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Francisco López Bárcenas: La criminalización de la protesta social

Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.

Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.

Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.

¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.

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Francisco López Bárcenas: Las derechas andan sueltas

Las derechas se engallan. Sus cruzados latinoamericanos han pasado del discurso a los hechos, se despojan de sus máscaras y muestran sus verdaderos intereses antipopulares. No les importan los medios para lograrlos, sean legales o ilegales, pacíficos o violentos. Todo depende de las circunstancias. Si hay condiciones compiten por las vías institucionales, y si pierden recurren al fraude; por el contrario, si no encuentran condiciones usan un discurso que desacredita las instituciones, proclaman su derecho a la rebelión y recurren a la violencia como método de lucha. En otras palabras, juegan a ganar, y si pierden arrebatan. Lo importante es no dejarse vencer y que el capital obtenga las mayores ganancias, sin importar que millones de seres humanos pierdan su oportunidad de vivir dignamente.

Éste parece ser el nuevo signo de los tiempos latinoamericanos del río Bravo a Tierra del Fuego, aunque por la beligerancia que han alcanzado se muestra con más nitidez en Bolivia y Venezuela. Tienen razón para actuar de esa manera. Se trata de países donde desde hace años las fuerzas políticas llevaron al poder presidencial a personas identificadas con las ideas de la izquierda y están dispuestas a pasar del discurso a la acción. Tanto los gobiernos del presidente Evo Morales Ayma como el de Hugo Chávez han puesto en práctica programas que atienden las necesidades de las clases populares al tiempo que establecieron límites a la rapacidad de las trasnacionales en la explotación de los recursos naturales. Eso les duele y, aunque lo han aceptado, no lo han hecho de buena gana.

Pero lo que más les puede es que ambos estados decidieron iniciar procesos constituyentes, donde los pueblos a través de sus representantes han elaborado nuevas constituciones políticas, en las cuales la tendencia es al reconocimiento de la sociedad pluricultural que son, aceptando los derechos de todos, no sólo los de los dueños del capital, y marcadamente los derechos de los pueblos indígenas, sometidos al colonialismo nacional y de las empresas de capital trasnacional; abriendo de esa manera la posibilidad de que todos puedan acceder a una vida digna.

En estos días ambas constituciones fueron sometidas a referendo popular. Si bien en Venezuela el no ganó por pequeño margen, la derecha hizo todo cuanto estuvo a su alcance para prevenir su derrota.

El caso de Bolivia llama la atención porque se trata de un país con población mayoritariamente indígena, con un presidente de origen indígena que llegó al poder con el apoyo de las organizaciones indígenas, pero también de otros sectores nacionales que se sentían excluidos de los anteriores gobiernos neoliberales, lo que los obligó a negociar la representación política de la Asamblea Constituyente y los procedimientos de toma de decisiones. Al parecer, la derecha consideró esto como una concesión de un gobierno débil y pensó avanzar reclamando autonomías regionales donde las burguesías se hicieran del poder y el traslado de los poderes a Sucre, con lo que tensó mas la situación. A pesar de eso, la Constituyente aprobó la nueva constitución política de ese país y se apresta a someterla a referendo. Conscientes de que lo que no ganaron en la constituyente no lo obtendrán en el referendo la derecha ha iniciado una serie de actos subversivos para defender sus intereses.

No son los únicos casos en que la derecha acude a la violencia; si se rastrea, se pueden encontrar muchos más en diferentes estados latinoamericanos. Aunque tampoco se puede perder de vista que también hay otros donde su actuación se ajusta a los márgenes de maniobra que le brinda el cacareado estado de derecho que, como nos enseñó Pierre Bourdieu, no es otra cosa que el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está determinada por las relaciones de fuerzas específicas que le confieren su estructura y que orientan las luchas, determinan las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio de lo posible y con ello el universo de soluciones propiamente jurídicas.

Por eso, cualquiera que sea el campo donde actúe la derecha, es necesario que la izquierda encuentre formas unitarias de enfrentarla. No se puede dar el lujo de dejarla en campo abierto.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/06/index.php?section=politica&article=023a2pol

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