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Marcelo Colussi: Latinoamérica, en defensa de la universidad pública

En Latinoamérica las universidades tienen una larga historia. Se crearon ya en los primeros años de la conquista; la primera de ellas nace en 1538: la Imperial y Pontificia de Santo Tomás de Aquino en la isla de Santo Domingo. Años más tarde, en 1551, se fundan la de Lima y la Nacional de México.

En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana, llegando más tarde a 31 en el momento en que se producen los procesos independentistas a comienzos del siglo XIX. En todos los casos, estas instituciones reflejaban el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la iglesia católica. Con la independencia de las nuevas repúblicas comienza a introducirse una nueva idea de universidad, acorde con el surgimiento de las nuevos Estados desarrollados sobre los modelos europeo y estadounidense, con la misión básica de formar profesionales liberales y desarrollar disciplinas académicas.

El modelo en juego imitaba el concepto napoleónico del siglo XIX, en el que la preparación profesional se separaba de los centros de generación del conocimiento, exclusivamente académicos y científicos. Frente a este modelo de profesional liberal fue surgiendo otra concepción en Alemania, donde aparece la “universidad de investigación”. Allí la enseñanza técnica se combinaba con la generación del conocimiento puro y la ciencia, lo cual tuvo el valor de una verdadera revolución académica. Ese esquema investigativo fue consolidándose en Europa durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos, acorde al crecimiento económico que iba impulsando más y más desarrollos técnicos para la floreciente industria capitalista. Ese modelo se fue solidificando y es el imperante hoy día, en el que se da una asociación directa del conocimiento generado en la universidad con su aplicación práctica en la esfera económica, vía empresas privadas básicamente. En el transcurso del siglo XX la investigación científico-técnica terminó por ligarse enteramente al crecimiento económico, y las ciencias pasaron a ser el sostén de la industria moderna. El modelo universitario, por tanto, pasó a ser una actividad inseparable del crecimiento económico del capitalismo desarrollado, ya completamente alejado de los esquemas medievales que llegaron a Latinoamérica con los años de colonia.

En el siglo XXI esa tendencia se mantiene y profundiza, más aún con los nuevos paradigmas de producción caracterizados por la globalización de la economía y el paso hacia la “sociedad del conocimiento”, basada cada vez más en tecnologías hiper desarrolladas y sumamente cambiantes, enfermizamente competitivas. La tendencia, muy evidente en los países del Norte y que también llega al Sur, a veces provocando procesos distorsionados, forzados, es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de “universidad empresarial”, donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida desde el lucro y donde se va esfumando la idea de desarrollo social, de extensión y servicio comunitario. Pero todos estos procesos, surgidos en los países que marcan el rumbo, llegan a la región latinoamericana como tibia copia. No ha habido, en general, procesos con dinámicas propias. Siempre se ha tratado de imitar al Norte, visto como opulento y modelo a seguir.

A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de profunda autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. Pero esos explosivos movimientos reformistas sólo llegaron a resultados reales en el plano político, sin alcanzar a transformar las estructuras económico-sociales de base de sus respectivas sociedades.

Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional. Pero sin dudas esos cambios no fueron suficientes para transformar las sociedades en que tuvieron lugar. Las desigualdades sociales se mantuvieron y el acceso a la educación superior siguió siendo algo selectivo, tal como se mantiene a la fecha. En realidad, el principal logro concreto que obtuvieron los movimientos de reforma universitaria fue el de incorporar la representación estudiantil a los organismos de gobierno de las casas de altos estudios. Con la autonomía, las distintas universidades latinoamericanas se convirtieron en centros de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por largas décadas estas instituciones fueron un referente en la vanguardia intelectual pasando a ser centros de pensamiento crítico, y en la segunda mitad del siglo XX, el lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.

Es necesario decir que aquellas reformas de inicios del siglo XX, si bien contribuyeron a crear un espíritu crítico entre estudiantes y catedráticos que se mantuvo activo por décadas, no lograron articular enteramente a las universidades con la producción de conocimiento y su función social. En toda la región latinoamericana, las universidades no se centraron en la creciente importancia de la ciencia para el cambio técnico-productivo, ni pudieron servir a proyectos políticos que superaran los modelos económicos dependientes y progresaran hacia la industrialización autosuficiente.

La historia de las universidades en Latinoamérica se ha ligado, fundamentalmente, a la formación de profesionales; su faceta de investigación y producción de nuevos conocimientos, tal como se dio en sus homólogas del Norte, no es lo que más ha destacado. A ello se agrega recientemente un proceso que refuerza lo anterior: el crecimiento imparable de las universidades privadas, concebidas especialmente como formadoras del recurso adecuado a la empresa privada que la demanda.

Vale tener en cuenta la forma en que el venezolano Vladimir Acosta sintetiza el perfil de nuestras casas de estudio superior: “uno de los grandes problemas de las universidades latinoamericanas es que son unas universidades colonizadas, dependientes, subordinadas a una visión derechista, globalizada, eurocentrista y blanca de mirar el mundo. Son universidades donde los saberes se disocian, se fragmentan, justamente para impedir una visión de totalidad, y para hacer del estudiante que se gradúa, que egresa como profesional, un profesional limitado, con una visión burocrática profesional, orientada en lo personal a hacer dinero, y en la visión que se tiene a encerrarse dentro de un marco profesional sin tener conocimiento de su identidad, de su historia y de su compromiso con su país”.

Hoy por hoy se ha instalado en la región la dinámica de universidad pública versus privada. Ese crecimiento enorme de las universidades privadas es un fenómeno muy propio de América Latina; ello se explica por las políticas neoliberales de los años 80 y 90 que, luego de las sangrientas dictaduras de décadas atrás, vinieron a privatizar todos los espacios. En la década de los 90 la privatización de la enseñanza superior alcanzó niveles notables en toda la región y a un ritmo muy acelerado, al mismo tiempo que se desarmaban los Estados nacionales y se privatizaban todos los servicios. En el transcurso de la década, la proporción de estudiantes matriculados en universidades privadas pasó de un 20% a cerca de 35%, lo que hace que la región cuente hoy con una de las mayores proporciones de estudiantes universitarios dentro de la opción privada en el mundo.

Estas universidades privadas se amoldan a cabalidad al modelo neoliberal que se ha impuesto, pues trabajan esencialmente para el mercado. Su visión se centra en la formación de recurso humano para las necesidades de la iniciativa privada, sin que cuente la idea de desarrollo nacional, de proyecto de país. Siempre copiando modelos de universidades “exitosas” (léase: privadas) del Norte, se prioriza la formación profesional de excelencia con criterios individualistas, sin pensamiento crítico. Los ideales de reforma universitaria de principios del siglo XX van quedando en el olvido. Disciplinas que fomenten la visión global de los procesos dando herramientas de análisis político-social para entender, y eventualmente transformar, las realidades nacionales, parecen ser cada vez menos importantes, reduciéndose su presencia en los planes de estudio, orientados más a la formación en aspectos técnicos.

De todos modos, como lo advierte Roberto Rodríguez Gómez, “la gran expansión del sector privado se ha realizado sobre la base de una multitud de pequeños establecimientos que, si bien ofrecen enseñanza de nivel profesional, carecen, por regla general, de estructuras de postrado y de investigación. Debe hacerse notar que no todas las instituciones de enseñanza superior pública en América Latina pueden ser clasificadas como “universidades de investigación”, es decir, como instituciones que cumplen realmente con las funciones de docencia, investigación y difusión. En otros términos, ese auge de la privatización de la enseñanza universitaria no significa necesariamente una explosión de calidad y de excelencia académica. Es, en todo caso, un síntoma más de los tiempos que corren, marcados por la prédica neoliberal.

Pero lo más preocupante de todo esto no es la posible desaparición de la universidad pública bajo el desarrollo vertiginoso de las privadas. Eso no pareciera posible, por diversas razones históricas. De hecho, el peso de las públicas es –y todo indica que seguirá siendo– mucho mayor que el de las privadas, tanto en presupuesto, estudiantes matriculados, presencia social e impacto con su extensión comunitaria, así como en investigación y producción de nuevos conocimientos. Lo que sí es alarmante es la ideología privatizadora que está en juego. Las universidades públicas se están privatizando en su concepción. Como bien lo expresó Deiby Ramírez: “la Universidad es pública cuando además de ser financiada por el Estado, está abierta con carácter de servicio público a todos los estratos sociales, y los beneficios de esa educación superior son para toda la sociedad”. Es decir: para ser un proyecto público no se trata sólo de recibir fondos públicos (la Nasa, en Estados Unidos, también los recibe, dicho sea de paso) sino de ver el modelo en función del que se trabaja. Las universidades públicas, acorde al nuevo dios-mercado que se ha impuesto con su omnímoda exigencia de eficiencia en la relación costo-beneficio (leyéndolo en clave capitalista: lo que no da ganancia hay que desecharlo, olvidémonos del interés social) se van constituyendo cada vez más en expresiones de la ideología privatista. Sus sistemas de post-grado lo evidencian de modo palmario: son todos pagos, en muchos casos más onerosos incluso que las ofertas de las universidades privadas. Lo cual no significa que, por fuerza, deba ser así: si hay voluntad política de mantener tanto ese segmento de la educación superior, como el proyecto universitario en su conjunto, en forma pública, se puede. Y el sistema no se resiente. Cuba, por ejemplo, que tiene excelentes universidades, mantiene todos sus post grados en forma gratuita para los propios ciudadanos cubanos. Evidentemente la decisión de adorar al dios mercado no es técnica; es política.

Amparándose en la idea de autosuficiencia financiera y desregulación (eufemismos para nombrar la privatización y la apología del mercado), las universidades públicas se han visto compelidas a diversificar sus fórmulas de financiamiento bajo la hipótesis de corresponsabilidad con el Estado por medio del cobro de cuotas de admisión y colegiaturas, venta de productos y servicios, concurrencia sobre financiamientos concursables, entre otras. Es decir: privatización encubierta.

Con todo ello, la universidad pública, aunque no desaparezca formalmente como tal, no deja de enviar un mensaje: hay que amoldarse a las fuerzas que lo deciden todo, es decir: el mercado. El proyecto en juego es seguir apuntalando un sistema económico basado en el lucro personal, que ya se ha demostrado infinitamente que no ofrece salida para las grandes mayorías de la población.

Pero definitivamente hay otras opciones a ese modelo. Luchar por la gratuidad de la educación superior y por el compromiso de la universidad con su comunidad es seguir manteniendo viva la esperanza en que la vida no sólo puede concebirse como mercancía para vender. En ese sentido, defender la universidad pública –y más aún: defenderla en Latinoamérica, donde la universidad tiene una larga historia de lucha social y compromiso con el pensamiento crítico– es seguir apostando por otro mundo posible, por darle forma a las utopías, por no resignarse ante la injusticia.

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Guadalupe Gómez Q: Balean casa de trabajadores de Radio Comunitaria de Zaachila

Los domicilios de Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez, colaboradores de la Radio comunitaria “Zaachila Radio, La Voz del pueblo que despierta y se levanta”, ubicada en Oaxaca, fueron baleados por desconocidos la madrugada de ayer, denunciaron Artículo 19, sección México; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México); la Asociación Mexicana de Derecho a la Información; el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Por medio de un comunicado, las organizaciones condenaron el hecho intimidatorio contra los colaboradores de la radiodifusora, que difunde desde el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales, por el 94.1 de FM y es integrante de la AMARC-México, pues “contribuye a mantener un ambiente de confrontación y es parte de la escalada de violencia que se ha vivido en Oaxaca los últimos años”.
Las organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades de Oaxaca, para proteger la vida e integridad física de los integrantes de Radio Zaachila, así como encontrar y castigar a los responsables de este atentado, evitando que prevalezca la impunidad pues, tal como lo ha documentado la Misión Internacional para Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, en esa entidad se viven constantes agresiones en contra de medios comunitarios, sin que hasta el momento haya justicia y castigo a los responsables.
Los hechos sucedieron aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 27 de julio de 2008. Enfrente de los domicilios de los comunicadores, en Villa de Zaachila, se encontraron casquillos de arma de grueso calibre 9 milímetros, exclusiva del Ejército.
En la casa de Melesio Melchor Ángeles, ubicado en la Calle Pinopaa Núm. 526, del Barrio del Niño, de la Villa de Zaachila se incrustaron ojivas en la pared y fueron hallados allí 3 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, de un arma de uso exclusivo del Ejército. Uno de los disparos se alojó en la parte superior de la barda-fachada de esta vivienda y dos disparos más rompieron una de las ventanas de la sala de la misma, detalló en un comunicado la organización Cultura y Comunicación de Zaachila AC.
Melesio Melchor, como locutor de esta radio comunitaria, ha dado cuenta a la población de que en Zaachila se vive un estado de tensión y autoritarismo, debido a la presencia policíaca que ronda la estación de radio y también ha denunciado las “actividades porriles ocurridas en la comunidad bajo la complacencia de las autoridades municipales”, señala Cultura y Comunicación de Zaachila.
López Santiago ha denunciado desde hace tiempo de rumores sobre un grupo de porros, apodados “los meños”, que estarían merodeando la comunidad, por lo que solicitó apoyo solidario de los medios de comunicación y organizaciones para que “se mantengan al tanto de lo que pudiera pasar a los integrantes de la radio”, señala un texto de Verónica Villalvazo, en el blog revolucionemosoaxaca.org
Adán López Santiago, director de la emisora, responsabilizó de los hechos de ayer domingo, en declaraciones a la prensa local, al presidente municipal priista, Noé Pérez Martínez, quien veladamente ha estado en contra de la radio comunitaria y así lo ha manifestado a la prensa.
Señalan las organizaciones que el munícipe Pérez Martínez ha demandado públicamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cierre la emisora comunitaria, tal como se puede constatar en las declaraciones que hizo al periódico local “A diario” el pasado 23 de junio y en las cuales acusa a la emisora de “enfermar la mente de la gente de la comunidad”, que es la manera como dicha autoridad interpreta el ejercicio al derecho al disenso.
También, dijo López Santiago, el munícipe ha acusado al Frente Educativo Zaachilense, integrado por maestros y maestras de la Sección XXII, de las protestas del 20 de junio para impedir la visita del gobernador Ulises Ruiz a la municipalidad.
Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez, quienes pertenecen al Frente Educativo Zaachilence, tienen demandas penales por parte de integrantes del cabildo municipal, quienes los responsabilizan de dichas manifestaciones.
El Director de Radio Zaachila adelantó a la prensa local que AMARC-México integrará el caso de la agresión a los comunicadores en la agenda que la Misión Internacional para Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, integrada por la UNESCO, AMARC, Article 19, Cencos y el Comité para la Protección a Periodistas, entre otras, abordará con el Gobierno estatal.
Consideramos, señalan las organizaciones en el comunicado, que este hecho intimidatorio contribuye a mantener un ambiente de confrontación y es parte de la escalada de violencia que se ha vivido en Oaxaca los últimos años.
La utilización de la violencia, dicen, no constituye una vía que dé solución a las causas de fondo que originaron y mantienen el conflicto en Oaxaca. Por el contrario, “acrecienta el encono entre las partes, así como el clima de violencia, contribuyendo a hacer más complejas las causas del conflicto y alejamiento entre las partes”.
CONTRA TODA LEY
Afirman que los hechos contra los colaboradores de la radiodifusora resultan violatorios de garantías jurídicas establecidas en la Constitución y en tratados internacionales, así como del derecho al ejercicio de la libertad de expresión establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México es parte.
Es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto y en todos sus niveles de gobierno buscar las vías de solución pacífica que resuelvan las causas de fondo que originaron el conflicto en Oaxaca, y no contribuir a incrementar el clima de violencia que se vive en la entidad, señala el texto.
Y se suman “a las voces que exigen que el Estado mexicano, de acuerdo con las obligaciones incluidas en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, garantice al máximo el respeto a los derechos humanos”.
Esto incluye generar las condiciones necesarias para que se produzca un diálogo que siente las bases de una resolución de fondo del conflicto; entre otras la realización de investigaciones efectivas de las violaciones a derechos humanos registradas hasta el momento, determinando responsabilidades y aplicando sanciones respectivas.

http://rotativo.com.mx/nacionales/balean_casa_de_trabajadores_de_radio_comunitaria_de_zaachila/272,33,7646,html

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ANA ANABITARTE: Alejandro Ordaz Moreno “Denuncia tortura y racismo”

MADRID.— Alejandro Ordaz dice que es inocente. Lo repite una y otra vez desde la sala de comunicaciones del Centro Penitenciario de Sevilla (sur de España), en la que concede una entrevista, la primera, a EL UNIVERSAL.

Reconoce que se siente fatal al estar en prisión, al despertar cada día encerrado en una celda; que le cuesta dormir, tiene pesadillas y que sueña que se escapa y que tiene miedo a ser declarado culpable.

También asegura que no es justo que por haberse peleado con unos policías pidan una condena para él de 36 años de cárcel. “Más que para un asesino o un violador, cuando yo no he hecho daño a la sociedad”, denuncia.

Se defiende con el argumento de que se enfrentó a ellos porque no sabía que eran policías y sintió “un arranque de pánico al pensar que me querían secuestrar”.

Le pide al presidente Felipe Calderón que se interese por su caso y que durante la visita que realiza a España exija a su homólogo, José Luis Rodríguez Zapatero, que se haga justicia.

El pasado 8 de marzo, la vida de Alejandro Ortiz, de 29 años, dio un vuelco. De ser un brillante estudiante mexicano residente en la ciudad andaluza becado por el Conacyt para realizar un doctorado en energías renovables, se convirtió en un preso más de la cárcel de Sevilla. De vivir en un cómodo departamento de la calle San Juan de la Salle en el barrio de la Macarena, con su compañero y amigo desde hace más de una década, el también estudiante mexicano José Alberto Vite, pasó a ocupar una pequeña celda del penal, junto a un hombre acusado de violencia doméstica. Y de tener un futuro profesional y personal —se casaba este mes de julio con su novia Rocío—, ahora se enfrenta a una posible condena de 36 años de cárcel.

Aquella noche, Alejandro había salido a tomar unos tragos con Vite. A las dos de la madrugada el joven, que “había bebido más de la cuenta”, como él mismo reconoce, salió solo del bar Amazonia, que se encuentra a pocos metros de su casa. Por el camino fue detenido por dos policías que iban vestidos de civiles, que al parecer le confundieron con un chico que esa noche estaba acosando a tres mujeres. Aunque le mostraron la placa, el joven pensó que lo iban a secuestrar y la emprendió a golpes. Ahora se enfrenta a dos delitos de tentativa de homicidio contra la autoridad, un delito de lesiones y otro de amenazas.

“Cada vez estoy peor aquí encerrado”, explica a través de un vidrio. “Estoy muy agobiado y sicológicamente me encuentro mal”, añade. “Yo no soy un delincuente, nunca he hecho daño a nadie. Para mí todo fue una pelea fruto de un malentendido. Yo nunca quise atacarlos y jamás les apunté con el arma ni les intenté disparar. Les pegué en defensa propia porque al ir vestidos de civil no pensé que eran policías”, se justifica. “Yo no sabía que en España había policía secreta”, añade.

De su vida en la cárcel asegura que está en un módulo tranquilo y que no ha tenido problemas con nadie, aunque cuenta que estar rodeado de asesinos, de violadores y de narcotraficantes “te hace vivir siempre en alerta, porque no sabes en qué momento pueden explotar”.

Cuando los internos salen al patio, Alejandro se suele sentar en una esquina con la computadora y aprovecha el tiempo para estudiar. Además, trabaja limpiando galerías y en la biblioteca.

Su padre, Esteban Ordaz, que ha dejado su trabajo de policía en Guanajuato para trasladarse a vivir a Sevilla, es quien lo visita cada domingo por la mañana. Aunque también acaban de estar con él su novia Rocío y su madre Isabel. “Yo no quería que vinieran aquí porque es muy duro entrar en una cárcel y ver todo esto”, relata. “Pero se empeñaron porque no estaban tranquilas después de saber los golpes que me habían dado cuando me detuvieron”, cuenta. “Al verlas yo me derrumbé. Ver a mi madre llorar me afectó mucho y no pude contener las lágrimas. Sentí muy feo de haberles causado tanto dolor”, añade.

Alejandro también lo pasa mal cuando sale a hacer “diligencias”: a testificar ante el juez. “En ese momento es cuando tengo contacto con la policía y me tratan peor que a los demás presos, creen que soy una amenaza porque saben que he pegado a dos de sus compañeros y yo los siento muy hostiles”, dice.

