José Antonio Crespo: Consulta petrolera

Es bastante clara la estrategia diseñada por Andrés López Obrador y el FAP en torno a la reforma petrolera. Se trata de echar abajo la iniciativa de Felipe Calderón, de frustrar la iniciativa. Y en caso de que fuese aprobada (en sus actuales términos o incluso más adelgazada), generarle al gobierno un enorme costo político (con vías a su derrocamiento, sospechan muchos y afirma Dolores Padierna). El siguiente paso consiste en preguntar a la ciudadanía su parecer sobre el destino de “nuestro” petróleo (es un decir, pues buena parte de su renta acaba en los bolsillos de gobernadores, altos funcionarios, líderes sindicales y hasta en los casinos de las Vegas). El argumento es políticamente vendible; sobre un asunto tan trascendente no pueden decidir un puñado de ciudadanos (los legisladores, que apenas pasan los 600), por más representativos que sean – aunque muchos no se sienten por ellos representados -, sino que es el pueblo directamente quien debería tomar dicha decisión, o al menos expresarse para que su posición sea considerada por los legisladores. La democracia representativa tiene límites, se dice. En contraparte, se ha dicho con razón, someter esa decisión a la ciudadanía a través del plebiscito no es posible constitucionalmente, pues a nivel federal no existe la figura. Es cierto. A lo cual el FAP replica que se puede introducir en la Constitución para ejercitar la democracia directa en este asunto en particular. Sin embargo, con lo deseable que es adoptar figuras de democracia directa, es cierto que su regulación no es cosa sencilla.

Por más atractiva y deseable que resulte, conlleva varios problemas técnicos. Su regulación exige despejar preguntas como ¿quiénes pueden decidir qué temas deben someterse a la decisión de los ciudadanos? ¿El Ejecutivo, el Congreso, con cuántos votos, bajo qué condiciones? ¿La ciudadanía puede también proponerlo – cosa deseable-, en cuyo caso, con cuántas firmas de por medio? ¿Qué nivel de complejidad técnica puede soportar la participación ciudadana antes de tomar una decisión de gran calado? ¿Cómo debe proporcionarse al ciudadano la información pertinente? ¿Quién formula las preguntas de la consulta? ¿Qué nivel de concurrencia debe exigirse para hacer vinculante el resultado? Y es que la democracia directa se presta no sólo para complementar la democracia representativa – algo sano – sino también para evadirla – algo insano. Quien dispone de una mayoría en el Congreso, evitará el plebiscito pues no lo necesita, y en cambio se arriesga a perder en él. A la inversa, quien no cuenta con una mayoría parlamentaria, intentará bajar el tema a la ciudadanía. Entonces, para evitar que un partido minoritario recurra al plebiscito en cada asunto que pierda en el Congreso, o que un presidente que haga lo propio, las figuras de democracia directa deben reglamentarse con suma atingencia. No todas las decisiones públicas pueden ni deben someterse a la ciudadanía, o el resultado sería la parálisis gubernamental. Desde luego, temas tan trascendentales como una reforma petrolera (o la despenalización del aborto) justifican ese recurso. Pero reglamentar la democracia directa tomaría mucho tiempo, lo que desde luego beneficiaría al FAP en su intento por echar abajo la reforma calderonista.

Por eso mismo, el FAP ha venido anunciando que hará su propia consulta, misma que, de hacerse sin visos de formalidad, no gozaría de mucha confianza, pues podría hacer la pregunta a modo – lo cual es clave – además de que a su convocatoria asistirían sólo – o casi – quienes comparten su rechazo a la reforma calderonista. Además, ¿quién garantizaría la pulcritud del proceso y la fidelidad del resultado – pues no podría ser el IFE -, sobre todo tras haber visto cómo se las gasta el PRD en sus procesos electorales? Y ahí es donde viene la hábil maniobra de Marcelo Ebrard. Más allá de no compartir esencialmente su postura sobre la reforma, debemos reconocer que políticamente hizo un excelente movimiento político: en la capital sí se hará una consulta popular con cariz oficial, pues está prevista en el estatuto capitalino. Es cierto que se trata de una reforma federal, por lo cual no podría someterse a plebiscito, pero ¿por qué no una consulta, siendo un tema de elevado interés general? Puede decirse – aun con razón – que las consultas son parte de una táctica “dilatoria y provocadora”, pero ahí donde se celebren satisfarán el deseo de participar del 78 % de los ciudadanos (según una encuesta nacional de Gea-Isa, entre otras). De ahí el desafío que hace Ebrard a todos los gobernadores; preguntar a sus gobernados qué quieren. A menos que teman el resultado, reta Marcelo.

El resultado de esas consultas probablemente será desechado por la mayoría de legisladores, pero quedarían como desdeñosos de la voluntad ciudadana que dicen representar. Y en un tema como el petróleo, eso se ve bastante mal. Lo dicho por el subsecretario Jordy Herrera, en sentido de que “la población está participando de muchas maneras (como por ejemplo) siguiendo las discusiones”, no generará demasiado entusiasmo cívico (30/V/08). ¿A eso debe reducirse la expresión ciudadana? ¿A ver los debates (los que puedan) minimizados además por los medios oficialistas? Está pues ya estructurado el alegato para justificar la previsible movilización contra la reforma petrolera; un puñado de legisladores “entregan” nuestro petróleo a intereses extranjeros (simbolizados por Juan Camilo Mouriño) “por encima del pueblo”, que exigía ser tomado en cuenta y no lo fue. Y ante tal atropello – se dirá con vehemencia -, no es posible quedarse cruzados de brazos. En eso consistió la sagaz jugada política de Ebrard. El gobierno, supongo, estará preparándose para el cantado escenario de la movilización (¿o lo tomará por sorpresa?

