J. Enrique Olivera Arce Veracruz, granero de México”, demagogia y simulación.

Confirmando nuestro punto de vista expresado en el apunte del pasado 14 de mayo, titulado “El Campo Mexicano. Esperanzas por votos”, el diario La Jornada en su edición del pasado 11 de los corrientes, publicó un interesante reportaje de René Alberto López, corresponsal en Tabasco, titulado “Agoniza el Plan Chontalpa; ejidatarios y campos de cultivo, casi en la ruina”. En este, el autor destaca que “hace 43 años, el proyecto de desarrollo agrícola Plan Chontalpa prometía convertir esa región en el granero del país. En sus buenos tiempos llegó a producir 30 mil toneladas de arroz. Hoy, sus campos de cultivo languidecen, la planta y la maquinaria están casi en ruinas, y los ejidatarios enfrentan problemas de cartera vencida”.

En nuestro aporte, señalamos que “Actualmente difícilmente los 22 ejidos colectivos del Plan Chontalpa, en vía de privatización y sometidos a la reproducción del sistema económico dominante, se pueden diferenciar de otros ejidos del país. La producción y productividad cedieron el paso al asistencialismo oficial de subsistencia y la política electoral substituyó a la organización social colectiva; se abandonó la infraestructura hidráulica, y cinco mil familias, a pie de vía, esperan en vano un nuevo ferrocarril que les conduzca a un mejor destino”.

Testigo y protagonista de un programa de colectivización ejidal que alcanzara su más alto nivel con la constitución de la “Unión de Ejidos Colectivos del Plan Chontalpa, Lázaro Cárdenas del Río”, y cuyo modelo de organización sustentado en la democracia participativa, se reprodujera en diversas microregiones de Tabasco y del país en el sexenio de Luís Echeverría Álvarez, en su momento me lleno de orgullo y satisfacción el ser parte de los miles de jóvenes que comprometidos con el nuevo impulso al proceso de la Reforma Agraria Mexicana, pusiéramos lo mejor de nosotros mismos al servicio de un modelo agrario que apuntara a marcar el rumbo en la construcción de un nuevo y más vigoroso estado de cosas en el campo mexicano. Hoy, con la confirmación de nuestra apreciación ya anotada, aquel orgullo y satisfacción se reduce a un mal sabor de boca. El fracaso del Plan Chontalpa me alcanza y me llena de tristeza.

No sólo fracasó el ambicioso proyecto en la región de La Chontalpa. También en todo el país se perdió la esperanza que los hombres del campo depositaran en sus instituciones republicanas, incluida la Confederación Nacional Campesina. La traición, el abandono y la demagogia neoliberal, substituyeron a organización, capacitación, asistencia técnica, crédito, y democracia participativa en el campo mexicano; en detrimento de una histórica forma de vida productiva y social con las consecuencias que en materia de pobreza, desigualdad, migración y dependencia agroalimentaria, hoy,  coloca a México como país entre los últimos de América Latina.

De ahí mi indignación cuando leo en la prensa diaria que, gobernantes y funcionarios, se llenan la boca, declarando que se apoya al campo y que en unos cuantos años Veracruz será el granero de México.  No hay tal apoyo ni es viable lo que ofrecen los políticos cuando en su imaginación construyen a base de mentiras un escenario promisorio. Lo que existe en materia agroalimentaria es un proyecto neoliberal de un gobierno de empresarios para empresarios, que privilegia a los menos y castiga a la mayoría de los hombres del campo; reduciéndolos al papel de dependientes de la caridad oficial o, en el mejor de los casos, a jornaleros en su propia tierra. Como tampoco, más allá de desplantes demagógicos electoreros, la Confederación Nacional Campesina y sus expresiones estatales, constituyen esperanza reivindicatoria alguna.

El fracaso del campo arrastra al resto del país. La  soberanía y autosuficiencia alimentaria es ya utopía. El caldo nos sale más caro que las albóndigas, y a la importación de alimentos habrá de seguirle la reducción de remesas de nuestros paisanos en el extranjero, así como la repatriación de los expulsados que ya no tienen cabida en la economía recesiva del norte, sin que exista blindaje eficaz para evitar la debacle. A la luz de los hechos, Andrés Manuel López Obrador tiene razón. O se cambia de rumbo o terminaremos en una simple colonia dependiente del capital extranjero.

