Carmelo Ruiz Marrero: ¿Son seguros los transgénicos?

¿A qué se debe la controversia en torno a los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos? ¿Son seguros para consumo o no?

Quienes defienden los transgénicos argumentan que no hay evidencia científicamente válida de que hagan daño. ¿Existe tal evidencia o no? Esta pregunta tiene sólo dos respuestas posibles, y ninguna de las dos trae sosiego. O respondo que sí hay evidencia de daños o respondo que no la hay. Podría responder de inmediato que sí, pero para demostrar que es la pregunta incorrecta responderé de primera intención que no.

Si no existe tal evidencia, todavía el debate queda abierto, todavía no queda demostrado para nada que sean seguros. Después de todo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Quien esté tranquilo y satisfecho con la aseveración de que no hay evidencia de daños está presumiendo que alguien en alguna parte está haciendo o ha hecho averiguaciones a respecto. Los defensores de los transgénicos señalan, con un aire de finalidad como para poner fin al debate, que la agencia estadounidense FDA, que vela por la inocuidad de medicamentos y alimentos, declaró que estos productos son sustancialmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto no presentan ningún riesgo novedoso al consumidor.

Pero la FDA no examina los alimentos transgénicos. Lo que hace es aceptar los datos que le someten las compañías que los hacen. Casi todos los estudios que someten son confidenciales. Si son tan seguros estos productos, ¿Por qué la confidencialidad?

“El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento”, informa el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro ‘Genetic Roulette’ (Ruleta Genética). “Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco.”

La FDA “depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología”, advierten los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. La FDA “sólo acepta las aseguranzas de las compañías de biotecnología de que su producto es seguro.”

Los defensores de los transgénicos nos dicen que son los productos más minuciosa y exhaustivamente examinados de toda la historia y hacen referencia a montañas de estudios y datos a este fin. Pero cuando uno excluye los estudios que son confidenciales entonces la pila se achica bastante. De la pila que queda, la mayor parte consiste de estudios que si bien son minuciosos fueron hechos para determinar variables agronómicas relacionadas a la productividad y rendimiento, datos que no tienen ninguna utilidad para determinar inocuidad. Una vez excluimos esos, la pila de estudios y datos se achica más aún.

De los estudios que tienen alguna relevancia a la salud humana, ¿Cuántos de estos son públicos y no confidenciales? ¿Cuantos han pasado por el proceso de revisión por los pares y sido publicados en la literatura científica? Como que la pila sigue achicándose. Y de éstos, ¿cuántos NO fueron financiados por la industria de biotecnología?

¿Quién puede creer que la fuente de financiamiento de una investigación científica no es de importancia? En un informe publicado en la revista Nutritional Health, I. F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios científicos sobre transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los estudios financiados por la industria nunca encuentran ningún problema.

De cualquier modo, ¿Qué compañía ha encontrado algo malo con sus propios productos? ¿Cuántas décadas pasaron antes de que la industria tabaquera admitiera tímidamente que quizás podía existir alguna relación entre su producto y el cáncer?

Sepan ustedes que los estudios sobre transgénicos revisados por los pares y debidamente publicados que tengan alguna relevancia a la salud humana son apenas más de veinte. De estos, ¿Cuántos fueron realizados con sujetos humanos? Uno solamente. Es realmente preocupante que se hayan comercializado estos productos de manera masiva cuando la base de datos sobre su inocuidad es tan diminuta.

Las pocas veces que datos confidenciales sobre alimentos transgénicos han salido a la luz pública éstos han resultado ser sumamente preocupantes.

El 22 de mayo de 2005 el periódico inglés The Independent reportó la existencia de un informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y linfocitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos (indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual indica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; niveles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); y otros síntomas adversos. Portavoces de Monsanto aseguraron que la compañía haría público el informe, pero no lo hizo de buena gana, alegando “confidencialidad”, y al principio sólo publicó un sumario de once páginas. No fue sino hasta que un tribunal alemán ordenó su divulgación unos meses después que el texto entero fue hecho público.

