Jesús Aranda: Rechazan 10 ministros parte del proyecto antiaborto de Aguirre

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien precisó que la Carta Magna no considera “valores absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.

Al igual que Genaro Góngora Pimentel, Gudiño rechazó el proyecto que pretende penalizar la interrupción del embarazo, además puso como ejemplo el conflicto entre la libertad de la mujer sobre su cuerpo y el valor de la vida del concebido. En el caso del Distrito Federal, dijo, la Asamblea Legislativa (ALDF) se inclinó porque la mujer decida hasta las 12 semanas de gestación y, a partir de ahí, la ley protege al producto de la concepción.

Por la mañana, el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano ya había sufrido su primer derrota, cuando 10 de sus compañeros rechazaron parte de su proyecto y consideraron que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.

Hubo consenso en que las autoridades capitalinas no violaron la Constitución al despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones –quedó para después la discusión respecto a si dicha despenalización se apegó o no a la Carta Magna– y que fueron legales las medidas adoptadas por el gobierno local para garantizar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres que deseen abortar.

Esta decisión mayoritaria, que para muchos presentes fue el anticipo de que el pleno validará la reforma capitalina con al menos seis votos, molestó a Aguirre, quien lamentó que el documento en el que sustentaba que la ALDF había invadido la competencia del Congreso de la Unión hubiera sido “zarandeado” por el pleno.

En su intento por descalificar las argumentaciones de sus compañeros, dijo alzando la voz: “la señora ministra Góngora Pimentel, ¡perdón!, la señora Olga Sánchez Cordero nos dice…”, y remató diciendo que retiraba su documento para que no fuera incluido en el dictamen, a lo que se opuso tajante el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien después tomó la votación, que fue unánime en contra del texto de Aguirre.

“Finalmente logré la unanimidad”, dijo irónico el ministro instructor, a quien le fue negada la posibilidad de que en el resto de las sesiones conteste a cada uno de los ministros que hablen en contra de su proyecto. El ministro presidente determinó que hablará, pero hasta que termine la primera ronda de ministros.

En la sesión vespertina del pleno de la Corte se inició la discusión del tema de fondo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en donde Góngora y Gudiño reivindicaron también el pleno derecho de la mujer sobre su cuerpo y rechazaron abiertamente la pretensión de que el Estado imponga por ley la maternidad, como lo plantea el proyecto de dictamen que está a discusión.

“No encuentro en la Constitución nada que garantice el derecho a la vida y mucho menos que tenga que defenderse por la vía penal”, subrayó Góngora.

Ambos rechazaron el planteamiento del proyecto respecto a que la Constitución consagra el derecho a la vida y que exista una protección constitucional al producto desde la concepción sin restricciones ni limitaciones.

Góngora abundó que la penalización del aborto voluntario atenta contra los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de la mujer y que “culminar el embarazo bajo amenaza de pena criminal” es discriminatorio, porque “la mujer que decida no ser madre es delincuente”, además de que no respeta “el momento biológico y físico cuando se sienta lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad”.

El embarazo forzado “implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad”; se discrimina a la mujer en razón de su condición social, porque los problemas de salud que generan los abortos inseguros tienen más impacto en las mujeres pobres.

Subrayó que el proyecto de Aguirre es “sesgado”, porque no incluyó una perspectiva de género en donde se tomen en cuenta los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En este contexto, puso como ejemplo la violación de derechos humanos en el caso la niña Paulina, a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar, pese a que el embarazo fue producto de una violación.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y recomendó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo cuando esté permitido.

La discusión continuará este miércoles en doble sesión.

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=capital&article=039n1cap

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