Ezequiel Meler: Argentina, origen de la crisis en el campo

Modalidades de concentración de la tierra en la Argentina reciente

1.

El punto de partida de estas reflexiones es el reciente conflicto entre el gobierno y las corporaciones de productores agropecuarios. La cronología del mismo da inicio formal el 11 de marzo del presente año, cuando el gobierno anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, ajustable al precio internacional, que despertó la enconada oposición de la mayoría de las agrupaciones de productores rurales. Homologados en su conjunto por un sistema tributario que, por sus propias características, no estaba preparado para diferenciar a las grandes explotaciones de las pequeñas y medianas, los representantes de las corporaciones reaccionaron, en una perfecta profecía autocumplida, como un único sujeto opositor.

Muchos referentes del progresismo citadino se preguntaron en estos días qué intereses, más allá de la coyuntura, podían unir a sectores aparentemente tan diferentes como la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Las explicaciones, en la mayoría de los casos, reprodujeron anticuados estereotipos simplistas, ligados a imágenes de larga perduración en la memoria colectiva. De este modo, mientras los productores asociados podían presentarse ante los medios como “el campo” –y algún trasnochado llegó a ver en ellos el germen de una genuina lucha campesina, el gobierno, paradójicamente, no atinó a dar con un discurso público que lograse quebrar la unidad sectorial del bloque, y se refugió cómodamente en la imagen de un actor social singular, de vocación antidemocrática, políticamente hegemonizado por los grandes terratenientes.

2.

Por supuesto, el asunto es más complejo. Las transformaciones acaecidas en el agro argentino durante la última década son poco conocidas. No obstante, en términos estadísticos, está claro que asistimos a un renovado proceso de concentración productiva. Según un estudio elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre 1988 y 2002 el número de explotaciones agropecuarias cayó en más de un 21%, pasando de 421.000 a 333.000. El fenómeno es más agudo en la Región Pampeana, donde, en el mismo período, la merma fue del 29%. Como contrapartida a la mencionada reducción en el número de explotaciones, el tamaño promedio de las mismas pasó de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. En la Región Pampeana, de nuevo, los números son peores: la escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de 400 hectáreas en 1988 a 533 en 2002.(1)

Según el mismo estudio, el proceso, lejos de detenerse, se ha acelerado desde entonces. Sin embargo, la modalidad de la concentración ha variado. Fuera de la Región Pampeana, se ha incrementado la presencia directa de la gran propiedad, en la medida en que los adelantos técnicos permitieron la expansión de la frontera agraria a zonas antes improductivas. Por el contrario, en la Región Pampeana propiamente dicha, los grandes propietarios, aunque siguen estando presentes, ya no son el polo dinámico del proceso económico. Propiedad y explotación, al menos en la Pampa Húmeda, son categorías cada vez menos homologables. Como la tierra raramente se vende, aparece otra salida: el arriendo. Y otro actor: los grupos de inversión. Los nuevos protagonistas del proceso de acumulación de capital son, en efecto, los pools de siembra, grupos de inversión de tipo financiero, generalmente de origen extranjero, que arriendan una superficie de tierra significativa a diferentes propietarios por un período determinado, en general, por el término de una cosecha. Amparados en las ventajas que ofrece la combinación de diferentes factores, como una legislación permisiva, precios internacionales muy altos y un tipo de cambio extremadamente subvaluado, los pools de siembra se han consolidado como un agente económico insoslayable. Asimismo, cabe destacar que estos fondos de inversión, en la mayoría de los casos, están asociados a los oligopsonios de comercialización: un puñado de firmas multinacionales –Cargill, Bunge & Born, Dreyfuss, Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos, desde hace más de un siglo, la totalidad de las exportaciones argentinas al mercado mundial.(2)

3.

Este proceso, inevitablemente, ha desplazado del sector rural a miles de pequeños y medianos productores de tipo familiar. Ante la imposibilidad de competir, sea en términos técnicos, en economías de escala, o en términos de integración productiva, muchos chacareros han elegido convertirse en simples rentistas, opción que se entiende, asimismo, considerando los altos arrendamientos que perciben. En un proceso que asusta por la velocidad con que se desarrolla, la agricultura argentina se está quedando sin agricultores. Al mismo tiempo, el boom internacional de la demanda de soja vuelca las preferencias de los fondos de inversión hacia este producto, encareciendo el precio de la tierra de mejor calidad, tanto para el cultivo de otros cereales –principalmente, el trigo y el maíz- como para la actividad ganadera.

El desplazamiento, entonces, es doble: de producción y de productores. Y su repercusión sobre la cadena de precios no puede ser mayor, puesto que las actividades desplazadas, al realizarse forzosamente en tierras menos idóneas, generan mayores costos, que se traducen en significativos aumentos del precio de venta final. Aumentos que, huelga decirlo, repercuten en un ya muy golpeado mercado interno. De este modo, los pools de siembra, sin actuar como los agentes inmediatos del proceso de concentración de la tierra –pues, en general, no adquieren la misma en propiedad- se erigen en sus usuarios por excelencia, y por ende, adquieren el control del proceso productivo global.

4.

La conclusión es elemental. Cuando, el 11 de marzo, el gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones móviles, bajo el argumento de que resultaba imprescindible detener el proceso de expansión del cultivo de soja, cometió, como mínimo, dos errores. Por un lado, centró su atención exclusivamente en qué se producía, y no en quién lo producía. Al separar ambas dimensiones, lanzó una medida no sólo explosiva, sino ineficaz: para los grandes pools de siembra, el cultivo de soja sigue siendo rentable, y por su control sobre el proceso de comercialización, estos sectores están en condiciones de descargar los nuevos costos sobre otros productores. Para los pequeños y medianos productores, en cambio, la nueva medida resultó una sentencia de muerte en términos de rentabilidad. La imposibilidad de competir con los fondos de inversión se hizo imposible. La opción por la entrega del campo en arriendo se volvió, más que conveniente, obligada. Y la reacción, desde luego, no se hizo esperar.

En otras palabras, las retenciones, lo sepa el gobierno o no, difícilmente modifiquen, siquiera en el mediano plazo, el escenario productivo del sector agropecuario argentino, pero sí tienen consecuencias inmediatas sobre el escenario social, al continuar y profundizar el proceso de desplazamiento de productores rurales. En segundo lugar, el gobierno subestimó la fuerza política de los fondos de inversión, largamente asociados a los intereses de los grandes propietarios locales. De este modo, quizás sin quererlo, galvanizó a los diferentes sectores sociales que componen el universo agropecuario argentino en un sólo interés. Detrás del negocio de la soja, como agudamente observó Alfredo Zaiat, está pariendo un nuevo bloque de poder:

“Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del poder económico emergente de los barones de la soja. A diferencia de las privatizadas y de los bancos, en este caso cuentan con el invalorable aporte, físico y discursivo, de pequeños productores, y de la clase media agraria ascendente. Como se pudo observar con nitidez en estos días, el gigantesco poder financiero del complejo sojero, que investigadores aliados al negocio de poroto denominan sin inocencia “tramas productivas”, lograron capturar el interés de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta reductos de defensa del desarrollismo y de la industria han mudado su vocación a la tutela del negocio de la soja, integrado por grandes arrendatarios, pools de siembra, multinacionales de la semilla trasngénica, acopiadores y grandes exportadores […] El fabuloso ciclo de alza de las materias primas, impulsado por la revolución industrial tardía de China, el avance sostenido de India y el desarrollo de los biocombustibles, ha permitido la creación de un dinámico núcleo de poder económico […] El saldo del piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como partero la invalorable colaboración de los pequeños productores”. (3)

5.

Lo cierto es que tampoco el gobierno hizo nada por evitar este proceso. Al contrario, se asoció a los sectores más concentrados, que en el contexto de la recuperación lograron balances espectaculares. No hubo consideración oficial alguna, en estos cinco años, para las consecuencias sociales del proceso socioeconómico descrito. En la coyuntura desatada por el lock out patronal, el gobierno, pese a su discurso “anti – oligárquico”, prefirió dialogar con las transnacionales y con los grandes del sector, tratando de acordar diferenciando por arriba y no por abajo. Tal vez por ello, varias propuestas de la Federación Agraria, como el proyecto para modificar la ley de arrendamientos –un aspecto central del modelo de monocultivo sojero- pasaron desapercibidas. Sin lugar a dudas, hubo aquí otro error de evaluación política: el nuevo bloque de poder se mostró más firme de lo previsto, desatando la peor crisis política desde 2001 a la fecha.

El nuevo escenario económico y social, emergente a la vez de la crisis de 2001 y de la modalidad de concentración que consolidó la recuperación posterior, requiere algo más que maquillaje. El gobierno debe actuar decididamente en contra de la concentración bajo la modalidad de arrendamientos, propulsando una nueva ley que recoja los proyectos archivados, actualizando la legislación y las fórmulas políticas del primer peronismo. Para eso, necesita recuperar paulatinamente la larga tradición de presencia estatal en el sector agropecuario, para convertirse por sí mismo en un árbitro eficiente en el terreno de la producción y comercialización de la riqueza agropecuaria del país. Después de todo, la historia argentina nos enseña que quien controle la distribución de la renta agraria, controla la economía, y, por carácter transitivo, gobierna el país.

[1] Véase Pablo Benchimol: “Latifundios y pools de siembra”, en Página 12, 20/04/08.
[2] Para un análisis del “modelo Cargill”, véase Scaletta, Claudio: “Gigantes invisibles”, en Página 12, 06/04/08.

[3] Zaiat, Alfredo: “El parto de un nuevo bloque de poder”, en Página 12, 13/04/08.

http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=7833

Víctor M. Quintana S.: Movimiento campesino: la difícil negociación

Ha llegado el momento más difícil para un movimiento social: la negociación con el adversario. La etapa del carisma, del entusiasmo, de las calles, de las masas, de la participación, deja ahora su lugar a la centralización, a los largos diálogos, a los representantes, a la centralización, al predominio de la lógica institucional.

Hasta ahora los diversos agrupamientos de organizaciones que forman lo que algunos llaman el Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria han tenido tres aciertos incuestionables: llevaron a cabo el 31 de enero la movilización campesina más numerosa de varias décadas. No se han dividido hasta el momento, superando las difíciles tensiones internas, y no se dejaron que los representantes del gobierno federal les impusieran sus condiciones y contenidos para la negociación el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, hay que estar muy vigilantes para que el proceso de negociación no vaya a resultar en las divisiones del movimiento, la cesión en lo fundamental al adversario, el distanciamiento con las bases y las regiones, o, peor aún, el olvido de los objetivos fundamentales.

En este sentido es necesario preguntarse sobre la calidad de los interlocutores por parte del gobierno federal. Se hizo bien en rechazar a Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, pero ¿por qué aceptar que la conducción esté a cargo del ahora seriamente cuestionado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño? Después de todas las impugnaciones por tráfico de influencias, y más allá de si obró legal o ilegalmente, ¿tendrá calidad moral como interlocutor de los hombres y las mujeres del campo? ¿O se piensa que su debilidad puede favorecer un mejor resultado para las organizaciones?

Una parte del movimiento, los que integran la campaña Sin maíz no hay país, planteó al menos dos condiciones importantes para empezar a negociar. Ambas van orientadas a hacer menos desproporcionada la influencia que el gobierno pretende ejercer sobre la opinión pública respecto del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus impactos. La primera de ellas es que el gobierno suspenda la campaña de propaganda con las medias verdades sobre las ventajas del tratado en la agricultura. La segunda es la realización de un debate público entre los representantes gubernamentales y los de las organizaciones campesinas para que éstos puedan difundir sus análisis y puntos de vista y refutar lo propalado hasta ahora por el régimen calderonista. Es conveniente no dejar de lado ambas condiciones.

