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Luis Linares Zapata: La nueva batalla por Pemex

Los escarceos anteriores a la batalla por Pemex y la soberanía energética han terminado. Enfrente se observa ahora un territorio inhóspito, lleno de trampas y contendientes belicosos que están dispuestos a entrar al debate directo de las visiones, los programas precisos y los conceptos rectores del sector energético. Aspectos indispensables para, después, manejar tiempos, los modos y la agenda de temas que seguirán en la disputa. En paralelo se lleva a cabo la profundización organizativa para conducir, con éxito, la refriega cuerpo a cuerpo que exigirá la movilización social, palanca de apoyo clave de la oposición.

Calderón, el presidente del oficialismo, ha declarado una retirada táctica de la disputa. Permanecerá, por ahora al menos, en la retaguardia de los discursos de ocasión, las giras protegidas por férreos dispositivos de seguridad y las inauguraciones a modo. Ha decidido lanzar por delante a sus subordinados partidistas, un conjunto de amedrentados panistas que carecen de los arrestos personales y los indispensables instrumentos requeridos para el combate avizorado. No presentará Calderón, al menos por el momento, la iniciativa abarcadora que tanto prometió y a la que, en un principio, pareció atar su gobierno. El sueño de cambiar el texto constitucional que acarició, la adecuación de leyes secundarias para permitir la injerencia del capital privado a las paraestatales de la energía y las modificaciones operativas de las mismas, fue abandonado lirón por lirón. Sólo le queda el subterfugio de la soterrada autonomía de gestión (AG) para Pemex, misma que sería calcada para la CFE.

El alegado 35 por ciento del voto triunfador no le prestó, ni de cerca, el sustento efectivo a la hora de las aventuras de gran calado, sobre todo aquellas en las que el diseño unilateral era evidente ante la atónita vista de los ciudadanos. Simplemente la administración calderonista no tiene la fuerza para dar la pelea de cara a los ciudadanos. Ni aun con el homogéneo auxilio de los medios de comunicación a su entero servicio. Llegó a Los Pinos baldado en su legitimidad y sus pretensiones transformadoras no se empatan con lo que señalan la historia y el espíritu nacionales. La alianza con el priísmo tardío apenas le da para cambios menores, cosméticos o en aquellos renglones donde su fofa enjundia se cruza con los intereses particulares de los grupos de presión. Ahí donde se hacen tan presentes como ominosas e impresentables las ambiciones personales, de grupo o de la cofradía de sus socios. La valentía que alardeaba para enfrentar los riesgos inherentes a tan osada intentona de reforma estructural sucumbió ante el desgaste que su imagen ha sufrido a últimas fechas por sus desmedidas pretensiones de alterar el espíritu constitucional (artículo 27), tan arraigado en el trasfondo de los mexicanos.

Pero a Calderón, los poderosos de dentro y fuera que lo sostienen, y esos que esperan meter la mano, el codo y, a veces, hasta la ancha cadera revestida con bolsas sin fondo, agrandadas por los privilegios, les queda una ruta para rescatar algo del naufragio: la cacareada AG. Toda una puerta de escape, entrevista para contrarrestar el fracaso de las alianzas estratégicas, las concesiones arbitrarias, los contratos múltiples o de riesgo disfrazado, la salida a bolsa para captar inversiones o la capitalización de los voluminosos pasivos (Pidiregas y otros) con que se lastró a las paraestatales en cuestión. Es por medio de la AG por donde pueden colar sus planes de entrega y apañe de riquezas disponibles, tal y como se hizo en los casos de Venezuela y Brasil (PDVSA y Petrobras).

Otorgar, mediante un cambio a modo en el marco regulatorio actual de Pemex, el margen de maniobra requerido para adoptar todas las decisiones operativas que se vayan imponiendo en cada caso particular es el sustituto a los cambios constitucionales extraviados. Un terreno coincidente con el priísmo de elite, que está por demás preparado para entrar al quite de la ineficacia panista. Una estratagema funcional que parece adecuada para la modernización, y hasta apreciada por muchos que, de otras maneras, se opondrían con tesón a dichos cambios. La AG posibilitaría el contratismo acelerado y redituable. Por eso proponen el cambio al marco regulatorio de las leyes y normas que rigen el otorgamiento de contratos para obras y servicios o la integración de los órganos de gobierno de la empresa. Por eso quieren retocar el consejo de administración, máximo instrumento decisorio. El objetivo es situar ahí a los personajes adecuados, ya sea por su proclividad ideológica o, más todavía, por su docilidad para recibir instrucciones y facilitar negocios.

Fue mediante la AG que PDVSA se independizó hasta llegar a erigirse como un Estado dentro del débil Estado nacional venezolano previo. Fueron sus administradores los que, contrariando la misma Constitución, regalaron a las empresas trasnacionales parte sustantiva del enorme tesoro de esa nación (Orinoco). Fueron también los independientes directivos de Petrobras los que concibieron la salida a bolsa y otros medios que privatizaron 60 por ciento del valor de aquella empresita de antaño. Empresa capitalizada por socios visionarios que, hoy en día, gozan de reservas que alcanzan, a valor actual, 4 o 5 billones de dólares. Una onerosa estrategia, similar en ambas naciones, que impide a sus respectivos pueblos el pleno aprovechamiento de la renta petrolera, y para que los solícitos inversionistas (aliados) de dentro y fuera de esos países hermanos se hinchen de billetes.