Es importante señalar que esta importante información es pública no por la buena fe de Monsanto sino porque algún buen empleado con acceso a documentos confidenciales de la compañía se tomó el riesgo de llevarla a la prensa. De no ser por este héroe anónimo, todavía hoy seríamos felizmente ignorantes sobre los efectos del Mon 863. Cabe preguntar entonces, ¿Habrá otros transgénicos nocivos que la industria de biotecnología nos está dando de comer a sabiendas de que son dañinos?

¿Qué más se puede esperar de una compañía como Monsanto? El excelente documental Le Monde Selon Monsanto (“El Mundo Según Monsanto”) de la cineasta francesa Marie Monique Robin, muestra cómo esta corporación ha pasado décadas negando responsabilidad por los horrendos daños a la salud ocasionados por el Agente Naranja, defoliante tóxico que ésta fabricó y que se utilizó extensamente en la guerra de Vietnam.

También se presenta en el filme el caso del pueblo de Anniston, en Alabama, EEUU, el cual sufrió por décadas de contaminación de sustancias tóxicas conocidas como PCB vertidas por Monsanto, contaminación que la compañía pretendió encubrir. En el curso de la batalla que la comunidad de Anniston dio en corte salió a luz un memorando interno de la compañía que decía “No nos podemos dar el lujo de perder un solo dólar de ganancia” (We can’t afford to lose one dollar of business).

En vista de estos hechos, ¿Qué se puede esperar de esta compañía cuando nos asegura que sus transgénicos son seguros? Robin y yo no criticamos a Monsanto de manera arbitraria y gratuita. Es que la compañía tiene 90% del mercado mundial de cultivos transgénicos, por lo tanto es sólo justo que reciba 90% de nuestras críticas.

Otro caso preocupante que demuestra que la FDA no está haciendo nada en lo absoluto para asegurar la inoucuidad de los transgénicos es el del guisante australiano. En 2005 un guisante transgénico experimental desarrollado en Australia por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization provocó una fuerte reacción inmunológica en ratas de laboratorio.

Científicos de la escuela de investigación médica John Curtin en la ciudad de Canberra sometieron el guisante transgénico a una batería de pruebas de las que normalmente se hacen a medicamentos, no a alimentos. Las ratas que ingirieron el producto mostraron cambios significativos en sus sistemas inmunológicos y nódulos linfáticos. Esto es más que suficiente para prohibir su consumo.

Hay que enfatizar que las pruebas que realizaron los australianos no son requeridas por ley para alimentos transgénicos en Estados Unidos. Este producto hubiera entrado al mercado estadounidense si hubiera pasado por el sistema regulatorio de la FDA. Por lo tanto, no nos sorprenda que productos transgénicos igual o más nocivos que el guisante en cuestión pueden estar en el mercado ahora mismo.

Igual o más interesante que los resultados del experimento es el hecho de que los mismos científicos que desarrollaron el guisante y realizaron el experimento no entendían la importancia de lo que habían hecho. Las pruebas que habían realizado nunca antes se habían hecho con alimentos transgénicos y aún así ellos realmente estaban convencidos de que las pruebas que habían hecho eran la norma en el resto del mundo. Esto demuestra que los propios biotecnólogos- al menos la mayoría de ellos- están sumamente desinformados sobre su propio quehacer.

En honor a la verdad, la FDA sí examinó productos transgénicos, pero lo hizo una sola vez, en 1992. En ese entonces determinó que estos alimentos son perfectamente seguros y que al no presentar ningún riesgo nuevo, no necesitan de pruebas adicionales.

