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Esteban Garaiz: Las metas del milenio

Arrancó la 63° Asamblea General de la ONU, en su sede de Nueva York, con la presencia de más de 120 jefes de Estado y de gobierno. Sobra decir que el tema central está resultando ser la terrible crisis financiera por la que atraviesan los Estados Unidos de América, que ya repercute en toda la economía mundial, y también el consiguiente retraso en las llamadas Metas del Milenio.

El presidente en turno de la Asamblea, el sacerdote nicaragüense Miguel D’Escoto, dijo: “Siempre son los pobres los que pagan el precio por la codicia descontrolada y la irresponsabilidad de los poderosos”. El presidente francés Nicolás Sarkozy, en la misma línea, convocó a reflexionar sobre las lecciones de esta crisis, que afecta a todos, la más grave desde la gran depresión de 1930.

“Reconstruyamos juntos —dijo Sarkozy— un capitalismo normado y regulado, en el que sectores enteros de la actividad financiera no sean dejados sólo al criterio de los operadores del mercado, donde trabajan los bancos. La función de los bancos es financiar el desarrollo económico, más que la especulación”.

Es claro que el presidente francés se refería a los tiempos en que Bill Clinton, presionado por los grandes bancos y por el entonces titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se vio forzado a la desregulación en Estados Unidos para acotar la actuación de las corporaciones financieras. Esa desregulación, reclamada por la doctrina neoliberal, es la que ha conducido a la actual crisis.

George Bush, un tanto cauteloso, quiso lavarse las manos y dijo que se vio en la necesidad imperiosa del rescate. Para sonrisa maliciosa de todos, ahora se puso a defender el multilateralismo de la ONU, cuando fue precisamente él quien más desdeñó la actuación de las Naciones Unidas para proceder unilateralmente en el caso de Irak.

Evo Morales, presidente de Bolivia, fue más allá que Sarkozy. Demandó poner fin al capitalismo. El capitalismo, dijo, “es el peor enemigo de la humanidad”. En el podio de la ONU afirmó: “Estamos convencidos de que la forma de privatizar los servicios básicos es la mejor forma de violar los derechos humanos. Somos de la cultura de la vida y no de la cultura de la guerra… si queremos salvar a la humanidad, tenemos la obligación de salvar al planeta Tierra. Los pueblos indígenas vivimos en armonía con la madre Tierra”.

La Declaración de los Objetivos del Milenio es un importantísimo compromiso internacional de metas de desarrollo humano, a cumplir por cada país, que surgió en Nueva York con la reunión de 189 líderes del mundo en septiembre del año 2000; pero con resultados contabilizables desde 1990 y hasta 2015, es decir por 25 años.

Los ocho objetivos centrales fueron: 1. reducir a la mitad el número de pobres con ingresos de menos de un dólar diario; 2. lograr que todos los niños y niñas cursen la primaria; 3. eliminar la desigualdad de géneros, primero en la escuela elemental y después en todos los niveles; 4. bajar en dos terceras partes la mortalidad infantil (en la que México está vergonzosamente retrasado); 5. reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna perinatal; 6. reducir y detener los casos de sida, paludismo y otras enfermedades graves; 7. hacer efectivos los principios del desarrollo sustentable y revertir el deterioro ambiental, y 8. atender de manera prioritaria a los países menos desarrollados, sin costas o en islas dispersas.

Estos son los temas de lo que, en la terminología de las Naciones Unidas, se llama la “baja política”, es decir los problemas de base de la humanidad misma; o, si se prefiere, los derechos humanos básicos, tales como la defensa del ambiente, el combate a la inequidad y la pobreza, la mortalidad infantil y materna, la igualdad de los géneros, la educación elemental y la capacitación para el trabajo, los empleos bien remunerados (la ONU les llama decentes), la protección sanitaria universal, la no discriminación y otros muchos temas que ahora se engloban en el concepto de “seguridad humana”.

