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J. Enrique Olivera Arce: Tras los primeros pasos, la autocrítica es obligada

Alerta a la Nación. Futuro ominoso para el Estado mexicano

¿Ahora qué sigue? Es la pregunta que muchos nos hacemos, tras la primera etapa de la Consulta Ciudadana sobre el futuro de la industria petrolera nacional que tuviera lugar en el Distrito Federal y nueve entidades federativas. La incertidumbre es mayor ante los visos de solución negociada entre las cúpulas de los tres partidos mayoritarios que terminarán por imponerse en el ánimo y conciencia de los legisladores en el Congreso de la Unión.

Las respuestas a tal interrogante, lo mismo provenientes de destacados y comprometidos analistas y politólogos de la izquierda que de los cuadros dirigentes del FAP, no se han dejado esperar, coincidiéndose en lo general en la necesidad de mantener la resistencia pacífica frente a un eventual “albazo” resultante del acuerdo cupular o del mayoriteo del PRIAN. Sólo una voz con suficiente autoridad moral y política como la de Luís Hernández Navarro, en previsión a la segunda y tercera etapa de la Consulta, con toda atingencia ha llamado a la necesidad de un balance auto crítico en torno a los resultados de la primera. Lo que es destacable pues más allá del triunfalismo que despertaran los primeros resultados –más cualitativos que cuantitativos- las lecciones que dejara tan importante ejercicio social y político deben ser rescatadas y valoradas en su justa dimensión, como aporte al proceso de construcción de la democracia participativa en que está empeñado un importante segmento de la sociedad mexicana.

Como suele decirse en el futbol, esto no se acaba hasta que se acaba. El debate que la ciudadanía impusiera al Senado, así como la consulta, apenas son el inicio de un largo camino que no concluye con la votación del pleno en las Cámaras a favor, en contra de las iniciativas calderonistas, o aprobando un hibrido privatizador como el propuesto por el PRI. Sin dejar de lado que las bancadas del PRD, Convergencia y PT, son las primeras obligadas en el Congreso de la Unión a responder a los llamados de la ciudadanía movilizada. Sea cual fuere el resultado emanado de ambas Cámaras, todo indica que el futuro transitará por el camino de la democracia participativa, para ello hay que prepararse elevando el nivel de la cultura política de masas.

Pues como afirma Marco Rascón (La Jornada 05/08/08), “México está paralizado y se ha generado, más que una conciencia democrática avanzada y progresista, promotora de cambios, un retroceso que amenaza con el resurgimiento del viejo régimen.

Dentro de este contexto, habría que ubicar a la actual crisis de los partidos políticos en México que sin duda no tiene nada de circunstancial. La llamada sociedad civil les ha rebasado y las dirigencias cupulares no encuentran el camino de la reconciliación con la ciudadanía. El modelo vertical y autoritario de control y manipulación, con su histórica carga de corrupción, impunidad y simulación, no da más.. Tanto el PRD como el PAN han tocado fondo y están arrastrando al PRI en su caída. La “ruptura” a que hace alusión Porfirio Muñoz Ledo, se percibe como general y no únicamente concerniente a la evidente división interna de las diferentes corrientes del panismo.

Pero si bien es procedente el llamado a la autocrítica de Hernández Navarro, más allá de la coyuntura cuyo eje para la izquierda es el movimiento en defensa del petróleo, en el marco de un horizonte de mediano y largo plazo cobra mayor relevancia la llamada de alerta que a la Nación hace el maestro Pablo González Casanova (La Jornada 07/08/08) al preguntarse “¿A dónde vamos?”; cuando vislumbra en el escenario actual de profundas contradicciones sistémicas, un futuro ominoso para el Estado Mexicano; en el que la privatización creciente es el nuevo nombre del proceso de ocupación integral del Estado y la Nación por parte de los Estados Unidos, sus aliados europeos y las poderosas trasnacionales, subordinando independencia, soberanía, y seguridad nacional.

