J. Enrique Olivera Arce: El debate petrolero, derrota del PAN

Con la intervención del senador panista Rubén Camarillo, que fijara la posición de la bancada senatorial de su partido frente al desarrollo y resultados de los 21 foros en los que se escuchara la opinión de más de 160 destacados ponentes, concluyó el debate que en relación a la situación que guarda actualmente la paraestatal PEMEX y las iniciativas de Calderón Hinojosa para modernizarle, tuvieran lugar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Como era de esperarse, para Camarillo las ideas vertidas en el debate, pasaron de noche no obstante su protagonismo desplegado en los foros y sólo comparable con el del también panista Juan José Rodríguez Prats, defensores oficiosos de las iniciativas calderonistas. Desconociendo el peso específico de la mayoría de opiniones vertidas a lo largo del ejercicio, que cuantitativa y cualitativamente dan por hecho la inviabilidad de las propuestas de reforma legal y operativa a la principal palanca de desarrollo del país, tuvo el descaro de afirmar lo contrario, expresando que si bien los resultados del debate apuntan hacia “una clara aprobación de la iniciativa del Presidente”; considerando que la mayoría de los ponentes las respaldan y justificando con ello la  procedencia de su aprobación en el Congreso de la Unión.

Más allá de las risas que provocara su intervención, incluyendo al senador Santiago Creel, lo preocupante es que al asumirse vocero de su bancada en el Senado, Rubén Camarillo confirma la nada velada intención gubernamental de pasar por alto las opiniones vertidas en el debate y seguir adelante con sus propósitos privatizadores, buscando la aprobación de las iniciativas vía mayoriteo legislativo.

Hoy miércoles, los medios electrónicos destacan lo dicho por el senador Camarillo, dando por hecho que para la opinión pública, las iniciativas calderonistas salen fortalecidas del debate, ignorándose que objetivamente estas fueron vapuleadas a lo largo de los 21 foros.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, declaró que “su partido asume el resultado de los foros de discusión sobre la reforma energética, pero ni estos ni la consulta ciudadana del 27 de julio suplantan la decisión que tomen sobre este tema los senadores legítima y democráticamente electos”, agregando que “para el PAN, la consulta carece de valor, por lo que no variará su posición de modernizar, en beneficio de México, el sistema de administración del petróleo.

En cuanto al PRI, el senador Manlio Fabio Beltrones, presentó en la sesión de la Comisión Permanente de hoy miércoles la iniciativa de reforma energética de su partido, declarando ante el pleno que “No aceptamos la privatización ni abierta ni encubierta”. No obstante, El senador Gustavo Madero, del PAN, entrevistado por los medios declaró que “…la propuesta priísta no es contraria a la que presentó el presidente Felipe Calderón, pues ambas coinciden en muchos aspectos aunque tienen sus matices y formas específicas de fortalecer a Petróleos Mexicanos, por lo que  existe la posibilidad de que los dos partidos aprueben de manera conjunta la reforma en la materia”.

Más claro ni el agua.

Y mientras eso sucedía en el Senado, en Veracruz se confirmaría que para priístas y panistas el debate en torno a la reforma petrolera no figuró en el ámbito de sus preocupaciones y responsabilidades. Tras la zanahoria que en días pasados el director de Pemex ofreciera a la administración pública y empresariado de la entidad, la mayoría de  los legisladores veracruzanos, federales y estatales, dirigentes partidistas y líderes de opinión, se desentendieron del asunto petrolero, concentrando esfuerzos y recursos en dimes y diretes sobre el FONDEN, más con intenciones de tinte electoral que de interés y preocupación real por los afectados por los fenómenos meteorológicos en curso.

