen son: terrorismo, inmigración, desempleo. Como el terrorismo de ETA ha entrado en otra fase (que deseamos sea la última), ahora aparece la inmigración como “el problema número uno”, sobretodo con la llegada a Canarias de numerosos inmigrantes de África negra, arriesgando sus vidas en el mar. “!Aquí no podemos dejar entrar a todos los africanos¡… !El Gobierno español tiene que expulsarlos¡”…dice la gente alarmada. Y nuestro Gobierno firma acuerdos con Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali, etc. para que sean estos países los que controlen las fronteras y no dejen pasar a quienes buscan con todo derecho una vida mejor y más digna. Así parece que, poniendo las fronteras más lejos, el problema se soluciona.     Desde nuestra Fundación “Sevilla Acoge” venimos trabajando desde hace más de veinte años para favorecer la inserción laboral, social y vecinal de las personas inmigrantes. Hemos sido pioneros en muchas iniciativas para hacer que la población española se sensibilice solidariamente con esta nueva realidad de la inmigración. Es justo reconocer que un sector muy importante de la opinión pública española tiene un talante abierto y que el sistema educativo está abordando la convivencia intercultural como un fenómeno positivo. Se multiplican las iniciativas (privadas y públicas) en este sentido y el movimiento asociativo en el campo de la inmigración es muy rico y prometedor para el futuro. Aunque siempre es mucho más lo que queda por hacer hasta conseguir que sepamos convivir en el respeto a la diferencia dentro de una sociedad plural, abierta y mestiza. “Derecho a la diferencia, pero no diferencia de derechos” es el desafío de quienes hemos de vivir en sociedades multiétnicas buscando siempre: “Unir sin confundir y distinguir sin separar”.-                                           Esteban Tabares                                  Secretario de la Fundación “Sevilla Acoge”

 

http://www.sevillaacoge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=2&lang=es

 

Este día decidí escribir sobre este caso tratando de ver  dos lados de la situación que pasa un mexicano que el día 8 de mayo cumplió dos meses en prisión y que ha movido a muchas personas, como yo, a pensar  que es la hora de dejar pasar casos de abusos  contra la sociedad. No solo por él, sino por todos los sin voz que existen en el mundo.

 

 

 

Louise Arbour: Día Internacional de la Mujer: leyes y discriminación de baja intensidad

Al celebrar, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y el progreso que hemos logrado en la realización de los derechos de las mujeres alrededor del mundo, no debemos perder de vista que la discriminación directa e indirecta contra este sector persiste de manera generalizada, en la ley y en la práctica, alrededor del orbe. La protesta pública y los encabezados tienden a concentrarse en casos atroces de mutilación genital femenina, penalización de víctimas de violación, esclavitud sexual y tratos degradantes de todo tipo.

Sin embargo, es la discriminación de “baja intensidad”, frecuentemente permitida por la ley, la que condena a millones de mujeres a la pobreza y al sufrimiento diario. Excepto por alguna crítica esporádica y casi ritual, estas condiciones persistentes continúan fuera del radar internacional.

Un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subraya que esto ocurre a pesar de que los derechos de igualdad y no discriminación contra las mujeres se encuentran consagrados en una variedad de instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y, de manera más extensa, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Bajo este marco normativo, complementado con tratados regionales de derechos humanos y legislaciones nacionales, los estados tienen la obligación de implementar medidas efectivas para promover y proteger los derechos de las mujeres, incluyendo la derogación de leyes discriminatorias.

Ciento ochenta y cinco estados han adoptado la CEDAW, lo que indica un respaldo prácticamente universal de sus normas. Sin embargo, la persistencia de algunas leyes y costumbres que provocan que las mujeres se conviertan en ciudadanas de segunda clase y sean expuestas a abusos pintan un cuadro completamente diferente.