Ordaz también pasa miedo porque recuerda las torturas que dice que sufrió cuando fue detenido y mantenido incomunicado en los calabozos durante 48 horas. “En esos dos días entraron varios policías al calabozo y me pegaron con las pistolas, incluso me la metieron en la boca varias veces, me insultaron; el jefe me dijo: te vamos a regresar a tu país de indios, me mintieron y me aseguraron que los dos policías con los que me había peleado se habían muerto, y me amenazaron con tirarme al río”, denuncia.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160114.html

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Carolina: SOS Racismo cree que la ley de Extranjería está concebida “al revés”

Carmen Caldera, coordinadora de SOS Racismo-Granada, opina que la ley agrava la situación del inmigrante y pide reformas para adecuarla a la realidad.

EFE, Granada | Actualizado 17.04.2008 – 14:28

SOS Racismo ha pedido hoy la adecuación a la realidad de la ley de Extranjería, concebida en su opinión “al revés” de como debería porque incluye cuestiones “difícilmente aplicables” como la del contrato en origen, circunstancia que, al no poder cumplirse en muchos casos, agrava la situación del inmigrante.

Así lo ha manifestado la coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo-Granada, Carmen Caldera, en la presentación del informe anual 2008 sobre el racismo en el Estado español, según el cual la explotación laboral, el hacinamiento y los abusos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad siguen marcando la estancia de los inmigrantes en el país.

El informe analiza diez cuestiones fundamentales relacionadas con la inmigración y el racismo, como los derechos laborales y sociales que asisten a este colectivo de la población, que siguen “cobrando menos que los nacionales” y sin que se le reconozcan el derecho al voto ni a la sindicación, entre otros, ha explicado Caldera.

SOS Racismo ha hecho especial hincapié en la situación de las inmigrantes empleadas de hogar, a las que considera “las nuevas esclavas del siglo veintiuno”, con jornadas excesivas y sin apenas derechos laborales.

Advierte también el informe de la falta de política de vivienda social especialmente dirigida a los inmigrantes que residen en España, el 20 por ciento de los cuales dispone de menos de diez metros cuadrados para vivir, mientras que el 47 lo hace como inquilino arrendado por la negativa de las inmobiliarias a alquilarles casas y un 19 por ciento en condiciones de hacinamiento.

En cuanto al ámbito educativo, durante el curso 2007/08 el 69 por ciento del alumnado extranjero estaba escolarizado en escuelas públicas frente al 31 por ciento en centros privados o concertados.

Para SOS Racismo, el hecho de que la mayoría de los menores inmigrantes se concentren en la escuela pública puede propiciar la formación de guetos y fomentar la discriminación y la violencia.

Sobre los menores no acompañados, el informe recrimina que las comunidades autónomas no asuman su responsabilidad respecto a la situación de desamparo.

Otro de los puntos abordados por el estudio son los “abusos” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos y privados, que en ocasiones practican “un racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por el funcionamiento del sistema judicial”.

SOS Racismo, que precisa no obstante que esos abusos parten de un pequeño sector policial, ha advertido igualmente de la “impunidad” de los grupos de extrema derecha y del discurso xenófobo practicado por algunos partidos.

http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/105455/sos/racismo/cree/la/ley/extranjeria/esta/concebida/reves.html

 

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Clitemnistra: URGENTE! Abuso a Cambio_Real

Cambio_Real es un buen amigo y compañero forista del Foro de Sendero del Peje, el afamado video33 de quien habla la nota del Universal en días pasados, que subió a YouTube las versiones modificadas del spot antiAMLOista.

Hoy a las 6 de la mañana unos 10 miembros presuntamente de la AFI se metieron a su casa, portando armas largas y rompienda la chapa de la puerta, alegando que les habían dado el pitazo de que ahí había droga. Cuando Cambio_Real les pidió la orden de cateo, le dijeron que la tenían, pero nunca se la mostraron. Lo catearon en el piso y lo hicieron abrir todas las habitaciones, sin considerar que había huespedes en ellas.

Al final, en el operativo no hallaron nada incriminatorio. Sin embargo, le confiscaron el pasaporte y una cámara digital de fotos.

Hasta este momento, el compañero esta haciendo la denuncia ante la PGR. Se busca que le muestren la orden de cateo con el antecedente de este operativo y un documento que aclare que no se ha encontrado ningún elemento incriminatorio en su domicilio ni en su persona.

Quedamos a la espera de más información.

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