Paradójicamente, en el intercambio de dimes y diretes, el priísmo estatal pugna por derrotar ante la opinión pública a un maltrecho panismo, en tanto que a nivel nacional la ciudadanía, gracias al debate petrolero, da por canceladas las presunciones electorales de un Acción Nacional que marcha de espaldas a la Nación. El PAN está derrotado de antemano y, paradójicamente también, su tabla de salvación radica en el apoyo que el PRI otorgue a las iniciativas petroleras calderonistas. Lo que no ve ni entiende la mayoría de nuestra clase política veracruzana, encabezada por un priísmo para el que el mundo termina donde termina el rojo brillante de una entidad federativa que late con fuerza.

Igual de paradójico resulta, que frente al toma y daca de descalificaciones entre priístas y panistas veracruzanos, el Frente Amplio Progresista se fortalece a la luz del debate petrolero. La derrota del PAN en el debate se considera un triunfo capitalizable políticamente  para la izquierda, en tanto que al PRI se le coloca en la tesitura de sumar su voto en contra de las iniciativas de Calderón, o ser considerado por la opinión pública como un simple esquirol al servicio de la reacción, con el costo electoral que ello implica.

Nuestra clase política doméstica, no lo contempla así, ni seguramente lo entiende. Llevada por la inercia, sigue confiando en que para la democracia pueblerina una despensa es igual a un voto; de ahí la rebatinga y la recíproca desconfianza y preocupación del PAN y el PRI  por la más que posible desviación de recursos públicos estatales o federales, a favor de las campañas electorales del 2009. Lo que piense o deje de pensar la ciudadanía le tiene sin cuidado. Esperemos que el futuro cercano les abra los ojos.

John M. Ackerman: La ley como fetiche

El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.

La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.

Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.

Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.

El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.

En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.

Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=opinion&article=022a1pol

José Antonio Crespo: Consulta petrolera

Es bastante clara la estrategia diseñada por Andrés López Obrador y el FAP en torno a la reforma petrolera. Se trata de echar abajo la iniciativa de Felipe Calderón, de frustrar la iniciativa. Y en caso de que fuese aprobada (en sus actuales términos o incluso más adelgazada), generarle al gobierno un enorme costo político (con vías a su derrocamiento, sospechan muchos y afirma Dolores Padierna). El siguiente paso consiste en preguntar a la ciudadanía su parecer sobre el destino de “nuestro” petróleo (es un decir, pues buena parte de su renta acaba en los bolsillos de gobernadores, altos funcionarios, líderes sindicales y hasta en los casinos de las Vegas). El argumento es políticamente vendible; sobre un asunto tan trascendente no pueden decidir un puñado de ciudadanos (los legisladores, que apenas pasan los 600), por más representativos que sean – aunque muchos no se sienten por ellos representados -, sino que es el pueblo directamente quien debería tomar dicha decisión, o al menos expresarse para que su posición sea considerada por los legisladores. La democracia representativa tiene límites, se dice. En contraparte, se ha dicho con razón, someter esa decisión a la ciudadanía a través del plebiscito no es posible constitucionalmente, pues a nivel federal no existe la figura. Es cierto. A lo cual el FAP replica que se puede introducir en la Constitución para ejercitar la democracia directa en este asunto en particular. Sin embargo, con lo deseable que es adoptar figuras de democracia directa, es cierto que su regulación no es cosa sencilla.

