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Gilberto López y Rivas: La cara del fascismo en México

La denuncia presentada el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A C y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, AC (léase El Yunque) contra los estudiantes que asistieron al segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana –celebrado en Ecuador del 24 al 27 de febrero de este año– y “contra quien resulte responsable”, constituye una demostración palpable de las mentalidades y acciones fascistas que pretenden imponerse en la sociedad mexicana.

El documento de 77 páginas es un repetitivo alegato, salpicado de jerga jurídica, encaminado a fabricar delitos y culpables con base en información de las agencias de inteligencia mexicanas, colombianas y aun ecuatorianas, y a partir de la presentación de “evidencias” que en su mayor parte son informaciones periodísticas que por irresponsabilidad o corrupción se hicieron eco de esas fuentes policiacas después de la masacre llevada a cabo por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador el primero de marzo de este año.

En efecto, el terrorismo mediático que se ejerce contra la oposición de izquierda a través de la publicación de “notas periodísticas”, “artículos de opinión” o “entrevistas”, que en realidad son en la mayoría de los casos informes, interpretaciones, filtraciones o delaciones de las agencias de espionaje político de los estados involucrados, constituyen el grueso de las pruebas de cargo contra los “terroristas” y “narcoguerrilleros” mexicanos. De la denuncia mencionada, 47 “evidencias” –que afirman comprobar los dichos de los chivatos–, 12 provienen de El Universal, cinco de Milenio, tres de Excélsior, uno de La Crónica, uno de Reforma, uno de El País (la infaltable Maite Rico), uno de la agencia de noticias Efe.

De otra naturaleza son dos notas del periódico digital Rebelión, del cual se presentan convocatorias y cartas de apoyo a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano de intelectuales de “la izquierda extremista”, entre quienes se encuentran Carlos Fazio, José Steinsleger y el autor de estas líneas.

De las otras “pruebas” que tiene en sus manos el procurador, tres son mapas bajados de Internet del sitio de la masacre, considerada por nuestros denunciantes como una “acción ejemplar” del gobierno de Uribe; tres son fotos del campamento rebelde tomadas por el ejército ecuatoriano, siete son declaraciones extraídas de la página de Internet de la Coordinadora Anticapitalista del Auditorio Che Guevara (definida por nuestros vigilantes como “una coalición de grupos extremistas y promotores del terrorismo que controlan gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria”).

Otras dos de las “evidencias” son las declaratorias respectivas de la Unión Europea y Estados Unidos, en las que las FARC aparecen consideradas dentro de las “organizaciones terroristas”. Una más es muy convincente: se trata de una estimación de ingresos y egresos de los estudiantes viajeros que realizó nada menos que la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia, para demostrar que las FARC gastan millones de dólares mensuales para subvencionar a la izquierda mexicana.

El texto de marras es, en suma, un manojo de recortes de periódicos, junto con la transcripción de lo que cada país tipifica como delitos de terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada, así como listas de sospechosos que se pide sean castigados con todo el rigor de la ley. En la parte final del documento, los confidentes “instruyen” al procurador sobre las tareas que debe realizar: investigar todo lo relacionado con el viaje a Ecuador de los “terroristas”: itinerarios, fechas, comunicaciones, entrenamientos (obviamente) terroristas, alias, rangos, informaciones rendidas y recibidas, gastos, tarjetas de crédito, pagos recibidos, etcétera; actividades previas de los señalados, sus números telefónicos, matrículas de sus vehículos, domicilios alternativos, cuentas bancarias, antecedentes criminales, etcétera. Tareas normales de los acusados: lavado de dinero, enlace con organizaciones armadas, trasiego de materiales radioactivos, secuestros, atracos, atentados con explosivos, falsificaciones de documentos, etcétera; los viajes de Lucía Andrea Morett al extranjero, contactos, razones por las cuales autoridades universitarias han permitido el uso de instalaciones de la UNAM, actividades de los sospechosos en los “actos de rebelión y terrorismo” en Oaxaca, etcétera.

Si en este país se viviera en un efectivo estado de derecho, la denuncia sería desechada de manera inmediata. Como comprobaron las autoridades ecuatorianas, no había delito que perseguir y por ello se permitió la salida discreta de Lucía Andrea Morett Álvarez hacia Nicaragua. El problema radica en la discrecionalidad en la administración de justicia en suelo mexicano, donde todo tipo de arbitrariedad o aberración jurídica puede darse. Por ello, hizo bien esta víctima del ataque militar colombiano-estadunidense en obtener refugio en tierra de Sandino. A las constantes violaciones a los derechos humanos en México, primer lugar en violencia, corrupción e impunidad, según estudio de la ONU –y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo–, se agrega ahora el exilio forzado de personas que no pueden entrar en territorio nacional porque el gobierno de facto de Felipe Calderón, en lugar de exigir castigo para los homicidas de los estudiantes y dar todas las garantías a la sobreviviente del bombardeo, recibe al jefe de los asesinos en ominosa complicidad y le permite declaraciones injuriosas para muchos mexicanos (no para la ultraderecha, que le aplaudió frenéticamente). El fascismo, expresión plena del terrorismo de Estado, no pasará.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol

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Blanche Petrich: Lucía Morett, indefensa jurídicamente; si regresa a México podrá ser detenida

El temor de que la Procuraduría General de la República (PGR) se prepara para ejercer acción penal en su contra en cuanto regrese a México fue confirmado por Lucía Morett y sus representantes legales, a raíz del interrogatorio que se le aplicó el martes y el miércoles pasados, en cumplimiento de un acuerdo bilateral de cooperación para la investigación criminal.

En opinión del abogado Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), el cuestionario al que fue sometida entre el 8 y el 9 de abril en el Hospital Militar de Quito “contiene un enfoque especulativo que deja abierta la puerta para que la estudiante sea incriminada al llegar a México”.

Advirtió: “No lo vamos a permitir, vamos a protestar el procedimiento de la PGR, ya que, al no aclarar si hay una acusación contra Lucía Morett, la deja jurídicamente indefensa. Vamos a exigir que se defina su situación jurídica ante el Ministerio Público para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa”.

Entre tanto, Jorge Morett dijo que el retorno de su hija a México queda en suspenso. Mientras se aclara el panorama legal, la familia Morett Álvarez estudia la posibilidad de que Lucía solicite la protección de un tercer país, donde eventualmente pueda pedir asilo.

Los pasaportes, en Bogotá

La sospecha de la familia Morett y los deudos de los cuatro muchachos que murieron en el mismo operativo del ejército colombiano –Verónica Velásquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González– de que el gobierno de Colombia tiene en su poder los pasaportes de los mexicanos que estuvieron en el campamento destruido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se confirmó en el curso del interrogatorio, explicó Jorge Morett.

“Una de las preguntas que le hicieron a mi hija fue sobre el motivo de sus viajes a Cuba y Holanda. En efecto, ella había ido a esos dos países el año pasado y los sellos de estos viajes estaban en su pasaporte. ¿Por qué, si el gobierno mexicano tiene esa información, no nos ha devuelto sus documentos?”

El gobierno ecuatoriano está obligado a dar cauce a la solicitud de la PGR de interrogar a Lucía al amparo del tratado bilateral de investigaciones criminales. Los asesores aceptaron la diligencia “porque –explicó Parra– con México no hay ninguna querella ni fricción.”

En cambio, no permitirán que Colombia la interrogue, porque el mismo acuerdo exige reciprocidad. De darse el caso, la Aldhu demandará que los perpetradores de la masacre de Sucumbíos sean identificados por el gobierno colombiano, detenidos y presentados para que los abogados de la organización puedan cuestionarlos en los mismos términos en los que se pretende inquirir a la mexicana.

Preguntas para “terrorista”

El cuestionario enviado por la PGR a la Fiscalía Nacional de Ecuador preguntó directamente a Lucía sobre qué tipo de asociación la liga con las FARC, si portó armas en el campamento, quién le pagó el viaje, si ella condujo al grupo de estudiantes que murió, si conocía al comandante Raúl Reyes y de qué temas habló con él, si había llevado encargos del guerrillero al campamento. Le exigieron nombres de sus “contactos” y de la gente con la que habló en ese lugar.

Le preguntaron si había visto armas. Ella respondió que sí, que muchas, “las de los militares colombianos, que me apuntaron con ellas”.

Parra señaló que la autoridad mexicana en ningún momento asumió, durante la diligencia, “una acción protectora de los derechos de su connacional como víctima de un suceso ilegal de guerra de un ejército extranjero. Por el contrario, sufrió una conducta hostil, prejuiciada y especulativa”.

Aunque al menos oficialmente Lucía no figura en la averiguación previa de la PGR como “indiciada”, al representante legal de la sobreviviente le preocupa que el interrogatorio distó de indagar sobre la verdad histórica de los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y, en cambio, “se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada, previo a su viaje a Ecuador y perseguible en México”.

Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.

“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.

Por esta circunstancia, Parra, como abogado de Lucía, “se inhibió de recomendar” que la sobreviviente emprenda el viaje de regreso a México, “porque aún no se sabe qué quiere y qué pretende” la PGR.

Vergüenza que esta muchcacha ahora tenga que estar buscando asilo en otro país porque el gobierno espurio en México en lugar de protegerla se dedica a acosarla.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=politica&article=017n1pol

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