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Víctor M. Quintana S.: Movimiento campesino: la difícil negociación

Ha llegado el momento más difícil para un movimiento social: la negociación con el adversario. La etapa del carisma, del entusiasmo, de las calles, de las masas, de la participación, deja ahora su lugar a la centralización, a los largos diálogos, a los representantes, a la centralización, al predominio de la lógica institucional.

Hasta ahora los diversos agrupamientos de organizaciones que forman lo que algunos llaman el Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria han tenido tres aciertos incuestionables: llevaron a cabo el 31 de enero la movilización campesina más numerosa de varias décadas. No se han dividido hasta el momento, superando las difíciles tensiones internas, y no se dejaron que los representantes del gobierno federal les impusieran sus condiciones y contenidos para la negociación el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, hay que estar muy vigilantes para que el proceso de negociación no vaya a resultar en las divisiones del movimiento, la cesión en lo fundamental al adversario, el distanciamiento con las bases y las regiones, o, peor aún, el olvido de los objetivos fundamentales.

En este sentido es necesario preguntarse sobre la calidad de los interlocutores por parte del gobierno federal. Se hizo bien en rechazar a Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, pero ¿por qué aceptar que la conducción esté a cargo del ahora seriamente cuestionado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño? Después de todas las impugnaciones por tráfico de influencias, y más allá de si obró legal o ilegalmente, ¿tendrá calidad moral como interlocutor de los hombres y las mujeres del campo? ¿O se piensa que su debilidad puede favorecer un mejor resultado para las organizaciones?

Una parte del movimiento, los que integran la campaña Sin maíz no hay país, planteó al menos dos condiciones importantes para empezar a negociar. Ambas van orientadas a hacer menos desproporcionada la influencia que el gobierno pretende ejercer sobre la opinión pública respecto del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus impactos. La primera de ellas es que el gobierno suspenda la campaña de propaganda con las medias verdades sobre las ventajas del tratado en la agricultura. La segunda es la realización de un debate público entre los representantes gubernamentales y los de las organizaciones campesinas para que éstos puedan difundir sus análisis y puntos de vista y refutar lo propalado hasta ahora por el régimen calderonista. Es conveniente no dejar de lado ambas condiciones.

Un punto clave en la negociación es la unidad en torno a dos demandas torales: la renegociación del TLCAN, cuando menos para proteger el maíz blanco y el frijol, y una sustancial reorientación de la política agropecuaria para construir la soberanía alimentaria con base en la agricultura campesina e indígena y establecer una reserva estratégica de alimentos en manos de la nación. Debe evitarse la dispersión que predominó hace cinco años en el Acuerdo Nacional para el Campo, que le permitió al gobierno de Vicente Fox esquivar los compromisos fundamentales.

Finalmente, existe el peligro de que se incurra en la ley de hierro de la oligarquía, por dos vertientes diferentes: en primer lugar, que las organizaciones dichas nacionales, algunas de ellas sólo porque tienen oficinas en el Distrito Federal, se adueñen de la negociación y no tomen en cuenta el pensar y el sentir de las organizaciones locales y regionales, que han sido muy importantes para el inicio y la vigorización del movimiento. O que alguna trate de acaparar la voz y la representatividad como sucedió en el templete del Zócalo el 31 de enero. La otra vertiente es que los actores rurales sean desplazados por los no rurales, que a aquéllos se les “desujetivice” por la no distinción entre aliados y sujetos del proceso de movilización y negociación.

Si no se toman en cuenta estos riesgos, se desembocará, no en un Acuerdo Nacional para el Campo plus, sino en uno bis, y segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, las señales actuales dejan esperar mejores cosas por parte del movimiento campesino en este difícil trance de la negociación. A eso le apostamos

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=politica&article=022a2pol

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Víctor M. Quintana S.: Construir lo inevitable

El tratamiento de choque, como diría Naomi Klein, no le funcionó totalmente a la oligarquía en el campo mexicano. Los campesinos siguen ahí, son decenas de millones, están empobrecidos, pero inconformes y con ganas de combatir: eso es lo que demuestra con claridad la marcha campesina-sindical del pasado 31 de enero.