Muchos estados han aprovechado su derecho a introducir reservas ante la CEDAW, lo cual les permite, albergados por el derecho internacional, postergar su aplicación o posponer la implementación de provisiones específicas del tratado. Ciertamente, entre los tratados de derechos humanos, la CEDAW ha sido uno de los que se han sujeto al mayor número de reservas, aunque esta actitud está cambiando.

No es de sorprender que la mayoría de las reservas de los estados se relacionan con el control de la vida privada de las mujeres. Un aspecto clave de su sumisión legal en muchos países es la limitación en su habilidad de poseer o administrar propiedades, y la falta de títulos de propiedad, incluyendo los derechos de sucesión tras el divorcio o la muerte de familiares. Muchos estados todavía otorgan la nacionalidad y ciudadanía a los niños y las niñas exclusivamente por conducto de la línea paterna. El libre tránsito de las mujeres en algunos estados se dificulta por leyes que requieren la tutela legal de un hombre. La escasez de protección legal o la falta de aplicación de la ley frecuentemente permite que la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violación, permanezca impune.

La realidad a escala regional es igualmente preocupante. A pesar de que algunas normas regionales han sido ampliadas y basadas en los estándares de la CEDAW, tanto la interpretación como la aplicación de éstas a nivel nacional dejan una seria brecha en cuanto a protección se refiere.

América Latina ha introducido algunas de las legislaciones regionales más pioneras y progresivas en materia de protección de este sector de la población, incluyendo en 1994 la primera convención de derechos humanos enfocada a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, 10 años después de la adopción de la convención, Amnistía Internacional ha señalado que la situación regional no ha mejorado significativamente, ya que los estados miembros han fallado en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con este tratado.

En África, a pesar de la amplia ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y del Protocolo de los Derechos de las Mujeres en África, los cuales consagran y comprometen la protección de todos los derechos de las féminas, persisten la discriminación y las prácticas nocivas, tales como el tráfico de personas, la violencia en conflictos armados y la mutilación genital.

Asia, el continente más grande y poblado, es también el más diverso en cuanto al progreso de los derechos de la mujer. La región cuenta con varias Comisiones Nacionales para las Mujeres. Recientemente se promulgaron legislaciones sobre los derechos de este sector en India y otros lugares. Sin embargo, falta recorrer un largo camino en cuanto a la implementación e incluso la formulación de leyes en áreas claves, incluyendo el tráfico de personas.

Un extenso régimen regional de derechos humanos y jurisprudencia nacional y regional no ha hecho a Europa inmune a las grandes desigualdades que reprimen a las mujeres. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Reino Unido ha resaltado que, con el índice de progreso actual, tomaría 200 años al Parlamento tener una representación equitativa de hombres y mujeres. Inclusive, Noruega, la cual ha estado constantemente a la cabeza del desarrollo de derechos humanos de la ONU e índices de género, registra una brecha en la remuneración y acceso de empleo entre sexos.

Es evidente que las condiciones de opresión y la falta de voz y oportunidades son parte de la discriminación hacia las mujeres, tanto como las leyes que obstaculizan el pleno goce de sus derechos. En consecuencia, estos factores contribuyen a que 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres; dos de cada tres niños que no están en la escuela son niñas, y las mujeres son dueñas solamente del uno por ciento de los títulos de propiedad de tierras en el mundo. Una verdadera igualdad exige que las obligaciones internacionales se cumplan en la ley y en la práctica. Como mínimo, los estados deben revisar, enmendar y erogar legislaciones discriminatorias y enfrentar los efectos negativos que estas leyes causan en las mujeres.

Sin una iniciativa política en este sentido, además de la canalización de recursos financieros, el tan necesario y pendiente cambio no podrá ocurrir. Los gobiernos deben mostrar tangiblemente su determinación de empoderar a más de la mitad de la población mundial, y con esto permitir a las mujeres reclamar y disfrutar sus derechos humanos y poder contribuir al bienestar de todos nosotros.

*Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos