La mala práctica de las grandes potencias de hacer las cosas por la vía de los hechos y no del derecho tiene uno de sus episodios menos publicitados en la adecuación de la Organización del Atlántico del Norte a la realidad militar resultante del colapso soviético.
La OTAN era originalmente una organización defensiva creada por las potencias occidentales para enfrentar el poder militar del bloque socialista enmarcado en el Pacto de Varsovia.
Al desaparecer la Unión Soviética y el socialismo europeo la OTAN se quedó sin enemigo de quien defenderse y, formalmente, sin propósito. Sin embargo, no era cosa de simplemente dar por cumplida la misión y finiquitar la institución porque para Estados Unidos la situación era mucho más complicada: La Unión Europea crece, progresa y se fortalece notoriamente y no es una exageración ver en ella una inminente superpotencia. Porque esa es la naturaleza del capitalismo, eventualmente se convertirá en competidora, contrincante, rival y finalmente enemiga de Estados Unidos.
Mientras esos tiempos llegan —y antes de que Rusia, China e India compliquen las cosas— había que mantener los vínculos en materia de seguridad en el nivel de alianza.
Negociar un nuevo tratado no era una opción y sí hubiera resultado una complicación mayor porque Europa no es una contraparte a la que se le puedan imponer condiciones fácilmente. Lo que se ideó fue lanzar intervenciones de Occidente en los conflictos que estaban latentes en el tercer mundo durante la guerra fría y eclosionaron a su término.
Al final, ambas partes optaron por ampliar la misión de la OTAN que agregó a su carácter defensivo el de un aparato vigilante de los intereses materiales y doctrinarios de Occidente; una policía internacional. La mecánica de la transformación fue simple: En 1999, en ocasión del 50 aniversario de su creación, las potencias aliadas declararon la nueva misión de la OTAN, mientras destruían Yugoslavia. No fue necesario más.
El esquema de los hechos consumados está siendo ampliamente aplicado en el mundo y México no escapa a esta modalidad de control de los poderosos sobre los débiles. En el caso particular de la relación entre México y Estados Unidos, este último cuenta con la facilidad de que la contraparte mexicana, solícita y complaciente, favorece tal manipulación.
Después del rechazo a la cándida propuesta foxista de un amplio tratado migratorio y la posterior decisión de construir un muro entre las dos naciones, el gobierno de facto que hoy padece México ha sentido la necesidad de dar continuidad, por cuenta propia, al proceso de sometimiento del Estado mexicano a Estados Unidos.
Como la exótica idea de que los mexicanos estaban ansiosos por transmutarse en gringos y de que éstos estarían interesados en esa adquisición fue rechazada por ambas sociedades, la oligarquía mexicana ha adoptado la táctica de presentar los hechos consumados y no hacer consultas o propuestas a la sociedad o al Congreso en su afán de sustraer a México parcelas de soberanía en favor de la estadunidense.
La Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) nombre que se le ha dado a la inicial propuesta de hacer un “NAFTA plus” encierra la condición de no haberse planteado como un Tratado, cosa que sí es el TLCAN a secas. Nótese que en la seguridad y la prosperidad cabe absolutamente toda la actividad del Estado y que, a pesar de la grave temática de que se ocupa, ASPAN consiste en una simple declaración de intenciones de los gobernantes de América del Norte, una nueva noción política derivada de la geográfica.
A falta de un tratado, el cumplimiento de esas intenciones se haría por medio de acuerdos interinstitucionales o, peor aún, de una serie de medidas dictadas en cada país que, acopladas, permitan llevar a la práctica el mal llamado proyecto de integración que, para el caso de México, no es más que de sometimiento. Después de la negativa al acuerdo migratorio y no obstante la decisión estadunidense de construir el muro en la frontera con México, han puesto en práctica la idea de entregarse silenciosamente.
A esto se reduce la Iniciativa Mérida, eufemismo con el que se quiere ocultar que se trata de un Plan México. Como resulta obvio, el Plan Colombia es un plan estadunidense para Colombia. Sería una verdadera extravagancia que Colombia le diera el nombre de Plan Colombia a un plan o programa suyo de lucha contra el narcotráfico; se llama así porque es un Plan de Estados Unidos para Colombia. De la misma manera, las primeras noticias sobre el Plan México vinieron de Estados Unidos por que se trata de un programa de ese gobierno para México.
Ante la airada reacción nacional el gobierno de facto decidió cambiarle el nombre a “Iniciativa Mérida”, apelando a que fue en esa ciudad donde Bush y Calderón se reunieron para concertar eso que desde la Cancillería se ha llamado “compromiso político”. Los senadores y los diputados mexicanos preguntaron insistentemente por el sustento documental de tal compromiso, pero no obtuvieron más respuesta que la aseveración de que se trató de una iniciativa mexicana. El gobierno que respondió —no con suficiencia, por supuesto— fue el de Estados Unidos que envió para eso al embajador Negroponte.