Los temas citados hay que distinguirlos de los que en la ONU se conocen como “alta política”, como el armamentismo, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, las fronteras seguras, las invasiones militares, las armas nucleares y otros que se cubren fundamentalmente en el Consejo de Seguridad.

Por lo pronto, en la Asamblea General, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, ante la idea fija de cómo rescatar a los ricos con 700 mil millones de dólares, les dijo: “La avaricia e irresponsabilidad de unos pocos, combinada con la negligencia política de otros, han hundido al mundo en una situación de gran incertidumbre… un mundo mejor es posible”.

http://www.milenio.com/node/87553

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Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

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Marichuy: El PAN y la conferencia magistral de Dominique De Villepin

Primero una disculpa por la cursilería que voy a escribir, pero no puedo evitarlo.

Ayer los panistas tuvieron a un conferenciante de lujo, Dominique De Villepin. Un hombre que además de diplomático y abogado, es escritor [especialista napoleónico] y poeta; tan experto en Napoleón Bonaparte como en Arthur Rimbaud y Paul Verlaine; si no fuera porque es de derecha [centro derecha para ser precisa] sería el hombre de mis sueños… shame of me. Cursilerías aparte, el tipo es muy brillante; aún se recuerda su impactante discurso ante la Asamblea General de la ONU de 2003 en contra de la invasión británico-estadounidense a Irak, el cual acarreó un espontáneo y estruendoso aplauso, algo poco visto en ese recinto.

Ayer en la sede del Partido Acción Nacional y a invitación de la cúpula nacional de ese instituto político, Dominique De Villepin, ex primer ministro francés, dictó una conferencia magistral sobre estrategias en el combate al crímen y narco terrorismo. A saber cual sería la intensión de los panistas al invitar al político galo, ni que esperaban escuchar exactamten por parte del conferenciante, pero es probable que algo muy distinto a lo expresado por el antiguo colaborador de Jacques Chirac:

[para tener éxito en el combate al terrorismo y al narcotráfico] “Se necesita también tener la legitimidad que da la lucha contra la injusticia, que da la lucha contra la pobreza, que da la convicción de que sí hay que tomar en cuenta todo el mundo en una sociedad”, puntualizó el político y diplomático francés en la conferencia y luego en rueda de prensa. *

…………….

“El soporte del pueblo, la capacidad de cada uno de entender lo que está en peligro: El destino común de un país. Lo peor que puede existir en la situación actual son Estados fallidos”, afirmó. *

No sé si me equivoco, pero me imagino que al escuchar al filósofo y político francés [habló en perfecto español, p’a que no haya pretextos], los azulinos empleados de Calderón y de Martínez, se estarían preguntando ¿y para esto lo invitamos y además, le pagamos… en euros?

aquí la nota completa de Álvaro Delgado, publicada en la edición on line del semanario Proceso:

* http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=62500

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Epigmenio Ibarra: Un pase de coca en NY; dos granadas en Morelia

…y siete muertos habría que añadir y más de cien heridos y los muchos más que, me temo, habrán de caer todavía. Allá, en Nueva York, en Chicago, en Washington o en Denver, la droga que sale de aquí y distribuyen, con total impunidad, los cárteles norteamericanos, verdaderos dueños del negocio, alivia las angustias cotidianas de más 7 millones de adictos que, pase, toque o inyección de por medio, sobrellevan así el idílico “american way of life”. Sistema de vida, que por cierto, se sostiene, además de sus ingresos legales, la venta de armas, claro, es uno de ellos, gracias a la entrada en circulación, libre de las ataduras de la economía formal a la que, sin embargo, oxigena, de más de 300 mil millones de dólares anuales, producto del tráfico y consumo local de estupefacientes. Mientras allá pues la vida se organiza en torno a la droga, aquí morimos por ella.

