Jorge Camil: Que renuncie el gobierno

Gobiernos van y vienen, de uno y otro partido, pero la inseguridad va en aumento. Nada funciona. Fracasan irremediablemente promesas, planes, estrategias y buenas intenciones. Fracasan porque el gobierno tiene una percepción distorsionada de la magnitud del problema para la sociedad civil, y porque al estar enfocado exclusivamente en los problemas que considera “verdaderamente importantes” (el petróleo, las relaciones con Estados Unidos, la Iniciativa Mérida, la consulta nacional sobre el petróleo y las reformas de todos colores) demuestra que no tiene sensibilidad, pero tampoco consideración, empatía y respeto por la sociedad civil.

Para los ciudadanos, la alarmante escalada de violencia significa perder la tranquilidad, la dignidad, nuestra forma de vida (que es la esencia de la libertad) y eventualmente, como fue el caso de Fernando Martí, la vida misma. Para el gobierno, en cambio, el tema parece ser un problema de imagen y frases de campaña, así que con gran desparpajo lo atacan con retórica y armas mediáticas: ¡vamos ganando!, repiten victoriosos con la frente en alto y la mirada fija en 2009 y 2012, aunque todos sepamos que van perdiendo. ¡Felicidades Germán Martínez!, ahora sabemos que la guanajuatización de México va por buen camino. Sí, por el “Camino de Guanajuato”, ahí donde “la vida no vale nada”.

La retórica oficial y las frases de campaña se estrellan diariamente con una realidad que ofende y horroriza a los mexicanos: 10 o 20 ejecutados (¿qué más da?), dos o tres decapitados (una de las cabezas, la aparecida en las páginas de Paris Match hace un par de semanas, con un guiño macabro, como diciendo: “aquí se ven”). Un industrial regiomontano secuestrado diariamente, un jovencito inocente (¿presagio del México futuro?) secuestrado y asesinado sin piedad, y un aumento exponencial en la tasa de plagios: 37 por ciento en el Distrito Federal y 60 por ciento en el estado de México. Más empresarios mexicanos emigrando a Estados Unidos. Hemos perdido el control de nuestro propio destino. ¿A quién le importa el terror de la joven madre que llevando a su bebé en el asiento trasero recibe en plena luz del día una mentada de madre y un humillante pistoletazo en la cabeza para robarle el reloj? ¿A quién le importan los miles de relojes y anillos robados diariamente en los embotellamientos de la ciudad de México? ¡Por favor! ¿Anillos? ¿Relojes? ¿Mentadas? ¿Cuando estamos salvando al mundo, y pasando a la historia como autores de importantes reformas electorales, fiscales y energéticas? ¿Secuestros exprés? Que los atienda la policía ministerial (¡nosotros somos “estadistas”!). O que no los atienda nadie, porque los ciudadanos atropellados, a fuerza de sufrir, hemos aprendido a no denunciar.

Nuestros gobernantes deben respirar con alivio, porque ya no denunciamos plagios, violaciones, robos, extorsiones ni fraudes. Pronto dejaremos de denunciar homicidios. ¿Denunciar, mientras Marcelo organiza la consulta petrolera y el Presidente decide su próximo periplo internacional? Para eso hay leyes y “autoridades competentes”. ¿No hemos oído hablar, ignorantes de nosotros, de la nueva división del trabajo, en la que unos nacen para gobernar, y otros nacemos para pagar impuestos? ¿Quién en las altas esferas de gobierno –pregunto– recoge la frustración de los millones de obedientes autómatas que dejamos en casa nuestros objetos de valor? ¿Y quién, al interior del gobierno, comprende que al despojarnos voluntariamente de anillos y relojes, al renunciar a nuestra forma de vida, nos despojamos de nuestra dignidad? Ellos, los criminales, con la tolerancia del gobierno, fijan ahora nuestro radio de acción. Nos indican cómo vivir y cómo vestir. Se acabó el libre albedrío, que era hasta hace poco la esencia de la vida democrática. Ellos, los del gobierno, viven despreocupados en una burbuja de camionetas blindadas, charolas, escoltas y armas de grueso calibre pagadas por nosotros para proteger a los suyos, mientras nosotros vivimos atemorizados y enclaustrados, prisioneros en un mundo de ¡sálvese quien pueda! Por eso no hay solución, porque gobierno y ciudadanos partimos de percepciones distintas y mundos diferentes. Nos movemos por separado en un mar de oscuridad. Andamos, como diría el poeta Jaime Torres Bodet, “el uno en pos del otro, sin hallarnos”.