La agencia se negó a hacer públicos los documentos internos relacionados a estas pruebas, lo cual provocó en 1998 una demanda de una coalición de grupos de sociedad civil dirigidos por la Alliance for Biointegrity exigiendo que se hagan públicos. El juez le dio la razón a la parte demandante y como resultado se hicieron públicas sobre 44 mil páginas de documentos relacionados con las pruebas realizadas sobre los transgénicos. Estos documentos enseñan que, contrario a lo que decía la alta cúpula de la FDA, no había ningún consenso entre los científicos de la agencia en cuanto a la seguridad de los transgénicos, y que varios de ellos expresaban serias preocupaciones sobre riesgos a la salud.

Los documentos desclasificados son interesantísimos y educativos. En uno de ellos, fechado 6 de marzo de 1992, el microbiólogo Louis Pribyl dice que “los efectos involuntarios no pueden ser despachados tan fácilmente, simplemente implicando que éstos también ocurren en la crianza convencional. Hay una profunda diferencia entre los tipos de efectos inesperados de la crianza convencional y los de la ingeniería genética.” Por su parte, la oficial de cumplimiento Linda Kahl advirtió en un memorando con fecha de 8 de enero de 1992 que al “tratar de forzar una conclusión final de que no hay diferencia entre alimentos modificados por ingeniería genética y alimentos modificados mediante prácticas de crianza tradicional (la agencia está tratando de) meter una ficha cuadrada en un hoyo redondo… Los procesos de ingenería genética y crianza tradicional son diferentes y de acuerdo a los expertos técnicos de la agencia, llevan a riesgos diferentes.”

Resulta que el oficial puesto a cargo de la investigación sobre transgénicos no era científico sino abogado, el licenciado Michael Taylor. Previo a su servicio público representó a Monsanto. Y tras terminar su labor en la FDA volvió al sector privado y llegó a ser vicepresidente de Monsanto. Es un caso clásico de poner el cabro a velar las lechugas. En inglés le llaman ‘revolving door’, el conflicto de interés creado por el continuo movimiento de profesionales entre los sectores privado y público.

Y el caso de Taylor no es nada fuera de lo ordinario. Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo de EEUU, fue abogado de Monsanto, y el ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld fue por ocho años jefe de la farmacéutica Searle, la cual Monsanto compró en 1985. Y Anne Veneman, la primera secretaria de agricultura de la administración Bush-Cheney, había estado en la junta de Calgene, empresa comprada por Monsanto en 1997.

La activista e investigadora Beth Burrows, fundadora del Instituto Edmonds, dedicó años a investigar el ‘revolving door’ de la industria biotecnológica pero eventualmente abandonó este esfuerzo porque ella razonó que sería más provechoso hacer una lista de los servidores públicos que NO estaban brincando a las compañías de biotecnología.

En su tiempo en la FDA el supervisor inmediato de Taylor era James Maryanski, quien fue confrontado por Robin en su documental. El pobre, sin duda sintiéndose emboscado, murmuró algunos argumentos cantinflescos a la vez que admitía que efectivamente había disidencia entre los científicos de la agencia en torno a la inocuidad de los transgénicos. Pero aún así se les aprobó, en contra del propio reglamento de la FDA.

Podría hablarles de muchas otras instancias que demuestran que las preocupaciones acerca de la inocuidad de los transgénicos, como las papas de Pusztai, la tragedia del triptófano, el fiasco de la hormona transgénica rBGH, las ratas de Ermakova, el testimonio de Kirk Azevedo, y muchas más, están bien fundamentadas. Pero por la cuestión de la brevedad, vayamos directo al argumento de remate: el etiquetado.

Si estos alimentos son tan seguros, ¿por qué se opone la industria a que vayan etiquetados para que los consumidores puedan identificarlos y usar su criterio para decidir si los quieren comprar o no? Los argumentos de las compañías en contra del etiquetado no son ni remotamente convincentes. Simplemente no confían en su propio producto y tampoco confían en la inteligencia del consumidor. Quizás se oponen porque sin etiquetado no puede haber trazabilidad, y sin trazabilidad no se puede asignar responsabilidad si alguno de estos alimentos transgénicos resulta tener efectos imprevistos.