En este país que se hunde bajo el peso de la impunidad, la corrupción y el accionar creciente del crimen organizado, ese flujo indetenible de armas y centenares de millones de dólares que viene del norte produce y seguirá produciendo zozobra, incertidumbre, muerte. Muerte a tal grado violenta e indiscriminada que hemos perdido incluso la capacidad de asombro ante tanto decapitado y tanta masacre; 12 en Mérida, 10 en Juárez, 24 en La Marquesa; las cifras no cesan de crecer y ahora se engrosan con civiles inocentes que no hacían sino estar ahí, en una plaza pública, entre miles más, disfrutando la fiesta de una independencia cuyo significado amenaza con perderse del todo.

Dice bien Tony Garza, el embajador estadunidense, fueron narcoterroristas los que lanzaron las granadas. Elude sin embargo el funcionario la responsabilidad de su gobierno en la génesis de esos monstruos. Sí, en el terreno de la política y por su celo fundamentalista, el gobierno estadunidense ha terminado por ser, triste y paradójicamente, uno de los más activos promotores del terrorismo al que con tanto denuedo combate, es su actitud laxa e irresponsable ante el consumo de drogas de sus propios ciudadanos y la falta total de compromiso con la persecución y el castigo de los capos locales lo que ha hecho crecer el negocio del narcotráfico y lo que, a fin de cuentas, ha terminado por generar figuras de la calaña de Escobar o de Osiel Cárdenas y ha permitido la integración y el desarrollo de grupos criminales como los cárteles del Golfo, de Juárez, de Sinaloa o bien de grupos paramilitares como La Familia y Los Zetas.

También del norte, por cierto, es que llegan las armas con las que los capos se matan entre sí, matan a las autoridades que los combaten y matan a los civiles que se les atraviesan en el camino, o cuya muerte sirve, como en el caso de Morelia, para “calentar una plaza” y dañar a sus competidores. También con esas armas –con las que venden a los capos y las que venden a los cuerpos de seguridad– hacen pues negocio los estadunidenses. Eso se le olvido decir al señor Garza y también hablar de cómo la industria del entretenimiento no cesa, de manera subliminal si se quiere, de promover el consumo y de celebrar a aquellos actores, cantantes, figuras públicas que fuman mariguana o son adictos a la cocaína. Qué más da que jueguen con eso; en Hollywood, Wall Street o Washington la droga no deja de ser sino una travesura que merece cuando más la reprimenda de un juez y ocasiona un rentable escándalo mediático. Aquí en Morelia, mientras tanto, esa misma droga que tan campantes consumen los estadunidenses, produce cuerpos desgarrados por la metralla.

Ya tenían los capos granadas –y muchas– en su poder. Quien las tiene –es una ley de las armas– las usa. Ya, incluso, las habían lanzado antes; en una discoteca en Nuevo León, contra la tropa que se aproximaba a una casa de seguridad en Sinaloa y luego en Guanajuato contra una base militar. Quien incorpora explosivos a su arsenal sabe, desde que lo hace, que su poder no se gobierna y que tarde o temprano habrá de causar bajas civiles. Ahora en Morelia, porque así convenía a sus intereses, los narcos las lanzaron, sin más, contra la multitud. Les convenía hacerlo. Era barato. Era sencillo.

No es pues, me parece, del todo cierto que los capos mexicanos hayan dado ahora, con este atentado, un salto cualitativo en su accionar. Caminan ya hace tiempo en esta misma dirección. Hace unas semanas ametrallaron a una multitud en Creel; antes habían dispuesto –no lo lograron– el estallido de coches bombas en Sinaloa. Su única doctrina es la violencia indiscriminada; la muerte ejemplar.