En México no ha sido posible obtener la información requerida de parte de ninguno de los gobiernos comprometidos. Una vez más, se presentan los hechos consumados que, por parte de Estados Unidos son actos de poder y de parte de México una ignominia disfrazada de diplomacia secreta.
El Plan México encierra proyectos más oscuros que los hasta ahora expresados. El que está resultando difícil de ocultar es el de levantar en el sur de México un muro antiemigrantes complementario del que ya se construye en el norte. La sola idea, que en su iniquidad suena fantástica, encierra complejidades enormes. Seguramente tendrá las particularidades del subdesarrollo, pero sea físico, virtual, tecnológico, policiaco o militar, será un vallado que se agrega y combina con el impedimento ya existente de la despiadada delincuencia. La política y los programas contra los transmigrantes centroamericanos desplegada por los gobiernos anteriores y la que actualmente se practica apuntan en esa dirección.
A México se le acusa, con justa razón, de no hacer con los emigrantes centroamericanos en su frontera sur lo que pide para los propios en la frontera norte. Por otra parte, los gobiernos derechistas de México, el de facto inclusive, han sido requeridos repetidamente por Estados Unidos que refuercen la vigilancia en la frontera sur, para evitar el paso de los centroamericanos en viaje hacia Estados Unidos.
En la frontera entre México y Guatemala hay una franja desmontada de cincuenta metros de ancho que corre a lo largo de la frontera entre el Pacífico y Belice. A lo largo de esa línea se encuentran unos cuantos puntos que sirven como puestos fronterizos en los que hay, generalmente del lado mexicano, casetas de migración, aduanas y salubridad que se van instalando conforme la población crea nuevas veredas que le sirven para pasar por extravíos. Los más transitados suelen situarse entre asentamientos colocados a uno y otro lado de la frontera y relativamente cerca. Entre uno y otro de esos puestos hay kilómetros de selva o de ríos.
Como es de suponerse la gente procura moverse por los lugares más transitables y, a veces, cuando no se tienen papeles para personas o mercancías, basta moverse unos cientos de metros a uno u otro lado de los puestos fronterizos y pasar con toda tranquilidad. Los puntos de cruce irregular más transitados son los que están más cerca de los puertos fronterizos formalmente instalados, como son los que se encuentran en los puentes a cuyos lados se mueven personas sobre rústicas plataformas montadas en llantas de tractor, foto opportunity para imágenes ya mundialmente conocidas.
Este escenario en que cientos de kilómetros de frontera sin obstáculos ni vigilancia es la que las autoridades de migración gustan describir como “frontera porosa” en un involuntario y ridículo sarcasmo que da pie a otro usado para anunciar algún operativo contra los inmigrantes: “sellar la frontera”, idea que estaría mejor reflejada con la irónica frase “ponerle puertas al campo”.
Esta es precisamente la situación que Estados Unidos le pide a México revertir; debe impedir el paso de los centroamericanos que pretenden llegar a la frontera norte y cruzarla como hacen los mexicanos. Para ello es necesario que México levante un muro en la frontera sur que, como en el norte, combine los obstáculos físicos, con la vigilancia tecnificada, policiaca y militar.
La idea tiene varios inconvenientes de orden práctico además de los de orden moral: entre estos últimos está la dificultad de mantener una pretendida actitud humanitaria y al mismo tiempo complaciente de los deseos de Norteamérica; la contradicción resulta invalidante. Entre los primeros está el que si el muro en el norte va a ser funcionalmente efectivo, detendrá tanto a los mexicanos, como los centroamericanos y a los de cualquier origen que intenten un cruce irregular. Consecuentemente, el muro en el sur resultaría redundante.
Si el propósito fuese evitar la llegada de los centroamericanos para no quedarse con ellos y con los emigrantes mexicanos frustrados por el muro, habría que recordar que los centroamericanos no encuentran en México los salarios diez veces más altos que buscan en Estados Unidos y por lo tanto, si no logran pasar, volverán a su tierra.
Lamentablemente el esfuerzo gubernamental en este asunto no está motivado por un genuino propósito de protección del territorio nacional sino por el interés adulterino de subordinarse a los dictados del norte. El muro en el sur será levantado sin motivo, sin consulta y contra el interés nacional. Será como ASPAN y como el Plan México, simplemente, un hecho consumado.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/05/index.php?section=opinion&article=034a1mun
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