Las denuncias y cuestionamientos aquí presentados no constituyen oposición a toda biotecnología, como creen erróneamente algunos. Es simplemente un reclamo de que se salvaguarde la ecología, la salud humana y el interés público en el desarrollo de esta y cualquier otra nueva tecnología. Los biotecnólogos no tienen por qué considerar inoportunos los planteamientos aquí expuestos, si son los mejores intereses de la humanidad lo que les motiva. Si lo que les motiva es el lucro y la ambición entonces se puede entender su molestia.

Referencias:

Cummins, Claire. “Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds”. Beacon Press, 2008.

Robin, Marie Monique. Le Monde Selon Monsanto. http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto

Smith, Jeffrey. “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods”

Traavik, Terje & Lim Li Ching, editores. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms” Tapir Academic Press, 2007.

Washington Post. “Monsanto hid decades of pollution” 1 de enero 2002.

Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental, autor del libro “Balada Transgénica” y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/son-seguros-los-transgnicos.html

Luis Agüero Wagner: El golpismo de las ONGs

Mucha gente no pudo menos que alegrarse con la victoria en Paraguay del Obispo Fernando Lugo, convocado desde las carpas de la Iglesia Católica, que en un país que por sus índices de analfabetismo y tradición autoritaria conserva una enorme influencia en las masas imbuidas de pensamiento mágico. Pero la realidad es más complicada, y tiene que ver con el ya comprobadamente eficaz golpismo de las ONGs.

La CIA utiliza para financiar sus redes globales no gubernamentales un gran plantel de fundaciones, algunas ficticias, otras reales. También hay un gran número de organizaciones que reciben fondos de la CIA: revistas académicas de renombre, sindicatos y think tanks políticos, por supuesto que todas dedicadas a la difusión de las ideas que Washington considera oportunas. Estos beneficiarios de una supuesta asistencia en metálico en realidad son parte de una estrategia del imperio, que no se caracteriza por dar puntada sin hilo precisamente.

Estados Unidos elaboró desde el final de la guerra fría una nueva doctrina de golpes de estado soft mediante la utilización de técnicas no violentas. Inspirándose en la eficacia de las luchas políticas que desarrolló en la India Mohandas K. Gandhi, la no violencia activa, Washington trata desde hace poco más de una década de derrocar los gobiernos que no le gustan mediante un dispositivo que le garantice el apoyo de la opinión pública internacional. Para logar estos fines por medio de la nueva doctrina, las organizaciones no gubernamentales, tan populares ante los medios de difusión, juegan un papel esencial. Como señala el periodista de Counterpunch Jacob Levich, «las organizaciones no gubernamentales -asociaciones teóricamente independientes y con la reputación de humanitarias, conocidas bajo de la denominación de ONG- están ya abiertamente incorporadas a la estrategia de conjunto de Washington para consolidar su supremacía global».

En Paraguay jugaron un papel fundamental en marzo de 1999, cuando el presidente Raúl Cubas fue derrocado por medio de movilizaciones lideradas por periodistas y activistas de ONGs que fueron coordinados desde la embajada norteamericana, con notable capacidad de sincronización.
Otro tanto había acontecido en Ecuador poco tiempo antes, y volvió a repetirse en Argentina después.
En Paraguay, basta que un funcionario norteamericano visite el país y establezca sus lineamientos a través de la prensa, para que un coro polifónico de personajes vinculados a las ONGs, USAID, IAF, NED y periodistas de la misma índole levanten sus voces como un enérgico eco del visitante. Es lo que sucedió a principios de 1999, cuando bastó una visita del promotor del Plan Colombia Peter Romero y unas declaraciones en contra del gobierno de turno, para que se movilice todo el aparato manejado desde la embajada norteamericana de Asunción: beneficiarios de USAID, ONGs, movimientos políticos subsidiados por NDI, IAF, periodistas a sueldo de la NED y sus patrones los jerarcas de la SIP.

Eso también explica el poder que tiene la embajada sobre la sociedad, a la que además le resulta fácil influenciar desde los medios que reciben dinero de la National Endowment for Democracy, establecida por el Congreso norteamericano en 1983 como extensión alternativa de la CIA. En la campaña del obispo Fernando Lugo, fue notoria la preferencia de la prensa hacia los activistas de movimientos y partidos vinculados a este aparato montado por la IAF, NED y USAID.

Dos de estos grupos, el Tekojoja y el Pmas,que simularon pertenecer a la izquierda marxista, fueron sus protegidos y tuvieron una preferencial atención, a pesar de que uno de ellos ni siquiera alcanzó representación parlamentaria y el otro no tuvo ni el dos por ciento del total de votos.

Se confirmó la eficacia del andamiaje cuando fueron llamados a ocupar puestos en el gabinete exponentes que en su totalidad estaban vinculados a estos òrganos promotores del neoliberalismo, agentes del FMI y personajes promocionados por USAID. LA

Fuente: http://despertar.fullblog.com.ar/post/el-golpismo-de-las-ongs-501215969829

Frenadeso: Los vínculos de Carlos Slim con Martín Torrijos y los cien dueños de Panamá

Carlos Slim Helú es hijo de Julian Slim Haddad, familia libanesa que llegó a México en 1902. Hoy día se le considera el hombre más rico del mundo, con una fortuna que supera los 50 mil millones de dólares, es decir, 4 veces el Producto Interno Bruto de Panamá.

El apellido Haddad no le trae buenos recuerdos a los panameños honestos. Nos recuerda a Máximo Haddad y familia, de la empresa PYCSA, concesionaria del Corredor Norte y para hacer una autopista hasta Colón, la cual nunca hizo, pero que si terminó un buen negocio con el apoyo del actual Ministro del MOP Benjamín Colamarco y la empresa brasileña Odebrecht. Esta concesión se la hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, escasos tres meses de haber iniciado su gestión, facilitándole además, financiamiento del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros. Máximo Haddad, quien fue designado Cónsul de Panamá en Tampa, Florida, por el gobierno de Mireya Moscoso, junto con Manuel Cohen y su esposa Luz Esthela de Cohen, cónsul de Panamá en Miami, fueron implicados en el escándalo del fraude financiero del Hamilton Bank. Eduardo Masferrer, el artífice del fraude, recibió en el 2001 de parte de la expresidenta Mireya Moscoso, la nacionalidad panameña, mediante la Resolución 220. El cubano-americano Eduardo Masferrer, fue condenado a 30 años por este caso. Masferrer fue el Gerente General del Banco del Istmo, cuando fue creado por el grupo de Samuel Lewis Galindo y Alberto Vallarino, el mismo grupo beneficiado con la Ley Banistmo. Su esposa y luego socia en el Hamilton Bank, Maura Acela Acosta, era la directora del área internacional del Banco del Istmo. A ambos, así como a Samuel Lewis Galindo, Presidente del Banco, se les acusó de la desaparición de 10 millones de dólares que Pineda Trinidad, mexicano y acusado en México de hacer negocios ilícitos, había depositado en dicho banco. Los abogados del Banco, hasta que fue vendido al HSBC, eran la firma de Alemán, Cordero, Galindo y Lee. José Miguel Alemán, su hermano y familia, eran importantes accionistas de Banistmo. Fueron estos mismos abogados quienes definieron a Eduardo masferrer como un banquero “inteligente, brillante y de una reputación solvente”. Esta “solvencia” fue claramente manifiesta cuando se destapo el fraude del Hamilton Bank. En cuanto a Máximo Haddad, este se pasea libremente en Panamá, gozando la fortuna que le han amparado los gobernantes.