Por más atractiva y deseable que resulte, conlleva varios problemas técnicos. Su regulación exige despejar preguntas como ¿quiénes pueden decidir qué temas deben someterse a la decisión de los ciudadanos? ¿El Ejecutivo, el Congreso, con cuántos votos, bajo qué condiciones? ¿La ciudadanía puede también proponerlo – cosa deseable-, en cuyo caso, con cuántas firmas de por medio? ¿Qué nivel de complejidad técnica puede soportar la participación ciudadana antes de tomar una decisión de gran calado? ¿Cómo debe proporcionarse al ciudadano la información pertinente? ¿Quién formula las preguntas de la consulta? ¿Qué nivel de concurrencia debe exigirse para hacer vinculante el resultado? Y es que la democracia directa se presta no sólo para complementar la democracia representativa – algo sano – sino también para evadirla – algo insano. Quien dispone de una mayoría en el Congreso, evitará el plebiscito pues no lo necesita, y en cambio se arriesga a perder en él. A la inversa, quien no cuenta con una mayoría parlamentaria, intentará bajar el tema a la ciudadanía. Entonces, para evitar que un partido minoritario recurra al plebiscito en cada asunto que pierda en el Congreso, o que un presidente que haga lo propio, las figuras de democracia directa deben reglamentarse con suma atingencia. No todas las decisiones públicas pueden ni deben someterse a la ciudadanía, o el resultado sería la parálisis gubernamental. Desde luego, temas tan trascendentales como una reforma petrolera (o la despenalización del aborto) justifican ese recurso. Pero reglamentar la democracia directa tomaría mucho tiempo, lo que desde luego beneficiaría al FAP en su intento por echar abajo la reforma calderonista.

Por eso mismo, el FAP ha venido anunciando que hará su propia consulta, misma que, de hacerse sin visos de formalidad, no gozaría de mucha confianza, pues podría hacer la pregunta a modo – lo cual es clave – además de que a su convocatoria asistirían sólo – o casi – quienes comparten su rechazo a la reforma calderonista. Además, ¿quién garantizaría la pulcritud del proceso y la fidelidad del resultado – pues no podría ser el IFE -, sobre todo tras haber visto cómo se las gasta el PRD en sus procesos electorales? Y ahí es donde viene la hábil maniobra de Marcelo Ebrard. Más allá de no compartir esencialmente su postura sobre la reforma, debemos reconocer que políticamente hizo un excelente movimiento político: en la capital sí se hará una consulta popular con cariz oficial, pues está prevista en el estatuto capitalino. Es cierto que se trata de una reforma federal, por lo cual no podría someterse a plebiscito, pero ¿por qué no una consulta, siendo un tema de elevado interés general? Puede decirse – aun con razón – que las consultas son parte de una táctica “dilatoria y provocadora”, pero ahí donde se celebren satisfarán el deseo de participar del 78 % de los ciudadanos (según una encuesta nacional de Gea-Isa, entre otras). De ahí el desafío que hace Ebrard a todos los gobernadores; preguntar a sus gobernados qué quieren. A menos que teman el resultado, reta Marcelo.

El resultado de esas consultas probablemente será desechado por la mayoría de legisladores, pero quedarían como desdeñosos de la voluntad ciudadana que dicen representar. Y en un tema como el petróleo, eso se ve bastante mal. Lo dicho por el subsecretario Jordy Herrera, en sentido de que “la población está participando de muchas maneras (como por ejemplo) siguiendo las discusiones”, no generará demasiado entusiasmo cívico (30/V/08). ¿A eso debe reducirse la expresión ciudadana? ¿A ver los debates (los que puedan) minimizados además por los medios oficialistas? Está pues ya estructurado el alegato para justificar la previsible movilización contra la reforma petrolera; un puñado de legisladores “entregan” nuestro petróleo a intereses extranjeros (simbolizados por Juan Camilo Mouriño) “por encima del pueblo”, que exigía ser tomado en cuenta y no lo fue. Y ante tal atropello – se dirá con vehemencia -, no es posible quedarse cruzados de brazos. En eso consistió la sagaz jugada política de Ebrard. El gobierno, supongo, estará preparándose para el cantado escenario de la movilización (¿o lo tomará por sorpresa?

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=71493

J. Enrique Olivera Arce: Reforma energética. ¿Por qué tanta prisa?

La derecha no para mientes en su propósito de imponer a la Nación un proyecto ajeno a la historia e intereses del pueblo de México. La tarea de desinformar, en el tema del petróleo, que por cierto no es tema menor,  es constante y cotidiana, valiéndose de todos los recursos disponibles para lograr su propósito. En este contexto, se inscribe la labor de zapa de muchos políticos, legisladores y comunicadores encargados de magnificar diagnósticos catastróficos, propalar verdades y mentiras a medias y descalificar a quienes patrióticamente se manifiestan a favor de defender un recurso natural, que es propiedad social de todos los mexicanos,  y al que al Estado se le tiene encomendado ejercer dominio exclusivo en su explotación.

