Arnaldo Córdova: La equidad en el derecho

La reforma constitucional en materia electoral provocó reacciones en cadena que eran previsibles: al impedir que individuos o grupos puedan emitir opiniones, incluso adversas en contra de candidatos o partidos en los procesos electorales, se puso el grito en el cielo y comenzó a decirse que eso era violatorio de la libertad de expresión. Diversos organismos empresariales y un grupo de intelectuales interpusieron sendos amparos ante la justicia federal, fundando su agravio en la letra del artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Ya la Corte ha determinado, en revisión, que ella no puede decidir del asunto porque no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Carta Magna.

Esos grupos, evidentemente, desconocen el derecho y, al parecer, contrataron abogados chicaneros que sólo hicieron lo que se les pidió. No sólo por las razones que la Corte ha dado en su primer fallo (otro fue sobre la violación del artículo 135 que instituye el procedimiento para reformar la Carta Magna), sino porque no entienden lo que el principio jurídico de equidad significa para la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho. Ese concepto es tan complejo que parece inasible en su sentido (es como si tuviera miles de significados), pero que lo es sólo porque ha sido una preocupación permanente a lo largo de milenios.

Era lógico que en el curso de la historia se dieran tantas significaciones. Pero si vemos su evolución a través de los siglos, aparece claro que sólo se trata de muchos modos en que dicho concepto ha sido visto. Hoy en día, prácticamente, ya no hay disensiones entre los juristas en torno a su significado. Hasta antes de que proliferara el asociacionismo moderno (sindicatos, ligas agrarias, sufragistas, partidos de masas, feministas, etcétera), la equidad era vista más bien como un principio de justicia que servía para corregir la rigidez de la ley.

Con la aparición de lo que el filósofo del derecho alemán, Gustav Radbruch, llamó el derecho social (Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1914) se trastocó la anterior rígida oposición entre derecho privado y derecho público, para incorporar otras clases de derecho como el laboral, el agrario, el nuevo familiar, el económico y muchos más, formando una esfera intermedia que es la de los derechos sociales, que son, ante todo, derechos de equidad. Radbruch decía: “Si se parte de la concreta individualidad de cada hombre en particular se desemboca necesariamente en la negación del ordenamiento jurídico, en la anarquía”.

Ahora, todos los juristas, casi sin excepción, están concordes en que la equidad no es algo que esté fuera del derecho, que venga a él desde afuera, sino que es el método que el juez debe seguir al interpretar las normas y aplicarlas. Ahora se considera que la equidad está dentro del organismo conceptual y obligatorio del derecho en todas sus ramas. El propio Radbruch escribía: “… en la realidad del derecho, la libertad del económicamente fuerte se vuelve, de una libertad de disponer de las cosas, en una libertad de disponer de los hombres”.

Las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral derivan de ese principio. La equidad busca eliminar toda ventaja que se dé a una parte en perjuicio de otra. La equidad ha venido a delimitar e, incluso, a restringir los derechos de libertad cuando su ejercicio puede dar lugar a una desventaja en perjuicio de otros. Y ante eso no vale la interpretación de las palabras aisladas de la ley. El maestro Recaséns Siches escribía que “es un dislate enorme pensar en la posibilidad de una interpretación literal… equivaldría a negar el sentido del lenguaje mismo” (voz Equidad, Enciclopedia Jurídica Omeba).

Un espot del Consejo Coordinador Empresarial en contra de López Obrador en la campaña electoral de 2006 o el pronunciamiento de algunos clérigos en ese mismo sentido eran, con toda evidencia, un elemento inequitativo en la justa electoral, aunque se hicieran en nombre de la libertad de expresión. Eso fue lo que el legislador quiso corregir con la reforma constitucional. El que las dos grandes televisoras se convirtieran en partes interesadas en la contienda, con el enorme poder económico y mediático del que gozan, era inequitativo, porque imponía una situación de desventaja que en el derecho es inadmisible.