A finales de los años ochenta, aunque rico, Slim era considerado un adinerado ordinario. Su inmensa fortuna está vinculada a la compra de la Telefónica de México-TELMEX, en 1990, en el marco de un escándalo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al que se le acusó de favoritismo con el Grupo Carso de Carlos Slim, el cual había aportado al financiamiento de la campaña de Salinas y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Participó, junto a otros 30 hombres de negocio de México, en una cena donde Salinas de Gortari solicitó 25 millones de dólares a cada uno para su campaña. Igualmente apoyo la campaña de Vicente Fox. Felipe Calderón, actual Presidente de México, después de un fraude electrónico a su favor, condecoró a Slim por “sus atributos”. La oferta por Telmex fue de 1,757 millones, superando los otros participantes, pero con la exclusiva ventaja de pagar parte del dinero con las propias ganancias que generara Telmex. Se acusó a Salinas de Gortari de tener parte en el negocio. Se afirma que Slim y dos empresas extranjeras (Bell Internacional Holding Co. y France Cable & Radio) poseen el 36% de Telmex, sin que se conozca, aún, los otros dueños. En el 2007 un periódico de Inglaterra afirmó que 23 mil millones de dólares de su fortuna se debían al desarrollo de America Movil.

Su centro de operaciones es el Grupo CARSO, sigla formada con su nombre, Carlos, y el de su esposa Soumaya, ya fallecida. Sus actividades incluyen restaurantes, hoteles, telefonía (America Movil), televisión por cable, produce cable de fibra óptica, cable de cobre para la industria telefónica, coaxiales y cables electrónicos, minería, productos industriales, línea aérea, generación eléctrica, cigarrillos con asocio de la Philip Morris, construcción, infraestructura, industria química y petrolera, sector automotriz, actividades de seguros y finanzas a través del Grupo Inbursa, entre otras. Recientemente está participando en empresas de salud y de educación. Ha creado la Impulsora del Desarrollo y Empleo de América Latina. (IDEAL), buscando promover su imagen de “hombre preocupado” por el desarrollo de los pobres, afirmando que hay que integrar a los pobres al mercado, para continuar haciendo ganancias. Esta es su filosofía.

En la empresa TELMEX convergen otros intereses asociados a Slim. Ricardo Martín Bringas, miembro del cuerpo de directores desde el 2000, también pertenece a la Junta Directiva del Banco HSBC, S.A. de México, del Grupo Financiero Banamex y otros grupos financieros, así como Javier Mondragón de la Junta Directiva de Televisa, donde el Grupo de Slim tiene importante participación.

Carlos Slim forma parte de la Junta Directiva de la tabacalera Phillips Morris Internacional, de la cual posee el 20% de las acciones. Harold Brown, Director de Altria Group Inc., propietaria de Phillips Morris, también es miembro de la Junta Directiva de Evergreen Holding, importante empresa usuaria del Canal de Panamá. J. Dudley Fishburn es Director también del banco HSBC plc en Inglaterra.

Slim y Televisa, empresa de televisión en español más grande del mundo, conjuntamente con el Grupo TACA de El Salvador y Protego Discovery Fund, crearon VOLARIS en el 2006, una empresa de aviación mexicana, aportando cada socio el 25% del capital de 100 millones. La inauguración de la empresa fue presidida por el Presidente Vicente Fox. Al parecer a Slim le gusta financiar campañas presidenciales lo cual les abre puertas a sus negocios.

Los intereses de Carlos Slim en Panamá

Los negocios de Carlos Slim con el PRD no son nuevos. Con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se le hizo concesiones millonarias a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la cual el magnate es propietario del 8%, participación de gran importancia considerando la estructura de propiedad de la empresa. Todo lo que hoy es el desarrollo de Punta Pacífica se desarrolló en el marco del contrato con ICA. En este proceso, importantes figuras del PRD, como los ex ministros de Martín, Camilo Alleyne y Ubaldino Real, adquirieron terrenos que se valorizaron rápidamente, Felipe Virci y Btesh, que desarrollan grandes edificios de apartamentos, entre otros. Además, Balladares le traspasó a ICA terrenos de Hotel Cesar Park y del Centro de Convenciones ATLAPA, que devaluó la propiedad del Estado, al momento de quererse vender.