Un punto clave en la negociación es la unidad en torno a dos demandas torales: la renegociación del TLCAN, cuando menos para proteger el maíz blanco y el frijol, y una sustancial reorientación de la política agropecuaria para construir la soberanía alimentaria con base en la agricultura campesina e indígena y establecer una reserva estratégica de alimentos en manos de la nación. Debe evitarse la dispersión que predominó hace cinco años en el Acuerdo Nacional para el Campo, que le permitió al gobierno de Vicente Fox esquivar los compromisos fundamentales.

Finalmente, existe el peligro de que se incurra en la ley de hierro de la oligarquía, por dos vertientes diferentes: en primer lugar, que las organizaciones dichas nacionales, algunas de ellas sólo porque tienen oficinas en el Distrito Federal, se adueñen de la negociación y no tomen en cuenta el pensar y el sentir de las organizaciones locales y regionales, que han sido muy importantes para el inicio y la vigorización del movimiento. O que alguna trate de acaparar la voz y la representatividad como sucedió en el templete del Zócalo el 31 de enero. La otra vertiente es que los actores rurales sean desplazados por los no rurales, que a aquéllos se les “desujetivice” por la no distinción entre aliados y sujetos del proceso de movilización y negociación.

Si no se toman en cuenta estos riesgos, se desembocará, no en un Acuerdo Nacional para el Campo plus, sino en uno bis, y segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, las señales actuales dejan esperar mejores cosas por parte del movimiento campesino en este difícil trance de la negociación. A eso le apostamos

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=politica&article=022a2pol

Víctor M. Quintana S.: Construir lo inevitable

El tratamiento de choque, como diría Naomi Klein, no le funcionó totalmente a la oligarquía en el campo mexicano. Los campesinos siguen ahí, son decenas de millones, están empobrecidos, pero inconformes y con ganas de combatir: eso es lo que demuestra con claridad la marcha campesina-sindical del pasado 31 de enero.

Las calles, las carreteras, volvieron a gritar. Desde Ciudad Juárez se desarrolló una marcha de tractores hasta el Zócalo: dos mil kilómetros de verdades para contradecir las mentiras oficiales difundidas por el régimen y sus medios adictos. Como demostración activa de que no es cierto que lo peor ya pasó se logró la manifestación de rechazo a la política agraria y agroalimentaria más numerosa, plural y combativa de varias décadas.

Los logros de las movilizaciones de enero son muy palpables: con sus muros humanos, con sus tomas, con sus marchas, los hombres y las mujeres del campo volvieron a poner el tema de la renegociación del TLCAN en el centro de la agenda nacional. Pudieron penetrar a la mayoría de los medios y decir su palabra, alternativa a la verdad oficial. Demostraron los enormes perjuicios del tratado para las mayorías campesinas y para los consumidores. Se supieron unir por encima de diferencias partidarias y de celos gremiales. Se articularon con sindicatos y organizaciones civiles y montaron una marcha de fuerza irrefutable.

Ahora la gran cuestión es cómo proseguir el movimiento de manera exitosa. Está la gran ventaja de que este no es un año electoral, circunstancia que pesó muy negativamente en el movimiento de 2003. Pero esto no quita que pese sobre el movimiento el peligro de subordinación a intereses partidistas, metarrurales. La CNC, quien ahora invirtió mucha más energía y convocatoria que hace cinco años, deberá ser consecuente con la radicalidad de su discurso en el Zócalo y cuidarse de no ser utilizada como moneda de cambio para encarecer el apoyo del PRI a la reforma energética. También hay que cuidar el peligro de no tratar de pintar de amarillo el movimiento utilizándolo para fortalecer corrientes o candidaturas del PRD. Mantener la lógica socio-política del movimiento, su pluralidad y su independencia son claves para el éxito.

