Marco Rascón: La República Reunida

Mientras los discursos son de a mentiritas, la violencia es de “a deveritas”: mientras las causas de la criminalidad son profundas, las respuestas superficiales; mientras la drogas dañan, su negocio mata; mientras el dolor se acumula, la ingenuidad crece; mientras el mal se extiende se vuelve más inexplicable.

Es lamentable ver a todos los poderes de la república reunidos contra la nada. Reunión de lluvia de ideas que no ha generado un mínimo de confianza ante los tufos de cinismo y ocurrencias surgidos de la reunión. Un solo punto de partida podría haber ayudado: que explicaran lo que realmente pasa.

La república se reunió ante el reconocimiento de la gravedad de la situación, pero el resultado ha sido anticlimático, ante la repetición de los diagnósticos y los análisis de los gobernadores, los tres poderes federales, los representantes de las instituciones públicas y privadas. ¿Acaso los secuestradores se han detenido en este año, sabiendo que Arizmendi el mochaorejas pasará toda su vida en prisión por delitos similares a los actuales? ¿Cuánto se ha gastado desde 1997 hasta ahora en “la seguridad” en aumento de policías, armamento, equipos modernos? ¿Cuánto más se gastará y qué resultados habrá?

Si viéramos a México a través de sus prisiones, nos daríamos cuenta de que la situación actual no es sino el reflejo, la expresión, de una nación enferma, de instituciones decadentes.

La Revolución Mexicana sobrevino tres años después de que Porfirio Díaz “modernizó” el sistema penitenciario: de los viejos penales de San Juan de Ulúa o la cárcel de Belem construyó las nuevas prisiones de Lecumberri, entre otras en el país con arquitectura francesa. De los centros de rehabilitación de la década de los 70 se pasó hace años a los penales de “alta seguridad” y todos son el mundo del hacinamiento, la corrupción, los centros de poder de la criminalidad mezclada con la injusticia.

Los gobiernos deben a los ciudadanos una explicación, porque se desconoce la naturaleza exacta de las ejecuciones que se han sucedido principalmente en el norte, pero que ahora se extienden por todo el país. Por el tamaño y la impunidad, se podría pensar que ya estamos frente a un nuevo poder, que es el paramilitarismo, mismo que actúa con una lógica de objetivos claros y sistemáticamente.

En paralelo a esto, están los aumentos de los secuestros con fines económicos, de los que que según la misma Procuraduría General de la República iban 64 al mes desde enero, lo cual da una cifra mayor a 500 en lo que va del año. Si la industria es floreciente, ¿por qué matan a las víctimas después de que se cumple con el pago? En ese punto, la violencia ha dejado de tener una racionalidad meramente lucrativa y se acerca a los objetivos del terror, la intimidación social, la contrainsurgencia y el paramilitarismo.

Cuando la república se reúne para luchar contra la nada y lo inexplicable, la causa oculta ha ganado la primera batalla: se supone que México vive una transición, pero la violencia hace que la sociedad piense en formas intolerantes, de dureza, más que en democracia. El terror se ha ido convirtiendo en consejero del retroceso, las formas autoritarias, los regímenes parapoliciacos, en vez de ver hacia el futuro. ¿Hay fuerzas políticas que se beneficien de lo que hoy sucede?

La república no ha explicado qué ha significado la presencia militar del ejército en la franja fronteriza del norte de México, que no ha servido para detener el flujo de ejecuciones diarias. ¿Cuál es el balance que podría dar el jefe supremo de las fuerzas armadas sobre la actuación de la institución? ¿Qué significa el desmantelamiento de las policías municipales y estatales? ¿Quiénes mueren: los que se oponen al crimen o sus aliados? ¿Quiénes los matan? ¿Estamos saliendo de la violencia, estamos a la mitad o estamos empezando?

Los anuncios que hizo la república sobre la depuración de las policías y la restructuración total no sólo son ingenuos, sino irresponsables. Anunciar esto es como informar de una devaluación con días de anticipación. ¿Qué estará pensando un policía en activo que ha cometido actos de corrupción individual o de grupo, incluso obligado por sus jefes? ¿Cómo actuará ante la amenaza de despido y el señalamiento? ¿Quiénes los sustituirán?

El tema de la seguridad es el de la sobrevivencia. La marcha del 30 de agosto entrará por Madero, manifestando su duelo y preocupación; a la salida verá que lleva las manos vacías para enfrentarse de nuevo a la cotidianidad con todos los riesgos, mientras el gobierno sigue negándose a explicar el problema y el origen de la violencia, pues quizás tenga una parte de responsabilidad que no quiere reconocer ni mínimamente.