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J. Enrique Olivera Arce: Reforma energética. ¿Por qué tanta prisa?

La derecha no para mientes en su propósito de imponer a la Nación un proyecto ajeno a la historia e intereses del pueblo de México. La tarea de desinformar, en el tema del petróleo, que por cierto no es tema menor,  es constante y cotidiana, valiéndose de todos los recursos disponibles para lograr su propósito. En este contexto, se inscribe la labor de zapa de muchos políticos, legisladores y comunicadores encargados de magnificar diagnósticos catastróficos, propalar verdades y mentiras a medias y descalificar a quienes patrióticamente se manifiestan a favor de defender un recurso natural, que es propiedad social de todos los mexicanos,  y al que al Estado se le tiene encomendado ejercer dominio exclusivo en su explotación.

En este escenario, llama la atención el que algunas voces, magnificadas por los medios de comunicación, opongan al debate en el seno del Senado, una prisa injustificada por la aprobación en el Congreso de la Unión de la llamada “reforma energética”. Eso sí, para no confrontar su insistencia con el pensar de las mayorías, aclaran que debe preservarse la rectoría por parte del Estado; cuidándose de poner un velo que medianamente oculte el propósito último de transferir la explotación petrolera a particulares y, específicamente, a empresas extranjeras.

Para justificar la prisa, se antepone lo urgente a lo importante. Hablándose de la necesidad de satisfacer demandas y rezagos, lo mismo en materia de pago de pasivo ambiental, abatimiento de la pobreza, del analfabetismo, de la insalubridad, de las carencias de infraestructura social y productiva, como de la reconstitución del campo mexicano frente a una inminente crisis alimentaria. Todo con cargo a la renta petrolera y en el marco de un diagnóstico amañado de la situación que guardan la Paraestatal (PEMEX) y las reservas disponibles de hidrocarburos.

Privilegiándose la idea no probada de que en las condiciones actuales, Pemex no genera suficientes recursos para apalancar tanto su propio desarrollo como el del país en su conjunto; que las reservas probadas actuales se agotarán en un período de 9 años y que, por tanto, urge acceder a mantos petrolíferos presuntamente existentes en aguas profundas del Golfo de México. Cuanto antes se “modernice” la Paraestatal y se acceda al “tesorito” calderonista, mejor, dice la derecha, calificando al debate en el Senado como “estéril Torre de Babel”.

Pasándose por alto que los resultados que se derivan del debate en el Senado, no sólo implican  confrontar o validar  criterios y propuestas tendientes a rescatar, fortalecer y modernizar a la Paraestatal. También está de por medio el valorar visiones y estrategias de largo aliento que comprometen el futuro de México.

Pemex no es una empresa mercantil más, a la que haya que adaptar a  modernas corrientes y modelos de organización y gestión; la materia prima sobre la que opera, es un recurso no renovable y de carácter estratégico para la Nación; su objeto último no es el de cualquier empresa privada cuya finalidad  es la acumulación y reproducción de la ganancia, a su rentabilidad económica se le hace acompañar por la rentabilidad social en beneficio de todos. Entre otras cosas, aporta contribuciones fiscales a la Federación, que ningún otro tipo de empresa privada estaría dispuesta o en condiciones de pagar. Ni se puede ni debe, sometérsele en su modernización únicamente a criterios economicistas ó inmediatistas, de ajuste e inserción a la economía global, basados en expectativas de urgencia. Muchos menos a intereses políticos de corte sexenal, como los ya explicitados por algunos gobernadores.

Pero hay algo más, que no se quiere tomar en cuenta, ó que de considerarlo, le inquieta a la derecha, le ofende y le teme: El debate sobre el petróleo que tiene lugar en el Senado, con todo y sus limitaciones y propósitos últimos presuntamente negociados con anterioridad en lo oscurito, reivindica, así sea de manera imperfecta, el derecho de todo ciudadano a estar informado y ser escuchado, así como la obligación de la representación popular a dar cuenta de su gestión a los electores. Principios democráticos cuyo ejercicio aún en ciernes, es de la mayor relevancia para la vida actual y futura de la Nación.

A lo que habría que agregar, como un “plus”, (y en esto reside la urgencia de la derecha para cancelar el ejercicio y forzar la aprobación de las iniciativas), que el debate en el Senado se ha hecho extensivo a la calle. Contribuyendo  con una importante lección al pueblo de México, sobre la necesidad imprescindible en todo tiempo y con mayor razón en tiempos de crisis, del retorno a la vigencia plena de nuestra Carta Magna; entendiendo esta como el pacto social, político y programático, que los mexicanos nos hemos dado para propiciar una equilibrada e incluyente convivencia entre diferentes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello implica para todos, el conocerla, leerla a conciencia, y asimilarla a cada uno de nuestros actos en la vida cotidiana; lo mismo en el terreno de lo social que en lo económico, político y cultural; así como exigir de las autoridades su cabal cumplimiento.

La Constitución General de la República no es historia inerte plasmada en un texto. Es la historia viva de una Nación que a lo largo del tiempo y tras mucha sangre derramada, deja como legado y lo proyecta al futuro, lo que el pueblo de México quiere y debe entender por una sana convivencia sustentada en la paz, la concordia, el respeto mutuo, el trabajo, la educación, la salud, y el acceso a una vida digna. Lo que debe entender como aspiración a un modelo de país que le satisfaga en sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Honrarla, respetarla  y defenderla, es honrar, respetar y defender nuestra propia historia como pueblo. La Carta Magna, es pasado, presente y futuro de México. En ella reside nuestra voluntad soberana y en ella descansa lo que debemos entender por defender el petróleo de la Nación.

Lección de vida que la derecha no puede suprimir a voluntad, de un plumazo y a espaldas de la Nación. De ahí la prisa.

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