El gobierno se ha apresurado a ofrecer diálogo, pero no puede aceptarse sin que antes haya un debate público de las organizaciones campesinas con él. Es necesario que la nación conozca cómo responden a las falacias del calderonismo y de sus apoyadores; que se desmantele el mito del carácter mayormente benéfico del tratado para el campo. No puede dialogarse en un ambiente de opinión pública donde se sigue bombardeando con mentiras al movimiento y descalificando a sus dirigentes. Tampoco debe dialogarse si el gobierno acota la agenda y no acepta el tema fundamental: la renegociación del TLCAN. No deben distraerse las fuerzas ni dejar enfriar los ánimos para apostarle todo a una dudosa negociación.

Mucho menos debe bajarse la guardia y suspender las movilizaciones. Ciertamente no hay que reiterar de inmediato las marchas, pero hay que acudir a instrumentos que impacten más la opinión pública, que penetren a todos los rincones y sectores de la República, que dejen bien claro al gobierno y a la sociedad que es voluntad mayoritaria la renegociación del tratado.

Para eso suena bien la propuesta de constituir un Mandato de la Nación que exija al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, tímido hasta ahora, que se empiece a renegociar el TLCAN y a controlar las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El principio de ética pública a la base de esto es que la soberanía reside en el pueblo. Las herramientas serían dos: por un lado, la convocatoria a un referéndum sobre la renegociación del TLCAN a llevarse a cabo en todo el país, sobre todo en los ejidos y comunidades rurales. Por otro, el recabar adhesiones formales de autoridades ejidales, comunitarias, municipales, de gobernadores, de congresos de los estados a un documento que exija comenzar la renegociación. Esto tendría varias ventajas: mantendría movilizadas a las organizaciones y con menor desgaste, se lograría una mejor correlación de fuerzas ante el gobierno, conservaría el tema en la agenda pública y acudiría, por una parte, a la democracia participativa y, por otra, a la representativa, para acuñar la expresión clara y unívoca de la voluntad popular por renegociar el tratado.

Ya sabemos, pues ya lo mostró en 2006, que a Calderón le importa un bledo la expresión de la voluntad popular. Pero aun así debemos apostarle a conjuntar una fuerza de movilización tal, una contundencia tal, que, volviendo a citar a Naomi Klein, lo que se consideraba políticamente inviable se haga políticamente inevitable.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/08/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Gerardo Fernández Casanova: ¿Borrar la historia?

Una de las características aberrantes de la tecnocracia en el poder, es su pretensión de borrar la historia o, en último término, de enmendarla. Es también una de las razones por las que llevamos un cuarto de siglo dando palos de ciego, aplicando recetarios que nada tienen que ver con la realidad, los que solamente han servido para ahondar la zanja que marca la diferencia entre lo que somos y lo que anhelamos ser. El tecnócrata, sea en México o en la Conchinchina, al no encontrar asideras para sustentar sus recetarios, simplemente los trata de imponer como dogmas. Es un dogma, por ejemplo, el concepto de que el libre juego de las fuerzas del mercado es el único antídoto contra la pobreza; como también es dogmática la determinación de la necesidad de crear el mercado energético, eliminando la intervención del estado; por sólo mencionar ejemplos. No de otra manera se puede entender la falta de interés de la tecnocracia para debatir sobre sus postulados; se asumen dueños de la verdad y califican de ignorantes a quienes se les oponen.

El caso del campo mexicano es emblemático del afán antihistórico cuyo resultado, a todas luces, ha sido su crisis ya crónica. Dicho afán se manifiesta en dos vertientes, ambas igualmente erróneas: la más socorrida por los modernistas se refiere al aprovechamiento “eficaz” de las ventajas comparativas, según el cual si resulta más barato producir maíz y granos básicos en los Estados Unidos, habrá que importarlo en beneficio de la población consumidora y, a cambio, exportar bienes para los que se cuente con mayor ventaja en su producción local, como sería el caso de las frutas, las flores y las hortalizas de invierno. Lo que en la teoría suena lógico choca con la terquedad práctica: esas frutas, flores y hortalizas de invierno no pueden satisfacer la necesidad de alimentación de los mexicanos, la que, entonces, queda a merced de las veleidades o intencionalidades del oferente extranjero. El caso es claro en el presente: un movimiento de la demanda de maíz estadounidense hacia la producción de combustibles, prov
oca un alza desmedida en el precio del principal alimento de la población, para la que el mercado no ofrece una alternativa compensatoria. El resultado se llama hambre para un amplio sector de la sociedad. En la historia de todos los pueblos, desde la Biblia hasta el Popol Vuh, la seguridad alimentaria ha sido el condicionante de su desarrollo. La alimentaria es elemento sustancial de la soberanía de las naciones.