Alguien dijo que un grupo de activistas podía juntar su dinerito y publicar un manifiesto pronunciándose sobre los candidatos. El legislador decidió que, para evitar situaciones inequitativas, era obligado negar esa malentendida libertad de opinión a todos aquellos que se ubicaran por fuera de los partidos y éstos sólo pueden seguir un nuevo procedimiento que incluye el que el IFE contrate tiempos y espacios para que ellos se expresen y de ninguna manera podrán, en ningún tiempo, hacerlo por sí solos.

La Corte también se ha declarado sobre la pretendida violación al procedimiento señalado en el 135 para reformar la Constitución y ha encontrado que el Congreso no lo violó en absoluto y dicho procedimiento fue adecuado. Ahora los felones serán para los defensores de la libertad de expresión legisladores, senadores y diputados, que sólo actuaron en nombre de la equidad en el derecho.

Ni para qué hablar aquí de los empresarios y sus abogados que interpusieran otros recursos (alguno de los cuales fue admitido por un juez veracruzano). Además, parece que ellos aspiran a imponernos el modo de hacer las cosas en Estados Unidos, en donde las elecciones no las deciden los votos de los ciudadanos, sino el dinero. Claro que pueden participar en la política, pero individualmente y sin que tomen ventaja de su posición privilegiada. No es mucho pedirles, pues ellos tienen el poder suficiente para cabildear en los gobiernos a favor de sus intereses. ¿Para qué quieren influir en el curso de unas elecciones y no esperan, como corresponde, a que los nuevos gobernantes sean electos?

Todos los ministros de la Corte son juristas ilustrados y es de esperarse de ellos que recuerden siempre que la equidad no es un simple adorno de la ley, sino el verdadero eje en torno al cual se da la interpretación del derecho cuando se trata de dictar lo que los juristas llaman, desde hace mucho tiempo, normas individualizadas y que no son otra cosa que las sentencias y fallos de las autoridades judiciales.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/06/index.php?section=opinion&article=018a1pol

J. Enrique Olivera Arce: Reforma energética. ¿Por qué tanta prisa?

La derecha no para mientes en su propósito de imponer a la Nación un proyecto ajeno a la historia e intereses del pueblo de México. La tarea de desinformar, en el tema del petróleo, que por cierto no es tema menor,  es constante y cotidiana, valiéndose de todos los recursos disponibles para lograr su propósito. En este contexto, se inscribe la labor de zapa de muchos políticos, legisladores y comunicadores encargados de magnificar diagnósticos catastróficos, propalar verdades y mentiras a medias y descalificar a quienes patrióticamente se manifiestan a favor de defender un recurso natural, que es propiedad social de todos los mexicanos,  y al que al Estado se le tiene encomendado ejercer dominio exclusivo en su explotación.

En este escenario, llama la atención el que algunas voces, magnificadas por los medios de comunicación, opongan al debate en el seno del Senado, una prisa injustificada por la aprobación en el Congreso de la Unión de la llamada “reforma energética”. Eso sí, para no confrontar su insistencia con el pensar de las mayorías, aclaran que debe preservarse la rectoría por parte del Estado; cuidándose de poner un velo que medianamente oculte el propósito último de transferir la explotación petrolera a particulares y, específicamente, a empresas extranjeras.

Para justificar la prisa, se antepone lo urgente a lo importante. Hablándose de la necesidad de satisfacer demandas y rezagos, lo mismo en materia de pago de pasivo ambiental, abatimiento de la pobreza, del analfabetismo, de la insalubridad, de las carencias de infraestructura social y productiva, como de la reconstitución del campo mexicano frente a una inminente crisis alimentaria. Todo con cargo a la renta petrolera y en el marco de un diagnóstico amañado de la situación que guardan la Paraestatal (PEMEX) y las reservas disponibles de hidrocarburos.