Con Martín Torrijos, Carlos Slim se ha expuesto más. En el 2005 le prestó su avión para que asistiera a los funerales del Papa Juan Pablo II. Torrijos también alquila aviones a una de las empresas de Slim. La Primera Dama Vivian de Torrijos ha firmado con Carso Health Institute, una de las empresas de Slim, un acuerdo para desarrollar programas de salud, negocio al que ha estado incursionando el magnate, entro del proceso de privatización de los sistemas de salud de América Latina. El proyecto de Slim se corresponde con el proyecto privatizador del Sistema Único de Salud que impulsa el gobierno de Martín Torrijos.

De acuerdo al Banco de México, a través de la empresa IDEAL, Carlos Slim proyecta invertir unos 16,000 millones en 57 proyectos en los próximos dos años, de los cuales, casi la mitad serán invertidos en Panamá. Esto sólo sería cierto si le adjudican, junto con la empresa ICA y CILSA, la construcción de las esclusas del canal de Panamá, una de las aspiraciones del magnate. La empresa CILSA ya se adjudicó el segundo contrato de excavación, por 25 millones de dólares. ICA ha hecho alianza con la española Sener Ingeniería y Sistemas, la holandesa Haskoning Nederland BV y la británica Mott Macdonald Limite, para participar en la construcción de las esclusas. El primer contrato de excavación fue adjudicado a la empresa CUSA de la familia del Administrador del Canal, Alemán Zubieta. La mayoría de las empresas de Slim tienen como su representante en Panamá a la firma de abogados, Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Jaime Alemán Healy, hermano del excandidato arnulfista José Miguel Alemán Healy, y familiar del actual Administrador del Canal. La familia Alemán Zubieta y Alemán Healy fueron principales beneficiarios de la Ley Banistmo, junto con el HSBC y otros miembros del gobierno al exonerarles casi 400 millones de dólares en impuestos, lo que constituyó un robó al pueblo panameño. Anibal Galindo Navarro es pariente del actual candidato a la Presidencia de la República por el PRD, Juan Carlos Navarro y del actual canciller, Samuel Lewis Navarro. Aunque es, supuestamente, de la oposición política del PRD. Jorge Federico Lee, otro de la firma, es del PRD y ha sido miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Alejandro Ferrer es otro miembro de la firma y hasta hace poco fue Ministro de Comercio e Industria del gobierno de Martín Torrijos.

A través de la empresa CICSA PANAMÁ, S.A., planea desarrollar los proyectos hidroeléctricos BAITÚN y BAJO DE MINA, en el Río Chiriquí Viejo, los cuales están siendo rechazados por las comunidades. Ha empezado a comprar tierras vinculadas al proyecto. La firma Pardini & Asociados representa esta empresa, así como otros proyectos hidroeléctricos y mineros.

La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, también representa al Banco General y Petróleos Delta, empresa que pertenece al holding del banco, cuyo Presidente Ejecutivo es el hermano del Administrador del Canal, Alemán Zubieta. Otras figuras ligadas con el poder económico que sostiene al gobierno de Martín Torrijos se encuentran aquí: Federico Humbert, cuyo hijo es el embajador de Panamá en Washington, la familia Motta, Jaime Arias Calderón, de la firma Galindo, Arias y López, entre otros. CUSA de la familia Alemán Zubieta también la representa esta firma. Otras empresas en las que Carlos Slim tiene participación también se incluyen en la lista: Philip Morris-Tabacalera Nacional, S.A. y Evergreen Internacional, S.A., que tiene uno de sus directores también en Philip Morris, y Kraft Foods (Panamá), S.A.. El Grupo Taca que tiene asociación con Slim. También representan a la Organización Cisneros de Venezuela, a empresas beneficiarias de la privatización del sistema eléctrico, Constellation Power Inc. y Electra Noreste, y al Banco Azteca, el cual está empobreciendo aún más a los panameños cobrándoles tasas de interés por encima del 40% al año, con el beneplácito de la Comisión Bancaria.