En la introducción de su entrevista con Felipe Calderón El País advirtió que el número de muertos, más de 5 mil “provocaría un cataclismo en cualquier democracia europea”. Pero aquí no pasa nada. Ni pasará. Hasta que Calderón entienda que si fracasan todas sus reformas, pero nos regresa la seguridad, pasará a la historia como el mejor gobernante de México; hasta que Marcelo Ebrard caiga en la cuenta de que si erradica la inseguridad en el Distrito Federal será presidente de México en 2012. Hasta que ambos comprendan que la inseguridad viene de una empresa perversa en la que están involucrados criminales, policías, autoridades y el sistema judicial. Si no pueden, la renuncia sería una salida honorable que les ganaría el reconocimiento y respeto de la sociedad civil.

Juan Diego García: La batalla de Bolivia

El abrumador respaldo otorgado a Evo Morales por el pueblo de Bolivia en el pasado referendo (más del 67%), superior inclusive al porcentaje que lo eligió presidente y con incrementos muy significativos en las regiones separatistas bajo el control de la derecha, despeja muchas dudas. Pero los apoyos alcanzados por los Prefectos rebeldes, desconociendo los resultados que le son adversos y sobre todo llamando abiertamente a la intervención militar y la guerra civil arrojan enormes sombras sobre el panorama inmediato de este país andino.

Resulta sintomático que mientras el gobierno central se ha mantenido escrupulosamente dentro de las reglas del juego democrático, la oposición ha traspasado la línea de la legalidad una y otra vez, en plena armonía con las tácticas clásicas del golpe de estado. La derecha ha saboteado la redacción de la nueva constitución (sin éxito), ha promovido referendos separatistas ilegales y violenta sistemáticamente la voluntad de la ciudadanía mediante el terror en las calles. Perdido el gobierno central conserva sin embargo un enorme poder pues controla aún los resortes principales de la economía (bancos, fábricas, grandes comercios y sobre todo el latifundio) y posee casi un monopolio completo de los medios de comunicación mediante los cuales adelanta las típicas campañas de desinformación, manipulación y siembra de zozobra entre la población. Además, gobierna en algunas regiones (las más ricas).

Los gobiernos progresistas del área apoyan a Morales, no solo porque comparten en líneas generales la orientación social de su programa y adhieren al espíritu nacionalista de sus medidas sino también –y en no
poca medida- porque todos temen las tendencias separatistas que bien podrían fomentar fenómenos similares en sus propios países. Sobre todo cuando esos movimientos contrarios a la unidad nacional están promovidos y financiados desde el exterior por gobiernos metropolitanos y compañías multinacionales, ambos muy afectados por su pérdida de influencia en la zona.

El mayor temor de la derecha es que se apruebe la nueva constitución. En particular, se destaca la oposición cerrada del gremio terrateniente que teme una reforma agraria integral que socave los fundamentos de su misma existencia. Pero también se oponen los demás sectores del gran capital que tanto se han beneficiado de las anteriores políticas neoliberales. En su empeño están respaldados abiertamente por la embajada de Estados Unidos que conspira sin ninguna discreción, financia con generosidad sus iniciativas y apoya políticamente a la derecha en su intento por derrocar a Morales.

