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J. Enrique Olivera Arce: México va por donde va y al que no le guste que compre otro

Ni tan poco ni tan mucho, sólo el necesario, diría el que el IFE por sus pistolas decreta que ese si es tan  legítimo como auténtico, al reconocer la necesidad de equilibrar mercado con Estado. Así fuera de dientes para afuera o porque la realidad le obliga, Calderón Hinojosa tardíamente descubre el hilo negro cuando ya  tan poderosa es la libertad del mercado para manejarnos a su antojo, como insignificante lo es el Estado mexicano para defendernos.

Sobran regulaciones y no hay alicientes para invertir en este subdesarrollado país, dicen quejumbrosos empresarios, transfiriendo sus caudales al exterior. Se equivocan de cabo a rabo,  y para muestra basta un botón. El que fuera  sector financiero nacional ha roto el récord mundial de velocidad en recuperar el capital originalmente invertido en el menor tiempo posible. La gran prensa se pregunta ¿Quién gana, limpio de polvo y paja, cerca de un millón de dólares por hora? No hay que dar muchas vueltas: la banca que opera en México que por algo es extranjera.

Sobre el particular, Carlos Fernández-Vega apunta que en mayo de 2001 la trasnacional estadunidense Citigroup adquirió Banamex mediante el pago en efectivo de 6 mil 500 millones de dólares y otro tanto en acciones del grupo, llevándole poco más de seis años recuperar su inversión, acumulando utilidades netas por casi 72 mil millones de pesos. En marzo de 2004, la trasnacional española BBVA compró el porcentaje que le faltaba (40.6) para que Bancomer fuera íntegramente de su propiedad. Para ello desembolsó alrededor de 4 mil 100 millones de dólares. De aquel entonces a la fecha, los neocolonialistas españoles del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han acumulado casi 60 mil millones de pesos en utilidades netas, de tal suerte que en unos cuatro años recuperaron su generosa inversión, reportando a la fecha un excedente cercano a mil 300 millones de U.S. dólares.

Más de 132 mil millones de pesos en utilidades netas se han embolsado ambas instituciones en unos 6 años. Y 285 mil millones si se considera al sistema bancario en su conjunto, dice el experto que le sigue la pista al mundo empresarial. Excedentes que en su mayoría son repatriados para dar soporte a las economías de los países de origen de la banca extranjerizada.

Así de poderosa es la libertad de comercio que premia a inversionistas extranjeros y mata de hambre a más de 50 millones de compatriotas. En tanto que el Estado mexicano, engolosinado con los excedentes petroleros, manifiesta su pequeñez rescatando y condonando impuestos a Roberto Hernández, Garza Lagüera y demás osados muchachos, rampleros y cuenta chiles, que figuran de manera destacada en los archivos del FOBAPROA.

El Estado mexicano es un fracaso, afirman analistas norteamericanos, en tanto que el Banco Mundial señala que  México ya no es competitivo; hay que venderlo a quienes si saben hacer negocios; lo mismo da que sean gringos o gallegos, que se interesen en petróleo, electricidad, turismo o alimentos, pero ya, que el tiempo apremia.

¿Y Carlos Slim no es acaso mexicano? También sabe hacer dinero de la nada, le valen las regulaciones y los diezmos aportados a la corrupción, transformando mierda en oro, dicen algunos pazguatos. Si, es mexicano y efectivamente sabe para qué es valerse del Estado y sus debilidades para acumular riqueza, pero aguas, por si las dudas este señor ya se nos va con la música a otra parte, como que sabe lo que son sus alas cuando la lumbre ya llega a los aparejos.

Los barruntos de una gran tormenta ya están a la vista. La economía, petrolizada y dependiente de la de nuestros vecinos del norte, está en crisis terminal, ni crece ni ofrece esperanzas de reactivación en el corto y mediano plazo; la soberanía y autosuficiencia alimentaria, están en la lona, sin que se vislumbre solución viable alguna para su rescate; la crisis del sistema político se profundiza, perdiéndose representatividad, confianza y credibilidad institucional, avanzando hacia un perverso autoritarismo meta constitucional  bajo el control de la partidocracia, el duopolio televisivo y los gobernadores insulares. Mezcla explosiva que ya toca peligrosamente a nuestra puerta. Y sin embargo, desde las altas esferas de la administración pública federal se insiste en mantener el rumbo a contracorriente.

