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José Blanco: Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: “No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato”.

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

“No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar”, dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). “Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales.” Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

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José Blanco: Alto contraste

Un privilegio haber estado el domingo 10 de febrero, en La Habana, en la undécima reunión de rectores cubanos y mexicanos; México es el país con el cual Cuba mantiene el más alto volumen de intercambios académicos de todo tipo. Ambos grupos tuvieron la ocasión de declararse, una vez más, su cercana amistad y sus propósitos de continuar ampliando su cooperación indispensable; un privilegio haber estado el lunes 11 en la reunión conmemorativa del 280 aniversario de la Universidad de La Habana, en la que se rememoraron los hitos fundamentales de su fecunda historia y le fueron entregados múltiples reconocimientos por parte de numerosas universidades del mundo. Un privilegio haber estado del martes 12 al viernes 16 en el sexto Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2008, al que asistieron alrededor de 3 mil 500 académicos y rectores de 75 países a presentar sus puntos de vista sobre el futuro de la universidad en incontables temas de esta institución crucial para el futuro humano. Venezuela, México, Brasil, Argentina, España, Italia y Cuba aportaron las delegaciones más numerosas.

Una semana intensa de trabajo que dejó pocas horas al sueño: dediqué varias horas todas las noches a ver noticieros de canales cubanos y venezolanos (en Cuba abundan).Uno puede ver hechos y dichos, declaraciones, acotaciones, análisis, sobre la propia Cuba, Venezuela, América Latina, el mundo, que los medios mexicanos en general escamotean permanentemente a la sociedad mexicana. Vivimos manipulados por estos medios, no porque sea difícil ver los intereses que se mueven tras “nuestros” medios, sino por falta de información de mil hechos que en el mundo ocurren.

Algunos datos sobre el esfuerzo educativo en Venezuela, por ejemplo, son impresionantes, pero nos cuidamos de no enterarnos. En 2005 Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo, después de dos años de trabajo iniciado y respaldado por los alfabetizadores cubanos, mediante el notable método llamado Yo sí puedo, ideado por la cubana Leonela Relys, que se inicia por una base alfanumérica, asociando números –que los analfabetos sí conocen– con las letras. Alfabetizar a una persona toma de siete a 13 semanas; se prevén los medios para que el alfabetizado no sólo no pierda, sino desarrolle su capacidad de lecto-escritura. Venezuela alfabetizó más de un millón 500 mil personas en dos años, con la Misión Robinson.

El video del 28 de octubre de 2005 en que Venezuela alcanzó esa hazaña es conmovedor por la alegría que rebasó todo límite en las calles. Pero Venezuela echó a andar también la Misión Ribas, con la que se propone que todos los venezolanos terminen el nivel secundario (las que en México llamamos escuela secundaria y el bachillerato), y la Misión Sucre, por la que se han abierto estudios del nivel terciario (la universalización de la universidad, se dice, lo que es inexacto), en todos los municipios del país.

Si este esfuerzo se mantiene varios años, el impacto educativo que tendrá sobre el desarrollo de Venezuela se hará irreversible. Venezuela es el segundo país de América Latina sin analfabetismo, después de Cuba. Pero hay que ver el crispamiento, la polarización entre chavistas y sus opositores, los insultos, las burlas iracundas; parece haber ahí una bomba de tiempo de muchos megatones.

Del método Relys existen versiones en español, portugués, inglés, creole, quechua y aymara, entre otras, y está hoy en acto en 22 países. La generosidad cubana por un mundo sin analfabetas es inconmensurable.

Cuba posee un sistema educativo admirable y hoy se halla tras la “universalización de la universidad”; como en Venezuela, esa llamada universalización es un término inexacto, no exento de cierta demagogia. Hoy en Cuba hasta a los ingenios azucareros se les ha declarado “universidades”. Se trata de un esfuerzo loabilísimo de continuar elevando al máximo la educación de toda la población, pero esos estudios que pretenden ser de nivel terciario no serán compatibles con ningún sistema educativo terciario del mundo.

De otra parte Cuba posee índices notables en muchos otros rubros sociales. El índice de desarrollo humano 2007-2008 (IDH), que formula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubica a Cuba en el lugar 51 en un ranking de 177 países, con un PIB per cápita de 6 mil dólares. México ocupa el lugar 52 con un PIB per cápita de 10 mil 751, pero acompañado de una desigualdad por la cual la mayor parte de la población se halla por debajo de la línea de pobreza. México está por debajo de Cuba en el índice de esperanza de vida y en el índice combinado de educación primaria, secundaria y terciaria. Cuba posee 591 médicos por cada 100 mil habitantes y México 198.

Algunos contrastes aumentan los valores de los índices cubanos: en materia médica de tercer nivel, contando todas las especialidades, Cuba no parece que tenga nada que enseñar a México, y el asunto puede ser al revés; en cambio, en atención primaria, que es lo fundamental, Cuba lo tiene absolutamente resuelto hace mucho tiempo, y México parece que nunca lo resolverá. Una expresión más de la desigualdad social mexicana.