Con ello González Casanova, de cuya honestidad intelectual nadie duda, pone el dedo en la llaga dando contexto a la coyuntura que hoy se vive en torno al petróleo. Pero también contextualizando en un ir y venir de lo general a lo particular, a la crisis estructural de la sociedad mexicana, el deterioro creciente del tejido social, pérdida de identidad y de valores y la subordinación de la economía, educación y la cultura a intereses externos.

De ahí que a mi juicio, lo que sigue es no perderse en la coyuntura. Hace unas semanas afirmábamos que México se acerca a la encrucijada: la hora de definir el camino futuro para el país ha llegado y hay que cobrar conciencia de ello, actuando en consecuencia. La defensa del petróleo, si bien es plenamente válida en tal contexto, no lo es todo; forma parte de un escenario mayor de una Nación que exige su rescate.

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J. Enrique Olivera Arce: El debate petrolero, derrota del PAN

Con la intervención del senador panista Rubén Camarillo, que fijara la posición de la bancada senatorial de su partido frente al desarrollo y resultados de los 21 foros en los que se escuchara la opinión de más de 160 destacados ponentes, concluyó el debate que en relación a la situación que guarda actualmente la paraestatal PEMEX y las iniciativas de Calderón Hinojosa para modernizarle, tuvieran lugar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Como era de esperarse, para Camarillo las ideas vertidas en el debate, pasaron de noche no obstante su protagonismo desplegado en los foros y sólo comparable con el del también panista Juan José Rodríguez Prats, defensores oficiosos de las iniciativas calderonistas. Desconociendo el peso específico de la mayoría de opiniones vertidas a lo largo del ejercicio, que cuantitativa y cualitativamente dan por hecho la inviabilidad de las propuestas de reforma legal y operativa a la principal palanca de desarrollo del país, tuvo el descaro de afirmar lo contrario, expresando que si bien los resultados del debate apuntan hacia “una clara aprobación de la iniciativa del Presidente”; considerando que la mayoría de los ponentes las respaldan y justificando con ello la  procedencia de su aprobación en el Congreso de la Unión.

Más allá de las risas que provocara su intervención, incluyendo al senador Santiago Creel, lo preocupante es que al asumirse vocero de su bancada en el Senado, Rubén Camarillo confirma la nada velada intención gubernamental de pasar por alto las opiniones vertidas en el debate y seguir adelante con sus propósitos privatizadores, buscando la aprobación de las iniciativas vía mayoriteo legislativo.

Hoy miércoles, los medios electrónicos destacan lo dicho por el senador Camarillo, dando por hecho que para la opinión pública, las iniciativas calderonistas salen fortalecidas del debate, ignorándose que objetivamente estas fueron vapuleadas a lo largo de los 21 foros.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, declaró que “su partido asume el resultado de los foros de discusión sobre la reforma energética, pero ni estos ni la consulta ciudadana del 27 de julio suplantan la decisión que tomen sobre este tema los senadores legítima y democráticamente electos”, agregando que “para el PAN, la consulta carece de valor, por lo que no variará su posición de modernizar, en beneficio de México, el sistema de administración del petróleo.

En cuanto al PRI, el senador Manlio Fabio Beltrones, presentó en la sesión de la Comisión Permanente de hoy miércoles la iniciativa de reforma energética de su partido, declarando ante el pleno que “No aceptamos la privatización ni abierta ni encubierta”. No obstante, El senador Gustavo Madero, del PAN, entrevistado por los medios declaró que “…la propuesta priísta no es contraria a la que presentó el presidente Felipe Calderón, pues ambas coinciden en muchos aspectos aunque tienen sus matices y formas específicas de fortalecer a Petróleos Mexicanos, por lo que  existe la posibilidad de que los dos partidos aprueben de manera conjunta la reforma en la materia”.

Más claro ni el agua.

