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Luis Hernández Navarro: Los apóstoles se cansaron de serlo

Nombre de la obra: retrato de la familia política y sindical en Bellas Artes hace medio siglo. Fecha: 15 de mayo de 1958. Al centro se encuentra el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en su último año de gobierno. Lo acompañan: Enrique W. Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite (el Elba Esther Gordillo de la época) y el doctor Manuel Sandoval, subsecretario de Educación.

Celebran, como se hace cada año desde 1918, el Día del Maestro, porque, según se desprende del decreto firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza, el maestro es “factor decisivo del progreso de la nación, forjador del alma nacional, por la educación que imparte a las masas”.

En la ceremonia oficial, el presidente Ruiz Cortines está muy molesto con los profesores de primaria del Distrito Federal. Desde el 16 de abril los mentores suspendieron labores, exigiendo un aumento salarial de 40 por ciento, y el reconocimiento de sus representantes sindicales seccionales encabezados por Othón Salazar, nombrados en un Congreso de Masas efectuado en el Rancho del Charro, año y medio antes. Y, desde el 30 de abril de 1958, realizan una asamblea permanente en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es un dechado de organización y disciplina.

Los mentores democráticos se rebelaron contra los pésimos salarios, las malas condiciones de trabajo, los materiales pedagógicos inservibles, los representantes sindicales espurios, las autoridades educativas despóticas e ineficientes, la ausencia de justicia. No querían seguir siendo los trabajadores abnegados a los que cada 15 de mayo se les rendía tributo verbal, pero que el resto del año debían aguantar todo tipo de maltratos. Por eso, desde el inicio de su protesta reivindicaron “una lucha frontal contra la condición de apóstoles, que se nos da para sumirnos cada día más en el hambre y la miseria”. (El Nacional, 26 de julio de 1956).

Pero en el Día del Maestro el mandatario está enfadado. Según la mitología oficial de la Revolución Mexicana los docentes deben ser servidores públicos capaces de sacrificar sus necesidades gremiales en función de los intereses nacionales, correas de transmisión de saberes estatales, semiprofesionistas leales con sus empleadores. Y así se lo dice en su discurso. “La tarea del maestro –afirma– entraña excepcionales responsabilidades ante sí mismo y ante la patria, que cada maestro en cualquier circunstancia debe enseñar invariablemente con su ejemplo, su esfuerzo y su interés por elevar sus virtudes ciudadanas y en mostrar su solidaria actuación con los intereses nacionales.”

Al regaño presidencial le siguió la concesión. Magnánimo, Ruiz Cortines anuncia, como ha sido costumbre hacerlo los Días del Maestro, un inminente aumento salarial a partir del primero de julio. Precavidos, los maestros mantuvieron la huelga hasta que el 3 de junio se hizo público el monto otorgado.

Entre Buenavista y la Plaza de Santo Domingo

El último año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue atravesado por un verdadero sismo social. Su epicentro se localizó entre Buenavista (sede central de los ferrocarrileros) y la Plaza de Santo Domingo (lugar en el que encontraban las oficinas de la SEP ocupadas por los maestros durante 37 días). En 1958 estalló por todo el país una oleada de luchas obreras, campesinas y estudiantiles independientes. Tuvieron como trasfondo un lento crecimiento económico, los efectos de la devaluación del peso de 1954 en los salarios, el empleo y la carestía; el aumento en los precios del transporte público en la ciudad de México, el estancamiento de la reforma agraria, y una burocracia sindical corrupta.

Durante 1957 y 1958 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) protagonizó grandes invasiones de tierras. En Sonora, Sinaloa, Baja California y la Comarca Lagunera persistían grandes latifundios que violaban las leyes agrarias y la Constitución. En esos estados, jornaleros agrícolas, aspirantes a braceros y solicitantes de tierras ocuparon miles de hectáreas. Aunque los dirigentes fueron encarcelados, Adolfo López Mateos, sucesor de Ruiz Cortines, se vio obligado a reanudar el reparto agrario.

En esos mismos años se suscitaron, también, importantes movimientos sindicales independientes entre telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y maestros que cuestionaron, temporalmente, el modelo de control gremial hegemónico en el país. La insurgencia sindical, particularmente entre los trabajadores del riel encabezados por Demetrio Vallejo, vivió entre 1958 y 1959, y hasta su decapitación, una primavera democrática sin continuidad. Su derrota sumió al movimiento obrero en un letargo del cual aún no sale.

