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Raúl Zibechi: La segunda fase del Plan Colombia en acción

Es muy probable que el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantesco presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Colombia.

Más allá de las declaraciones, todo indica que la segunda fase del Plan Colombia no estará dirigida hacia lo que declaran sus promotores, como ya sucedió con la primera fase. Un buen ejemplo es lo que viene sucediendo con los cultivos de coca. Es cierto que el volumen de cultivos parece haber disminuido en Colombia, pero se mantiene estable en los últimos años, y en una década las exportaciones de cocaína a Estados Unidos no han decrecido y registraron un récord en 2007. Según diversos análisis, lo que está sucediendo es una difusión de los cultivos a otras regiones y a otros países. Más aún, las técnicas de los exportadores se vienen perfeccionando con la construcción de decenas de semisubmarinos que pueden transportar hasta 12 toneladas de cocaína cada uno. La Guardia Costera estadunidense informa que este año espera capturar hasta 120 submarinos de los narcos frente a los 23 capturados en los últimos años. La proclamada guerra contra las drogas es un fracaso inocultable.

Por otro lado, la prensa colombiana informa estos días que los paramilitares están de retorno luego de unas breves vacaciones. El grupo más activo se denomina ahora Águilas Negras. Cuenta con unos 4 mil efectivos procedentes de paramilitares que no se acogieron a la desmovilización auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe y por nuevos efectivos reclutados por los narcotraficantes, con los cuales estos grupos tendrían especial afinidad. Días atrás lanzaron amenazas de muerte contra los movimientos sociales convocantes de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo. Una parte considerable de esos grupos actúa cerca de la frontera con Venezuela.

Respecto de la guerrilla, aunque debilitada está lejos de ser derrotada, y aunque ha sido duramente golpeada en varias regiones, su principal retaguardia, en las selvas del sur, se mantiene intacta. Ahí fracasó estrepitosamente el Plan Patriota, que pretendió desalojar a las FARC de una región que conocen y controlan hace tiempo. En resumidas cuentas, el Plan Colombia I consiguió algunos resultados, pero está lejos de ser un éxito, por lo menos en función de los objetivos declarados. Sin embargo, tanto el Plan Colombia I como su segunda fase están dando muy buenos resultados en dos aspectos no declarados y ni siquiera mencionados lateralmente en la propuesta: los negocios marchan viento en popa y la desestabilización de la región ha escalado varios pasos.

En efecto, el llamado “clima de negocios” que se respira en las principales ciudades del país, que se resume en las inversiones extranjeras directas, revela que Colombia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Hoy se coloca sólo detrás de México, Brasil y Chile en su capacidad de captar inversiones. Se asegura que la mayor seguridad es lo que explica esta afluencia de capitales. En realidad, gracias a la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia hay ya 4 millones de desplazados, 10 por ciento de la población del país, que están siendo expulsados precisamente de aquellas zonas apetecidas por el negocio multinacional. Puede decirse que la política del desplazamiento forzado es funcional, y necesaria, para el aterrizaje de las multinacionales.

El Plan Colombia II pretende actuar de modo decisivo sobre las dos fronteras calientes: Venezuela y Ecuador, además de profundizar la penetración en la región del Cauca, donde opera el movimiento indígena colombiano, el único actor social capaz de plantarle cara a la guerra y a las multinacionales. Ello augura un futuro inmediato más que complejo para el subcontinente. La acción militar del primero de marzo puede ser apenas la primera de una serie destinada a desbordar la guerra interior más allá de las fronteras, siguiendo los pasos de los cultivos de coca. No se trata de una desviación sino de un efecto deseado. La política hegemónica de Washington pasa por la desestabilización de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero también por acotar las iniciativas provenientes del Mercosur. De ahí la reciente propuesta de Brasil de crear un Consejo de Seguridad de Sudamérica, que incluye sólo a los 10 países de la región.

Según el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, se trata de una iniciativa brasileña que de forma explícita excluye a Estados Unidos. La iniciativa comenzó a ser diseñada durante la crisis militar entre Ecuador, Venezuela y Colombia y se propone el control de las fronteras, la lucha contra grupos ilegales y la posibilidad de participar en operaciones de paz como las que encabeza Brasil en Haití, en la que participa un amplio contingente militar de la región. Otras versiones aseguran que la creación del Consejo de Seguridad regional fue pactado en la reciente visita de Condoleezza Rice a Brasil, ya que Washington seguiría interesado en que el país de Lula modere los ímpetus de Venezuela y Bolivia.

