Ana Anabitarte: Solicitan 13 años de cárcel para mexicano preso en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de trece años de cárcel para Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano de 29 años acusado de intentar matar a dos policías que supuestamente le confundieron con un delincuente.

En concreto el fiscal pide cuatro años de cárcel por dos delitos de intento de asesinato, cuatro años más por atentado a la autoridad y un año más por tenencia ilícita de armas.

Y pide una indemnización de 16 mil euros para un policía y 15 mil para el otro por las lesiones que el joven les causó y los daños morales.

Unas lesiones que según el parte médico provocaron traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y contusiones que tuvieron cinco días hospitalizada y 75 de baja laboral a la mujer policía, y la fractura de un dedo de la mano, distensión cervical y contusión mandibular, por las que estuvo 70 días de baja su compañero.

Fernando Retamar, abogado del joven mexicano, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición de 13 años, “no es muy elevada teniendo en cuenta que podían haber solicitado mucho más: hasta 30 años, puesto que la acusación es de intento de homicidio”.

Retamar explicó que Alejandro no intentó asesinar a los dos policías, que no les apuntó con el arma y que lo único que hizo fue “intentar defenderse, ya que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro exprés, puesto que los policías iban vestidos de paisano, eran las tres de la madrugada y Alejandro había bebido mucho”.

El abogado aseguró que sólo acepta el delito de lesiones, ya que Alejandro sí se pegó con los dos policías “para defenderse”, según sus propias palabras.

Alejandro Ordaz, de 29 años, fue detenido a las tres de la madrugada del pasado 8 de marzo.

Dos policías nacionales que prestaban servicio vestidos de paisano recibieron un aviso para identificar a una persona de determinadas características físicas que estaba acosando a tres mujeres.

Cuando circulaban por una calle del barrio de la Macarena, en Sevilla, los dos agentes se encontraron a Alejandro, cuyas características físicas coincidían con el sospechoso, y le solicitaron que se identificase.

Alejandro pensó que le querían secuestrar y los golpeó. Finalmente y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y desde entonces está preso en la cárcel de Sevilla.

Tras el escrito de la Fiscalía, ahora falta que la acusación particular: los dos policías, presenten sus escritos, luego la defensa presente el suyo y la Sala decida el comienzo del juicio, que probablemente será antes de Navidad.

Aunque existe la posibilidad de llegar a un pacto. Es decir, que no haya juicio, que la defensa admita los delitos, y que la fiscalía, la acusación particular (los dos policías) y la defensa acuerden condenar a Alejandro a un determinado número de años de prisión.

Y si la pena es menor de seis años, según la legislación española al ser Alejandro mexicano, es decir, perteneciente a un país no miembro de la Unión Europea, se podría conmutar por la expulsión de España y no tendría que seguir en la cárcel.

Sería enviado automáticamente a México.

La otra opción sería ir a juicio “y jugárnosla toda a luchar porque sólo le condenen por un delito de lesiones, que la pena sería de tres años, pero que como no tiene antecedentes penales unido a la buena conducta se podrían ver reducidos”, según Retamar.

Independientemente de cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que el acusado se arrepiente de todo lo que hizo aquella noche.

Prueba de ello es que ya ha mandado una carta a los dos policías, a través de la Sala, en la que les pide perdón por lo ocurrido, les explica que él es un buen estudiante que se encuentra en Sevilla becado por el CONACYT para realizar un doctorado en energías renovables, que jamás ha sido acusado de nada y que sólo una confusión le llevó a agredirles.

Esa carta unida al pago de la indemnización a los dos policías que Alejandro podría decidir llevar a cabo, sería un atenuante de reparación de daño a la hora de que el juez dicte sentencia.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/551177.html

Alvaro Montero Mejía: El Estado de Derecho ha sucumbido

Queridas compañeras y compañeros de la Hora del Silencio

El próximo lunes, 15 de septiembre, día de la Independencia, procuraremos estar aquí, como todos los lunes, a fin de leerles un mensaje sobre el significado de ese valor trascendental que es la independencia nacional. A todos los que reciban este mensaje, los invitamos a acompañarnos este lunes próximo a las ocho de la noche, aquí, frente a la casa de Oscar Arias, a fin de confirmarle nuestra irrenunciable voluntad de defender a Costa Rica, de impedir que, con las acciones económicas y políticas impulsadas por su gobierno, dejemos de ser, los hombres y mujeres de Costa Rica, los únicos e insustituibles amos y señores del destino de la Patria.