Las protestas de los estudiantes de la UNAM contra el alza de las tarifas de los camiones urbanos capitalinos resultó ser, a decir de José René Rivas Ontiveros (La izquierda estudiantil en la UNAM), la primera gran movilización política estudiantil de masas en la historia de la Universidad Nacional, que inauguró una larga y fructífera etapa de luchas protagonizada por las fuerzas de izquierda.

El florecimiento de las luchas proletarias en plena guerra fría provocó que arreciaran los vientos anticomunistas que soplaban en el país. En una editorial del 2 de mayo de 1958, el periódico Excélsior advertía cómo “la agitación que promueven lidercillos que sirven a doctrinas ajenas a México resulta criminal”. Y El Universal reparaba en cómo “poco será necesario ahondar para llegar a las capas más oscuras, donde corren los veneros del comunismo, que alientan este sacudimiento social, que sus telúricas proporciones, lleva las más serias amenazas para el progreso de México”.

Desde el otro lado de las barricadas, un grupo de 13 importantes intelectuales y artistas, entre los que se encontraban Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Carlos Pellicer, veía las cosas de otra manera. En un desplegado público sostenían: “Somos testigos de un movimiento obrero que desea la purificación del sindicalismo nacional y que repudia a los dirigentes que durante años han traicionado los fines que legitiman la asociación de los trabajadores, desviando la lucha obrera en su provecho y con propósitos personalistas”.

La primavera del consciente proletariado magisterial

Entre 1956 y 1960, el magisterio de educación primaria del Distrito Federal, perteneciente a la sección 9 del SNTE, protagonizó una de las más importantes movilizaciones gremiales en el país. Nacido desde las escuelas y agrupado desde 1957 en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), realizó en tres ocasiones Congresos de Masas para nombrar a sus dirigentes, organizó marchas, tomó las oficinas de la SEP, luchó para que los dirigentes sindicales en funciones no ocuparan cargos de representación popular y arrancó indirectamente aumentos salariales para los trabajadores de la educación.

Su condición salarial era precaria. En un manifiesto publicado en 1958 así lo hicieron saber: “en julio de 1956 ganábamos 14 por ciento menos que en 1939, en tanto que en marzo de 1958 la diferencia es de más de treinta por ciento”.

Los maestros que protagonizaron el movimiento se politizaron rápidamente. “Los derechos no se exigen: se arrebatan”, decían. El gobierno puso su parte en esta radicalización. En no pocas ocasiones la fuerza pública los macaneó, pateó, persiguió y encarceló a sus dirigentes. El 6 de septiembre de 1959 la policía gaseó a los maestros en el Monumento a la Revolución, en el Hemiciclo a Juárez, en el Correo Central, en el Zócalo, en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza de Buenavista y, por si fuera poco, los persiguió hasta el local del sindicato del Ánfora, donde se habían refugiado, y los sacó a palos. ¿Cómo no se iban a politizar así?

Los líderes sindicales oficialistas del SNTE se encargaron del resto. Tenían a su disposición a pistoleros famosos como La Bruja y El Mago que acuchillaban a los activistas. Llegaban a las escuelas y, como escarmiento, golpeaban a los maestros democráticos.

El movimiento magisterial tuvo el mismo destino que los otros brotes de sindicalismo independiente. Sus dirigentes fueron desconocidos y varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad para no ser detenidos. La desmoralización de sus bases fue profunda.

Muchos de sus dirigentes fueron incorruptibles. Resistieron regaños, amenazas, intentos de soborno, palizas y cárceles. Nacidos de un potente movimiento de bases, soportaron todo tipo de adversidades mientras se mantuvieron cerca de él. Ése fue el caso de Jesús Ortega Macías, Rubelio Fernández y Othón Salazar.

Incansable, Jesús Ortega Macías cargó a cuestas la larga noche del reflujo de la lucha magisterial en las filas del MRM. Cuando en 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ganó a pulso el reconocimiento de sus integrantes. Como maestro jubilado participó en sus luchas hasta que la muerte lo alcanzó.