Aún es pronto para saber cuál de las dos lecturas es la más cercana a la realidad. Sin embargo, ya sabemos que la segunda fase del Plan Colombia está destinada a barrer con aquellos que desde los movimientos y los gobiernos se oponen, aun parcialmente, a la política de “dominio de espectro total” diseñada por las multinacionales y el imperio.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/28/index.php?section=opinion&article=023a1pol

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Gustavo Iruegas: Los internacionalistas no piden permiso

Verónica, Soren, Juan y Fernando murieron en el ataque aéreo del primero de marzo al campamento del comandante Raúl Reyes en la provincia ecuatoriana de Sucumbios. Lucía sobrevivió. Mexicanos los cinco.

Los cinco jóvenes estaban inscritos en la universidad; pero no, la universidad no los envió. Ni la República, ni sus padres. Tomaron una decisión propia y personalísima; aun si el propósito de su viaje fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista. Es posible que se tratara de sus primeros contactos. Pero no eran combatientes, no estaban en un campo de batalla ni tampoco en un país en guerra. No es extraño estar presente en un campamento guerrillero y no ser un combatiente. El de Régis Debray en el campamento del Che Guevara es un caso muy conocido. Se puede incluso ser parte de un grupo revolucionario sin ser combatiente, como lo han sido muchos sacerdotes.

No es ésta la ocasión de hablar de los internacionalistas consagrados en la historia. Es momento para recordar a los anónimos, a los que hicieron el sacrificio de su vida y los que, habiendo sobrevivido, la pusieron en el mismo riesgo en aras de la solidaridad internacional que los revolucionarios practican.

El 26 de julio de 1936, nueve cadetes del H. Colegio Militar aprovecharon la ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de nuevo ingreso para salir a hacer trámites de pasaportes y otra documentación necesaria para viajar a España, donde se incorporarían a la defensa de la República Española. Los cadetes “… suponían que no sería mal visto por el gobierno de México que lucharan al lado de un país amigo que estaba peleando por los mismos principios que habían sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la República [Mexicana]; máxime cuando veían claramente que el propio gobierno mexicano, desinteresada y abiertamente, ayudaba a la República Española. Allí estaba su constante lucha diplomática contra algunos países representados en Ginebra, para que se ayudara a España y se parase en seco la intervención fascista. Ello garantizaba plenamente cualquier movimiento a favor de la República” *. Las tribulaciones del grupo no fueron pocas. Cuando estaban en la estación de Buenavista abordando el tren que los llevaría a Veracruz se apareció un grupo de oficiales del Colegio Militar acompañados de la madre de uno de los cadetes. Cinco fueron regresados al plantel. Los otros cuatro lograron esconderse en el tren y continuar su viaje al puerto y abordar un barco… en el que fueron detenidos y regresados a México. Su castigo fue abrumador. Los nueve fueron expulsados “con cajas destempladas” del Colegio Miliar; entre sonidos de cornetas desafinadas y el redoblar de tambores flojos, todo frente a sus compañeros que les daban la espalda al verlos pasar. El escándalo en la prensa nacional fue mayúsculo. Cinco de ellos llegaron a España. Sólo uno, Roberto Vega González, sobrevivió a la guerra; alcanzó el grado de mayor del Ejército Republicano Español.

Araceli Pérez Darias, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue a pelear al lado de los sandinistas. En 1979, junto al resto de la jefatura del Frente Interno, del cual formaba parte, cayó prisionera en la ciudad de León. Al igual que el resto de sus compañeros, fue asesinada de un tiro en el pecho. Alegando disposiciones sanitarias, el gobierno somocista se negó a permitir la exhumación y el traslado del cadáver a México. Temía que la recepción fuese motivo de un acto de solidaridad contrario a la dictadura.

En El Salvador lucharon unos 250 mexicanos, más de 40 murieron, unos en combate, otros fueron asesinados en prisión. Es de recordarse el jovencito que luchaba en Usulután y la noticia de su muerte llegó antes que la última carta que escribió a su madre. En ella acompañaba una fotografía de tamaño credencial en cuyo reverso se leía a manera de dedicatoria: “Mamá; te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho…” Ésa fue la foto que la desconsolada madre usó para pedir en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se procurase la repatriación del cadáver. Las historias son tantas cuantos han sido los mexicanos que se han incorporado a una lucha que otros considerarían ajena, movidos por el ideal del internacionalismo revolucionario. En Guatemala ocurrió otro tanto y en Colombia no puede ser menos. El internacionalismo no es nuevo.