Y mientras eso sucedía en el Senado, en Veracruz se confirmaría que para priístas y panistas el debate en torno a la reforma petrolera no figuró en el ámbito de sus preocupaciones y responsabilidades. Tras la zanahoria que en días pasados el director de Pemex ofreciera a la administración pública y empresariado de la entidad, la mayoría de  los legisladores veracruzanos, federales y estatales, dirigentes partidistas y líderes de opinión, se desentendieron del asunto petrolero, concentrando esfuerzos y recursos en dimes y diretes sobre el FONDEN, más con intenciones de tinte electoral que de interés y preocupación real por los afectados por los fenómenos meteorológicos en curso.

Paradójicamente, en el intercambio de dimes y diretes, el priísmo estatal pugna por derrotar ante la opinión pública a un maltrecho panismo, en tanto que a nivel nacional la ciudadanía, gracias al debate petrolero, da por canceladas las presunciones electorales de un Acción Nacional que marcha de espaldas a la Nación. El PAN está derrotado de antemano y, paradójicamente también, su tabla de salvación radica en el apoyo que el PRI otorgue a las iniciativas petroleras calderonistas. Lo que no ve ni entiende la mayoría de nuestra clase política veracruzana, encabezada por un priísmo para el que el mundo termina donde termina el rojo brillante de una entidad federativa que late con fuerza.

Igual de paradójico resulta, que frente al toma y daca de descalificaciones entre priístas y panistas veracruzanos, el Frente Amplio Progresista se fortalece a la luz del debate petrolero. La derrota del PAN en el debate se considera un triunfo capitalizable políticamente  para la izquierda, en tanto que al PRI se le coloca en la tesitura de sumar su voto en contra de las iniciativas de Calderón, o ser considerado por la opinión pública como un simple esquirol al servicio de la reacción, con el costo electoral que ello implica.

Nuestra clase política doméstica, no lo contempla así, ni seguramente lo entiende. Llevada por la inercia, sigue confiando en que para la democracia pueblerina una despensa es igual a un voto; de ahí la rebatinga y la recíproca desconfianza y preocupación del PAN y el PRI  por la más que posible desviación de recursos públicos estatales o federales, a favor de las campañas electorales del 2009. Lo que piense o deje de pensar la ciudadanía le tiene sin cuidado. Esperemos que el futuro cercano les abra los ojos.

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Manuel Fuentes Muñiz: La ignominia de la ley del ISSSTE

Posponer la elección del bono del ISSSTE del 30 de junio al 14 de noviembre es un reconocimiento del fracaso del gobierno federal por convencer a los cotizantes de ese sistema para que renuncien a su jubilación.

Apenas 5% ha aceptado recibir el bono a cambio de liberar al gobierno de Felipe Calderón de las responsabilidades de pensión para los beneficiarios y sus familiares.

Esta decisión tiene desesperados a los funcionarios responsables de operar las nuevas reformas de la ley del ISSSTE, sobre todo a Miguel Ángel Yunes, director del instituto, quien, el pasado jueves 12 de junio, anunció “una prórroga” (¿?) para la elección del bono económico que la inmensa mayoría de cotizantes rechaza.

A este servidor público parece que no le han informado que una ley no se puede cambiar nada más así por que sí. El director del ISSSTE no tiene facultades para que con una simple declaración pueda modificar plazos fijados por el Congreso de la Unión en una ley. Aquellos que pretendan hacer cambios sin facultades, es seguro que se meterán en problemas legales de responsabilidad.

El artículo séptimo transitorio de la ley referida establece terminantemente que “a partir del día primero de enero de 2008, los trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE”.

¿Ahora por qué pretende desconocerla fijando otros plazos? ¿No le resultaron los planes del número de trabajadores que debería aceptar el bono? Es obvio que la cifra de 5% no les gusta y ahora están en un enredo estos funcionarios de escritorio.

El 14 de diciembre pasado, los personajes encargados de “la seguridad social” elaboraron un decreto, puesto a la firma del presidente de la República, de texto lamentable, que refleja el autoritarismo de quien lo redactó y la intención de afectar los derechos humanos laborales a quien está dirigido.