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Juan Diego García: Cuestión de legitimidad

Con un porcentaje que ya ronda el 25% de parlamentarios sometidos a la justicia con graves cargos por connivencia con el paramilitarismo no resulta exagerado sostener que el Poder legislativo colombiano carece a estas alturas de legitimidad suficiente y es el menos indicado para adelantar una reforma política salvadora como propone el gobierno. De llevarse a cabo, tal reforma solo contribuiría a sanear la imagen del uribismo y salvar las mayorías espurias que el gobierno tiene en Cámara y Senado (entre otras cosas, para asegurar una votación que permita a Uribe un tercer mandato).

Un porcentaje similar afecta a los votos emitidos en las últimas elecciones y dado que más del 90% de esos votos obtenidos mediante la intimidación y el terror de la extrema derecha armada han favorecido al presidente actual, resulta apenas natural que su legitimidad se vea seriamente afectada. Solo el inmenso poder del presidente, la debilidad relativa de la oposición y una prensa favorable que funciona como un enorme monopolio y manipula a su antojo la opinión pública han conseguido exonerar a Uribe Vélez de toda responsabilidad en el escándalo.

Pero la reciente captura del primo hermano del presidente, el ex senador Mario Uribe Escobar, acusado de concierto agravado para delinquir por sus vínculos con el paramilitarismo y de compra ilegal de tierras, obtenidas a menor precio mediante el terror y la amenaza (solo en una región del norte acumula hasta cinco mil hectáreas) deja al presidente en una situación aún más comprometida pues solo por cinismo se puede sostener que él ignoraba la naturaleza delictiva de las andanzas de quien además de familiar cercano ha sido desde siempre su infatigable compañero en la lucha política, su apoyo incondicional en el parlamento y un colaborador de lealtad comprobada. Uribe Vélez no puede afirmar ahora que “se enteró por la prensa”. Si la correlación de fuerzas fuese otra, la justicia tendría que llevar a Alvaro Uribe al banquillo para que explique si además de conocer también se benefició del paramilitarismo; y que asuma las consecuencias.

Crecen las voces que exigen la disolución del parlamento y no pocos reclaman la renuncia inmediata del presidente la República, pues si Uribe permanece en el gobierno no habría garantías reales en unas nuevas elecciones, sometidas al control del ejecutivo. Más aún, parece apenas obvio que sin un desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, esas elecciones no podrían realizarse con mínimas garantías de transparencia. Sería permitir que la actual situación se repitiese, burlando los deseos de la ciudadanía.

La legitimidad de un orden social como el de Colombia apenas puede sustentarse habida cuenta de las enormes desigualdades sociales y económicas, que se traducen en los conflictos permanentes y su fácil conversión en manifestaciones de violencia. Siendo muy generosos tan solo podría calificarse aquella como una democracia rudimentaria, reducida a sus manifestaciones puramente formales como la realización rutinaria de elecciones o la relativa ausencia de golpes militares. Pero con la generalización de la violencia y el creciente papel del militarismo, Colombia da ahora la imagen de una dictadura civil en la cual las fuerzas armadas gobiernan de facto y los civiles resultan tan o más belicosos que los militares. Y con el escándalo de la parapolítica hasta las formalidades democráticas se viene abajo. A estas alturas solo una consideración muy superficial o interesada sostendría que Colombia es una democracia consolidada o como sostiene Uribe, “una democracia profunda” (¿en qué profundidades estará pensado el presidente colombiano?).

El caso es entonces de legitimidad y todo indica que sería necesario fundar la república sobre nuevos cimientos. Y dado el grado de afectación que se constata en el ejecutivo y en el legislativo, no sería desde su seno de donde partirían las iniciativas para esa transformación necesaria. Por menos se han echado a la calle las gentes de Ecuador, Bolivia y Argentina exigiendo “que se vayan todos”, precisamente por identificar a los poderes tradicionales del Estado como la fuente misma del mal a extirpar. En estos tres países, pacíficamente y en uso responsable del deber cívico, la ciudadanía de forma mayoritaria han sacado a presidente y parlamentarios corruptos y ha propiciado cambios de gobierno que pueden gustar o no, pero son fruto del genuino deseo de la población, es decir, tienen plena legitimidad. Esa misma legitimidad que hoy falta a los poderes ejecutivo y legislativo en Colombia.

Solo un detalle debe enfatizarse: en esos países – a diferencia de Colombia- no hay paramilitares y por determinadas circunstancias tampoco los militares están en disposición de ahogar en sangre la legítima protesta popular y los cambios de gobierno. Al menos no, hasta el momento.