A Rubelio Fernández, secretario general de Escuela Nacional de Maestros y activo militante del movimiento normalista, le dieron su plaza el 7 de junio de 1960. Trabajó tres meses y fue despedido. Nunca fue reinstalado. No obstante, se ha mantenido dentro de la lucha magisterial democrática y del movimiento popular a lo largo de su vida.

Othón Salazar fue cesado hace 48 años. Ni fue reinstalado ni recuperó su plaza de maestro. Estuvo en la cárcel y fue alcalde de su pueblo, Alcozauca, Guerrero. A punto de cumplir 84 años, enfermo de diabetes e hipertensión, sigue exigiendo que se le reinstale y participando en las mejores causas.

Jesús, Rubelio y Othón, como muchos otros integrantes de su generación, se cansaron de ser apóstoles, pero no de ser luchadores sociales. Con ellos, y con muchos más como ellos, hay una deuda profunda. En su persona –y en la de otros muchos– se resume una lección de dignidad, una hazaña democratizadora, una pedagogía cívica que hoy, a 50 años de aquellas jornadas de lucha, ha sido retomada por la CNTE.

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Luis Hernández Navarro: México, país de reprobados

En materia de derechos humanos México es un país de reprobados. El Estado no los respeta. Eso dicen, al menos, tres instituciones internacionales encargadas de la vigilancia de las libertades relativas a bienes básicos necesarios para una vida digna. Los tres organismos estuvieron en México este mes y dieron a conocer su diagnóstico y recomendaciones.

El uso del Ejército en funciones que corresponden a la policía en el enfrentamiento contra algunos cárteles del narcotráfico, la criminalización de la protesta social y el abuso policiaco contra los inmigrantes centroamericanos que cruzan el país para tratar de llegar a Estados Unidos han deteriorado el ya de por sí precario nivel de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará aún más la situación.

Human Rights Watch (HRW) es una ONG dedicada a defender los derechos humanos que goza de amplia reputación internacional. Fue fundada en 1985. Elabora informes sobre derechos humanos. El pasado 13 de febrero recriminó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su papel “decepcionante” y “conformista” en la tarea de “mejorar el pobre historial” que en materia de garantías individuales existe en México.

Sostiene que el organismo dirigido por José Luis Soberanes “una y otra vez no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos en el futuro, no se opone a leyes y prácticas abusivas”. Según HRW, los funcionarios de la CNDH no monitorean la implementación de sus recomendaciones a dependencias de gobierno.

La ONG analizó casos emblemáticos de violación a derechos humanos en México, como el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, los crímenes de la guerra sucia y la represión a manifestantes. Calificó de “lamentable” la tarea “proactiva” de la comisión como principal impulsor de los cambios urgentes en México, para prevenir las prácticas abusivas. Mostró cómo el grupo no monitorea las recomendaciones y que 90 por ciento de las quejas presentadas a la CNDH son resueltas por la vía de la “conciliación” sin consultar a las víctimas.

Ante las críticas, en un arranque de patrioterismo barato, Javier Tapia, funcionario de la Segunda Visitaduría de la CNDH, señaló que “es lamentable que un grupo de extranjeros vengan aquí a criticarnos”. ¡Como si los derechos humanos no fueran de observancia universal!

Louise Arbour es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. A comienzos de febrero visitó México durante cuatro días. Dijo que en este país la situación de los derechos humanos plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Expresó su preocupación por el tema de la impunidad, que es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar. “Es preocupante –afirmó– el tema de los feminicidios, donde el sistema de justicia no protege a las mujeres.” Apremió al gobierno mexicano a destinar recursos para profesionalizar y garantizar la integridad de las corporaciones policiales.

La funcionaria de la ONU criticó la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia, “pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas– en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley”. Agregó que los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos del Ejército Mexicano.

En esta ocasión, la defensa de las políticas de la administración de Felipe Calderón corrió a cargo del Senado. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, le respondió que la presencia militar en las calles “no es lo deseable”, pero es consecuencia de la descomposición de las fuerzas policiacas.

La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) tiene 10 años observando la situación que guardan las garantías individuales en el país. Apenas la semana pasada concluyó su sexta visita, en la que se entrevistó con 596 personas.

Según la CCIODH, “la situación de los derechos humanos en México es extremadamente crítica. Independientemente del ámbito al que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”.

