Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol

J. Enrique Olivera Arce: Tras los primeros pasos, la autocrítica es obligada

Alerta a la Nación. Futuro ominoso para el Estado mexicano

¿Ahora qué sigue? Es la pregunta que muchos nos hacemos, tras la primera etapa de la Consulta Ciudadana sobre el futuro de la industria petrolera nacional que tuviera lugar en el Distrito Federal y nueve entidades federativas. La incertidumbre es mayor ante los visos de solución negociada entre las cúpulas de los tres partidos mayoritarios que terminarán por imponerse en el ánimo y conciencia de los legisladores en el Congreso de la Unión.

Las respuestas a tal interrogante, lo mismo provenientes de destacados y comprometidos analistas y politólogos de la izquierda que de los cuadros dirigentes del FAP, no se han dejado esperar, coincidiéndose en lo general en la necesidad de mantener la resistencia pacífica frente a un eventual “albazo” resultante del acuerdo cupular o del mayoriteo del PRIAN. Sólo una voz con suficiente autoridad moral y política como la de Luís Hernández Navarro, en previsión a la segunda y tercera etapa de la Consulta, con toda atingencia ha llamado a la necesidad de un balance auto crítico en torno a los resultados de la primera. Lo que es destacable pues más allá del triunfalismo que despertaran los primeros resultados –más cualitativos que cuantitativos- las lecciones que dejara tan importante ejercicio social y político deben ser rescatadas y valoradas en su justa dimensión, como aporte al proceso de construcción de la democracia participativa en que está empeñado un importante segmento de la sociedad mexicana.

Como suele decirse en el futbol, esto no se acaba hasta que se acaba. El debate que la ciudadanía impusiera al Senado, así como la consulta, apenas son el inicio de un largo camino que no concluye con la votación del pleno en las Cámaras a favor, en contra de las iniciativas calderonistas, o aprobando un hibrido privatizador como el propuesto por el PRI. Sin dejar de lado que las bancadas del PRD, Convergencia y PT, son las primeras obligadas en el Congreso de la Unión a responder a los llamados de la ciudadanía movilizada. Sea cual fuere el resultado emanado de ambas Cámaras, todo indica que el futuro transitará por el camino de la democracia participativa, para ello hay que prepararse elevando el nivel de la cultura política de masas.

Pues como afirma Marco Rascón (La Jornada 05/08/08), “México está paralizado y se ha generado, más que una conciencia democrática avanzada y progresista, promotora de cambios, un retroceso que amenaza con el resurgimiento del viejo régimen.

Dentro de este contexto, habría que ubicar a la actual crisis de los partidos políticos en México que sin duda no tiene nada de circunstancial. La llamada sociedad civil les ha rebasado y las dirigencias cupulares no encuentran el camino de la reconciliación con la ciudadanía. El modelo vertical y autoritario de control y manipulación, con su histórica carga de corrupción, impunidad y simulación, no da más.. Tanto el PRD como el PAN han tocado fondo y están arrastrando al PRI en su caída. La “ruptura” a que hace alusión Porfirio Muñoz Ledo, se percibe como general y no únicamente concerniente a la evidente división interna de las diferentes corrientes del panismo.

Pero si bien es procedente el llamado a la autocrítica de Hernández Navarro, más allá de la coyuntura cuyo eje para la izquierda es el movimiento en defensa del petróleo, en el marco de un horizonte de mediano y largo plazo cobra mayor relevancia la llamada de alerta que a la Nación hace el maestro Pablo González Casanova (La Jornada 07/08/08) al preguntarse “¿A dónde vamos?”; cuando vislumbra en el escenario actual de profundas contradicciones sistémicas, un futuro ominoso para el Estado Mexicano; en el que la privatización creciente es el nuevo nombre del proceso de ocupación integral del Estado y la Nación por parte de los Estados Unidos, sus aliados europeos y las poderosas trasnacionales, subordinando independencia, soberanía, y seguridad nacional.

Con ello González Casanova, de cuya honestidad intelectual nadie duda, pone el dedo en la llaga dando contexto a la coyuntura que hoy se vive en torno al petróleo. Pero también contextualizando en un ir y venir de lo general a lo particular, a la crisis estructural de la sociedad mexicana, el deterioro creciente del tejido social, pérdida de identidad y de valores y la subordinación de la economía, educación y la cultura a intereses externos.

De ahí que a mi juicio, lo que sigue es no perderse en la coyuntura. Hace unas semanas afirmábamos que México se acerca a la encrucijada: la hora de definir el camino futuro para el país ha llegado y hay que cobrar conciencia de ello, actuando en consecuencia. La defensa del petróleo, si bien es plenamente válida en tal contexto, no lo es todo; forma parte de un escenario mayor de una Nación que exige su rescate.

Jenaro Villamil:Mentiras petroleras

México, D.F., 27 de mayo (apro).- Conforme se desarrolla el debate energético en el Senado, quedan al descubierto no sólo contradicciones, sino mentiras evidentes en torno de la política petrolera.

En los temas sobre los excedentes petroleros, del supuesto agotamiento de nuestras reservas, de las exploraciones en aguas profundas y de los alcances de la reforma energética, las mentiras son flagrantes.

Veamos cada una.

J. Enrique Olivera Arce: Reforma energética. ¿Por qué tanta prisa?

La derecha no para mientes en su propósito de imponer a la Nación un proyecto ajeno a la historia e intereses del pueblo de México. La tarea de desinformar, en el tema del petróleo, que por cierto no es tema menor,  es constante y cotidiana, valiéndose de todos los recursos disponibles para lograr su propósito. En este contexto, se inscribe la labor de zapa de muchos políticos, legisladores y comunicadores encargados de magnificar diagnósticos catastróficos, propalar verdades y mentiras a medias y descalificar a quienes patrióticamente se manifiestan a favor de defender un recurso natural, que es propiedad social de todos los mexicanos,  y al que al Estado se le tiene encomendado ejercer dominio exclusivo en su explotación.

En este escenario, llama la atención el que algunas voces, magnificadas por los medios de comunicación, opongan al debate en el seno del Senado, una prisa injustificada por la aprobación en el Congreso de la Unión de la llamada “reforma energética”. Eso sí, para no confrontar su insistencia con el pensar de las mayorías, aclaran que debe preservarse la rectoría por parte del Estado; cuidándose de poner un velo que medianamente oculte el propósito último de transferir la explotación petrolera a particulares y, específicamente, a empresas extranjeras.

Para justificar la prisa, se antepone lo urgente a lo importante. Hablándose de la necesidad de satisfacer demandas y rezagos, lo mismo en materia de pago de pasivo ambiental, abatimiento de la pobreza, del analfabetismo, de la insalubridad, de las carencias de infraestructura social y productiva, como de la reconstitución del campo mexicano frente a una inminente crisis alimentaria. Todo con cargo a la renta petrolera y en el marco de un diagnóstico amañado de la situación que guardan la Paraestatal (PEMEX) y las reservas disponibles de hidrocarburos.

Privilegiándose la idea no probada de que en las condiciones actuales, Pemex no genera suficientes recursos para apalancar tanto su propio desarrollo como el del país en su conjunto; que las reservas probadas actuales se agotarán en un período de 9 años y que, por tanto, urge acceder a mantos petrolíferos presuntamente existentes en aguas profundas del Golfo de México. Cuanto antes se “modernice” la Paraestatal y se acceda al “tesorito” calderonista, mejor, dice la derecha, calificando al debate en el Senado como “estéril Torre de Babel”.

Pasándose por alto que los resultados que se derivan del debate en el Senado, no sólo implican  confrontar o validar  criterios y propuestas tendientes a rescatar, fortalecer y modernizar a la Paraestatal. También está de por medio el valorar visiones y estrategias de largo aliento que comprometen el futuro de México.

