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Miguel Concha: Impunidad y denegación de justicia

En ocasión del décimo aniversario de la masacre de Acteal, es con la memoria de los de abajo como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) vuelve a definir la situación jurídica de ese crimen de Estado, y todo con base en la consideración objetiva, continuada y minuciosa de las denuncias, testimonios y demandas penales de los sobrevivientes, en los mismos lugares de los hechos –no en la interpretación política posterior de la Procuraduría General de la República (PGR), ni desde hace un año y a cientos de kilómetros de distancia–, y en los estándares nacionales y sobre todo internacionales del derecho humano a la justicia.

Con argumentos puntuales, en su nuevo documento, sale al paso de las recientes versiones descontextualizadas, inconexas y distorsionadas, que pretenden infructuosamente disculpar, desde arriba, a los principales autores materiales de los hechos, al gobernador de Chiapas y al Presidente de la República.

Hace exactamente diez años un grupo de más de cien paramilitares priístas de la región de los Altos, ataviados con paliacates rojos en la cabeza y vestidos a la usanza de la entonces llamada Policía de Seguridad Pública masacraron en forma deliberada, y no de manera fortuita, como ahora se quiere afirmar, con armas de fuego –incluyendo algunas de uso exclusivo del ejército, machetes y cuchillos–, a 45 indígenas tzotziles, más cuatro niños aún no nacidos, y dejaron heridos y lisiados a otros 26, todos ellos pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, que ayunaban y oraban por la paz en la ermita católica del campamento de desplazados denominado Los Naranjos, vecina a Acteal.

A pesar de la afirmación del mañosamente llamado Libro Blanco de la PGR, reiterada recientemente por una enigmática “Clínica Jurídica” del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el sentido de que ninguno de los cuatro cadáveres femeninos que presentaron embarazo tenían lesiones cortantes de origen traumático en la región del abdomen, ni en los genitales, y/o de que en la ejecución de este crimen de lesa humanidad no intervinieron cuchillos ni machetes, consta en las necropsias de ley realizadas dentro de la Averiguación Previa AL7C/SJI/657/997, de la causa penal 361/99, que 15 de los cuerpos pertenecientes al sexo femenino y 5 al masculino presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzocortantes, confuso cortantes, cortantes y confusas, y que uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera al medio ambiente, a través de herida corto contundente penetrante en cavidad abdominal.

Otro dato que abona para la tipificación de un crimen de Estado es que, mientras la masacre se llevaba a cabo, la Policía de Seguridad Pública, que se encontraba en la carretera y en la escuela del lugar, a escasos 200 metros de donde estaban ocurriendo los hechos, no intervino y además reportó con toda frescura “sin novedad”, a pesar de que desde las 12 horas el vicario, entonces de la Diócesis de San Cristóbal, se comunicó por teléfono con Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario general de Gobierno, para informarle de la situación, y de que supuestamente éste solicitó información al director de Seguridad Pública, y éste a su vez al primer oficial de Seguridad Pública del estado, quienes aparentemente durante todo el día no supieron ni advirtieron nada grave.

Como dato igualmente significativo, es importante añadir que resulta por demás contradictorio que los soldados acantonados por esos días y a esas horas en un retén cercano, no hayan intervenido, a pesar de que la agresión se prolongó por siete horas y de que un peritaje de audiometría realizado por la CNDH el 6 de enero de 1998 determinó que “tuvieron la capacidad de escuchar las detonaciones de los impactos producidos por los proyectiles de arma de fuego”.

Consta además de manera oficial en declaraciones ministeriales que inmediatamente después de los hechos, el subsecretario de Gobierno, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el subprocurador de Justicia Indígena al momento de ocurrir la masacre, pretendieron ocultar a toda prisa los cadáveres a la prensa, y no cuidaron que se preservara debidamente el lugar de los hechos. Por todo ello, y más, mucho más que se puede añadir, el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, para asegurar que no se repitan tales hechos, y otorgando a todas las víctimas o sus familiares la debida reparación de los daños, pues mientras, como afirma el CDHFBC, no se reconozca a la masacre de Acteal como un crimen de Estado, producto de una comprobada política contrainsurgente, no habrá soluciones duraderas, y tanto la denegación de justicia como la impunidad seguirán presentes.

Por esto, Amnistía Internacional urgió el pasado miércoles a los gobiernos estatal y federal “a cumplir con su responsabilidad internacional de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos”.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=015a1pol

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Silvia Ribeiro: Prohibido ser campesino

Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.