De acuerdo con esa comisión, durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones que efectuaron para los casos de Chiapas, Atenco y Oaxaca. Por el contrario, los abusos y atropellos continúan. No se ha actuado contra sus principales responsables ni atendido las causas que las originan. La comisión advirtió que el patrón de represión y hostigamiento a los espacios sociales de reivindicación implica no solamente la actuación de los distintos cuerpos policiales, locales y federales, sino que de él forma parte el Ejército Mexicano.

De nada sirve comparar lo que sucede en nuestro país con lo acontecido en alguna nación africana. El Estado mexicano está reprobado en materia de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará la situación aún más. El hecho tiene consecuencias enormes para la paz pública y la solución a las demandas sociales. Que nadie se llame a engaño.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/26/index.php?section=opinion&article=023a1pol

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Luis Hernández Navarro: La disputa por la hegemonía cultural iberoamericana

Un pequeño escándalo estalló durante 2003 en el mundo cultural mexicano. La casi desconocida pintora Mónica Roibal ganó un concurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con una imagen de Emiliano Zapata, en la que el caudillo sureño era representado más como señorito andaluz que como el dirigente de una revolución agraria. La artista resultó ser esposa de Antonio Navalón, representante del poderoso grupo Prisa en México.

Al poco tiempo la comunidad artística se encontró con un nuevo motivo de indignación. Sin ninguna consideración sobre la calidad de su obra, el museo de San Ildefonso expuso generosamente la muestra El corazón sobre el asfalto, de la misma artista. Intermediario comercial ligado a los más sonados escándalos de corrupción política y financiera en España, periodista, amigo e intermediario del juez Baltasar Garzón, cabildero, personaje de la política y las finanzas, Antonio Navalón fue conocido en España con el apodo de El Conseguidor.

La historia no es solamente un ejemplo más de cómo los poderosos consorcios mediáticos influyen en el mundo cultural, definiendo su agenda y promocionando intelectuales y artistas, sino, también, de una tendencia general en las relaciones entre esas empresas y la política, de la que la salida de Carmen Aristegui de W Radio es apenas el último incidente.

Durante la presidencia de Belisario Bentancourt en Colombia, el grupo Prisa contrató al hijo del mandatario de la misma manera en la que ahora empleó al cuñado de Felipe Calderón. El reclutamiento de altos cargos del gobierno español por parte del grupo empresarial está documentado en el libro de Ramón Tijeras Lobbies: cómo funcionan los grupos de presión españoles.

Viajes, becas, premios artísticos o literarios, conferencias y publicaciones se han convertido en formidable instrumento de persuasión hacia las elites intelectuales latinoamericanas. A pesar de que varios países del área tienen poderosas industrias culturales y de entretenimiento (México, Brasil y Venezuela), la aspiración de ser un autor conocido en el conjunto del mundo hispanohablante depende, en mucho, de las redes editoriales, universidades y prensa españolas.

Papel clave en este proyecto de hegemonía cultural es el que desempeña el grupo Prisa, editor de El País. Periódicos, libros, revistas, música, canales de radio y televisión son terreno firme de esta empresa de comunicación. El consorcio posee más de 400 emisoras de radio en España. Tiene derechos o participaciones en seis editoras de libros, entre ellas la poderosa Santillana. Fuera de España es propietaria de diarios, estaciones de radio y revistas en Bolivia. Maneja 87 por ciento de Grupo Latino de Radio, que controla 300 emisoras radiales en Panamá, Chile, Colombia y Costa Rica. Posee, además, 50 por ciento del grupo Radiópolis en México. En América Latina cuenta con jugosos contratos de distribución de libros y todo tipo de material escolar a cargo del erario de varios estados iberoamericanos. Ha disfrutado de numerosos créditos blandos y ganado licitaciones de la partida de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía y de la Agencia Española de Desarrollo.

