Ricardo Rocha: Cada quien a los suyo

Se manifiestan pobres y trabajadores inconformes contra una política económica que no genera empleos

Tiempos difíciles los que hemos vivido en las horas recientes, pero más los que se avecinan. En las grandes avenidas los ricos y las clases medias altas expresan su hartazgo por la inseguridad, la impunidad y una violencia desatada como nunca antes: ¡si no pueden, váyanse!
También en las calles se manifiestan los pobres y los trabajadores inconformes y feroces contra una política económica que no genera empleos, que achica los salarios y encoge un dinero que cada vez alcanza menos para la supervivencia. En las plazas públicas se concentran las brigadas en defensa del petróleo y advierten de movilizaciones cada vez más intensas si se procede a la privatización de Pemex.
Días estos en que la criminalidad es salpicadero escatológico con descabezados sin fin en un territorio cada vez más ancho. Al mismo tiempo, asaltan un cuartel militar a espaldas de la mansión del ex presidente. Y aparecen las narcomantas de tecnología láser con una calidad de impresión y una sincronía que espantan tanto como las acusaciones y las fotos del presidente pa’ bajo.
Mientras tanto, en EL UNIVERSAL leemos que fallan los pactos y se disparan los precios. También que se derrumban los pronósticos optimistas sobre el crecimiento económico. Según la Cepal, si acaso llegaremos a 2.3%, el más bajo de toda esta América Latina, incluidos países centroamericanos y del Caribe: seremos los peores o los más incapaces. Y si a esto agregamos el factor inflación —ya a un alarmante 6%—, pues lo más probable es que no sólo no crezcamos sino que descrezcamos abajo del cero. En paralelo, los alimentos son materia de especulación o desaparecen por escasez.
Por si fuera poco, una caída inoportuna y la agenda presidencial se sale de control: se cancela un mensaje mañanero y radiotelevisado en la mañana del día 1. Extinguido por conveniencia el viejo ritual del informe, el péndulo se va hasta el otro extremo: ningún mensaje integral sobre hacia dónde —para bien o para mal— camina el gobierno. Se suprimen también un encuentro con la prensa y la comida con el gabinete y sus amigos. No son buenas señales.
Tampoco son buenos los presagios; en el mero mes de exacerbaciones patrióticas, el país volverá a desgarrarse por un debate petrolero que todavía apunta al todo o nada; una dura negociación al interior del Congreso que ha desbordado ya los recintos parlamentarios y que divide y confronta al país en todas partes. Y en el momento más crítico una nueva disputa por el Zócalo que ahora puede rebasar aquello de que “cada quien su grito”. Se está reeditando la lucha por la Independencia. Es, de nuevo, la disputa por la nación en un momento climático y de rabia social apenas contenida.
Días de truenos e incertidumbre que muchos, sin embargo, se niegan a ver y admitir. Como si la realidad no fuera demasiado evidente. Otra vez encerrados en sus burbujas de cristal antibalas. Sin asomarse jamás por las ventanillas de sus aviones privados para no ver la molestia de los cinturones de miseria en los despegues y aterrizajes: el autismo como autocomplacencia, la ceguera como defensa.
En la nueva versión del día del presidente, un paseo por los medios nos dice que todo va bien, que los problemas son menores, que los inconvenientes se están superando, que el futuro es promisorio y que no hay de qué preocuparse. También desmiente una y otra vez su salida anticipada, aunque la posibilidad sea de suyo remota o guajira. Lo cual no es tampoco buen síntoma cuando se cumple apenas un tercio de su gobierno.

Arnoldo Kraus: Leer la vida

Privatizar la vida y dictar sus reglas ha sido uno de los dogmas equivocados de las instituciones religiosas, de los conclaves políticos, y, por supuesto, de las asociaciones usualmente delictuosas que juntas crean; ha sido también uno de sus leitmotiv (más equivocados) y una de las apuestas con las que han jugado toda la vida para usufructuar el poder. Han triunfado y han fracasado. Aunque siguen ostentando “demasiada” fuerza, cada vez con más frecuencia la sociedad logra meterles el pie, aunque nunca, lamentablemente, con la suficiente habilidad para producir daños irreversibles. Desde hace algunos años, los reclamos de librepensadores en contra de la apropiación de sus decisiones y de sus vidas ha sido constante; con el tiempo, las manifestaciones han crecido, no sólo en número, sino en variedad.