Lo que es nuevo –pero no sorprendente– es que el gobierno de facto exprese en el comunicado de prensa número 59, emitido por la cancillería el 14 de marzo, que es su “preocupación que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. Las FARC ya eran las que son cuando el gobierno de Colombia –que también tiene su historia– inició procesos de negociación con ellas y el gobierno de México admitió en su territorio, en 1992, a una delegación de las FARC y del ELN para negociar la paz. México actuó como facilitador y comisionó a personal de la cancillería para hacerlo. Diplomáticos en funciones sirvieron como garantes de la seguridad en el tránsito entre la selva y México y de regreso a la selva y un embajador mexicano fue moderador en la mesa de negociaciones. Se reunieron en Tlaxcala, en un centro de descanso del IMSS llamado La Trinidad. Cuando las delegaciones del gobierno y de los revolucionarios regresaron a Colombia, representantes del ELN y de las FARC permanecieron en México –con conocimiento y en contacto con las autoridades de Gobernación– por varios años. El 30 de noviembre del año 2000, reunidos los presidentes de Colombia, Venezuela y el todavía presidente electo de México Vicente Fox, se dio una acalorada discusión entre los cancilleres colombiano y venezolano durante la cual se mencionó la existencia en México de una oficina de las FARC. Vicente Fox, sorprendido, intervino para decir que él no lo sabía y que ordenaría su inmediata expulsión. El propio presidente Pastrana terció para explicar que la presencia en México de esa oficina era útil, porque era un punto de contacto y comunicación entre el gobierno y los insurrectos, y pidió que se le permitiera permanecer. Vicente Fox accedió “mientras fueran útiles para la negociación”. Fue hasta mayo de 2002, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo, en Monterrey, cuando las negociaciones en El Caguán ya habían fracasado, que el presidente Pastrana le pidió a Fox que se cerrara la oficina de las FARC en México. Así se hizo.

La preocupación del gobierno de facto obedece a su alineamiento ideológico y político con Estados Unidos, pero aduce que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas. Eso es cierto, pero no es efectivo. La dificultad estriba en que ni las resoluciones ni los tratados han logrado definir el terrorismo de manera generalmente aceptable ni han podido elaborar una fórmula que permita determinar quién es terrorista y quién no. En la práctica, el término terrorista es sólo un calificativo para el adversario. Los textos de la OEA y de la ONU obedecen a la hegemonía de Estados Unidos y no a la lógica del derecho. El delito de terrorismo internacional no es más que un artilugio que pretende cancelar el derecho de los pueblos a la rebelión. Olvidan la cancillería, la OEA y la ONU que la revolución es un atributo de la soberanía popular que no requiere la aprobación de nadie más que la del propio pueblo que la practica.

En cuanto a los jóvenes internacionalistas mexicanos víctimas del ataque al campamento en Sucumbios hay que decir que los muertos no temen a las investigaciones ni a las causas judiciales. Sería el colmo del cinismo que el gobierno de Colombia pidiera la extradición de Lucía y altamente improbable que el gobierno de Ecuador la entregara. Si en México el gobierno de facto intentara una bellaquería contra ella, agregaría un agravio más a la ira popular que con tanto ahínco ha cultivado. Lo único que corresponde es asegurar el pronto regreso de Lucía a México, a su familia y a su escuela. A los espurios no hay que pedirles ni comprensión ni clemencia. Pero se les exige respeto. Respeto a la conciencia personal, al compromiso social y a la actitud solidaria de nuestros jóvenes internacionalistas.

Ésta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México.

* Roberto Vega González, Cadetes mexicanos en la guerra de España, Compañía General de Ediciones, México, 1954.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/22/index.php?section=opinion&article=014a1pol

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Miguel Suárez: Colombiano, uno de los ejércitos más grandes del mundo

En estos días, luego de la militarización de las fronteras de Venezuela y Ecuador con el gobierno mafioso, luego del artero ataque al campamento de Raúl Reyes en el Ecuador, donde estaba buscando una zona fuera del conflicto interno para poder reunirse con los “facilitadores” autorizados por Uribe y luego de la muerte en combate del comandante Iván Ríos, y luego de la Pax del Grupo de Río, se ha desatado una campaña sicológica-mediática dando la impresión de la que las Farc-ep, esta en desbandada, cosa totalmente fuera de la realidad y que nos muestras el desespero de la oligarquía colombiana al no haber podido doblegar a esta organización política militar en los ya casi seis años de la “Seguridad Democrática” que había prometido derrotarlas en unos cuantos meses.