El universo del libro en español está compuesto por tres polos de producción de dimensiones diferentes, América Latina es uno. Ese universo lo constituyen más de 416 millones de seres humanos que consumen textos en esa lengua, localizados en España (41 millones 100 mil habitantes), en los 18 países hispanohablantes de América Latina (344 millones 532 mil personas) y en Estados Unidos (31 millones de hispanohablantes). Un estudio realizado entre 2002 y 2003 en los países del área lingüística (España y Latinoamérica) arroja un total de 107 mil 777 títulos editados en lengua española, de los cuales 59 mil 685 fueron publicados en la península ibérica y 48 mil 092 en los países latinoamericanos, preponderantemente en Argentina (27 por ciento) México (23 por ciento) y Colombia (18 por ciento). España ostenta fuerte actividad exportadora hacia América Latina, tanto por exportación del libro impreso como por la implantación de filiales de editoras españolas en las naciones latinoamericanas (602 millones de euros en 2001). En sentido inverso la exportación es muy débil (6.8 millones de dólares en 2003). Una relación de casi 100 a uno.

Columna vertebral de esta hegemonía semántica fue el recientemente fallecido Jesús Polanco, forjador del grupo Prisa. Parte de su imperio mediático fue construida en América Latina. Durante años fue el principal editor de prensa en lengua española y el único que actuó, simultáneamente, en los mercados de la información general, deportiva y económica. En España dominó hasta tal punto la radio privada, que en varias demarcaciones tenía más emisoras que todos sus competidores juntos.

Logró en tiempos del PSOE el monopolio de facto de la televisión de paga. Fue uno de los principales productores de cine y amo del próspero negocio de libros de texto tanto en España como en América Latina. Hizo los libros de historia para Augusto Pinochet. Sus editoriales de creación abarcan todos los segmentos de la actividad literaria y el pensamiento. Directa o indirectamente controló la actividad discográfica. Fue dueño de cadenas de libros, agencias de publicidad, hoteles, empresas de exportación.

Polanco fue un poder fáctico. Su poliédrica hegemonía sobre las industrias culturales le proporcionó formidable influencia. Fue la versión más cercana al ciudadano Kane que ha tenido el mundo español (Véase: Manuel García Viñó: El País: la cultura como negocio). Una de las claves de su éxito fue que, a pesar de provenir del entorno del franquismo, se quedó con la patente del progresismo. Junto a Felipe González caminó de la mano en el mundo de la política, los negocios y la cultura. Polanco –dice Pedro J. Ramírez, director de El Mundo– no tiene bancos, pero sí tiene banqueros. Sus relaciones con la oligarquía financiera fueron estrechas.

Sus mejores negocios en Latinoamérica fueron hechos con países regidos por dictaduras militares. Instalado en la cumbre del poder mediático, se convirtió en uno de los más grandes mediadores entre el mundo cultural latinoamericano y el español.

Como muestra la no renovación del contrato de Carmen Aristegui en W Radio, a la hora de definir prioridades informativas, para el consorcio empresarial cuestiones como la audiencia tienen una importancia secundaria. Después de todo, sus grandes negocios están en otra parte.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/22/index.php?section=opinion&article=019a1pol

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Luis Hernández Navarro: Agricultura y libre comercio: las falacias

Los productores y el agro marchan bien, dicen desde el poder. Alberto Cárdenas, el secretario de Agricultura conocido como El dos neuronas por su deslumbrante inteligencia, asegura que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) ha traído más beneficios que males. La aseveración es falsa. Las cifras así lo muestran.

Según información del Departamento de Agricultura estadunidense (USDA, por sus siglas en inglés), la balanza comercial agroalimentaria entre México y Estados Unidos es claramente deficitaria para nuestro país. Así ha sido año tras año desde el inicio del TLCAN. Hasta octubre de 2007 las importaciones mexicanas sumaban más de 10 mil 487 millones de dólares, mientras las exportaciones apenas alcanzaban 8 mil 479 millones de dólares.

Lo mismo ha sucedido desde 1994. Las compras nacionales de productos agroalimentarios a nuestro vecino fueron de casi 10 mil 881 millones de dólares en 2006 y las ventas llegaron a 9 mil 390 millones de dólares. Durante 2005 importamos 9 mil 429 millones de dólares y exportamos 8 mil 330 millones de dólares.

Las cifras no son peores gracias a la cerveza. Convertida en nuestro principal producto agroalimentario de exportación, su éxito no le debe nada al TLCAN. Las ventas mexicanas de la bebida alcohólica en Estados Unidos durante 2005 sobrepasaron los mil 300 millones de dólares. Representaron 18 por ciento del total de las exportaciones alimentarias nacionales del sector hacia su principal socio comercial.