En ese decreto impusieron a las dependencias y entidades gubernamentales integrar una relación de las y los trabajadores que se negaran “…a recibir la notificación o los documentos, o a firmar de recibido y, con el apoyo de un representante del Órgano Interno de Control…”, levantar un acta “…para hacer constar la negativa, señalando en la misma el lugar y plazo en el que el documento de elección estará a disposición de los trabajadores”.

¿Por qué se legítima intimidar a trabajadoras y trabajadores que se nieguen a firmar de recibido un documento? Los cotizantes no deben ser acosados de ninguna forma, mucho menos mediante un decreto presidencial; y ahora, como no les han bastado los seis meses, pretenden un plazo mayor para presionarlos.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el 25 de marzo pasado cuestionando la afectación a los derechos humanos de este seudo-reglamento, pero a este reclamo en contra de las autoridades federales ni siquiera se le ha dado trámite.

Graves violaciones

Ahora se encuentra a prueba la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que debe resolver las graves violaciones constitucionales en los derechos de los trabajadoras a quienes se impuso la ley del ISSSTE, y que enumero enseguida:

Se incrementaron los requisitos de edad (60 años de edad en hombres y 58 años en mujeres) y años de cotización para el disfrute de la jubilación (hombres 30 años y mujeres 28 años)

Se aumentaron las cotizaciones de 8% en los salarios que señalaba la ley anterior hasta 10.625% con la nueva legislación.

Se impone a las y los trabajadores cotizantes a elegir forzosamente, durante los meses de enero a junio de 2008, entre el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de los bonos del ISSSTE para renunciar a su jubilación (ahora quieren prolongar el plazo).

El artículo décimo transitorio de la ley del ISSSTE anula a partir del 2018 el derecho a obtener una pensión de cesantía en edad avanzada.

El décimo transitorio conlleva, en el caso de los riesgos de trabajo, a desnaturalizar la seguridad social al permitir que sean aseguradoras privadas las que otorguen una renta vitalicia en relación con lo aportado por la o el trabajador cotizante.

El artículo décimo transitorio impone un mínimo de 15 años de cotización para tener derecho a una pensión por invalidez o a la pensión de los familiares derivada del fallecimiento del o la trabajadora.

El artículo décimo transitorio anula el derecho a favor de los familiares cuando la o el jubilado, o en retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada, hubiere fallecido.

Se anula la prestación a los familiares de las y los derechohabientes por concepto de gastos funerarios cuando un o una pensionista ha fallecido.

Se establece la subrogación de servicios a terceros que presta dicha institución privatizando de hecho su función.

Desaparece el derecho del pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada e invalidez a la gratificación o aguinaldo.

Se individualizan las cuentas de las y los cotizantes, cancelando el carácter solidario de la seguridad social.

Se anula el carácter tutelar de la legislación de seguridad social, convirtiéndola en fiscal al cancelar la participación de la autoridad laboral en la solución de los conflictos que se llegaran a suscitar derivados de la jubilación, dejando exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la interpretación y aplicación de las normas en esta materia.

Finalmente se abroga la ley del ISSSTE reduciendo y eliminando derechos de los trabajadores cotizantes que ya laboraban con fecha anterior al 31 de marzo de 2007 afectando derechos ya adquiridos.

Esta ley del ISSSTE representa la ignominia de este gobierno y un atropello a los derechos de los y las trabajadoras. ¿Hasta cuándo?

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=60114

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Yadira Cárdenas:Campaña para liberar a Alejandro resultaría contraproducente: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la situación legal del estudiante salmantino Alejandro Ordaz Moreno en España -acusado de agredir a dos policías de ese país- es complicada y que una campaña mediática para su liberación podría resultar contraproducente; asimismo, reiteró que el académico podría alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión.

PUNTO DE ACUERDO UNÁNIME

El pasado 14 de mayo, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo –propuesto por el senador priista por Guanajuato, Francisco Arroyo Vieyra- para exhortar al presidente de la República, Felipe Calderón, realizar las gestiones en torno al caso de Alejandro Ordaz para ser liberado.

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