Privilegiándose la idea no probada de que en las condiciones actuales, Pemex no genera suficientes recursos para apalancar tanto su propio desarrollo como el del país en su conjunto; que las reservas probadas actuales se agotarán en un período de 9 años y que, por tanto, urge acceder a mantos petrolíferos presuntamente existentes en aguas profundas del Golfo de México. Cuanto antes se “modernice” la Paraestatal y se acceda al “tesorito” calderonista, mejor, dice la derecha, calificando al debate en el Senado como “estéril Torre de Babel”.

Pasándose por alto que los resultados que se derivan del debate en el Senado, no sólo implican  confrontar o validar  criterios y propuestas tendientes a rescatar, fortalecer y modernizar a la Paraestatal. También está de por medio el valorar visiones y estrategias de largo aliento que comprometen el futuro de México.

Pemex no es una empresa mercantil más, a la que haya que adaptar a  modernas corrientes y modelos de organización y gestión; la materia prima sobre la que opera, es un recurso no renovable y de carácter estratégico para la Nación; su objeto último no es el de cualquier empresa privada cuya finalidad  es la acumulación y reproducción de la ganancia, a su rentabilidad económica se le hace acompañar por la rentabilidad social en beneficio de todos. Entre otras cosas, aporta contribuciones fiscales a la Federación, que ningún otro tipo de empresa privada estaría dispuesta o en condiciones de pagar. Ni se puede ni debe, sometérsele en su modernización únicamente a criterios economicistas ó inmediatistas, de ajuste e inserción a la economía global, basados en expectativas de urgencia. Muchos menos a intereses políticos de corte sexenal, como los ya explicitados por algunos gobernadores.

Pero hay algo más, que no se quiere tomar en cuenta, ó que de considerarlo, le inquieta a la derecha, le ofende y le teme: El debate sobre el petróleo que tiene lugar en el Senado, con todo y sus limitaciones y propósitos últimos presuntamente negociados con anterioridad en lo oscurito, reivindica, así sea de manera imperfecta, el derecho de todo ciudadano a estar informado y ser escuchado, así como la obligación de la representación popular a dar cuenta de su gestión a los electores. Principios democráticos cuyo ejercicio aún en ciernes, es de la mayor relevancia para la vida actual y futura de la Nación.

A lo que habría que agregar, como un “plus”, (y en esto reside la urgencia de la derecha para cancelar el ejercicio y forzar la aprobación de las iniciativas), que el debate en el Senado se ha hecho extensivo a la calle. Contribuyendo  con una importante lección al pueblo de México, sobre la necesidad imprescindible en todo tiempo y con mayor razón en tiempos de crisis, del retorno a la vigencia plena de nuestra Carta Magna; entendiendo esta como el pacto social, político y programático, que los mexicanos nos hemos dado para propiciar una equilibrada e incluyente convivencia entre diferentes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello implica para todos, el conocerla, leerla a conciencia, y asimilarla a cada uno de nuestros actos en la vida cotidiana; lo mismo en el terreno de lo social que en lo económico, político y cultural; así como exigir de las autoridades su cabal cumplimiento.

La Constitución General de la República no es historia inerte plasmada en un texto. Es la historia viva de una Nación que a lo largo del tiempo y tras mucha sangre derramada, deja como legado y lo proyecta al futuro, lo que el pueblo de México quiere y debe entender por una sana convivencia sustentada en la paz, la concordia, el respeto mutuo, el trabajo, la educación, la salud, y el acceso a una vida digna. Lo que debe entender como aspiración a un modelo de país que le satisfaga en sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Honrarla, respetarla  y defenderla, es honrar, respetar y defender nuestra propia historia como pueblo. La Carta Magna, es pasado, presente y futuro de México. En ella reside nuestra voluntad soberana y en ella descansa lo que debemos entender por defender el petróleo de la Nación.

Lección de vida que la derecha no puede suprimir a voluntad, de un plumazo y a espaldas de la Nación. De ahí la prisa.

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