Marco Rascón: El desastre de la debilidad social

A 25 años de políticas neoliberales, a 11 de “transición pactada”, a siete de la alternancia, la gran derrotada ha sido la sociedad mexicana, el tejido social y la destrucción de las formas de organización comunitaria y sectorial. La izquierda se confundió: creyó que defender y recrear las viejas estructuras clientelares y corporativas del viejo régimen era organizar a la sociedad.

Si el sismo de 1985 generó la organización de la sociedad e influyó en toda la estructura política, los partidos y las decisiones gubernamentales, los actuales desastres naturales han reflejado la catástrofe de la desorganización social, así como la incapacidad de la nuevas formas privadas y gubernamentales para resolver estructuralmente las consecuencias, pues en el fondo lo que se esconde es toda una visión contrainsurgente y previsora ante la posibilidad de que la sociedad tome bajo su control la emergencia y que, como en 1985, rebase y desplace las formas verticales y antidemocráticas.

Todas las instituciones privadas y públicas mueven grandes aparatos, como hacen ahora por lo de Tabasco, pero siempre preocupadas por la posibilidad de que la sociedad civil se organice y pueda cuestionar todo el modelo de prevención, de atención y de origen de los desastres.

Para los grandes consorcios privados, el gran objetivo de la “ayuda” es la deducibilidad de impuestos. Su solidaridad tiene como fundamento deducir sus pagos al fisco, y en estos últimos meses, antes de que entren en vigor las nuevas disposiciones fiscales, la tragedia ha sido un regalo para evadir el pago de impuestos de 2007, como habían venido haciendo tradicionalmente con el “redondeo”, los “teletones” y toda la estructura privada de fundaciones para la filantropía con la cual han pretendido sustituir las políticas públicas y la organización comunitaria y gremial.

En este afán de deducir impuestos, los grandes consorcios privados del comercio, la banca, los medios electrónicos, se publicitan como vanguardia de la organización social, promoviendo cuentas bancarias para la ayuda, debilitando más al erario, el mismo que luego carga con la responsabilidad de la falta de atención y solución ante las pérdidas sociales.

La pérdida y el desastre de origen “natural” se han ido perfilando como un buen negocio, cuyo logo de la protección civil debería ser un buitre en espera de víctimas para alimentarse. Esto crea un círculo vicioso que se desarrolla bajo la premisa de mantener una sociedad civil laboral, gremial y comunitaria en altos grados de debilidad y dependencia, sin capacidad de autorganización ni de generar estructuras desde abajo. Todo el concepto de protección civil está marcado por los criterios contrainsurgentes de impedir el fortalecimiento del tejido social y formas autónomas e independientes de gestión social. Así, bajo el concepto de “ayuda”, albergues, comedores, centros de distribución de ayuda y salvamento, etcétera –dirigidos por organizaciones oficiosas y los grandes intereses privados, preocupados sobre todo por el negocio–, fortalece una filosofía de control social.

Si en 1985 fluyó la solidaridad de pueblo a pueblo a través de sindicatos, organizaciones inquilinarias, de barrio, grupos estudiantiles, de la cultura, intelectuales, campesinas, de mujeres, hoy la solidaridad se expresa por conducto de los bancos, las televisoras, los grandes centros comerciales y trasnacionales, que es más lo que se publicitan que lo que ayudan. Todo esto va aunado a la exigencia de que el Estado debe responder económicamente a la reposición de las pérdidas en viviendas, empleos, crédito e infraestructura pública, una vez retirados los reflectores. El robo y saqueo de la población desesperada son rápidamente criminalizados y sirven para hacer todo tipo de declaraciones moralistas, mientras el saqueo fiscal y el gran negocio de la ayuda no es motivo de cuestionamiento, sino expresión de la debilidad social.

En el caso de Tabasco, como en muchas otras partes del país y del mundo, la respuesta a las tragedias hace revelaciones sobre el grado de justicia o injusticia en la sociedad. En Nueva Orleáns se observó claramente. En nuestro caso, la paralización política en general, el discurso estridente y demagógico en la política, la inexistencia de una actitud verdaderamente opositora y eficiente, constructora de propuestas, han dejado una sociedad polarizada y conflictiva que ante la emergencia y las catástrofes se ve impedida de hacer del desastre un ejercicio de organización y democracia. La búsqueda grosera de ganar políticamente en el desastre y formar bases clientelares en torno a las necesidades descalifica a las fuerzas políticas y únicamente deja en el ejército y en los grandes consorcios privados el control de la infraestructura para la ayuda.

Desastres como el de Tabasco reflejan las dimensiones y consecuencias de la debilidad social y lo que ha sido la obra del conflicto por el poder político y la hegemonía de intereses económicos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=021a2pol