José Cueli: Confrontación profunda

Existe entre Freud y Wittgenstein un acento en común. La obra de ambos, a su manera, produjo un efecto subversivo sobre el saber.

La obra de los dos tiene como esencia un quehacer analítico. La piedra angular, para Freud, fue el desciframiento del lenguaje del insconsciente; para Wittgenstein, los “juegos del lenguaje”. Ambos pertenecieron al universo cultural vienés, pero en lo formal nunca hubo un encuentro entre ellos.

Sin embargo, entre la obra de estos dos talentos existe una interesante y fecunda confrontación. Como dice Assoun: “Más allá de ese encuentro frustrado, la confrontación de los ‘entendimientos’ ya no puede aplazarse sin que se transforme en una denegación filosófica”. Esta confrontación teórica, dada la riqueza de ambas obras, merece una tarea de exégesis, permitiendo la creación de un espacio donde el fundador del sicoanálisis y el filósofo de los “juegos del lenguaje” puedan establecer un diálogo con nosotros.

En el texto de Wittgenstein, Conversaciones sobre Freud, quien según sus propias palabras se consideraba discípulo de Freud, establece una confrontación que se basa, en cierta medida, en la temática de esa “actitud crítica”: a partir de la lógica del asentimiento sicoanalítico. Wittgenstein inaugura un camino, después seguido por Derrida, de una crítica y un rexamen de la teoría freudiana de la interpretación (a través de la “vía regia” de acceso al inconsciente: los sueños), que se convierte en interesante crítica epistemológica del modo de pensar y de la racionalidad analíticas.

En realidad, la obra de ambos lo que instaura es una apertura al pensamiento contemporáneo para repensar el inconsciente y el lenguaje, la racionalidad y la ética e incluso el malestar en la cultura. Se abre también con ello la interrogación sobre el saber y el estatuto del sujeto.

La confrontación Wittgenstein-Freud, fecunda y exegética por naturaleza, no sólo representa el encuentro de dos formas de pensamiento, sino el diálogo posible entre la filosofía y el sicoanálisis.

Cabe aquí citar algunas interesantes reflexiones que Marcelo Pasternac, en su excelente libro Lacan o Derrida: psicoanálisis o análisis deconstructivo, de reciente publicación, hace al respecto: “El psicoanálisis y la filosofía son prácticas, campos, actividades, ámbitos (Wittgenstein diría son ‘juegos de lenguaje’) distintos”.

Dicho así suena como una evidencia que no necesita más consideraciones y que, por tanto, no justificaría que se pierda tanto tiempo en disquisiciones. Sin embargo, esa “evidencia” no resulta tan evidente. “Hay filósofos que no se privan de disertar sobre el psicoanálisis y de hacerle observaciones y objeciones que no deberían dejar indiferentes a los psicoanalistas. Por su parte, los hallazgos del psicoanálisis no deberían carecer de consecuencias sobre las elaboraciones de los filósofos, no dejarían de imponer, si son válidos, ciertos límites al despliegue de las concepciones filosóficas”.

En mi opinión, y de acuerdo con Pasternac, a los sicoanalistas nos interesa leer la obra de filósofos que objeten y critiquen con seriedad y con fundamento al sicoanálisis. De ahí el particular interés que despiertan las obras de Wittgenstein y Derrida para nosotros.

Con Wittgenstein el cuestionamiento atraviesa por el tema del asentimiento en el sicoanálisis, mientras que con Derrida, en su obra reciente, la disertación se focaliza en el problema de la resistencia al y del sicoanálisis.

En este diálogo continuo con el episteme, como señala Pasternac, el picoanálisis puede ubicarse en la categoría de “una práctica y un saber que pueden sostener su pertinencia y su racionalidad sin apelar al dominio de la creencia y que, más aún, pueden dar cuenta de la cuestión de la “creencia” como una dimensión de la subjetividad y como un aspecto que está en juego en el devenir mismo de la experiencia analítica, como algo que el mismo psicoanálisis permitirá destituir en su culminación en el fin de un análisis cuando sobre su ruina se instituya el sujeto, eventualmente como pasaje de la posición de analizante a la de analista”.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=a06a1cul

Luis Javier Garrido: La inconstitucionalidad

La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.

1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.

2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.

3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.

4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.

5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).

6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.

7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.

8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.

9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.

10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=019a1pol

Gilberto López y Rivas: La cara del fascismo en México

La denuncia presentada el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A C y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, AC (léase El Yunque) contra los estudiantes que asistieron al segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana –celebrado en Ecuador del 24 al 27 de febrero de este año– y “contra quien resulte responsable”, constituye una demostración palpable de las mentalidades y acciones fascistas que pretenden imponerse en la sociedad mexicana.