Viendo entre las fotos presentadas por el gobierno mafioso del computador antimisiles del comandante Raúl Reyes, me llamó la atención el cañón conque las Farc-EP, enfrenta a los blindados del ejército de la oligarquía y con los que muy seguramente algún guerrillero soñador pretenderá tumbar uno de los aviones espías imperiales que vuelan a mas de 10 mil metros de altura. Me puse a pensar en la gran diferencia logística entre el ejército de las Farc y el de la oligarquía colombiana y buscando encontré el porque, por ahora, la guerrilla no ha derrotado al ejército de ocupación.

Un articulo publicado en Rebelión decía que se calculaba en el 2004 el ejército de la oligarquía estaba compuesto por unos 450 mil hombres, si tomamos como base las declaraciones del viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando explica lo del gasto público militar que dio a entender que el crecimiento del ejército de ocupación durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez había sido a un ritmo del 35 por ciento anual, hoy en el 2008, podemos sin temor a equivocarnos calcular que el total de efectivos del ejército de ocupación llega a unos 550 mil, comparados con los que se dice tiene hoy la guerrilla, unos 20 mil, a pesar de que Uribe trate de engañar diciendo que se ha rendido 8 mil.

Debemos tener muy en cuenta que las Fuerzas Armadas de la oligarquía colombiana, después de las de Egipto y las de Israel, son el ejército del mundo que más se han financiado con recursos, capacitación y tecnología de imperio y que es el tercer receptor de “ayuda” militar del imperio.

El ejército de la oligarquía colombiana no está solo pensado y diseñado por el imperio para combatir a la población de Colombia. Está pensado, entrenado y fortalecido como una punta de lanza del proyecto imperialista para América Latina y, en especial, en el punto de mira de este proyecto está el gobierno bolivariano de Chávez, el Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Al gran número de efectivos del ejército de la oligarquía colombiana hay que sumarle los efectivos de la policía, que es una policía totalmente militarizada y allí están armados y preparados como unidades de Infantería Ligera, cuyo número en el 2005 se decía eran unos 120 mil y hoy fácilmente pueden sobrepasar los 160 mil.

A comienzos del 2004 se conoció de la compra por el gobierno de Uribe de un avión Hércules C 130 B 130 Lockheed (estadounidense) por 7.5 millones de dólares y la de un avión Casa CN 235 de la Eads (europea),

En 1968, la Fuerza Aérea Colombiana adquirió sus dos primeros Hércules. Posteriormente compraron dos nuevos Hércules de la serie C-130H. A partir de 1980, el gobierno imperial le ha suministrado a la FAC otros ocho aviones C-130B. Llegando a tener una flota de unos 15 aviones Hércules.

EL CN-235 ES UN AVIÓN DE TRANSPORTE TÁCTICO, BITURBOHÉLICE, PRESURIZADO, CAPAZ DE OPERAR EN PISTAS CORTAS O SIN PAVIMENTAR. EL CN-235 ES UNA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO ESPECIALMENTE DE LA GUERRA ELECTRÓNICA.

EN FEBRERO DEL 2007 SE CONOCIÓ QUE EL GOBIERNO MAFIOSO NEGOCIA CON EL DE CHILE LA COMPRA A CHILE DE UNA FLOTA DE 15 AVIONES DE COMBATE MIRAGE ELKAN QUE AÚN TIENEN UNA VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS, SEGÚN DIJO LA MINISTRA DE DEFENSA DE CHILE, VIVIANNE BLANLOT.

A ESTOS AVIONES HAY QUE SUMARLES LOS AVIONES MIRAGE, QUE EN UN NUMERO DE 16 FUERON COMPRADOS POR LA OLIGARQUÍA COLOMBIANA ALREDEDOR DE 1987.

LAS IMPORTACIONES DE ARMAS DE LA OLIGARQUÍA COLOMBIANA SE HACEN BAJO EL MAS ABSOLUTO SECRETO, ENCUBIERTOS POR EL POLICÍA DEL MUNDO QUE VIGILA CELOSAMENTE LA COMPRA DE ARMAS DE OTROS ESTADOS, COMO EL VENEZOLANO.

El 17 de diciembre del 2007 se conoció que un avión cargado de armas clandestinamente llegó a Colombia y fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. La llegada del cargamento de armas fue descubierto ya que un avión, un Antonov de matrícula ucraniana había salido de Centroamérica y debió aterrizar en el aeropuerto de Bogotá por una emergencia.

Después del escándalo ocasionado por los medios de desinformación asegurando que eran armas para la guerrilla o paramilitares, el ministro de guerra, Juan Manuel Santos, se vio obligado a reconocer que esas armas eran para su ejército de ocupación.