En este escenario, llama la atención el que algunas voces, magnificadas por los medios de comunicación, opongan al debate en el seno del Senado, una prisa injustificada por la aprobación en el Congreso de la Unión de la llamada “reforma energética”. Eso sí, para no confrontar su insistencia con el pensar de las mayorías, aclaran que debe preservarse la rectoría por parte del Estado; cuidándose de poner un velo que medianamente oculte el propósito último de transferir la explotación petrolera a particulares y, específicamente, a empresas extranjeras.

Para justificar la prisa, se antepone lo urgente a lo importante. Hablándose de la necesidad de satisfacer demandas y rezagos, lo mismo en materia de pago de pasivo ambiental, abatimiento de la pobreza, del analfabetismo, de la insalubridad, de las carencias de infraestructura social y productiva, como de la reconstitución del campo mexicano frente a una inminente crisis alimentaria. Todo con cargo a la renta petrolera y en el marco de un diagnóstico amañado de la situación que guardan la Paraestatal (PEMEX) y las reservas disponibles de hidrocarburos.

Privilegiándose la idea no probada de que en las condiciones actuales, Pemex no genera suficientes recursos para apalancar tanto su propio desarrollo como el del país en su conjunto; que las reservas probadas actuales se agotarán en un período de 9 años y que, por tanto, urge acceder a mantos petrolíferos presuntamente existentes en aguas profundas del Golfo de México. Cuanto antes se “modernice” la Paraestatal y se acceda al “tesorito” calderonista, mejor, dice la derecha, calificando al debate en el Senado como “estéril Torre de Babel”.

Pasándose por alto que los resultados que se derivan del debate en el Senado, no sólo implican  confrontar o validar  criterios y propuestas tendientes a rescatar, fortalecer y modernizar a la Paraestatal. También está de por medio el valorar visiones y estrategias de largo aliento que comprometen el futuro de México.

Pemex no es una empresa mercantil más, a la que haya que adaptar a  modernas corrientes y modelos de organización y gestión; la materia prima sobre la que opera, es un recurso no renovable y de carácter estratégico para la Nación; su objeto último no es el de cualquier empresa privada cuya finalidad  es la acumulación y reproducción de la ganancia, a su rentabilidad económica se le hace acompañar por la rentabilidad social en beneficio de todos. Entre otras cosas, aporta contribuciones fiscales a la Federación, que ningún otro tipo de empresa privada estaría dispuesta o en condiciones de pagar. Ni se puede ni debe, sometérsele en su modernización únicamente a criterios economicistas ó inmediatistas, de ajuste e inserción a la economía global, basados en expectativas de urgencia. Muchos menos a intereses políticos de corte sexenal, como los ya explicitados por algunos gobernadores.

Pero hay algo más, que no se quiere tomar en cuenta, ó que de considerarlo, le inquieta a la derecha, le ofende y le teme: El debate sobre el petróleo que tiene lugar en el Senado, con todo y sus limitaciones y propósitos últimos presuntamente negociados con anterioridad en lo oscurito, reivindica, así sea de manera imperfecta, el derecho de todo ciudadano a estar informado y ser escuchado, así como la obligación de la representación popular a dar cuenta de su gestión a los electores. Principios democráticos cuyo ejercicio aún en ciernes, es de la mayor relevancia para la vida actual y futura de la Nación.