Cisco Systems es otra de las empresas que representa la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, firma de abogados que se consideró ser el vínculo entre Cisco y una red de 15 de empresas utilizadas para evadir impuestos, hacer fraude fiscal por 1,500 millones de dólares, e incluso, de ser sospechosas de lavado de dinero. Cuatro (4) panameños son investigados Miriam Estela Rivera, Myrna de Navarro, John Benjamin Foster y Andrés Maximino Sánchez, todos relacionados con la firma de abogados. Ellos son señalados como socios intermediarios en varias corporaciones que operan en el exterior. La investigación federal señala sin dudas a Cisco Systems Inc. como una beneficiaria del sistema creado por la red de empresas, junto con Cisco do Brasil Ltda.. Sánchez, Navarro y Foster, son el Presidente, Tesorero y Secretario de Tabacalera Nacional, una subsidiaria de Phillps Morris International, 20% de propiedad de Carlos Slim, también cliente de Alemán, Cordero, Galindo y Lee.

Myrna de Navarro también es Tesorera de WINSIDE INVESTMENTS S.A., junto con Edgardo E. Díaz (presidente) y María Vallarino A. (secretaria), representada también por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Esta empresa fue la sobreviviente de la fusión con WHITMER LIMTED S.A., empresa también vinculada a la firma de abogados: Carlos Cordero B. era el Presidente, Ernesto Navarro Diez el Tesorero, (esposo de Myrna de Navarro?) y Lorenzo Marquéis B. el secretario.

La cadena Sambors de Slim, inauguró en noviembre de 2007 un local en el centro comercial Multiplaza Pacífica, construido por el grupo salvadoreño Roble, asistiendo un hijo de Slim, Torrijos y su esposa Vivian.

A inicios de mayo pasado, la empresa de Carlos Slim, America Movil, a través de su subsidiaria Claro Panamá, ganó una de las licitaciones para operar teléfonos celulares en Panamá. La firma representante de esta empresa es Galindo, Arias y López, sectores muy vinculados al PRD y a Martín Torrijos.

Actualmente en México el grupo de Carlos Slim construye infraestructura hospitalaria y la Terminal Multimodal Azteca, algo similar al sistema de transporte que está impulsando el gobierno de Martín Torrijos en Panamá, poco antes de terminar su mandato, lo que incluye la compra de 500 buses. Una gran cantidad de millones, sin duda. Slim podría estar financiando la campaña política de las próximas elecciones presidenciales en Panamá, para garantizar el desarrollo de sus negocios.

http://www.kaosenlared.net/noticia/vinculos-carlos-slim-martin-torrijos-cien-duenos-panama

Hecmilio Galván: Defender la soberanía alimentaría

En enero de este año, cables de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación. En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados. Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití.

Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora, dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos.

Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas. Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.

La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo. La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, si no también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población. Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer.

Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria. La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.

La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un “colchón” alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población. Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre. Esta fue una consecuencia previsible del modelo.

Y es qué las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales. La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país. La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; si no que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales.

Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual.

La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80’s), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada “estrategia de desarrollo conjunta” para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el “Taiwán” del Caribe. La historia ha sido diametralmente diferente.

Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier. La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación. La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%. El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002.

La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un “Programa de ajuste estructural” de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80´s y como una “condicionalidad” para el financiamiento. Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados -PMA-.

La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI. Según la OMC “dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa. En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor”. (OMC, 2003).

* Argenpress
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