Aunque en ese momento Oscar Arias haya regresado a Costa Rica, estamos casi seguros de que no se atreverá a convocar a la ciudadanía o asistir a un acto multitudinario de celebración patriótica. En primer lugar, los Arias saben que han perdido toda autoridad moral para hablarles a los costarricenses de ese valor supremo, la independencia, que ellos se han encargado de hacer jirones. En segundo lugar, no desean enfrentar esa repulsa de espontánea indignación, que provocan cada vez que aparecen ante miles de conciudadanos. Quizás esperan pacientes que el gobierno chino, con una generosidad que el gobierno de los Arias no merece, les construya ese nuevo circo romano, llámese estadio nacional, donde el pueblo sencillo, embebido por la droga futbolera, le tributaria una ovación en su apertura. Debemos estar advertidos y prevenidos, porque es seguro que los Arias planean convertir la inauguración del nuevo estadio nacional, en el más importante acto político electoral de la campaña de 2010.

En días recientes, se ha acrecentado el escándalo derivado del empleo que el ministro Zumbado hizo con los fondos de Taiwán, depositados en el BCIE. En efecto, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el supuesto delito derivado del destino que se le dio esos fondos.

Realmente impresiona la capacidad de los Arias para encontrar chivos expiatorios de modo que, ante las innumerables tropelías cometidas durante su administración, sean sus subordinados y no ellos mismos, los que encaren las responsabilidades políticas y hasta penales derivadas de sus actos.

Cuando dos subordinados suyos, Fernando Sánchez y Kevin Casas redactaron el famoso memorándum del miedo, por encargo directo de los Arias, la prensa no puso en el tapete que ese memorándum fue sólo un resumen operativo de las conclusiones sacadas en una reunión con ellos. El apremio de las fuerzas conservadoras por aprobar el TLC a costa de todo, les permitió silenciar la verdad de lo ocurrido. Cuando Fernando Berrocal cometió la imprudencia de acusar la penetración de las FARC en la política costarricense, amparándose en el gobierno colombiano, tal como lo había confirmado Laura Chinchilla, se fue Berrocal para su casa. Ahora el ministro Zumbado aparece como el responsable de los malos manejos de los fondos donados por Taiwán. Pero veamos. Cuando el gobierno de Taiwán decidió hacerle esa donación a Costa Rica, ya los Arias habían tomado la decisión de romper con los isleños y establecer relaciones con la República Popular China. Por esa razón, fueron los Arias y no Zumbado, quienes decidieron que sus dineros fueran depositados en el BCIE. Cuando esos fondos fueron trasladados al Ministerio de la Vivienda, jamás el banco centroamericano lo habría hecho sin una orden expresa de los Arias. Cuando el ministro Zumbado, decidió cambiarles el destino, era imposible que los Arias no lo supieran, por más que Zumbado dijera, en un gesto elemental de lealtad, que no lo había consultado “para no importunar al Presidente”.

De modo que quienes deberían encarar la acusación de la Contraloría y la presentación del caso ante el Ministerio Público, son los hermanos Arias y sólo en segundo término el ministro encargado. Aparentemente, la Contraloría pasó por alto el artículo 130 de la Constitución que expresamente dice: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.

“Obligado colaborador” significa que le deben lealtad al Presidente y que sólo hacen aquello que deciden juntos o en función expresa de la responsabilidad de su cargo. El cargo de un Ministro no es una responsabilidad autónoma, desprendida de la naturaleza que la Constitución le da a eso que denomina Poder Ejecutivo. Cuando la Constitución habla de los Ministros del gobierno (artículo 141), dice con absoluta claridad que “Para el despacho de los negocios que correspondan al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley”.

La Constitución no dice que el Poder Ejecutivo lo ejerzan solos, sujetos a sus propias y personales decisiones, los Ministros de Gobierno ni expresa, en ninguna parte, que aquel que los nombra y remueve libremente (artículo 139), sea absolutamente irresponsable por los actos que cometan aquellos a quienes nombra como miembros del Poder Ejecutivo. Si un Ministro se excede en sus funciones, es responsable el Ministro, pero también lo es, aquel que lo nombra y orienta.

Esto que afirmamos no es una simple interpretación de las normas constitucionales, sino lo que expresamente dice la Constitución. En efecto, el artículo 148 textualmente dice:

“el Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorgue a ambos”. En efecto, el artículo 140 de la Constitución, que señala los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, en el inciso siete dice:

“disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes”.

En estricto sentido y en apego a la letra de la Constitución, la Contraloría debió solicitarle a la Asamblea Legislativa que procediera a investigar, de acuerdo con los elementos de convicción aportados, si procedía o no, el levantamiento de la inmunidad presidencial para los efectos de un eventual enjuiciamiento del Presidente. Porque no tiene absolutamente ningún sentido que sea sometido a una investigación y eventual procesamiento, aquel que actuó como “obligado colaborador” y no aquel que lo nombró y para quien colaboraba. Al menos es lo que expresamente indica y ordena la Constitución.

¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué nuevos actos arbitrarios presenciaremos y hasta dónde llegará la subordinación de los órganos rectores de la institucionalidad pública, obligados a mantener el imperio de la ley?

En nuestras manos está el resarcimiento que la democracia costarricense merece. Esta lucha por la unidad y sus consecuencias político-electorales, se ha convertido en una verdadera causa nacional.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/costa-rica-el-estado-de-derecho-ha.html