Según datos del 2005, Colombia posee la quinta flota de helicópteros militares más grande del mundo que en cuestión de horas la sola Brigada de Aviación del Ejército puede poner a una Brigada Móvil en cualquier sitio de Colombia o en territorio vecino, como ocurrió en Ecuador.

Se conoce que entre1997 y el 2002, la oligarquía colombiana compró unos 16 helicópteros MI-17, que fueron repotenciados en el 2005 por técnicos rusos.

A finales del año 2005 se anunció la compra de ocho helicópteros black hawk de fabricación estadounidense con destino a la aviación del Ejército, según anunció el viceministro de Defensa del momento, Jorge Mario Eastman. Se calcula que sumados a las “donaciones” imperiales de estos helicópteros, las fuerzas militares de la oligarquía colombiana poseen unos 25 helicópteros black hawk.

A mediados del 2007 se conoció según un comunicado de la Sikorsky Aircraft, el Gobierno colombiano compraría 15 helicópteros Sikorsky UH-60L (Black Hawk) por un valor de 225 millones de dólares que serían entregados al gobierno colombiano por medio del ejército estadounidense y el programa de ventas militares. Bajo dicho programa el gobierno estadounidense adquiere el material en nombre del país.

En el Plan de Compras para el 2006 del Ejército Colombiano se reveló que adquirirían 5 unidades de lanzamiento y 50 misiles Spike a Israel, los cuales vendrían a unirse a los miísiles Nimrod, TOW, y ahora Spike; a los cohetes Apilas, M-72, C90, RPG; y también a los Cañones S/R de 106 mm en profusión.

Como los misiles deben instalarse en alguna parte y no sirven para combatir a la guerrilla, mucho se ha especulado que fueron instalados en una base militar en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, base cuya construcción se anuncio a finales del 2005 por el viceministro de Defensa del momento, Andrés Peñate. Es llamativo que entre los impulsores de la idea de esta base militar se encuentre Hernando Molina Araujo, involucrado en el conocido escándalo del parauribismo.

La inversión aproximada para el Batallón de alta Montaña del Perijá es de 35 mil millones de pesos, el primer año, y tiene unos costos de funcionamiento de 20 mil millones de pesos anuales, según declaró el Peñate.

Se comenta que la aviación de la oligarquía colombiana tiene unos 80 aviones Kfir, cuya existencia no han reconocido públicamente y que tienen armas de quinta generación.

En el 2006, luego de muchos enredos con la industria de la muerte imperial, el gobierno fascista decidió la adquisición de 25 aviones Súper Tucano comprados a la compañía aeronáutica brasileña Embrear, a un costo 234 millones de dólares. Los últimos 10 aviones de este pedido serán entregados este año (2008).

En enero de 2007, la revista The Economist, publico un artículo donde ubicó a las Fuerzas Armadas de la oligarquía colombiana como uno de los 21 ejércitos más grandes del mundo.

Según The Economist “Debido a la guerra antiterrorista que desarrolla las fuerzas armadas colombianas desde hace 40 años estos se han fortalecido de una manera magistral. Haciendo que el ejército se convierta en uno de los mejores del mundo, con mucha experiencia, preparación, inteligencia, ayudas tácticas y modernas dadas por EUA.. Tropas de otros países vienen a Colombia a prepararse como fuerzas especiales o grupos Jungla de la Policía”.

Según un informe publicado por el diario el tiempo en abril del 2006, a partir de ese año el ejército de la oligarquía colombiana, por medio de su Industria Militar, Indumil, quedó como único fabricante de los fusiles Galil en el mundo, llegando incluso a ser un producto de exportación del ejército de ocupación.

El articulo aseguraba que este fusil había sido modificado en Colombia y ahora se había convertido también en un lanzagranadas, basados en transferencia de tecnología Israelí y que el ejército de la oligarquía colombiana también está produciendo granadas para mortero y de fragmentación así como bombas de 100 libras para las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La llamada Industria Militar colombiana también fabrica pistolas 9 milímetros, subametralladoras livianas, morteros y granadas.

En Colombia hay unos 2500 militares yanquis, camuflados entre funcionario diplomáticos, de la DEA, la CIA, asesores militares y mercenarios así como existen militares Ingleses, Holandeses e Israelíes.

A esto hay que adicionar los 32 mil paramilitares “desmovilizados”, que antes que desmovilizados fueron nuevos reclutamientos y que hoy cumplen la función de control de la población en las grandes ciudades y los 8 mil paramilitares que para no desentonar en la banda Uribista, se cambiaron de nombre y hoy se hacen llamar “Aguilas Negras”. También hay que sumarle “el millón de sapos” y los “Cien mil” amigos, por lo cual sin temor a equivocarnos podemos decir que estamos ante el ejército mas grande de América después de el de los Estados Unidos.

