Los gobiernos federal y de la ciudad de México escenificaron ayer lo que ojalá sea la guinda de los despropósitos oficiales acumulados en los últimos años respecto al estratégico asunto de la seguridad ciudadana. Uno y otro gobiernos, con buena voluntad, sin duda, desplegaron ayer ante la sociedad una batería de medidas que, ojalá nos equivoquemos, no solucionan el fondo de tan grave problema. Los planes anunciados son, en esencia, cosméticos. Y ello se debe a que, por desgracia, la clase política mexicana parece estar más pendiente de sus devaneos y ansias de poder que de realmente servir a la sociedad.
A nivel federal son incontables los cambios registrados en las membresías de los cuerpos policiales. Ayer Marcelo Ebrard no quiso ser menos y decretó la desaparición de la Judicial defeña. Y, al igual que Felipe Calderón, pide a la ciudadanía que haga de agente de inteligencia para denunciar a los bárbaros que casi nos tienen cercados. La falta de imaginación, en ambos casos, es estremecedora.
El asesinato de Fernando Martí, joven perteneciente a una familia acomodada –algo que nada tiene de malo–, desató una tremenda y tremendista campaña mediática que busca más víctimas políticas a modo que ahondar en el fango que propicia tan execrables actos. A la estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de Ebrard por la inmensa mayoría de los medios de comunicación se sumó, irresponsablemente, el presidente Calderón, quien confundió la gimnasia con la magnesia al introducir el tema de la consulta sobre Pemex cuando hablaba de la supuesta ausencia de colaboración del gobierno defeño en el combate a la delincuencia.
Que Calderón y Ebrard se reúnan o no para tratar el problema les tiene sin cuidado a los capos de la violencia. La eficiencia policial nada tiene que ver con reuniones adornadas de grandilocuentes declaraciones. Sin hechos que las respalden, las palabras pierden su valor.
Que los medios de comunicación lleven a cabo, amparados en sus respectivas y sacrosantas líneas editoriales, campañas dispares y hasta disparatadas para dizque combatir esa lacra –algo que, por cierto, no les corresponde–, también le da igual a una gente que nació en la marginalidad, salvo contados casos.
Claro que si lo que se pretende es militarizar al país so pretexto de combatir a la delincuencia hay que reconocer que casi todos los medios de comunicación estamos contribuyendo, con nuestro corto alcance de miras, a que la sociedad cada vez entienda menos y que, por ende, germine la idea de que lo mejor es que el Ejército salga a las calles para ponernos en orden a todos.
Sobran gritos y sombrerazos mediáticos, sobran intereses particulares en los medios de comunicación –unos por puro dinero, otros por dizque posiciones ideológicas– y faltan actitudes que respalden el interés ciudadano. Falta, en suma, un ejercicio periodístico que se ubique en las antípodas de los intereses políticos y económicos. Los medios no deben servir a los políticos, antes lo contrario: deben ser el vehículo a través del cual la sociedad diga a los políticos lo que están haciendo mal.
En lugar de anunciarnos medidas etéreas, en lugar de aprovecharse de la zozobra social, los gobiernos, tanto federal como estatales, deberían abocarse a escuchar más el pulso social. Que gasten menos en propaganda y más en recursos para, por ejemplo, sentar las bases de una genuina profesionalización de los cuerpos de seguridad. Hay que pagar más a las policías, pero también hay que darles formación profesional. De nada sirve cambiar el nombre a los cuerpos de seguridad si la esencia no se transforma.
Y la sociedad tiene también su cuota de responsabilidad en este desaguisado. Negarlo, además de absurdo, imposibilitaría la imprescindible regeneración de los cuerpos de seguridad. Algunos de los que hoy pagan desplegados cargados de dolor –algo muy legítimo, ciertamente– son personeros de la ignominia nacional. Ignominia amparada, desgraciadamente, por gobiernos a los que poco les importa el bienestar nacional o la impartición de justicia a secas.
¿O acaso es políticamente incorrecto recordar lo que le están costando al erario nacional, a los bolsillos de casi todos los mexicanos, los rescates bancario y carretero, por mencionar algunos de los episodios económico-financieros que tienen postrado al país?
Y qué decir del sistema de ¿justicia?, auténtico corresponsable de la inseguridad que cuadricula al país. La estructura jurídica nacional, salvo honrosas excepciones, es un estercolero. En lo político y en lo social, por supuesto también en el terreno de la economía, los llamados impartidores de justicia han logrado, no sin empeño, que nadie crea en los fallos… porque generalmente fallan en favor de quien más tiene.
Hay que fingir demencia para no reconocer que la solución del problema, que la hay, requiere de un cambio de rumbo en la actual política económica y social, encaminada más a ahondar las desigualdades que a cerrarlas. La gente tiene derecho a que su trabajo sea bien remunerado, tiene derecho a tener un sistema socioeconómico que no beneficie a unos pocos en detrimento de las mayorías.
De igual manera, no podemos aspirar a que el actual estado de cosas cambie si la educación sigue como hasta ahora. Cada vez hay menos oportunidad de llegar a las aulas, cada vez se imparte más educación ineficiente. Estamos, en ese campo como en otros, igual que los cangrejos, con la vista en la retaguardia. Y para qué hablar del sistema de salud y del retiro… y de lo que usted quiera.
Se anuncian nuevas marchas contra la inseguridad y asistiremos a una nueva andanada mediática que buscará seguir poniendo nombre y apellido a los responsables de tal estado de cosas. Por supuesto, todo ello enderezado en una sola dirección. Marchar es legítimo, no más faltaba. Y da igual que la marcha sea de derechas o de izquierdas. La razón no entiende de ideologías. Es lo que cada quien siente.
Por cierto, ¿cuándo los desplegados contra los delincuentes de cuello blanco, contra ex presidentes y ex gobernadores y ex alcaldes y ex funcionarios de alto, medio y bajo nivel?, ¿quién los detendrá?, ¿quién los juzgará?, ¿qué autoridad tendrá los tamaños para meterlos tras las rejas?
¿O acaso la justicia sólo es para ajusticiar a los jodidos y a los defenestrados políticos?
Mientras nada de eso suceda, lo que importa, la inseguridad, seguirá presente, cual dinosaurio de Monterroso, al amanecer siguiente.Y la clase política y empresarial que hace posible todo eso seguirá también ahí… como el dinosaurio de Monterroso.
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=opinion&article=007a1pol
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