Es una guerra suicida, porque los indígenas y campesinos han sido por más de 10 mil años los que han creado, cuidado y legado a toda la humanidad las bases de la alimentación, las fibras para abrigo y vivienda, la crianza de animales domésticos, el uso y cuidado de los bosques y ríos, de plantas medicinales, la comprensión profunda de la naturaleza, junto a una rica diversidad de aproximaciones filosóficas, políticas, artísticas y estéticas de la vida.

No es una visión romántica de la vida campesina: aún hoy la mayor parte de la alimentación mundial la proveen los campesinos y campesinas, quienes pese a los ataques directos o mediados y a las oleadas salvajes de migración siguen siendo más de la cuarta parte de la población mundial y siguen siendo los únicos capaces de mantener la biodiversidad agrícola y de semillas, vitales para el sustento de todos.

Son parte de esta guerra los tratados de “libre” comercio, patentes de corso de las grandes empresas para el tráfico de gente y mercancías, que hasta prevén fríamente –como en el caso del TLCAN– que con su advenimiento miles de campesinos desaparecerían. También son parte de esta guerra la privatización del agua y la tierra por leyes y programas gubernamentales y los cultivos transgénicos, otra arma de las trasnacionales de los agronegocios para contaminarnos y monopolizar las semillas, llave de toda la red alimentaria.

Pero a veces la guerra toma formas extremadamente descarnadas, como la masacre a sangre fría de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Aumenta la ignominia que a 10 años no se haya castigado a muchos de los autores materiales del crimen ni a ninguno de sus autores intelectuales.

Por el contrario, la guerra que se tramó desde el gobierno de Ernesto Zedillo, se intenta remozar con la versión de intelectuales de alquiler que pretenden cambiar el pasado, inventado una batalla “entre indígenas” que nunca existió. Lo que sí hubo –atestiguado nuevamente en estos días por muchos de los que estuvieron allí– fueron cadáveres de mujeres, niños y hombres asesinados a tiros por la espalda, algunos mientras rezaban en la iglesia, otros intentando escapar de la matanza, a manos de paramilitares entrenados desde fuentes gubernamentales.

Al 2007, la guerra continúa y en México se regodea con muchos otros asesinatos y atropellos impunes, como el ataque contra los campesinos y pobladores de San Salvador Atenco y Oaxaca, el asesinato de Aristeo Flores, del Consejo de Mayores de la Comunidad de Ayotitlán, de Concepción Gabino de Cuzalapa, de Faustino Acevedo de Oaxaca, por defender tierra, agua y semillas, la violación y asesinato de la anciana nahua Ernestina Ascencio por militares y muchos otros. Además de los más de 900 casos de presos políticos, la mayoría indígenas, que documentó Blanche Petrich (La Jornada, 28/10/2007) solamente desde el arribo del PAN al gobierno en el 2000.

Tan crucial como no olvidar Acteal, es saber que se preparan nuevas masacres, como han advertido desde las propias comunidades hasta personalidades reconocidas internacionalmente como John Berger y Naomi Klein recientemente.

Los métodos no han cambiado mucho. Otra vez, con la excusa de supuesta “protección ambiental”, se amenaza desalojar a comunidades zapatistas, con el contubernio de autoridades ambientales, como sucede en la reserva ecológica comunitaria de Huitepec y en la comunidad de Bolon Ajaw, aunque son las comunidades zapatistas las que verdaderamente cuidan el bosque.

Otra vez, se inventan asociaciones “civiles” para hacer creer que hay un enfrentamiento entre indígenas que pelean por la tierra, como la Opddic, cobijo de paramilitares que han agredido varias veces con armas a los campesinos zapatistas.

Pese a esta guerra que no cesa, las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, que el mundo conoció desde el levantamiento del EZLN en 1994, ya son una de las mayores experiencias de resistencia y creación autogestionaria de la historia. Tanto por su duración, su extensión territorial y en miles de personas, como por la calidad de la transformación: en la práctica y a contrapelo del poder han creado nuevas formas de educación, salud, economía, cultura, política, relaciones de género y de generaciones.

Donde había devastación, muerte, violaciones y humillación han sembrado vida, justicia y dignidad. Esta experiencia colectiva que ya es parte de la historia a nivel planetario, encarna la esencia terca y noble de la vida campesina. Por muchas razones, desde la deuda histórica con ellas hasta porque son apenas unos de los eslabones más visibles del ataque frontal contra muchas formas de resistencia al capitalismo salvaje, es tarea de todos defenderlas.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=019a1eco

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