Juan Diego García: Cuestión de legitimidad

Con un porcentaje que ya ronda el 25% de parlamentarios sometidos a la justicia con graves cargos por connivencia con el paramilitarismo no resulta exagerado sostener que el Poder legislativo colombiano carece a estas alturas de legitimidad suficiente y es el menos indicado para adelantar una reforma política salvadora como propone el gobierno. De llevarse a cabo, tal reforma solo contribuiría a sanear la imagen del uribismo y salvar las mayorías espurias que el gobierno tiene en Cámara y Senado (entre otras cosas, para asegurar una votación que permita a Uribe un tercer mandato).

Un porcentaje similar afecta a los votos emitidos en las últimas elecciones y dado que más del 90% de esos votos obtenidos mediante la intimidación y el terror de la extrema derecha armada han favorecido al presidente actual, resulta apenas natural que su legitimidad se vea seriamente afectada. Solo el inmenso poder del presidente, la debilidad relativa de la oposición y una prensa favorable que funciona como un enorme monopolio y manipula a su antojo la opinión pública han conseguido exonerar a Uribe Vélez de toda responsabilidad en el escándalo.

Pero la reciente captura del primo hermano del presidente, el ex senador Mario Uribe Escobar, acusado de concierto agravado para delinquir por sus vínculos con el paramilitarismo y de compra ilegal de tierras, obtenidas a menor precio mediante el terror y la amenaza (solo en una región del norte acumula hasta cinco mil hectáreas) deja al presidente en una situación aún más comprometida pues solo por cinismo se puede sostener que él ignoraba la naturaleza delictiva de las andanzas de quien además de familiar cercano ha sido desde siempre su infatigable compañero en la lucha política, su apoyo incondicional en el parlamento y un colaborador de lealtad comprobada. Uribe Vélez no puede afirmar ahora que “se enteró por la prensa”. Si la correlación de fuerzas fuese otra, la justicia tendría que llevar a Alvaro Uribe al banquillo para que explique si además de conocer también se benefició del paramilitarismo; y que asuma las consecuencias.

Crecen las voces que exigen la disolución del parlamento y no pocos reclaman la renuncia inmediata del presidente la República, pues si Uribe permanece en el gobierno no habría garantías reales en unas nuevas elecciones, sometidas al control del ejecutivo. Más aún, parece apenas obvio que sin un desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, esas elecciones no podrían realizarse con mínimas garantías de transparencia. Sería permitir que la actual situación se repitiese, burlando los deseos de la ciudadanía.

La legitimidad de un orden social como el de Colombia apenas puede sustentarse habida cuenta de las enormes desigualdades sociales y económicas, que se traducen en los conflictos permanentes y su fácil conversión en manifestaciones de violencia. Siendo muy generosos tan solo podría calificarse aquella como una democracia rudimentaria, reducida a sus manifestaciones puramente formales como la realización rutinaria de elecciones o la relativa ausencia de golpes militares. Pero con la generalización de la violencia y el creciente papel del militarismo, Colombia da ahora la imagen de una dictadura civil en la cual las fuerzas armadas gobiernan de facto y los civiles resultan tan o más belicosos que los militares. Y con el escándalo de la parapolítica hasta las formalidades democráticas se viene abajo. A estas alturas solo una consideración muy superficial o interesada sostendría que Colombia es una democracia consolidada o como sostiene Uribe, “una democracia profunda” (¿en qué profundidades estará pensado el presidente colombiano?).

El caso es entonces de legitimidad y todo indica que sería necesario fundar la república sobre nuevos cimientos. Y dado el grado de afectación que se constata en el ejecutivo y en el legislativo, no sería desde su seno de donde partirían las iniciativas para esa transformación necesaria. Por menos se han echado a la calle las gentes de Ecuador, Bolivia y Argentina exigiendo “que se vayan todos”, precisamente por identificar a los poderes tradicionales del Estado como la fuente misma del mal a extirpar. En estos tres países, pacíficamente y en uso responsable del deber cívico, la ciudadanía de forma mayoritaria han sacado a presidente y parlamentarios corruptos y ha propiciado cambios de gobierno que pueden gustar o no, pero son fruto del genuino deseo de la población, es decir, tienen plena legitimidad. Esa misma legitimidad que hoy falta a los poderes ejecutivo y legislativo en Colombia.

Solo un detalle debe enfatizarse: en esos países – a diferencia de Colombia- no hay paramilitares y por determinadas circunstancias tampoco los militares están en disposición de ahogar en sangre la legítima protesta popular y los cambios de gobierno. Al menos no, hasta el momento.

Estas fechas deben haber sido muy amargas para Alvaro Uribe Vélez. Sería muy doloroso para él ver a su más cercano y entrañable copartidario buscado como un vulgar delincuente, solicitando asilo político en la embajada de Costa Rica (que le fue negado), abucheado y denunciado por una multitud de ciudadanos ofendidos y desfilando como prisionero en medio de una lluvia de piedras que la indignación popular le propinó cuando partió hacia la cárcel. Hasta una orquesta de mariachis animó a los presentes. Con sus canciones, unos humildes músicos callejeros querían solidarizarse con las víctimas del terrorismo de estado y manifestar su repudio hacia quien intentaba aprovechar su condición para eludir sus responsabilidades ante la justicia.

De nada han servido hasta ahora las presiones del gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia para entorpecer el enjuiciamiento de los jefes paramilitares. Uribe fue quien abrió la caja de los truenos con su denostada ley de “justicia y paz” con la cual solo buscaba adecentar las huestes de la extrema derecha y hacer su presentación en sociedad, limitando la pena a castigos simbólicos y permitiéndoles conservar lo robado a los campesinos. Pero se le atravesó la Corte Suprema y exigió que se conociese al menos toda la verdad. Entonces empezó a confirmarse públicamente aquello que las víctimas habían denunciado en su día y que con tanto celo se ocultó mediante la manipulación de los medios masivos de comunicación: el paramilitarismo lejos de ser la “respuesta a los excesos de la guerrilla” (la justificación oficial) es una política de estado cuya responsabilidad recae en la clase dirigente, cuenta con el apoyo de Washington, sus aliados europeos y la oligarquía latinoamericana, y se extiende luego como un cáncer por todas las instituciones del estado, empezando por las mismas fuerzas armadas y terminando en el parlamento y el poder ejecutivo.

Construir un orden diferente al actual, que aspire a tener al menos legitimidad debería empezar por remover los obstáculos que convierten en Colombia el ejercicio de la política en un riesgo letal para quien se aventure a proponer reformas. Con más urgencia aún si ese obstáculo es el propio parlamento o la mismísima presidencia de la república. Una masiva y pacífica movilización ciudadana podría precipitar esos cambios y neutralizar la acción de las fuerzas oscuras de la extrema derecha y del militarismo que han “paramilitarizado” al país. Si las instituciones tradicionales –comenzando por los partidos- se han convertido en objetos del cambio, mal puede pretenderse que sean sujetos activos del mismo. Si la oposición de izquierdas resulta aún de una dimensión muy modesta – precisamente por el clima de terror y exclusiones- queda la inagotable fuerza de la ciudadanía, la exigencia organizada y masiva del pueblo, el empeño pacífico pero tenaz de la protesta callejera. A lo mejor entonces adquiriría sentido el verso surrealista del himno nacional de Colombia que dice “cesó la horrible noche”.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054454&Parte=0

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