La apropiación, y en algunos casos la enajenación de la voluntad de las personas, ha sido uno de los principales instrumentos utilizados por el poder para acallar cualquier forma de disenso. Temas tradicionalmente tabúes, sobre todo en naciones donde por motivos económicos o culturales la opinión pública suele despreciarse, han logrado, cada vez con mayor vigor, romper las barreras del poder. En esos países, incluyendo México, hoy se discute, entre otros temas, acerca de los derechos de la mujer para abortar, de los enfermos terminales para solicitar eutanasia, de la homosexualidad como una forma normal de ser y de la implementación de matrimonios entre personas del mismo sexo.

El poder, contumaz hasta después de la muerte, apoyado en argumentos decimonónicos, vetustos y cubiertos de telarañas que impiden el diálogo, sigue luchando por la apropiación de las personas. El hartazgo de la sociedad es cada día más evidente; la ancestral apropiación del individuo, sobre todo, insisto, en países como el nuestro, es cada vez más cuestionada. Aunque el camino es largo, se avanza poco a poco. ¡Qué bueno sería presenciar más horcas como las que acabaron con el matrimonio de los Ceusescus!

Muestras individuales de saturación son los suicidios de pacientes terminales en Europa ante la sordera de sus gobiernos, el intento de ordenación de obispos mujeres y gays en la Iglesia anglicana, la boda reciente de dos octogenarias, de 87 y 83 años, en California –verdadero homenaje a la vida–, y la no menos evocadora historia de la escritora de viajes Jan Morris, quien 58 años después se ha vuelto a casar con Elizabeth Tuckniss, su primer esposo, con el que procreó cinco hijos y quien posteriormente decidió cambiar de sexo.

Muestra “masiva” de la saturación de la sociedad son las recientes marchas en muchas partes del mundo de lesbianas, gays y transexuales con el fin de reclamar igualdad. Igualdad que gana terreno, pero que también sigue perdiendo muchas batallas: por lo menos en siete países la homosexualidad se castiga con la muerte y en más de 80 se persigue judicialmente –no sé cómo sea la situación en la Cuba del Castro con el otro Castro; en la de Fidel se les hostigó y castigó con despiadada saña y con una falta de inteligencia y sensibilidad que ofendían por su vulgaridad.

Leer la vida y los cambios que imponen los tiempos debe ser lectura obligada de quienes tienen el privilegio de la voz. Los cambios generados por los avances del conocimiento imponen nuevas disecciones de la geografía de cada ser humano y de los mapas de la sociedad. Es muy lamentable el descuido del poder con respecto a los derechos de las personas. Es muy lamentable pero es comprensible. La apropiación de los individuos no requiere explicaciones: ni los pequeños ni los grandes dictadores atesoran dentro de sus bienes el diálogo o la razón.

Si hubiese que resumir cuáles son las metas más importantes de la ética diría que son dos: bregar por la justicia y luchar para que cada individuo aspire a la felicidad. La apropiación de los individuos es antónimo de esas metas: coopta al individuo, lo aniquila en vida al negarle la libertad y asesina: Hitler y Alemania utilizaron los triángulos rosas para estigmatizar a los homosexuales; 15 mil seres humanos fueron masacrados durante el nacionalsocialismo por ser homosexuales.

Leer la vida debe ser oficio. Leerla para cambiar y denunciar. Leer los deseos de las personas que bregan por su justicia y felicidad sirve. Sirve como argumento contra la nefasta apropiación del ser humano, sea quien sea el responsable de esta acción.

* La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=opinion&article=025a2pol

Arnaldo Córdova: La equidad en el derecho

La reforma constitucional en materia electoral provocó reacciones en cadena que eran previsibles: al impedir que individuos o grupos puedan emitir opiniones, incluso adversas en contra de candidatos o partidos en los procesos electorales, se puso el grito en el cielo y comenzó a decirse que eso era violatorio de la libertad de expresión. Diversos organismos empresariales y un grupo de intelectuales interpusieron sendos amparos ante la justicia federal, fundando su agravio en la letra del artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Ya la Corte ha determinado, en revisión, que ella no puede decidir del asunto porque no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Carta Magna.

Esos grupos, evidentemente, desconocen el derecho y, al parecer, contrataron abogados chicaneros que sólo hicieron lo que se les pidió. No sólo por las razones que la Corte ha dado en su primer fallo (otro fue sobre la violación del artículo 135 que instituye el procedimiento para reformar la Carta Magna), sino porque no entienden lo que el principio jurídico de equidad significa para la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho. Ese concepto es tan complejo que parece inasible en su sentido (es como si tuviera miles de significados), pero que lo es sólo porque ha sido una preocupación permanente a lo largo de milenios.