Según un informe del Ministerio de Defensa, Colombia adquiere armas entre otros a: Singapur, Israel, Sudáfrica, España, Grecia, Brasil, Bulgaria, China y Estados Unidos.

A esta descomunal máquina de guerra, es que se enfrenta el pueblo colombiano, especialmente su ejército popular, las Farc-EP.

Para ocultar el tamaño de este ejército de ocupación, hay una matriz de opinión, alentada por el imperio basado en los medios de desinformación colombianos e internacionales, que busca ocultar este crecimiento militar, tecnológico y armamentístico y, sobre todo, la orientación política de estas Fuerzas Armadas hacia las naciones vecinas y sus procesos democráticos no afines al imperio.

Así por ejemplo, el actual jefe del comando sur de los Estados Unidos, almirante Jim Stavridis, dijo en el congreso imperial que no entendía porque el gobierno de Venezuela compraba aviones y helicópteros, pasando por alto el armamentismo de su ejército títere.

José Fernando Isaza y Diógenes Campos, de la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá, en un artículo publicado en el espectador a finales del año pasado (2007), decían que “La militarización de la sociedad colombiana es creciente y cada vez más preocupante. Bajo la amenaza de la insurgencia y el manto de la política de seguridad democrática, el presupuesto destinado a la guerra ha aumentado de 2 puntos del PIB en 1990 al 6,3% para el año 2008…

…El presupuesto de seguridad para 2008 va a ser de $22.2 billones, de los cuales los Estados Unidos ponen $1.2 billones, tan sólo 5,4% del total, mientras que el grueso surge de nuestras contribuciones”.

Mirando pues estas cifras, que como todas las cifras de la guerra tienen una gran parte escondida, lo asombroso es que esa descomunal maquinaria de guerra no haya podido derrotar al movimiento guerrillero colombianos y sus grandes “victorias” hayan ocurrido violando las soberanías de otros países, como fue el caso de Rodrigo Granda, Simón Trinidad y ahora el comandante Raúl Reyes.

La desproporcionada campaña mediática desatada a raíz del asesinato de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos, tiene pues una explicación, y es la desesperada situación de la oligarquía colombiana que luego de unos seis años de “seguridad Democrática” no ha logrado sus objetivos, con los agravantes de la complicada situación económica de su principal sostén, el imperio y la suya propia ya que durante estos seis años casi todas las empresas estatales ha sido vendidos para financiar la guerra llegando a un punto donde ya no tienen nada que vender.

En agosto del año pasado (2007) el diario El Tiempo publicó un artículo titulado “Tras cinco años de seguridad democrática, con un presupuesto billonario y graves fallas de inteligencia, las FF. AA. están ante un reto histórico”, donde llamaban la atención de que el tiempo pasaba, se gastaban ríos de dólares en su banda de asesinos y las victorias reales no se veían.

Decía textualmente el artículo que ”Además de que el presupuesto de inversión para defensa y seguridad del 2008 triplica el de este año, y de que el gasto total del sector se acerca al 5 por ciento del PIB, los recursos disponibles hoy están engordados por el impuesto al patrimonio y una partida extraordinaria para inversión, aprobada por el Congreso para la vigencia 2008-2010, de 8,25 billones de pesos. En total entre el 2007 y el 2010, el sector de seguridad y defensa recibirá 57,9 billones de pesos. Extraordinarios recursos para rematar una monumental tarea aún incompleta”.

Y quiero subrayar el ”para rematar una monumental tarea aún incompleta”

En Octubre 2007 el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, dio a conocer un estudio donde aseguraba que el gasto público militar en Colombia está por encima del que la economía podría financiar.

En diciembre del año pasado (2007) el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y el de guerra Juan Manuel Santos, al buscar justificar otra multimillonaria “inversión” para la guerra dijo que “De nada serviría traer los aviones, los tanques y demás equipos en el año 2010. El balance de esta guerra, según lo han definido las Fuerzas Militares, depende de que tengamos esa disponibilidad de equipos complementarios y se materialicen el año entrante”

Entonces podemos concluir que ellos, según sus declaraciones y con sus gigantescas “inversiones” han decidido este año “rematar una monumental tarea aún incompleta” ya que según los generales el desbalance de esta guerra se decidirán este año.

Por eso la están metiendo toda, violando soberanías, tratando de crear un ambiente que sólo en sus deseos existe de que la guerrilla y especialmente las Farc, se desmoronan, cuando lo que parece ser es que después de este año se reventará la economía colombiana que no podrá sostener más a esa máquina de guerra al servicio del imperio y entonces la definición del conflicto colombiano sería a otro precio.