A lo que habría que agregar, como un “plus”, (y en esto reside la urgencia de la derecha para cancelar el ejercicio y forzar la aprobación de las iniciativas), que el debate en el Senado se ha hecho extensivo a la calle. Contribuyendo  con una importante lección al pueblo de México, sobre la necesidad imprescindible en todo tiempo y con mayor razón en tiempos de crisis, del retorno a la vigencia plena de nuestra Carta Magna; entendiendo esta como el pacto social, político y programático, que los mexicanos nos hemos dado para propiciar una equilibrada e incluyente convivencia entre diferentes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello implica para todos, el conocerla, leerla a conciencia, y asimilarla a cada uno de nuestros actos en la vida cotidiana; lo mismo en el terreno de lo social que en lo económico, político y cultural; así como exigir de las autoridades su cabal cumplimiento.

La Constitución General de la República no es historia inerte plasmada en un texto. Es la historia viva de una Nación que a lo largo del tiempo y tras mucha sangre derramada, deja como legado y lo proyecta al futuro, lo que el pueblo de México quiere y debe entender por una sana convivencia sustentada en la paz, la concordia, el respeto mutuo, el trabajo, la educación, la salud, y el acceso a una vida digna. Lo que debe entender como aspiración a un modelo de país que le satisfaga en sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Honrarla, respetarla  y defenderla, es honrar, respetar y defender nuestra propia historia como pueblo. La Carta Magna, es pasado, presente y futuro de México. En ella reside nuestra voluntad soberana y en ella descansa lo que debemos entender por defender el petróleo de la Nación.

Lección de vida que la derecha no puede suprimir a voluntad, de un plumazo y a espaldas de la Nación. De ahí la prisa.

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J. Enrique Olivera Arce: El debate petrolero, simulación y engaño.

El debate sobre el futuro de la industria petrolera en México que en el Senado iniciara el pasado martes, parece ser mero trámite para justificar reformas ya pactadas a PEMEX, contrarias a los intereses de la Nación. De otra manera no se explica el que a un día de iniciado, Calderón Hinojosa enviara a la Cámara de diputados una propuesta para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos que, en su parte medular, contempla reducir la carga fiscal a empresas privadas que perforen en busca de petróleo y gas en aguas profundas y en la zona del paleocanal de Chicontepec.

Si existe consenso en que México no cuenta con la tecnología y equipo para explorar en aguas profundas del Golfo, entonces estaríamos hablando de que la iniciativa de marras está dirigida a incentivar a empresas extranjeras, para que inviertan en la búsqueda del “tesorito”.

Así, mientras a PEMEX se le aplica una fórmula fiscal que le descapitaliza, orillándole a un constante endeudamiento y a la quiebra técnica, de aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Derechos las empresas privadas que resultaran beneficiarias, pagarían al fisco entre un 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos. Adicionalmente gozarían de un régimen de excepción que permitiría a las empresas mayores márgenes para deducir impuestos, que serían de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en el paleocanal.

De acuerdo a la información proporcionada por La Jornada el día de hoy, la privatización de facto tendría lugar mediante “contratos de desempeño”. Eufemismo con el que se pretende ocultar el hecho de que con las reformas a la Ley Federal de Derechos, que establecería el cálculo de impuestos con base en el volumen y precio del petróleo en el mercado mundial, en realidad estaríamos hablando de “contratos de riesgo”, con los que el Estado mexicano compartiría por la vía fiscal, parte de la renta petrolera con empresas extranjeras.

No resulta extraño, por tanto, que en el primer día de debate, el PAN por conducto de su dirigente nacional, lejos de aportar elementos legales y técnicos a favor de las iniciativas de Calderón Hinojosa, fijando la posición de su partido, se concretara a descalificar a quienes se oponen a estas, polarizando el debate y generando ruido. Dando por sentado que el camino para la privatización ya está allanado mediante pacto en lo oscurito y de espaldas a la ciudadanía.

Como tampoco resulta extraño que los gobernadores de los estados autonombrados “productores”, a riesgo de comprometer su capital político, ya manifiesten más interés en el como beneficiarse de la rebatinga de la renta petrolera que en el rescate y modernización de la paraestatal (PEMEX).

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