Esa, la AG envisionada para Pemex, es una ruta alterna para colocar dentro del cuarto de las decisiones cupulares y maniobreramente soberanas a la tecnocracia priísta de otros tiempos, aquellos que saben hacer el trabajo requerido, colonizados por el neoliberalismo entreguista y corrupto, personajes que de inmediato llegarían a esas cúspides impulsados por sus patronos y guías políticos.

El paso subsiguiente se otea con claridad meridiana: un contratismo rampante. Una feroz entrega de la operación a los traficantes de influencias privados. Un contratismo totalizador, libre de ataduras, protegido contra la vigilancia y reacio al rendimiento de cuentas, que asegure los negocios de los poderosos. La elevación de la plataforma de exportaciones seguiría imperando como exigencia de clientes voraces de crudos disponibles, baratos y seguros. Una estratagema, la AG, que terminaría, de aprobarse sin el cuidado suficiente de la oposición, por acrecentar la dependencia tecnológica que se padece y el rompimiento definitivo de la integración industrial del sector. Es por eso que el debate, además de reincidir, una y mil veces, en el espíritu constitucional y el contexto político, no puede soslayar el sensible tema de la AG, terreno donde se dará el combate final.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/02/index.php?section=politica&article=019a1pol

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José Blanco: Derecho vs derecho

Hace dos semanas escribí en este espacio: “La salida de W Radio de Carmen Aristegui… es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público por encima del derecho a la libertad de expresión”.

En su última entrega la propia conductora escribió: “El debate se centra en si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión o de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos. El caso W ha tocado seriamente esa fibra”. Ése es, sin duda, el núcleo de un problema que es a un tiempo jurídico y político.

Mainstream es un anglicismo (literalmente corriente principal) que se usa para referirse al pensamiento o las preferencias aceptadas mayoritariamente por una sociedad. El término ha cobrado fuerte relevancia en los estudios actuales sobre los medios de comunicación de masas, que han adquirido peso decisivo en las creencias y en la formación de opiniones en la sociedad actual.

La mainstream para cierta parcela del pensamiento económico sostiene con razón que el mercado genera resultados subóptimos, en el caso de la producción o generación de un conjunto de determinados bienes. Los economistas suelen llamarlos “fallas del mercado” (por supuesto, no se trata da fallas).

En tales casos es imprescindible la intervención del Estado para ajustar o corregir tales “fallas” y alcanzar un resultado óptimo. Es el caso de los bienes públicos. La salud, o la educación, o la información, o la difusión de las ideas, o la defensa nacional. El mercado no puede resolver estos casos y es preciso que el Estado intervenga con las herramientas que le son propias: las leyes.

Las sociedades contemporáneas están repletas de contradicciones y antagonismos, una inmensa cantidad de las cuales derivan precisamente de la operación del mercado. Sin Estado (o con un Estado abstinente en su papel de mantener unida y en desarrollo a la sociedad) y sin leyes no tendríamos una sociedad, sino una selva en la que los animales mayores y/o más feroces devoran a los animales con atributos de fuerza y de ferocidad menor.

Es claro que el mercado no es el medio ideal para la generación de los bienes públicos. Un bien público es un bien económico cuya naturaleza conlleva dos características básicas: la no rivalidad en su uso o consumo (el uso o consumo por un individuo no reduce la cantidad para otros) y la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión de los beneficios (ni por medios físicos ni legales) que el bien público ha de proveer a todos.

El “problema” que entrañan los bienes públicos es que la naturaleza del mercado y los principios que lo rigen no puede valorar adecuadamente tales productos y en el mejor de los casos el mecanismo mercantil proporciona un suministro distinto del que sería eficiente e indispensable para la sociedad como un todo. Por ello es preciso emplear medios de suministro del bien público de que se trate, distintos del mercado, para solventar las dificultades. (Véase Buchanan, James M.: Demanda y oferta de bienes públicos, 1968; Stiglitz, Joseph E.: La economía del sector público, 2003.)

No es extraño que el artículo 19 de la Declaración universal de derechos humanos disponga: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Ésta es la mainstream internacional –desde 1948–, en materia de derechos humanos de opinión y de recibir información y opiniones, por cualquier medio de expresión.

No es extraño tampoco que la Convención americana sobre derechos humanos establezca en su artículo 13, fracción 3ª que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Las empresas Prisa y Televisa, al cancelar el noticiero Hoy por hoy, han mostrado que la racionalidad empresarial, económica (dicen que tienen números rojos) o política (más bien por aquí parece ir la onda hertziana), produjo una carambola política de 10 mil bandas al manejar o manipular el bien público concesionado –el espacio radioeléctrico y las ondas hertzianas que en él se propagan– y generó una enorme “falla de mercado” y una violación de disposiciones legales vigentes en México.

Puesto que sobre ese bien público esas empresas han realizado una (gigantesca) inversión, tales actores del mercado reclaman derechos que derivan de su propiedad (el capital invertido). Esos derechos han hecho colisión con las disposiciones legales asociadas al bien público que a las empresas les fue concesionado.

Sólo parece haber dos caminos para que el Estado resuelva esta contradicción insoluble en el espacio de las empresas referidas. O bien el Estado les retira la concesión por la violación legal cometida en el uso de un bien público, o bien el Congreso crea un organismo de Estado (no de gobierno), con todas las regulaciones del caso y las limitaciones y acotaciones que necesariamente conllevan los derechos de ser informados y de libertad de expresión. De esta manera el Estado compensa o corrige la “falla de mercado” y la violación de derechos vigentes en este país.

De todos modos, algún tipo de sanción tendrían que recibir las empresas abusivas, por ignorar la responsabilidad que adquirieron al recibir en concesión el bien público que explotan.

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