Luego viendo las cifras y viendo las declaraciones de los “honorables” representantes de la mafia, fácilmente queda claro el papel heroico de los hombres que en Colombia decidieron tomar el camino de las armas buscando construir un nuevo país, que se enfrentan a uno de los más armados ejército del mundo, que tienen los satélites imperiales y sus aviones espías de última tecnología sobre sus cabezas a los cuales sueñan tumbar con un cañon hechizo.

Por lo tanto, ayudará a que esa crisis se profundice, el cerrar los mercados a la mafia que gobierna a Colombia, el brindar más solidaridad al pueblo colombiano y sus luchas y así nos estaremos adelantado a solucionar un futuro problema ya que ese monumental ejército, con lanza mísiles y cientos de naves de guerra, no está sólo dirigido y entrenado para atacar al pueblo colombiano, es para también atacar a otros procesos no afines al imperio.

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Raúl Zibechi: Movimientos en contextos de guerra

El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.

No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.

Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.

Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.

Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.

Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.

En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.

Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.

El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=opinion&article=024a1pol

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Emir Sader: Por la paz en Colombia

La liberación de los primeros rehenes es un acto que debe ser saludado desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque recuperaron su libertad personas que habían estado recluidas durante varios años, aisladas del mundo y de sus familiares. Es un gesto humanitario que debe ser saludado como tal, con los debidos agradecimientos a todos los responsables, entre ellos y en primer lugar al presidente venezolano Hugo Chávez, luego a los representantes de gobiernos como los de Argentina, Cuba y Brasil, entre otros, por su apoyo.

En segundo lugar, porque Colombia es uno de los epicentros de la “guerra infinita” de EU y por primera vez este país deja de ser agente de la guerra para convertirse en mediador de eventuales procesos de paz. El mecanismo ya viciado impide éxito en diversos casos, el más largo de los cuales es Palestina.

Ni en Palestina ni en Irak ni en Afganistán ni en Colombia parecían prosperar iniciativas de resolución pacífica de los conflictos llevadas a cabo por Washington.

Es una buena sugerencia para que otros busquen soluciones o al menos alternativas que avancen en la dirección de la solución pacífica de los conflictos en el mundo. Una posibilidad para que gobiernos progresistas, y especialmente el Foro Social Mundial, busquen demostrar que “otro mundo es posible”, otras formas de superar la política de militarización de los conflitos de parte de la potencia imperial estadunidense.

En el caso colombiano se trata de no detenerse en la liberación de los detenidos de una parte y de otra, aunque éste sea el próximo paso concreto, que servirá de poco, si siguen en acción los paramilitares, si el ejército sigue atacando a campesinos, si siguen los secuestros; en fin, si la guerra sigue. De ahí que la propuesta de Hugo Chávez –promover una negociacion política que permita terminar con la guerra y replantear la relación del gobierno de Colombia con las FARC y el ELN en el plano político– sería un objetivo fundamental para que Colombia cierre ese capítulo duro de su historia que tantos sufrimientos causa a su pueblo, para que América Latina deje de tener un epicentro de las “guerras infinitas” del gobierno estadunidense, para que no se entorpezcan las relaciones entre los gobiernos del continente por esa guerra.

Y, finalmente, para que se sepa que se pueden resolver los conflictos sin apelar a la guerra, a la violencia, a la militarización, para lo cual es necesario tener gobiernos con iniciativa, audacia y compromiso para arribar a soluciones favorables al bienestar de nuestros pueblos, como ha sido el caso de Venezuela. Perderían los que apuestan a la violencia y a la guerra para ganar los conflictos; esto es, los fabricantes de armamentos, los que viven de eso en Colombia.

Ha llegado el momento de constituir una especie de Grupo de Amigos de Colombia con los gobiernos que han participado con éxito en esta primera negociación, tanto los latinoamericanos como los europeos, porque queda claro que esa acción tiene legitimidad y posibilidad de éxito.

La cuestión colombiana es un problema de los colombianos, pero se ha visto que el apoyo internacional tiene buenas posibilidades de éxito y apoyos internos e internacionales, además de que puede representar un nuevo hito en este comienzo de siglo, todavía dominado por las “guerra infinitas” del imperio.

América Latina puede dar al mundo el ejemplo de que puede resolver sola, de forma pacífica y justa, el conflicto colombiano.

