Daily Archives: April 12, 2008

Raúl Zibechi: Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol

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Bilhá Calderón: Dejaremos que vendan PEMEX?

Bilhá Calderón
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Blanche Petrich: Lucía Morett, indefensa jurídicamente; si regresa a México podrá ser detenida

El temor de que la Procuraduría General de la República (PGR) se prepara para ejercer acción penal en su contra en cuanto regrese a México fue confirmado por Lucía Morett y sus representantes legales, a raíz del interrogatorio que se le aplicó el martes y el miércoles pasados, en cumplimiento de un acuerdo bilateral de cooperación para la investigación criminal.

En opinión del abogado Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), el cuestionario al que fue sometida entre el 8 y el 9 de abril en el Hospital Militar de Quito “contiene un enfoque especulativo que deja abierta la puerta para que la estudiante sea incriminada al llegar a México”.

Advirtió: “No lo vamos a permitir, vamos a protestar el procedimiento de la PGR, ya que, al no aclarar si hay una acusación contra Lucía Morett, la deja jurídicamente indefensa. Vamos a exigir que se defina su situación jurídica ante el Ministerio Público para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa”.

Entre tanto, Jorge Morett dijo que el retorno de su hija a México queda en suspenso. Mientras se aclara el panorama legal, la familia Morett Álvarez estudia la posibilidad de que Lucía solicite la protección de un tercer país, donde eventualmente pueda pedir asilo.

Los pasaportes, en Bogotá

La sospecha de la familia Morett y los deudos de los cuatro muchachos que murieron en el mismo operativo del ejército colombiano –Verónica Velásquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González– de que el gobierno de Colombia tiene en su poder los pasaportes de los mexicanos que estuvieron en el campamento destruido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se confirmó en el curso del interrogatorio, explicó Jorge Morett.

“Una de las preguntas que le hicieron a mi hija fue sobre el motivo de sus viajes a Cuba y Holanda. En efecto, ella había ido a esos dos países el año pasado y los sellos de estos viajes estaban en su pasaporte. ¿Por qué, si el gobierno mexicano tiene esa información, no nos ha devuelto sus documentos?”

El gobierno ecuatoriano está obligado a dar cauce a la solicitud de la PGR de interrogar a Lucía al amparo del tratado bilateral de investigaciones criminales. Los asesores aceptaron la diligencia “porque –explicó Parra– con México no hay ninguna querella ni fricción.”

En cambio, no permitirán que Colombia la interrogue, porque el mismo acuerdo exige reciprocidad. De darse el caso, la Aldhu demandará que los perpetradores de la masacre de Sucumbíos sean identificados por el gobierno colombiano, detenidos y presentados para que los abogados de la organización puedan cuestionarlos en los mismos términos en los que se pretende inquirir a la mexicana.

Preguntas para “terrorista”

El cuestionario enviado por la PGR a la Fiscalía Nacional de Ecuador preguntó directamente a Lucía sobre qué tipo de asociación la liga con las FARC, si portó armas en el campamento, quién le pagó el viaje, si ella condujo al grupo de estudiantes que murió, si conocía al comandante Raúl Reyes y de qué temas habló con él, si había llevado encargos del guerrillero al campamento. Le exigieron nombres de sus “contactos” y de la gente con la que habló en ese lugar.

Le preguntaron si había visto armas. Ella respondió que sí, que muchas, “las de los militares colombianos, que me apuntaron con ellas”.

Parra señaló que la autoridad mexicana en ningún momento asumió, durante la diligencia, “una acción protectora de los derechos de su connacional como víctima de un suceso ilegal de guerra de un ejército extranjero. Por el contrario, sufrió una conducta hostil, prejuiciada y especulativa”.

Aunque al menos oficialmente Lucía no figura en la averiguación previa de la PGR como “indiciada”, al representante legal de la sobreviviente le preocupa que el interrogatorio distó de indagar sobre la verdad histórica de los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y, en cambio, “se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada, previo a su viaje a Ecuador y perseguible en México”.

Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.

“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.

Por esta circunstancia, Parra, como abogado de Lucía, “se inhibió de recomendar” que la sobreviviente emprenda el viaje de regreso a México, “porque aún no se sabe qué quiere y qué pretende” la PGR.

Vergüenza que esta muchcacha ahora tenga que estar buscando asilo en otro país porque el gobierno espurio en México en lugar de protegerla se dedica a acosarla.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=politica&article=017n1pol

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