La educación cubana, sin embargo, se halla hoy en alto riesgo de rezagarse gravemente. La brecha tecnológica con los país desarrollados continúa ampliándose y Cuba se rezaga como el que más. De acuerdo con el IDH, Cuba posee 75 teléfonos por cada mil habitantes (México 189); 12 teléfonos móviles por cada mil (México 460); 17 usuarios de Internet (de pésima calidad) por cada mil (México 181). Alto contraste.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/19/index.php?section=opinion&article=018a1pol

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José Blanco: Derecho vs derecho

Hace dos semanas escribí en este espacio: “La salida de W Radio de Carmen Aristegui… es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público por encima del derecho a la libertad de expresión”.

En su última entrega la propia conductora escribió: “El debate se centra en si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión o de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos. El caso W ha tocado seriamente esa fibra”. Ése es, sin duda, el núcleo de un problema que es a un tiempo jurídico y político.

Mainstream es un anglicismo (literalmente corriente principal) que se usa para referirse al pensamiento o las preferencias aceptadas mayoritariamente por una sociedad. El término ha cobrado fuerte relevancia en los estudios actuales sobre los medios de comunicación de masas, que han adquirido peso decisivo en las creencias y en la formación de opiniones en la sociedad actual.

La mainstream para cierta parcela del pensamiento económico sostiene con razón que el mercado genera resultados subóptimos, en el caso de la producción o generación de un conjunto de determinados bienes. Los economistas suelen llamarlos “fallas del mercado” (por supuesto, no se trata da fallas).

En tales casos es imprescindible la intervención del Estado para ajustar o corregir tales “fallas” y alcanzar un resultado óptimo. Es el caso de los bienes públicos. La salud, o la educación, o la información, o la difusión de las ideas, o la defensa nacional. El mercado no puede resolver estos casos y es preciso que el Estado intervenga con las herramientas que le son propias: las leyes.

Las sociedades contemporáneas están repletas de contradicciones y antagonismos, una inmensa cantidad de las cuales derivan precisamente de la operación del mercado. Sin Estado (o con un Estado abstinente en su papel de mantener unida y en desarrollo a la sociedad) y sin leyes no tendríamos una sociedad, sino una selva en la que los animales mayores y/o más feroces devoran a los animales con atributos de fuerza y de ferocidad menor.

Es claro que el mercado no es el medio ideal para la generación de los bienes públicos. Un bien público es un bien económico cuya naturaleza conlleva dos características básicas: la no rivalidad en su uso o consumo (el uso o consumo por un individuo no reduce la cantidad para otros) y la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión de los beneficios (ni por medios físicos ni legales) que el bien público ha de proveer a todos.

El “problema” que entrañan los bienes públicos es que la naturaleza del mercado y los principios que lo rigen no puede valorar adecuadamente tales productos y en el mejor de los casos el mecanismo mercantil proporciona un suministro distinto del que sería eficiente e indispensable para la sociedad como un todo. Por ello es preciso emplear medios de suministro del bien público de que se trate, distintos del mercado, para solventar las dificultades. (Véase Buchanan, James M.: Demanda y oferta de bienes públicos, 1968; Stiglitz, Joseph E.: La economía del sector público, 2003.)

No es extraño que el artículo 19 de la Declaración universal de derechos humanos disponga: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Ésta es la mainstream internacional –desde 1948–, en materia de derechos humanos de opinión y de recibir información y opiniones, por cualquier medio de expresión.

No es extraño tampoco que la Convención americana sobre derechos humanos establezca en su artículo 13, fracción 3ª que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Las empresas Prisa y Televisa, al cancelar el noticiero Hoy por hoy, han mostrado que la racionalidad empresarial, económica (dicen que tienen números rojos) o política (más bien por aquí parece ir la onda hertziana), produjo una carambola política de 10 mil bandas al manejar o manipular el bien público concesionado –el espacio radioeléctrico y las ondas hertzianas que en él se propagan– y generó una enorme “falla de mercado” y una violación de disposiciones legales vigentes en México.

Puesto que sobre ese bien público esas empresas han realizado una (gigantesca) inversión, tales actores del mercado reclaman derechos que derivan de su propiedad (el capital invertido). Esos derechos han hecho colisión con las disposiciones legales asociadas al bien público que a las empresas les fue concesionado.

Sólo parece haber dos caminos para que el Estado resuelva esta contradicción insoluble en el espacio de las empresas referidas. O bien el Estado les retira la concesión por la violación legal cometida en el uso de un bien público, o bien el Congreso crea un organismo de Estado (no de gobierno), con todas las regulaciones del caso y las limitaciones y acotaciones que necesariamente conllevan los derechos de ser informados y de libertad de expresión. De esta manera el Estado compensa o corrige la “falla de mercado” y la violación de derechos vigentes en este país.

De todos modos, algún tipo de sanción tendrían que recibir las empresas abusivas, por ignorar la responsabilidad que adquirieron al recibir en concesión el bien público que explotan.

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