El documento de 77 páginas es un repetitivo alegato, salpicado de jerga jurídica, encaminado a fabricar delitos y culpables con base en información de las agencias de inteligencia mexicanas, colombianas y aun ecuatorianas, y a partir de la presentación de “evidencias” que en su mayor parte son informaciones periodísticas que por irresponsabilidad o corrupción se hicieron eco de esas fuentes policiacas después de la masacre llevada a cabo por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador el primero de marzo de este año.

En efecto, el terrorismo mediático que se ejerce contra la oposición de izquierda a través de la publicación de “notas periodísticas”, “artículos de opinión” o “entrevistas”, que en realidad son en la mayoría de los casos informes, interpretaciones, filtraciones o delaciones de las agencias de espionaje político de los estados involucrados, constituyen el grueso de las pruebas de cargo contra los “terroristas” y “narcoguerrilleros” mexicanos. De la denuncia mencionada, 47 “evidencias” –que afirman comprobar los dichos de los chivatos–, 12 provienen de El Universal, cinco de Milenio, tres de Excélsior, uno de La Crónica, uno de Reforma, uno de El País (la infaltable Maite Rico), uno de la agencia de noticias Efe.

De otra naturaleza son dos notas del periódico digital Rebelión, del cual se presentan convocatorias y cartas de apoyo a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano de intelectuales de “la izquierda extremista”, entre quienes se encuentran Carlos Fazio, José Steinsleger y el autor de estas líneas.

De las otras “pruebas” que tiene en sus manos el procurador, tres son mapas bajados de Internet del sitio de la masacre, considerada por nuestros denunciantes como una “acción ejemplar” del gobierno de Uribe; tres son fotos del campamento rebelde tomadas por el ejército ecuatoriano, siete son declaraciones extraídas de la página de Internet de la Coordinadora Anticapitalista del Auditorio Che Guevara (definida por nuestros vigilantes como “una coalición de grupos extremistas y promotores del terrorismo que controlan gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria”).

Otras dos de las “evidencias” son las declaratorias respectivas de la Unión Europea y Estados Unidos, en las que las FARC aparecen consideradas dentro de las “organizaciones terroristas”. Una más es muy convincente: se trata de una estimación de ingresos y egresos de los estudiantes viajeros que realizó nada menos que la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia, para demostrar que las FARC gastan millones de dólares mensuales para subvencionar a la izquierda mexicana.

El texto de marras es, en suma, un manojo de recortes de periódicos, junto con la transcripción de lo que cada país tipifica como delitos de terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada, así como listas de sospechosos que se pide sean castigados con todo el rigor de la ley. En la parte final del documento, los confidentes “instruyen” al procurador sobre las tareas que debe realizar: investigar todo lo relacionado con el viaje a Ecuador de los “terroristas”: itinerarios, fechas, comunicaciones, entrenamientos (obviamente) terroristas, alias, rangos, informaciones rendidas y recibidas, gastos, tarjetas de crédito, pagos recibidos, etcétera; actividades previas de los señalados, sus números telefónicos, matrículas de sus vehículos, domicilios alternativos, cuentas bancarias, antecedentes criminales, etcétera. Tareas normales de los acusados: lavado de dinero, enlace con organizaciones armadas, trasiego de materiales radioactivos, secuestros, atracos, atentados con explosivos, falsificaciones de documentos, etcétera; los viajes de Lucía Andrea Morett al extranjero, contactos, razones por las cuales autoridades universitarias han permitido el uso de instalaciones de la UNAM, actividades de los sospechosos en los “actos de rebelión y terrorismo” en Oaxaca, etcétera.

Si en este país se viviera en un efectivo estado de derecho, la denuncia sería desechada de manera inmediata. Como comprobaron las autoridades ecuatorianas, no había delito que perseguir y por ello se permitió la salida discreta de Lucía Andrea Morett Álvarez hacia Nicaragua. El problema radica en la discrecionalidad en la administración de justicia en suelo mexicano, donde todo tipo de arbitrariedad o aberración jurídica puede darse. Por ello, hizo bien esta víctima del ataque militar colombiano-estadunidense en obtener refugio en tierra de Sandino. A las constantes violaciones a los derechos humanos en México, primer lugar en violencia, corrupción e impunidad, según estudio de la ONU –y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo–, se agrega ahora el exilio forzado de personas que no pueden entrar en territorio nacional porque el gobierno de facto de Felipe Calderón, en lugar de exigir castigo para los homicidas de los estudiantes y dar todas las garantías a la sobreviviente del bombardeo, recibe al jefe de los asesinos en ominosa complicidad y le permite declaraciones injuriosas para muchos mexicanos (no para la ultraderecha, que le aplaudió frenéticamente). El fascismo, expresión plena del terrorismo de Estado, no pasará.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol