J. Enrique Olivera Arce: Escepticismo. El pueblo a las pruebas se remite

Cadena perpetua, para los luchadores sociales del pueblo de Atenco. Impunidad y apapacho para sátrapas confesos que desde el gobierno  atropellan al pueblo.

Doble moral y doble rasero es la lectura obligada que deja el cónclave elitista en el que lo más representativo de la clase gobernante se comprometiera a lo que por principio, saben que no pueden ni deben cumplir, so pena de escupir para arriba. Hablar de la soga en casa del ahorcado no siempre es lo más afortunado cuando a la luz de la realidad nacional, un pueblo escéptico y profundamente agraviado, reacciona frente al discurso mediático de su victimario con un indiferente y desganado ¡Que renuncien todos!

Hoy el tema de moda es la seguridad pública frente a manifestaciones criminales, sin más objeto aparente que desviar la atención del  ciudadano de a pie sobre otros quizá estratégicamente más relevantes como la seguridad energética, la seguridad alimentaria o la seguridad social. Mañana o pasado bien podría utilizarse como cortinilla de humo cualquier otro pretexto que cale coyunturalmente en el estado de ánimo prefabricado por los medios,  de  una ciudadanía que ya no ve lo duro sino lo tupido.

Como ya es costumbre, lo pactado renuncia a lo obvio y choca con el manejo presupuestal y la inclinación a la rapiña de los virreyes estatales. Los gobernadores se suman al pacto y lo aplauden de dientes para afuera, pero ¿estarían dispuestos a renunciar al control de sus organismos de seguridad,  y en nombre de la eficacia dejar en manos de la federación el manejo y control de la totalidad de los recursos presupuestales asignados a la tarea? Ni el más optimista de los mexicanos se atrevería a inclinarse por la afirmativa.

El caso es hacer mucho ruido aunque las nueces sean escasas, ante la incapacidad de la clase gobernante para atender y enfrentar con eficiencia y eficacia, problemas torales de una nación que marcha a paso acelerado en pos de la banca rota. Tiene razón la periodista Marcela López Zalce, cuando en Milenio escribe que “no hay nada que celebrar”. El pacto por la seguridad al igual que el pacto para la reforma del Estado, o el signado en su momento para el rescate del campo, son letra muerta. La clase gobernante seguirá por el camino andado de la mediocridad, la corrupción y la impunidad, ante el escepticismo y creciente indiferencia de los subordinados.

Si el Sr. Calderón Hinojosa esperaba otra cosa de la cumbre planeada para satisfacer su particular afán de legitimarse ante los mexicanos, terminó por ceder su escaso y cuestionado capital político al poder real de la Nación. La clase empresarial exige resultados concretos o la renuncia de los servidores públicos responsables. En tanto que las clases subordinadas, con mayor realismo, descalifican el intento, con un simple “a las pruebas me remito”.

Arnoldo Kraus: México como secuestro

México, dice la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ocupa el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Terrible noticia, doloroso deshonor. La veracidad de la información es cruda y real. Ha conseguido que voces tan dispares como la de Felipe Calderón y la de Marcelo Ebrard consideren que los secuestros, la violencia y la inseguridad se conviertan en materia urgente dentro de sus obligaciones y prioridades. A ellos se han unido y se unirán muchas figuras públicas de nuestra nación. No es para menos. Mañana nuestros políticos van a Palacio Nacional. Hablarán. Nosotros esperaremos. Seremos, como siempre, los Godot mexicanos.

Se repite, con razón, que la educación, la vivienda y la salud son bienes indispensables y obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. Ahora debe agregarse a ese listado la seguridad como compromiso. A diferencia de las otras cualidades, cuya presencia o ausencia es obvia, la seguridad no era, hasta hace algunos años, tema de discusión cotidiana. Los políticos mentían diciendo que combatirían las muertes por inanición, pero no enlistaban dentro de sus discursos efectistas el combate contra la violencia. Ahora todos van a Palacio Nacional. Hablarán de los secuestros. Nosotros esperaremos. Seremos, no me aburro de repetir, el Godot, de Becket: nunca llega quien debe llegar.

El miedo, la desconfianza hacia los políticos y la policía, la violencia callejera y la presencia de la industria del secuestro han hecho que la seguridad, incluso de los más desprotegidos, ocupe lugar preminente en la conciencia de la vida cotidiana. Secuestro y violencia, no como enfermedad, sino como epidemia, se han adueñado de las primeras páginas de muchos rotativos nacionales e internacionales; se han apoderado de la conciencia del vivir de la ciudadanía mexicana. Conciencia dolorosa que se paga con angustia y con dinero. Conciencia que debería ser inconsciencia. Caminar por las calles con temor es anormal. Caminar con miedo es legado de nuestra clase política.

La angustia se comparte. Los ciudadanos la vivimos por la certeza de la inseguridad y los políticos porque su prestigio se cuestiona. Los gastos también corren por caminos paralelos. Las familias sufren lo indecible hasta lograr acuerdos con los secuestradores mientras que los políticos-policías invierten cifras millonarias, seguramente del erario nacional, para contratar guardaespaldas y comprar armamentos. (Imposible no abrir este paréntesis: he preguntado en muchas ocasiones en qué rubro hacendario quedan inscritos los guardaespaldas que cuidan a los políticos y a los empresarios y nunca he obtenido respuesta. La cifra ahí invertida debe ser elevada. Podría utilizarse, pienso, para cuidar a la ciudadanía.)

El secuestro se ha convertido en epidemia. Las epidemias son contagiosas. La del miedo por ser secuestrado y/o asesinado en la calle, no por atropello o por terremoto, sino por deambular en las calles calderonistas o ebrardistas es nefanda y vigente. Ni siquiera la tradicional inmunidad de nuestra clase política los ha protegido. Sendas declaraciones y vistosos desplegados en los periódicos dan cuenta del contagio.

Calderón, Ebrard y casi todos nuestros políticos están preocupados. Deben haber leído lo que se dice de su nación y de su ciudad en el mundo; les deben haber informado de las esquelas en los periódicos. Esas noticias, lo saben, son sólo la punta del iceberg. Nadie confía en la justicia mexicana. Como signo de inteligencia, es probable que ellos desconfíen tanto de nuestra justicia como el uno desconfía del otro, y como nosotros desconfíamos de ellos. Partiendo de esa premisa podrían sanear un poco las calles y paliar el miedo que nos habita. Partiendo de las descalificaciones que se prodigan deberían criticar lo que hacen y lo que no hacen.

No recuerdo en cuál película –palabras más, palabras menos– dice el hijo del actor principal: “entre los ladrones y la policía confío más en los primeros por su sinceridad”. A ese guión, que transcurre todos los días, en todas las calles, y en todos los tiempos del PRI, del PAN y del PRD agrego que aunado al malestar contra el cuerpo policial camina, imparable, una perturbadora desconfianza hacia la clase política. Como en tantas otras circunstancias, en México la realidad copia y supera la ficción. Gracias a la corrupción, a la impunidad y a los yerros de nuestros presidentes las películas detectivescas de Hollywood son, en México, palmaria realidad.

Hace muchos años escribí un artículo intitulado: “Adiós a la calle”. Repasaba la cruda verdad en la que se había convertido la ciudad de México y lamentaba que muchos niños ya no tenían la oportunidad de hacer de las calles su casa. Esa premonición crece sin coto. Hoy, aunque duele, preocupa distinto la escasa oportunidad de jugar en las calles. Esa preocupación ha sido remplazada por los secuestros y por la violencia.

Mi desconfianza hacia los políticos es nauseabunda, incurable e infinita. Me encantaría equivocarme. Mi esperanza es que las náuseas y la desconfianza que se profesan Calderón, Ebrard y anexas devenga acciones positivas.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=023a2pol

J. Enrique Olivera Arce: Jóvenes y amas de casa, víctimas propiciatorias de un sistema injusto

“Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros”

• • • Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron  a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47

Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.

La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.

En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la SSPF declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.

Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.

La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes,  sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.

México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.

Pierluigi Sullo: La Italia clandestina

De mañana se siente temor al abrir los periódicos. La última noticia es del viernes 4 de julio: la Liga del Norte, que forma parte de la mayoría de derecha en el gobierno, propondrá una enmienda al “decreto de seguridad” por el cual se dispone que serán favorecidos, para su ingreso al país, los migrantes que hablen italiano y sean cristianos. En otro, se ordena que sobre la apertura de mezquitas se organice un referéndum ciudadano. El coordinador de los senadores de la liga ha explicado que la intención es “limpiar al país de los delincuentes, de los nómadas que traen degradación y criminalidad”. En los hechos ya se puso en práctica, en varias de las grandes ciudades (Milán, Roma, Nápoles), la identificación de los niños gitanos. La idea es del ministro del Interior, que procede de la Liga del Norte. En el manual que la policía aplica hay un renglón que indica que debe especificarse a cuál “etnia” pertenece el sujeto al que le serán tomadas las huellas digitales. No ocurría tal cosa desde 1938, cuando el régimen fascista promulgó la ley “por la defensa de la raza”. Hoy el gobierno de Berlusconi ha instituido el “Comisariado Extraordinario sobre la Emergencia Gitana”. Los comisarios son designados por los prefectos, por lo que representan al Estado central en las principales áreas metropolitanas. Éste es el caso promovido en la escalada contra los niños gitanos: el prefecto de Roma, Carlo Mosca, que proviene de la carrera diplomática y es un convencido católico, se niega a aplicar la norma con los niños.

Los niños gitanos son el último eslabón de la cadena. El gobierno está preparando normas que tipifican como delito penal la permanencia irregular en el territorio. Con esa excitativa, restan por estudiar 700 mil demandas de regularización, número muy superior a “la cuota” de ingreso establecido por la ley en vigor (que lleva el nombre del jefe del partido de la Liga del Norte, Bossi, y aquel posfascista Fini): no se pueden deportar 700 mil o un millón de personas, porque de acuerdo con la estadísticas hay regulares y no, llamados comúnmente en los medios y por la policía “clandestinos”. Por otro lado, el meollo del sistema de bienestar ha creado el fenómeno de los “cuidadores”, o sea dueños (sobre todo más entre los hombres) de migrantes que se hacen responsables de los niños y ancianos en un país que involuciona muy velozmente: la familia beneficiada que puede permitirse este tipo de asistencia no comprende por qué Úrsula la polaca o Ada la peruana, que vive en casa de los viejos protectores, sean de repente calificadas de criminales prófugas (después de un año y medio de estancia) y sujetas a expulsión.