Estas fechas deben haber sido muy amargas para Alvaro Uribe Vélez. Sería muy doloroso para él ver a su más cercano y entrañable copartidario buscado como un vulgar delincuente, solicitando asilo político en la embajada de Costa Rica (que le fue negado), abucheado y denunciado por una multitud de ciudadanos ofendidos y desfilando como prisionero en medio de una lluvia de piedras que la indignación popular le propinó cuando partió hacia la cárcel. Hasta una orquesta de mariachis animó a los presentes. Con sus canciones, unos humildes músicos callejeros querían solidarizarse con las víctimas del terrorismo de estado y manifestar su repudio hacia quien intentaba aprovechar su condición para eludir sus responsabilidades ante la justicia.

De nada han servido hasta ahora las presiones del gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia para entorpecer el enjuiciamiento de los jefes paramilitares. Uribe fue quien abrió la caja de los truenos con su denostada ley de “justicia y paz” con la cual solo buscaba adecentar las huestes de la extrema derecha y hacer su presentación en sociedad, limitando la pena a castigos simbólicos y permitiéndoles conservar lo robado a los campesinos. Pero se le atravesó la Corte Suprema y exigió que se conociese al menos toda la verdad. Entonces empezó a confirmarse públicamente aquello que las víctimas habían denunciado en su día y que con tanto celo se ocultó mediante la manipulación de los medios masivos de comunicación: el paramilitarismo lejos de ser la “respuesta a los excesos de la guerrilla” (la justificación oficial) es una política de estado cuya responsabilidad recae en la clase dirigente, cuenta con el apoyo de Washington, sus aliados europeos y la oligarquía latinoamericana, y se extiende luego como un cáncer por todas las instituciones del estado, empezando por las mismas fuerzas armadas y terminando en el parlamento y el poder ejecutivo.

Construir un orden diferente al actual, que aspire a tener al menos legitimidad debería empezar por remover los obstáculos que convierten en Colombia el ejercicio de la política en un riesgo letal para quien se aventure a proponer reformas. Con más urgencia aún si ese obstáculo es el propio parlamento o la mismísima presidencia de la república. Una masiva y pacífica movilización ciudadana podría precipitar esos cambios y neutralizar la acción de las fuerzas oscuras de la extrema derecha y del militarismo que han “paramilitarizado” al país. Si las instituciones tradicionales –comenzando por los partidos- se han convertido en objetos del cambio, mal puede pretenderse que sean sujetos activos del mismo. Si la oposición de izquierdas resulta aún de una dimensión muy modesta – precisamente por el clima de terror y exclusiones- queda la inagotable fuerza de la ciudadanía, la exigencia organizada y masiva del pueblo, el empeño pacífico pero tenaz de la protesta callejera. A lo mejor entonces adquiriría sentido el verso surrealista del himno nacional de Colombia que dice “cesó la horrible noche”.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054454&Parte=0

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Luis Linares Zapata: Aristegui: despido preventivo

El programa radiofónico de Carmen Aristegui en la antigua XEW se colocó, por voluntad propia, en un sitio de obligado quiebre según la lógica del modelo de gobierno vigente. En ese punto coinciden tres diferentes conjuntos de voluminosos intereses y particulares visiones que forman parte integral del poder en México. Los tres contrarios no sólo a mucho de los contenidos, sino también a las orientaciones que la conductora imprimió en su actuación difusiva.

Por un lado, y como segmento primordial, está la actitud entreguista que abrazan con insólita fe y conveniencias el Presidente del oficialismo y sus grandes patronos. Las marcadas carencias de legitimidad de Calderón, aunadas a su pobre desempeño durante el pasado año, lo tornan por demás sensible a las diferentes opiniones, en especial aquéllas con amplia recepción entre el público. En otro de los vértices se apilan los sentires y los negocios del consorcio Televisa. Por experiencia acumulada se sabe que en esa empresa las antipatías para con todos aquellos que no le son fieles hasta la ignominia son argumentos cruciales para evaluar los futuros de personas y programas. Y, por último, la estrategia imperial de las empresas españolas y su gobierno para con los consumidores y usuarios de sus antiguas colonias en América. Una tripleta de masivos intereses frente a una sola mujer, por más que ésta haya mostrado la capacidad operativa suficiente (rating) para atraer, alrededor de sus enfoques, apertura y diversas voces, al amplio auditorio de ciudadanos que le respondió.

A Carmen, sin embargo, no se le despide únicamente por lo que ha hecho, sino, de manera primordial, por lo que podría representar en el próximo futuro, que ya se configura desde los centros decisorios de dentro y fuera del país. Y esto es lo interesante de un movimiento que bien puede ser llamado de acción preventiva empresarial.