Las calles, las carreteras, volvieron a gritar. Desde Ciudad Juárez se desarrolló una marcha de tractores hasta el Zócalo: dos mil kilómetros de verdades para contradecir las mentiras oficiales difundidas por el régimen y sus medios adictos. Como demostración activa de que no es cierto que lo peor ya pasó se logró la manifestación de rechazo a la política agraria y agroalimentaria más numerosa, plural y combativa de varias décadas.

Los logros de las movilizaciones de enero son muy palpables: con sus muros humanos, con sus tomas, con sus marchas, los hombres y las mujeres del campo volvieron a poner el tema de la renegociación del TLCAN en el centro de la agenda nacional. Pudieron penetrar a la mayoría de los medios y decir su palabra, alternativa a la verdad oficial. Demostraron los enormes perjuicios del tratado para las mayorías campesinas y para los consumidores. Se supieron unir por encima de diferencias partidarias y de celos gremiales. Se articularon con sindicatos y organizaciones civiles y montaron una marcha de fuerza irrefutable.

Ahora la gran cuestión es cómo proseguir el movimiento de manera exitosa. Está la gran ventaja de que este no es un año electoral, circunstancia que pesó muy negativamente en el movimiento de 2003. Pero esto no quita que pese sobre el movimiento el peligro de subordinación a intereses partidistas, metarrurales. La CNC, quien ahora invirtió mucha más energía y convocatoria que hace cinco años, deberá ser consecuente con la radicalidad de su discurso en el Zócalo y cuidarse de no ser utilizada como moneda de cambio para encarecer el apoyo del PRI a la reforma energética. También hay que cuidar el peligro de no tratar de pintar de amarillo el movimiento utilizándolo para fortalecer corrientes o candidaturas del PRD. Mantener la lógica socio-política del movimiento, su pluralidad y su independencia son claves para el éxito.

El gobierno se ha apresurado a ofrecer diálogo, pero no puede aceptarse sin que antes haya un debate público de las organizaciones campesinas con él. Es necesario que la nación conozca cómo responden a las falacias del calderonismo y de sus apoyadores; que se desmantele el mito del carácter mayormente benéfico del tratado para el campo. No puede dialogarse en un ambiente de opinión pública donde se sigue bombardeando con mentiras al movimiento y descalificando a sus dirigentes. Tampoco debe dialogarse si el gobierno acota la agenda y no acepta el tema fundamental: la renegociación del TLCAN. No deben distraerse las fuerzas ni dejar enfriar los ánimos para apostarle todo a una dudosa negociación.

Mucho menos debe bajarse la guardia y suspender las movilizaciones. Ciertamente no hay que reiterar de inmediato las marchas, pero hay que acudir a instrumentos que impacten más la opinión pública, que penetren a todos los rincones y sectores de la República, que dejen bien claro al gobierno y a la sociedad que es voluntad mayoritaria la renegociación del tratado.

Para eso suena bien la propuesta de constituir un Mandato de la Nación que exija al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, tímido hasta ahora, que se empiece a renegociar el TLCAN y a controlar las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El principio de ética pública a la base de esto es que la soberanía reside en el pueblo. Las herramientas serían dos: por un lado, la convocatoria a un referéndum sobre la renegociación del TLCAN a llevarse a cabo en todo el país, sobre todo en los ejidos y comunidades rurales. Por otro, el recabar adhesiones formales de autoridades ejidales, comunitarias, municipales, de gobernadores, de congresos de los estados a un documento que exija comenzar la renegociación. Esto tendría varias ventajas: mantendría movilizadas a las organizaciones y con menor desgaste, se lograría una mejor correlación de fuerzas ante el gobierno, conservaría el tema en la agenda pública y acudiría, por una parte, a la democracia participativa y, por otra, a la representativa, para acuñar la expresión clara y unívoca de la voluntad popular por renegociar el tratado.

Ya sabemos, pues ya lo mostró en 2006, que a Calderón le importa un bledo la expresión de la voluntad popular. Pero aun así debemos apostarle a conjuntar una fuerza de movilización tal, una contundencia tal, que, volviendo a citar a Naomi Klein, lo que se consideraba políticamente inviable se haga políticamente inevitable.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/08/index.php?section=opinion&article=023a2pol

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