Pemex no es una empresa mercantil más, a la que haya que adaptar a  modernas corrientes y modelos de organización y gestión; la materia prima sobre la que opera, es un recurso no renovable y de carácter estratégico para la Nación; su objeto último no es el de cualquier empresa privada cuya finalidad  es la acumulación y reproducción de la ganancia, a su rentabilidad económica se le hace acompañar por la rentabilidad social en beneficio de todos. Entre otras cosas, aporta contribuciones fiscales a la Federación, que ningún otro tipo de empresa privada estaría dispuesta o en condiciones de pagar. Ni se puede ni debe, sometérsele en su modernización únicamente a criterios economicistas ó inmediatistas, de ajuste e inserción a la economía global, basados en expectativas de urgencia. Muchos menos a intereses políticos de corte sexenal, como los ya explicitados por algunos gobernadores.

Pero hay algo más, que no se quiere tomar en cuenta, ó que de considerarlo, le inquieta a la derecha, le ofende y le teme: El debate sobre el petróleo que tiene lugar en el Senado, con todo y sus limitaciones y propósitos últimos presuntamente negociados con anterioridad en lo oscurito, reivindica, así sea de manera imperfecta, el derecho de todo ciudadano a estar informado y ser escuchado, así como la obligación de la representación popular a dar cuenta de su gestión a los electores. Principios democráticos cuyo ejercicio aún en ciernes, es de la mayor relevancia para la vida actual y futura de la Nación.

A lo que habría que agregar, como un “plus”, (y en esto reside la urgencia de la derecha para cancelar el ejercicio y forzar la aprobación de las iniciativas), que el debate en el Senado se ha hecho extensivo a la calle. Contribuyendo  con una importante lección al pueblo de México, sobre la necesidad imprescindible en todo tiempo y con mayor razón en tiempos de crisis, del retorno a la vigencia plena de nuestra Carta Magna; entendiendo esta como el pacto social, político y programático, que los mexicanos nos hemos dado para propiciar una equilibrada e incluyente convivencia entre diferentes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello implica para todos, el conocerla, leerla a conciencia, y asimilarla a cada uno de nuestros actos en la vida cotidiana; lo mismo en el terreno de lo social que en lo económico, político y cultural; así como exigir de las autoridades su cabal cumplimiento.

La Constitución General de la República no es historia inerte plasmada en un texto. Es la historia viva de una Nación que a lo largo del tiempo y tras mucha sangre derramada, deja como legado y lo proyecta al futuro, lo que el pueblo de México quiere y debe entender por una sana convivencia sustentada en la paz, la concordia, el respeto mutuo, el trabajo, la educación, la salud, y el acceso a una vida digna. Lo que debe entender como aspiración a un modelo de país que le satisfaga en sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Honrarla, respetarla  y defenderla, es honrar, respetar y defender nuestra propia historia como pueblo. La Carta Magna, es pasado, presente y futuro de México. En ella reside nuestra voluntad soberana y en ella descansa lo que debemos entender por defender el petróleo de la Nación.

Lección de vida que la derecha no puede suprimir a voluntad, de un plumazo y a espaldas de la Nación. De ahí la prisa.

pulsocritico@gmail.com

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Luis Javier Garrido: La inconstitucionalidad

La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.

1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.

2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.

3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.

4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.

5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).

6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.

7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.

8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.

9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.

10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=019a1pol

Our Words In resistance: Privatización de PEMRX en los Estados

Estamos reuniendo aquí la información de los diarios locales en torno a la Iniciativa de la Reforma Energética.

Pongan los links del periódico y la nota, y notoros vamos por ella para agregarla para poder tener un panorama amplio de lo que va sucediendo en el país. Estamos buscando que la gente esté lo más informada posible.

Para la gente que está fuera de México, si conoce y ha salido algo en sus periódicos locales sobre el asunto, tambieen agradeceremos todo lo que nos puedan hacer llegar.

Porfas… todos a cooperar.
Dejen el link como mensaje, que yo voy por él.

PEMEX YA TIENE DUEÑO, ES DE TODOS LOS MEXICANOS!!!