Con el presidente está la gran mayoría del pueblo, a juzgar por las votaciones recientes. Evo cuenta por ahora con un capitalismo de estado aún de modestas dimensiones, fruto entre otras cosas de las nuevas medidas de control de las multinacionales; ha tenido el respaldo de las fuerzas armadas (que no es poco) y parece confiar no solo en el nacionalismo de los militares sino también en su misma extracción étnica y de clase. La derecha, en cambio, sabe que es minoritaria y ni siquiera los buenos resultados en algunas regiones le dan suficientes garantías. De hecho, la participación en los llamados referendos autonómicos fue bastante lánguida, introduciendo grandes dudas sobre el supuesto apoyo abrumador que la derecha alega poseer. ¿Hubieran sido reelectos los prefectos separatistas si en sus localidades las elecciones hubiesen sido realizadas con plena libertad y sin el terror implantado por las bandas fascistas de las “juventudes cruceñas” contra los partidarios de Morales ?.

Pero su falta de respaldo lo compensa sobradamente la derecha con su poder económico, su control mediático y la esperanza –nunca perdida- de un golpe militar que venga a salvarla. Si Morales consigue empezar a reformar radicalmente la tenencia de la tierra (para lo que es indispensable el respaldo del ejército y la policía) desatará un proceso social imparable que dará al traste con la parte más agresiva de la oposición y debilitará mucho las tendencias separatistas. Además, el presidente boliviano tiene margen para negociar con las regiones el reparto de los beneficios de los recursos naturales quitando así a los separatistas su bandera más preciada. El gobierno central no puede tolerar sin embargo que grupos de matones se apoderen de las calles, humillen en la plaza pública a los representantes de los indígenas (un espectáculo de racismo transmitido al mundo por la televisión), impidan a las autoridades hacerse presentes en las zonas rebeldes y apaleen delante de las cámaras al jefe de la policía de Santa Cruz, sin consecuencias (al menos que se sepa). Que un latifundista gringo se permita el lujo de echar de su propiedad (a tiro limpio) al ministro boliviano de la reforma agraria, parece la gota que colma el vaso.

La batalla de Bolivia demuestra que, al menos en estos pagos, no basta con tener razón; no es suficiente contar con toda la legitimidad y moverse dentro de unas leyes que, entre otras cosas, no creó el pueblo sino esa misma burguesía levantisca, racista y belicosa que ahora las desconoce y viola con la mayor impunidad.

La batalla de Bolivia remite nuevamente al debate sobre las posibilidades reales de un régimen democrático burgués en países en los cuales aún dentro del capitalismo parece imposible realizar reformas y abolir privilegios aberrantes. Unas clases dominantes cuyo principal objetivo es vegetar en la incuria, expoliar a las mayorías y parasitar a la sombra de sus protectores imperialistas se acomodan bastante bien a proyectos como el neoliberal pero por la misma razón se sienten amenazadas por procesos de desarrollismo y nacionalismo y – como no podía ser de otra manera- se aterrorizan ante la perspectiva de un cambio de orden social que las obligue a trabajar, a ser útiles y productivas, a practicar aunque sea por una vez en su existencia el ideal calvinista que se supone condición indispensable para generar el capitalismo.

Evo Morales tendrá que jugar a fondo sus cartas si quiere retomar la dirección del proceso. Tiene al pueblo consigo; tiene el apoyo de los pueblos vecinos y la simpatía de muchos gobiernos latinoamericanos; tiene, por ahora, no solo las armas de la ley sino las armas mismas que puede y debe usar en defensa de los intereses mayoritarios de la población. En la batalla de Bolivia parece que el pueblo ya ha manifestado claramente su decisión de ir hasta el final. Ahora, Morales y su gobierno no pueden ser inferiores a tanta generosidad y entrega, no pueden defraudar las ilusiones de tantos millones de gentes que han puesto en ellos la responsabilidad de dirigir no solo la batalla presente sino las muchas que depara el futuro y que el
pueblo no se puede dar el lujo de perder.

Argenpress