Era lógico que en el curso de la historia se dieran tantas significaciones. Pero si vemos su evolución a través de los siglos, aparece claro que sólo se trata de muchos modos en que dicho concepto ha sido visto. Hoy en día, prácticamente, ya no hay disensiones entre los juristas en torno a su significado. Hasta antes de que proliferara el asociacionismo moderno (sindicatos, ligas agrarias, sufragistas, partidos de masas, feministas, etcétera), la equidad era vista más bien como un principio de justicia que servía para corregir la rigidez de la ley.

Con la aparición de lo que el filósofo del derecho alemán, Gustav Radbruch, llamó el derecho social (Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1914) se trastocó la anterior rígida oposición entre derecho privado y derecho público, para incorporar otras clases de derecho como el laboral, el agrario, el nuevo familiar, el económico y muchos más, formando una esfera intermedia que es la de los derechos sociales, que son, ante todo, derechos de equidad. Radbruch decía: “Si se parte de la concreta individualidad de cada hombre en particular se desemboca necesariamente en la negación del ordenamiento jurídico, en la anarquía”.

Ahora, todos los juristas, casi sin excepción, están concordes en que la equidad no es algo que esté fuera del derecho, que venga a él desde afuera, sino que es el método que el juez debe seguir al interpretar las normas y aplicarlas. Ahora se considera que la equidad está dentro del organismo conceptual y obligatorio del derecho en todas sus ramas. El propio Radbruch escribía: “… en la realidad del derecho, la libertad del económicamente fuerte se vuelve, de una libertad de disponer de las cosas, en una libertad de disponer de los hombres”.

Las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral derivan de ese principio. La equidad busca eliminar toda ventaja que se dé a una parte en perjuicio de otra. La equidad ha venido a delimitar e, incluso, a restringir los derechos de libertad cuando su ejercicio puede dar lugar a una desventaja en perjuicio de otros. Y ante eso no vale la interpretación de las palabras aisladas de la ley. El maestro Recaséns Siches escribía que “es un dislate enorme pensar en la posibilidad de una interpretación literal… equivaldría a negar el sentido del lenguaje mismo” (voz Equidad, Enciclopedia Jurídica Omeba).

Un espot del Consejo Coordinador Empresarial en contra de López Obrador en la campaña electoral de 2006 o el pronunciamiento de algunos clérigos en ese mismo sentido eran, con toda evidencia, un elemento inequitativo en la justa electoral, aunque se hicieran en nombre de la libertad de expresión. Eso fue lo que el legislador quiso corregir con la reforma constitucional. El que las dos grandes televisoras se convirtieran en partes interesadas en la contienda, con el enorme poder económico y mediático del que gozan, era inequitativo, porque imponía una situación de desventaja que en el derecho es inadmisible.

Alguien dijo que un grupo de activistas podía juntar su dinerito y publicar un manifiesto pronunciándose sobre los candidatos. El legislador decidió que, para evitar situaciones inequitativas, era obligado negar esa malentendida libertad de opinión a todos aquellos que se ubicaran por fuera de los partidos y éstos sólo pueden seguir un nuevo procedimiento que incluye el que el IFE contrate tiempos y espacios para que ellos se expresen y de ninguna manera podrán, en ningún tiempo, hacerlo por sí solos.

La Corte también se ha declarado sobre la pretendida violación al procedimiento señalado en el 135 para reformar la Constitución y ha encontrado que el Congreso no lo violó en absoluto y dicho procedimiento fue adecuado. Ahora los felones serán para los defensores de la libertad de expresión legisladores, senadores y diputados, que sólo actuaron en nombre de la equidad en el derecho.

Ni para qué hablar aquí de los empresarios y sus abogados que interpusieran otros recursos (alguno de los cuales fue admitido por un juez veracruzano). Además, parece que ellos aspiran a imponernos el modo de hacer las cosas en Estados Unidos, en donde las elecciones no las deciden los votos de los ciudadanos, sino el dinero. Claro que pueden participar en la política, pero individualmente y sin que tomen ventaja de su posición privilegiada. No es mucho pedirles, pues ellos tienen el poder suficiente para cabildear en los gobiernos a favor de sus intereses. ¿Para qué quieren influir en el curso de unas elecciones y no esperan, como corresponde, a que los nuevos gobernantes sean electos?

Todos los ministros de la Corte son juristas ilustrados y es de esperarse de ellos que recuerden siempre que la equidad no es un simple adorno de la ley, sino el verdadero eje en torno al cual se da la interpretación del derecho cuando se trata de dictar lo que los juristas llaman, desde hace mucho tiempo, normas individualizadas y que no son otra cosa que las sentencias y fallos de las autoridades judiciales.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/06/index.php?section=opinion&article=018a1pol