Las ventas de cerveza, vegetales y frutas concentran las tres cuartas partes de las exportaciones de México hacia su vecino del norte. Los tomates son el segundo producto agroalimentario de exportación y los pimientos el tercero. Limones, papayas, mangos, pepinos, espárragos frescos y verduras congeladas le siguen en importancia.

Granos, oleaginosas, carnes y productos derivados concentran las tres cuartas partes de las importaciones agroalimentarias mexicanas de Estados Unidos. Aunque se asegura que muchas de estas compras buscan cubrir un déficit de los agricultores mexicanos, centenares de toneladas de maíz, soya, sorgo, arroz y trigo han llegado a los mercados mexicanos con precios por debajo de sus costos reales de producción, dañando gravemente la planta productiva nacional. El impacto entre campesinos y agricultores ha sido devastador.

Un caso, entre otros más, es el del arroz. México es el primer destino de las exportaciones estadunidenses de este cereal. En un momento en el que los grandes agricultores de ese país han perdido importantes mercados en India, Tailandia y África subsahariana, el acceso preferencial al mercado mexicano avalado por el TLCAN ha servido al imperio como la tabla de salvación que ha hundido a los productores nacionales.

El TLCAN ha impulsado la inversión extranjera directa en las cadenas agroalimentarias mexicanas. De acuerdo con la Secretaría de Economía, tan sólo entre enero de 1999 y junio de 2006 este sector recibió inversiones por 11 mil 700 millones de dólares, de los cuales casi la mitad proviene de la patria del Tío Sam. Las estadísticas estadunidenses señalan que en 2005 la inversión de esa nación en la industria alimenticia, excluyendo la producción agrícola y las bebidas, era de casi 3 mil millones de dólares.

Estas inversiones son importantes en las empresas que comercializan granos, elaboran harinas y tortillas, así como en el procesamiento de carne. Por ejemplo, de las tres compañías que controlan casi 50 por ciento del mercado avícola en México, dos son grandes consorcios estadunidenses.

Las compañías multinacionales de base estadunidense establecidas en México tuvieron aquí ventas por 6 mil 100 millones de dólares, casi el doble del valor de las exportaciones de alimentos procesados provenientes del país de las barras y las estrellas. La mayoría de las marcas más conocidas en el otro lado se comercializan dentro de nuestro territorio.

La dieta de los mexicanos se ha transformado aceleradamente a raíz del TLCAN y de la enorme presencia de gigantes corporativos como Wal-Mart, Cotsco y Sam’s Club en las cadenas minoristas. Ningún médico se atrevería a decir que este cambio en el patrón de consumo ha sido para bien de la población.

Pero el secretario de Agricultura no es el único que en estos días falta a la verdad. Es falso, como afirma Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, que la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN haya sido correcta, pero las medidas que se tomaron posteriormente hayan sido malas. Por supuesto, las políticas de compensación, reconversión y fomento a la productividad que debieron acompañar la firma del acuerdo han sido pésimas, pero la negociación del tratado fue desastrosa para el país, para el campo y para los campesinos.

Cuando menos, México podía haber dejado el maíz y el frijol fuera del trato. Canadá y Estados Unidos excluyeron de su pacto lácteos, cacahuates, mantequilla de maní, algodón, azúcar, pollos, pavos, huevos y margarina. Pero el gobierno de Carlos Salinas no quiso hacerlo y metió maíz y frijol a la mesa de negociación con el objetivo de forzar, por esta vía, el drenado de la población rural hacia las ciudades.

Es equivocado suponer que ya nada puede hacerse, salvo pelear por quedarse con la bolsa del programa especial para paliar los efectos de la liberalización comercial. El capítulo agropecuario del tratado es renegociable, más aún si forma parte de la agenda bilateral sobre migración y narcotráfico.

No tiene sustento afirmar que lo peor de la apertura comercial en el agro ya pasó. No, al menos, en la percepción de su población. Los tiempos de la sociedad rural, la forma en la que se procesa en ella la acción reivindicatoria, poco tienen que ver con los de las dinámicas de la tecnoburocracia neoliberal y las coyunturas electorales o legislativas de los políticos.

El libre comercio en el campo ha causado severos estragos en el mundo campesino. Más temprano que tarde los labriegos pasarán la cuenta.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/08/index.php?section=politica&article=014a1pol

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