Vivimos, hace ya tiempo, un proceso de escalamiento del conflicto que no habrá de detenerse –pese a los estentóreos llamados a la unidad– si algo no cambia o no hacemos que cambie en los Estados Unidos. Acabar con la amenaza, contenerla siquiera, será imposible en tanto sigan llegando del norte tal cantidad de armas y de dólares. Cortar la ruta de abastecimiento del enemigo, de eso Washington sabe mucho, es vital para ganar una guerra.

http://www.milenio.com/node/81914

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Lorenzo Meyer: Un proyecto con más de 60 años

Camino al estado fallido. Este artículo estaba hecho cuando ocurrió el atentado terrorista en Morelia, un asunto tan grave que debe abordarse de inmediato. Lo ocurrido este 15 de septiembre significa el temido salto cualitativo en la cadena de fracasos de las instituciones públicas. La raíz de tales fracasos es la corrupción e impunidad que la clase política ha tolerado, fomentado y aprovechado de tiempo atrás. Finalmente se ha perdido el control. La responsabilidad de lo que acontece es de la minoría dirigente pero las consecuencias afectan a todos y todos tenemos que responder, aunque sin pretender que las diferencias sobre cuál es el interés nacional con relación al petróleo y asuntos similares se haya borrado.

El neoalemanismo. En más de un sentido, el panismo hoy es un nuevo alemanismo. El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo. El panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo. Sin embargo, y aunque en la práctica el grupo que se supone que hoy controla al Gobierno Federal es una derecha tan dura y corrupta como la alemanista, hay diferencias: ésta es menos eficaz, más torpe que aquélla.

Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da en varios campos, entre otros en el petrolero. Las fuentes para sostener tal argumento son muchas, pero hay una particularmente significativa: los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Veamos algunos de sus numerosos documentos.

Desencuentro. En un memorando del 20 de agosto de 1948, el entonces primer secretario de la embajada norteamericana en México, Harry R. Turkel, informó sobre los pormenores de una conversación reciente con Jorge Viesca, secretario del presidente Alemán. El meollo de lo discutido se puede resumir así: desde la perspectiva alemanista, los serios problemas en los que entonces atravesaba la economía y la política mexicanas –déficit en el intercambio con el exterior, devaluación del 75 por ciento, inflación, carestía, descontento popular e incluso rumores de golpe militar- se podrían haber evitado o disminuido si Washington hubiera respondido positivamente a su petición de un préstamo sustantivo para llevar a cabo un programa acelerado de exploración y explotación petrolera en gran escala. Como el préstamo no se otorgó, el resultado fue la devaluación del peso con su consiguiente cauda de efectos negativos.

En los círculos del poder mexicanos se sospechaba –y con razón- que a pesar de las buenas relaciones de “Mr. Amigo” con el presidente Harry Truman, éste le había negado el préstamo para obligarle a cimentar su programa de expansión petrolera en la única otra fuente disponible: en las empresas petroleras de Estados Unidos. De esa manera, y desde la perspectiva norteamericana, así se matarían varios pájaros con la misma piedra: se marginaría a Pemex del plan de expansión, se abría de nuevo la puerta mexicana a las empresas petroleras privadas norteamericanas y se aumentarían las reservas cercanas de combustible, tan necesarias en caso de un nuevo conflicto mundial. En dicha reunión, el lado norteamericano se defendió y argumentó que el préstamo se había negado no como forma de presión, sino simplemente porque el Gobierno no había presentado bien su solicitud, (Archivo del Departamento de Estado. Asuntos Internos de México, 812.00/8-2048). Obviamente esa razón “diplomática” no debió de haber convencido ni a quien la formuló.

El proyecto. Del documento citado se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, que hace ya sesenta años un gobierno tan conservador como el actual buscaba solucionar sus problemas económicos –entre otros, la baja recaudación fiscal- por la misma vía fácil que hoy se pretende volver a recorrer: invitar al capital externo a extraer para luego exportar el recurso natural no renovable más valioso del país y así superar sin resolver dificultades económicas y políticas. Alemán asumía la conducta propia del político y no del estadista: posponer o evitar la solución de fondo, buscar una temporal –la exportación de petróleo- y seguir adelante.

Para entonces, la embajada norteamericana ya tenía clara conciencia de que su lucha por reabrir la puerta del petróleo mexicano a sus empresas tenía como principal obstáculo no a Alemán y a su grupo de alegres explotadores del poder en beneficio personal, sino al ex presidente Lázaro Cárdenas y lo que quedaba del verdadero nacionalismo revolucionario. Durante la II Guerra Mundial y en los años siguientes, México había pedido una serie de préstamos al Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) para actividades de infraestructura y desarrollo económico y, en términos generales, había obtenido respuestas positivas, pero no en el caso del petróleo.

Desde julio de 1944 el propio presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, le había hecho saber al secretario de Relaciones de México, Ezequiel Padilla, que si el gobierno mexicano necesitaba recursos para aumentar su producción petrolera, debía recurrir al capital privado norteamericano, aunque más adelante se matizó la posición: Washington podría interesarse en ayudar a Pemex a localizar nuevos depósitos pero a condición de que éstos se consideraran como reservas estratégicas para la defensa continental, (Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. IX, Washington, Departamento de Estado, 1969).

Cuando Alemán asumió el poder, el gobierno norteamericano estaba al tanto de cuál era la posición del ex presidente Cárdenas. En un memorando fechado el 12 de agosto de 1948, el embajador norteamericano, de nuevo basándose en conversaciones entre Turkel y otro político mexicano –con Manuel Germán Parra, profesor y economista que se movía a sus anchas lo mismo entre alemanistas que entre cardenistas-, señalaba que Cárdenas se oponía a usar el petróleo como la salida fácil a los problemas económicos del Gobierno. Para el general michoacano, México no debería volver a ser un gran exportador de petróleo; se debería colocar en el exterior apenas el crudo necesario para compensar las importaciones de derivados del petróleo que México se viera obligado a hacer. Según Parra, para el ex presidente que había nacionalizado el petróleo sólo una emergencia internacional justificaría exportaciones irrestrictas de hidrocarburos, es decir, únicamente si ocurría algo semejante a lo sucedido durante la II Guerra Mundial y Estados Unidos necesitara el combustible. En todo caso, sería una medida temporal pues los recursos estratégicos y no renovables del país no se deberían poner nunca en el mercado internacional como si fueran una materia prima cualquiera.

Por lo que respecta a la decisión de volver a admitir empresas privadas extranjeras al sector petrolero, Cárdenas era partidario de evitarlo. Sin embargo, el ex presidente estaba dispuesto a pasar el trago amargo de volver a recibir empresas petroleras norteamericanas si ésa era la única manera de evitar el desabasto interno, pero siempre y cuando no se admitiera al principal enemigo de la expropiación de 1938 –a la poderosa Standard Oil- ni se firmaran “contratos riesgo”, es decir, que a las empresas que se contratara para trabajar en campos mexicano se les debería pagara por su labor con una suma pactada de antemano pero nunca con una proporción del petróleo que encontraran, pues ya se hablaba de entregarles el 20 por ciento del valor de lo que extrajeran, (archivo citado, 812.00/8-1248).

Como bien sabemos, al final Alemán se impuso sobre el ex presidente Cárdenas y entre 1949 y 1951 firmó cinco “contratos riesgo” con otras tantas empresas norteamericanas aunque se cuidó de no hacerlo con la Standard Oil. De manera indirecta, pero clara, Cárdenas manifestó su oposición a lo que consideró una política contraria al interés nacional mexicano en materia de petróleo. Lo hizo, entre otras maneras, vía la publicación de una serie de artículos críticos de un legislador michoacano, Natalio Vázquez Pallares. Finalmente, en los 1960 esos contratos se cancelaron, aunque México debió de indemnizar a las empresas petroleras afectadas.