En efecto, sobre la evaluación que se hace de su trayectoria pesan sus propias posturas, enfoques y agenda sobre espinosos temas. Todos ya bien examinados por distintos articulistas y actores de la vida pública. Muchos de los cuales, por no decir que todos ellos, incómodos para las derechas y distanciados de la línea oficial. En ese segmento ideológico y programático, crecientemente conservador y hasta reaccionario, Aristegui hizo muchos enemigos jurados y otros tantos celosos rivales que no podían menos que reaccionar en defensa de sus posiciones y de sus inocultables ambiciones. Al mismo tiempo, y por contraste necesario, se acercó a otro segmento del mercado radiofónico. Uno, muy vasto, que se ha dejado de lado por aquellos afiliados a la oficialidad: el del centro y la izquierda nacionales. Así se da esa confluencia, antes mencionada, que determinó su airosa y digna salida. El costo para con los autores de tan inicua medida preventiva es sustancial. Pero los intereses que se defienden por parte de esas tres fuerzas en movimiento es, también, inmenso: el petróleo y, más ampliamente, el control de los negocios con la energía de México.

La idea, avanzada por Ciro Gómez Leyva en uno de sus condensados artículos, de reducir el asunto a un diferendo entre una conductora y los burócratas que manejan la estación (W), es simplista, por decir lo menos. Si ése fuera el caso, los dos sujetos mencionados por la crítica ya hubieran tenido que dejar esa estación por el daño ocasionado a la imagen y objetivos de sus patrones. A Calderón por inducir su salida a través de su cuñado, aun cuando éste niegue su directa participación. A Televisa por cobrar venganzas indebidas y torpes.

Aristegui no asistió al descomunal acto de fuerza de los concesionarios frente al Senado y sostuvo posturas independientes y diferenciadas en cuanto a la ley de medios, dando cabida a disidentes para informar mejor a la ciudadanía. Y, sobre todo, ha afectado la imagen imperial que tanto las empresas españolas como su gobierno se van labrando y donde Prisa es factor primordial.

La actuación estelar de las empresas españolas en Latinoamérica es un fenómeno de reciente conformación. En Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y Ecuador han dejado una estela de abusos, atropellos y trampas inocultables. Baste recordar la inscripción, como de su propiedad, que Repsol hizo en la bolsa de valores de Nueva York de las reservas de gas bolivianas. Mucho del enfrentamiento entre el rey, Ortega y Chávez obedece a este tipo de fricciones en distintos renglones de negocios.

En realidad, Prisa y sus andanzas difusivas en estas regiones la han convertido no sólo en un agente de sus propios intereses (El País, Santillana), sino en un ariete de respaldo y promoción para la nueva colonización. Actividad que concretan numerosas empresas, en primer término las energéticas, campo donde han concentrado sus ambiciones, aunque no de manera exclusiva. Las telecomunicaciones y la banca son otras de ellas a cual más estratégicas para el futuro desarrollo del país receptor y ante el cual ejercen las debidas presiones, siempre aunadas al oficialismo en turno.

En todas estas actividades empresariales la buena disposición, la simpatía, los intereses cruzados y las complicidades con las autoridades son cruciales. De ahí que mantener relaciones fluidas y aceptadas por las mayorías se convierte en un objetivo trascendente. Varias empresas españolas han incursionado ya en el gas mexicano (Burgos) y otras esperan hacerlo ahora que la administración de Calderón (junto con el priísmo entreguista) abra oportunidades en las diversas áreas de Pemex hasta hoy reservadas para el Estado.

La penetración de los españoles en la Comisión Federal de Electricidad ya es abrumadora (recuérdese la causa eficiente de las inundaciones en Tabasco). Prisa no es ajena a toda la embestida que se dará para forzar la participación del capital privado en Pemex, sobre todo el internacional, donde los españoles, por sus propias e ingentes necesidades, ambicionan una tajada considerable del suculento pastel. Por eso en la XEW, y en el resto de Latinoamérica, han diseñado un ejercicio editorial sometido a sus designios y no permitirán que los conductores tengan independencia alguna. Los que sustituyan a Carmen sabrán a qué atenerse y la audiencia también.

Por eso sale Aristegui de la XEW. A la ya firme audiencia que tenía había que unirle lo que podría adicionarse si, con sus micrófonos abiertos, diera cabida a la inconformidad que sobrevendrá cuando se cambien las reglas constitucionales o se alteren leyes secundarias para la entrega de la joya productiva nacional. Un panorama tan difícil de digerir por el poder, que se opta por esa medida preventiva que, como todos esos experimentos represivos, tendrá sus inevitables consecuencias y, a pesar de todo, un final inesperado.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/09/index.php?section=politica&article=019a1pol

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