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Carlos Fazio: La guerra y la paz

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo noal enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque tenemos la ley, la razón y la fuerza. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el Alto a la guerra y el No más sangre no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la guerrade Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, losverdaderos enemigos de México –los hijos de puta, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el monopolio del poder (sic) para hacer la guerra en nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece unacooperación con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

Fuente: La Jornada

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Carlos Fazio: La mafiocracia colombiana

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con el narcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=opinion&article=016a1pol

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Carlos Fazio: El IRI y la subversión en Cuba

La revolución cubana ha comenzado una nueva fase. Se trata de un proceso vivo, dinámico, en constante evolución y construcción autóctonas, lleno de parámetros originales. Por eso, habrá muchos más cambios en la isla, pero no en el sentido que los enemigos de la revolución quisieran. Que no se ilusionen.

Una vez más, Fidel Castro y la dirigencia cubana se adelantaron a cualquier expectativa de la Casa Blanca. La renuncia de Fidel a la jefatura gubernamental ocurrió en el contexto del millonario circo prelectoral estadunidense y de los crecientes signos de debilidad del presidente George W. Bush. Al final ocurrió lo que muchos preveían: Fidel se retiró del gobierno. Pero el cómo, pocos lo imaginaban. Con su habitual maestría política, Fidel manejó los tiempos con gran precisión y exhibió que Washington no tenía una estrategia para un escenario que nunca esperó: una sucesión del poder en la isla sin sobresaltos.

Diez sucesivas administraciones en la Casa Blanca esperaron por décadas la salida del poder de Fidel, y cuando, el 19 de febrero pasado, después de un largo y maduro proceso de reflexión éste anunció su renuncia, no sucedió lo que siempre había pronosticado Estados Unidos: los cubanos no salieron a festejar a las calles, el país no se colapsó ni sobrevino el caos. La razón es sencilla: Fidel Castro es un líder excepcional, un gran estadista y estratega. Pero sin la voluntad política del pueblo cubano y su capacidad de participar, pensar, decidir y autogobernarse, esa revolución ética, humanista, internacionalista y solidaria, de impronta caribeña y latinoamericana, que colocó al hombre y la mujer concretos como centro del proceso, no habría sobrevivido.

Ahora, la asunción de Raúl Castro a la jefatura de Estado y de gobierno cubanos marca la continuidad de un proceso hondamente arraigado en el seno de la sociedad y construido por casi cuatro generaciones en el marco de una verdadera ciudadanización del poder. Raúl encabeza un firme liderazgo colectivo, ajeno a cualquier práctica de laboratorio. Por eso, los largos meses de ausencia temporal de Fidel no desembocaron en una situación “sin salida”. El pueblo cubano tomó la sucesión con calmada madurez política y el país funcionó con su ritmo habitual. En Cuba no empezó la “transición poscastrista”, como pregonan los epígonos y propagandistas del imperio. La delegación provisional de poderes y la elección de un nuevo gobierno ahora han garantizado la continuidad del proceso revolucionario. Y eso es así porque desde hace muchos años el Estado y la sociedad cubana cuentan con mecanismos jurídicos y organizativos que garantizan esa continuidad más allá de la supervivencia de su líder histórico. Se engaña, pues, quien crea que la renuncia de Fidel significa el comienzo del fin del socialismo en la isla. No hay ningún síntoma de que sectores significativos de la sociedad cubana aspiren a que regrese el capitalismo.

Pero, como dijo en agosto de 2006 Raúl Castro, “no se puede descartar el peligro de que alguien se vuelva loco, o más loco todavía, dentro del gobierno estadunidense”. Por eso Cuba no descuida su defensa. No es por paranoia belicista. Hace varios años que la “guerra preventiva” de la administración Bush dejó de ser simple teoría. Afganistán, Irak, Haití, Venezuela, Somalia y ahora la aventura belicista en la que embarcó a Álvaro Uribe en Sudamérica lo demuestran. Washington no tiene otra vía que la militar para cambiar la situación en la isla.

La Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presentada por el jefe de la Casa Blanca en 2004, persigue un “cambio de régimen” y regresar a la isla a su condición de colonia. Para ello, Washington ha recrudecido la guerra económica contra Cuba mediante la aplicación extraterritorial de leyes que afectan a terceros países y tienen como objetivo hostigar y boicotear los negocios y el desarrollo de las ramas fundamentales de la economía cubana.

Además sigue utilizando con fines subversivos al Instituto Republicano Internacional (IRI), que malgasta el dinero de los contribuyentes estadunidenses con proyectos diversionistas como la supuesta encuesta realizada en Cuba a finales del año pasado, de la que se hicieron eco el Diario de las Américas y los canales de televisión TV 51 (Telemundo) y TV 23 (Univisión) de Miami. El objetivo de la hipotética encuesta del IRI –en el contexto de las elecciones y la sucesión después de Fidel– era mostrar, de manera infructuosa, una imagen irreal y absurda del proceso cubano, en particular el “altísimo” grado de rechazo popular al gobierno, en abierta contradicción con los resultados que arrojaron los comicios del pasado 20 de enero y el ambiente de normalidad y tranquilidad ciudadana que prevalece en Cuba hasta nuestros días. Más allá de su cuestionada verosimilitud, la metodología expuesta y la formulación de preguntas con enfoques cerrados, aunadas a tergiversaciones y manipulaciones, exhibían que la función de la citada encuesta era alcanzar objetivos desestabilizadores en la isla.

Según un informe de 2006 de la comisión que encabeza Condoleezza Rice, el IRI –financiado por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que responde al Departamento de Estado– es uno de los instrumentos que contribuyen a la “formación de partidos políticos y otros grupos de oposición en la isla”, con el objetivo de destruir a la revolución y propiciar la llamada “transición a la democracia”. A través del IRI, el gobierno de Bush ha dado apoyo sistemático a cabecillas contrarrevolucionarios y utiliza el otorgamiento de “premios”, como el concedido a Oscar Elías Biscet, para justificar el abastecimiento de fondos materiales y financieros con fines subversivos, en la isla y en el exterior. Sin embargo, la elección de enero, en la que sufragaron más de 7 millones 800 mil cubanos (96.89 por ciento del padrón), puso de manifiesto las motivaciones y la naturaleza participativa del pueblo cubano. Habrá cambios, sí, pero a la cubana.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/10/index.php?section=opinion&article=022a1pol

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