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Carlos Montemayor: Las FARC y el terrorismo

El viernes de la semana pasada, en un discurso ante el Poder Legislativo de su país, el presidente venezolano Hugo Chávez se atrevió a plantear como una solución política el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) como fuerzas beligerantes. Las reacciones nacionales e internacionales fueron en su mayor parte previsibles.

De inmediato, por ejemplo, el gobierno de Colombia rechazó la propuesta de reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante e insistió en la solución militar para extirparlas como “un cáncer” a fin de que en 2010 Colombia se convierta en “un país sin terroristas”. En círculos políticos colombianos, la iniciativa de Chávez fue cuestionada incluso por constituir una intervención en asuntos internos colombianos. El portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó el 14 de enero la propuesta de retirar de la “lista de organizaciones terroristas” a las FARC, y la gobernante alemana Angela Merkel fue de la misma “escéptica” opinión un día después.

Interesante planteamiento el del presidente Chávez no por imposible de realizar, sino por la importancia de poner en la mesa de debate nacional e internacional el sesgado y utilitario concepto de “terrorismo” y descubrir otras capas de la realidad social en el mundo actual. Particularmente cuando la “injerencia internacional” de nuestros días no se origina en los círculos terroristas, sino en los financieros.

La senadora colombiana Piedad Córdoba expresó, por su parte, el 13 de enero, que “la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política y no podemos olvidarnos de eso, porque en esa medida y de esa manera no vamos a lograr lo que queremos, que es la liberación de todos los compañeros”. El argumento es relevante: “son un sujeto político en el país, son una realidad política”. Ésta es la dimensión que varios gobiernos en el mundo tratan de eliminar, ocultar o distorsionar en procesos sociales de oposición o en movimientos de resistencia a ocupaciones territoriales de fuerzas extranjeras. No es difícil observar que en Chechenia, Irak, Palestina, Pakistán o Colombia, por poner algunos ejemplos, hay una práctica de descalificación política utilitaria a movimientos y procesos sociales. La petición de reconocer a las FARC en Colombia como fuerza beligerante se relaciona con numerosos casos de muchos países del mundo, incluido México.

En julio de 1997 fueron divulgados en el semanario Proceso algunos documentos de Inteligencia Militar, en uno de ellos, en una tarjeta dirigida al secretario de la Defensa, se lee lo siguiente:

“Entre los años 1991-1992 acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (EMDNS5) el doctor Alberto Zékelly, en ese entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. Esta secretaría estuvo en desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un estatus beligerante y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. Ante esta negativa, el doctor Zekelly propuso que se accediera a una petición de la Cruz Roja Internacional para abrir una oficina en México. Esta secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.”

Queda claro que la Secretaría de la Defensa se opuso a que México firmara el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra porque había detectado la presencia del grupo armado que después conoceríamos como EZLN. La firma del protocolo favorecería, en términos militares, al grupo armado antes aun de lanzar una declaración de guerra. Pero el otro argumento era peculiar: tal firma pondría en riesgo de afectación nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional. El planteamiento es contradictorio no sólo por la “injerencia” que México padecía ya desde ese momento con los organismos financieros internacionales, sino por este simple hecho: que el ejército esté actuando cada vez más a fondo en la lucha antinarcóticos es resultado ya de una injerencia internacional.

La ley estadunidense definió el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos” y el terrorismo internacional como el “que involucra a los ciudadanos o el territorio de más de un país”. En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia.

El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, sus principales actividades, su fuerza estimada, su área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones consideradas terroristas eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de extrema izquierda. Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia, ETA, de España, e IRA, de Irlanda.

Según ese informe las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino- israelí en septiembre del año 2000, dato relevante porque el documento apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos entre sus principales blancos. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera terroristas no es “el terror” o daño que producen a grupos no combatientes, sino la descalificación política con que se les proscribe.

En abril del año pasado consideramos una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial de cuyo riesgo debemos precavernos, a sabiendas de que el término terrorismo no es resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que proviene de una descalificación política utilitaria. En México se pretende asimilar el concepto de terrorismo a los grupos que emprendan ciertas acciones “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.”

Resulta peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca “presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. En la base de esta tentadora confusión está la explicación de las reacciones inmediatas de los gobiernos colombiano y estadunidense de rechazar el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes. También la reacción extrema de César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal: “Las afirmaciones del presidente Chávez constituyen un grave quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana”. Curiosa reacción, sobre todo ahora que en México y en el continente entero han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales de nuestros países, el sistema bancario (que en nuestro caso ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que las autoridades tomen “una determinación”, la presión de “los terroristas” parece una broma.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/17/index.php?section=opinion&article=018a1pol

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