Un capítulo histórico que no concluye. La lucha por el control del petróleo mexicano se inició hace prácticamente un siglo, con el maderismo, y no ha cesado. Es cierto que ha habido periodos de tregua más o menos prolongada, pero nada más. Cada vez que la economía mexicana entra en dificultades la presión externa por recuperar algún grado de control sobre nuestro combustible ha renacido. Debemos resistir la tentación de la solución fácil en aras del auténtico interés colectivo de largo plazo.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/181885.un-proyecto-con-mas-de-60-anos.html

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J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

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Vicky Pelaez:Despierta México, tu patria peligra

La decisión del presidente de México, Felipe Calderón, de solicitar a Estados Unidos la adopción de un plan de seguridad similar al “Plan Colombia” estremece hasta al más indiferente. No sólo representa una posible amenaza a la soberanía, sino es parte de un proyecto norteamericano iniciado en el nefasto gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1984 – 1990) que consiste en crear condiciones para que el poderoso vecino asuma el control sobre el destino del país.
El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre México, Estados Unidos y Canadá, negociado por Salinas y George Bush padre, fue decisivo para el debilitamiento y luego el desmantelamiento de la economía que debieron subordinarse a los intereses de las mega corporaciones norteamericanas, llevando al país azteca a la dependencia económica y financiera de EE.UU. Así, la economía de México, segundo socio comercial de Estados Unidos, del cual recibe más del 85 por ciento de la inversión extranjera, fue orientada hacia el modelo que favorecía a los intereses norteamericanos. De ser el primer productor del maíz en el mundo hasta 1980, México se convirtió en importador de este producto y lleva de California el 80 por ciento del maíz que se consume. Por eso, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados engrosando las filas de los desocupados y marginados.

Un 45 por ciento de la población que tiene trabajo no gana suficiente para la canasta familiar. Los jóvenes, sin posibilidad de un futuro diferente, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o delinquir.

El narcotráfico y la delincuencia ahora proliferan en el país que cada día es más ingobernable. Lo trágico de la situación actual es que este proceso de caída fue previsto, tanto por los gobernantes de México como por sus mentores norteamericanos. El 15 de septiembre de 1999, la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el documento “New World Coming: American Security in the 21st Century”, donde en la página 112 hace la siguiente conclusión: “La inestabilidad política, económica y social de México se convertirá en el más serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Teniendo en cuenta la extensión de México, será muy difícil de contener este proceso dejando abierta posibilidad de una intervención militar norteamericana”.

Felipe Calderón no ignoraba estas conclusiones. Su comportamiento en vísperas de asumir la presidencia muestra que es también partícipe del plan norteamericano. En octubre pasado viajó a Bogotá, siguiendo el consejo del Departamento de Estado, para ver la posibilidad de aplicación del Plan Colombia en México. Tras su encuentro con Alvaro Uribe declaró: “Queremos aprender de las mejores experiencias y aplicar acciones contundentes en la lucha contra la inseguridad en nuestro país, que aquí en Colombia se ha traducido en política de seguridad democrática”.

Parece que Calderón “aprendió” rápidamente en que consistía la “experiencia” de Uribe con la asesoría del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la DEA (Drug Enforcement Agency). Hace unos meses el jefe de la DEA en Colombia, David Gaddis, fue trasladado a México, dando inicio al plan norteamericano de “colombianización” de México. No hace un mes, Felipe Calderón, siguiendo a Uribe declaró la militarización de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico lo que agudizó la violencia en México, ahora convertida en estado mayor de los carteles del narcotráfico que corrompieron más al gobierno. El fraude electoral pasado, generar hambre y violencia, todo estaba planificado.

Calderón no mira la otra cara de los “éxitos” de seis años de Uribe, que le cuesta 5 mil millones de dólares a Estados Unidos: las 3,211 víctimas inocentes del terror paramilitar en 20 de los 25 Departamentos de Colombia; incremento de la guerrilla, secuestros, matanzas, producción de cocaína a pesar de la presencia de tropas y contratistas norteamericanos (en total, de acuerdo al informe de la Casa Blanca, la producción de cocaína durante seis años del Plan Colombia creció en 27 por ciento); y lo más trágico, que Colombia perdió completamente su soberanía.

Este destino o peor le espera a México si es que el pueblo no se opone a la “colombianización” de su país.

Artículo publicado en el año 2007

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007061411

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