La otra vertiente, igual de errónea, considera que el objetivo nacional debe ser alcanzar la competitividad en la producción doméstica de granos para igualarla a la de Norteamérica, lo que implica crear aquí las mismas condiciones que allá se registran. Por principio de cuentas, la naturaleza se obstina en no querer modificarse, por ejemplo, para que aquí dispongamos de las enormes superficies planas y del clima que las hace fecundas; la nieve de invierno que elimina plagas y humedece la tierra es un factor inimitable. A lo anterior habrá que agregar los factores social y cultural: la conquista española conservó a la población autóctona para explotar su mano de obra, en tanto que la colonización anglosajona la eliminó para explotar directamente la tierra (con excepción del sur esclavista). Esto marca una diferencia abismal entre ambas culturas que se refleja en la presión sobre la tenencia de la tierra que, en México fue causa de una revolución y una profunda reforma agraria. El intento de ignorar la historia llevó a Salinas de Gortari a postular la contrarreforma agraria en 1992 y a la pretensión de descampesinizar el campo, proyecto que, además de fracasar, ha sido un verdadero genocidio. En la mayor parte del territorio nacional se vive en condiciones de miseria, para la que las únicas alternativas son la siembra de estupefacientes o la emigración con sus secuelas de muerte.

Igualmente se intenta borrar la historia en la materia del petróleo y, en general, de la energía. El porfiriato y sus “científicos” precursores de los actuales tecnócratas, fincó su proyecto de país en la entrega de los recursos naturales a la explotación por particulares, principalmente extranjeros. La Independencia y la Reforma dejaron intacta la forma de explotación de los recursos, por la que los mexicanos sólo observaban como la riqueza del país fluía a las metrópolis dejando sólo miseria en esta tierra, pero además sometiendo la soberanía a los caprichos de los empresarios mineros y petroleros, lo cual constituyó el otro causal del movimiento revolucionario de 1910, que derivó en la Constitución de 1917 y sus disposiciones de preservación de los recursos naturales para ser propiedad de la nación y su aprovechamiento en beneficio del pueblo. Costó mucha sangre lograr tales conquistas mínimamemente soberanas. Hoy se pretende, sin argumento real que lo respalde, devolver a los extranjeros lo que con tanto esfuerzo se recuperó.

También fue motivo de la lucha revolucionaria de principios del siglo XX, la conquista de condiciones humanas en el trabajo. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco y la represión autoritaria porfirista alimentaron al descontento que luego estallaría. No fue gratuita la incorporación del derecho social al trabajo digno al texto constitucional; también costó sangre de mexicanos. La semana pasada se repitió la historia. El régimen neoporfirista y fraudulento arrasó con el derecho de huelga en la misma mina de Cananea, en repetición centenaria de aquel preludio de la guerra. Ni por ese prurito se abstuvieron. Tampoco los que, a la manera de Porfirio Díaz, se hicieron del poder por la vía del fraude electoral, repitiendo la historia.

No soy de los que ven la historia como una sucesión de ciclos en los que las fechas y los acontecimientos se repiten, pero la terquedad de los tecnócratas neoliberales parece empeñada en provocar un 2010 sangriento, para cumplir con la celebración centenaria.

Antes de que la sangre corra, los mexicanos seguimos apostando a la movilización pacífica. En las próximas semanas seremos testigos de los atentados contra la soberanía energética y contra las conquistas en materia laboral. La convocatoria de Andrés Manuel de no permitirlas va en serio. Paradójicamente, la movilización tendrá que convertirse en paro nacional. No hay de otra.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051122&Parte=0