Daily Archives: March 14, 2008

Daniel Cadabón: ¿No hubo guerra?

Los abrazos, los besos y los apretones de manos sellaron el acuerdo; el clima bélico que reflejaban algunos discursos quedo interruptus. El espíritu del grupo Río fue un espíritu latinoamericanista, y como tal, contradictorio y cargado de patetismo y duplicidad.

Dos fueron las consignas con las que se cerraron las deliberaciones de los jefes de estado: “nunca más” y “que todo vuelva a ser como antes”, y entonces no habría guerra.

Se habló mucho, se manejaron cifras millonarias en dólares de convenios bilaterales y multilaterales; que 5000 millones el año pasado; que una proyección de veinte mil más para los próximos años, en construcciones de mega infraestructuras en gasoductos, oleoductos, etc. Entonces? Que todo vuelva a ser como antes, que va pasar sino, con todos estos negocios millonarios. “Alvaro, mira lo que has provocado con tu incursión militar, todo está a punto de caerse porque te dedicaste a jugar a la guerra en la selva”

Don Alvaro, que con el correr de las intervenciones, parecía ir quedándose más solo que loco malo, impertérrito y parado en sus trece defendida la soberanía del Estado Colombiano para “perseguir y aniquilar la subversión” hasta debajo de la cama de ecuatorianos, venezolanos, dominicanos y cuanto otros le dieran refugio. Lo que está en juego -dijo- es el Estado y, la más ilustrativa de todas las tesis esgrimidas en tan ilustre reunión, la defensa del Estado se impone por encima de la soberanía de los países.

Fue el ex comandante Daniel Ortega, el que tomó el clavo caliente que las declaraciones uribistas descargaron en la Cumbre. Lo de Uribe -dijo- es terrorismo de estado, terrorismo similar a los operativos Cóndor” que realizaban los militares con la anuencia del Departamento de Estado (y el acuerdo de las burguesías locales) en los años de plomo de las dictaduras latinoamericanas. Todo está claro -continuó Ortega- para que necesitamos una investigación y una comisión de la OEA, “acá no hay nada que investigar pue´, si Uribe lo deja todito claro, todito”. Don Alvaro, ha transformado a Colombia en un enclave norteamericano. ¿La OEA? Es el nido donde depositan sus huevos los enemigos de Latinoamérica.

¿No hubo guerra?. Los mísiles rasantes deforestaron una porción de la selva ecuatoriana, mientras las bombas de racimo destrozaban la carne de los combatientes de las FARC. La tarea se finaliza con la acumulación de cuerpos en una pila para rematarlos a balazos. El ejército colombiano es conocedor de estos mandados. Lo práctica a cotidiano contra su propio pueblo, fronteras adentro. Esto le ha valido el mote de genocida a don Alvaro.

Uribe se mantiene impertérrito en la reunión; mientras las cosas no avancen de la denuncia de violación del espacio aéreo y terrestre de un país vecino, no hay de que preocuparse. El problema, es si la Cumbre condena el genocidio colombiano y dispone acciones para investigarlo en su propio país. Si de ella, salen a la luz pública internacional, sus vínculos con los paramilitares y con el narcotráfico, que con tanto empeño intenta encajarle a la guerrilla. Disculpen los aliados latinoamericanistas de la florida retórica caribeña, pero en esta oportunidad, “nuestros lideres” estuvieron por detrás del propio Jim Carter cuando mandó una comisión interamericana a investigar a Videla allá por el ´79.

Mantener los negocios, fue lo que se impuso por sobre la defensa de la vida de miles de sindicalistas, campesinos, obreros y estudiantes colombianos, que viven en la “Colombia democrática de Uribe”, lo que los argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, nicaragüenses vivimos, bajo el régimen de los Videla, Pinochet, Somoza y, nos venimos a enterar, el “amigo general” Hugo Banzer.

¿No hubo guerra?. Uribe mantiene en Colombia un régimen de fuerza y represión en contra de su propio pueblo; esto no es una cuestión de soberanía que se arregla con un acta compromiso de “no intervención” en los asuntos internos de los países o con la apelación cristinista a no “salirse de la legalidad” en los actos de represión.

El plan Colombia tiene sin dudas una proyección regional. Colombia mantiene fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela al sur y con Panamá al norte. Es la vía de acceso a la América del sur. Domina dos océanos y junto con Ecuador y Venezuela, comparte la región con una de las más altas reservas de petroleras del mundo. Pero cualquier intervención militar hacia el exterior, les plantea a los Estados guerreros mantener la unidad interior.

Terminar con las disidencias internas, unificar los intereses de las masas detrás de los objetivos y los intereses de la burguesía y el imperialismo para ir a la guerra, es el primer paso de toda ofensiva bélica. Los asuntos internos de Colombia, tienen en ese sentido, una proyección regional.

La represión dentro de la legalidad, auspiciada por el gobierno argentino, es una solicitud cargada de perfidia. Nadie entre los presentes ignora que la represión legal no existe ni en Colombia, ni en ningún otro lugar.

George W. Bush, acaba de ratificarlo al vetar una ley que prohibía la tortura a los prisioneros políticos. Cuando la burguesía reprime al pueblo no hay errores ni excesos.

Toda la declaración de la presidenta argentina, subida al más alto monolito del egocentrismo, tiene tanta vacuidad como la del resto de mandatarios presentes, por los resultados y por las convicciones de quien las realiza. “Pero claro Cristina que tu eres mejor que todos los presentes que estamos aquí” dijo Hugo Chávez, terminada la exposición de la argentina, “trata de no caerte de donde estas subida -le falto decir- que puedes suicidarte”

Argentina forma parte de la estrategia “gringa” en la lucha antiterrorista, el congreso kirchnerista sancionó la ley antiterrorista pedida por Bush. No casualmente, además, Cristina visitó, de paso a la Cumbre, a la invadida Haití. Donde la “multilateralidad”, reclamada a Uribe, tiene una forma práctica en la participación de tropas nacionales como ejército de ocupación y opresión.

Para ser consecuentes con el reclamo de soberanía territorial, la Cumbre debería haberse pronunciado en contra de la invasión de don Alvaro a Ecuador y por el retiro de tropas “multilaterales” de Haití.

¿No hay guerra en Latinoamérica?

La incursión uribista, sobre el territorio ecuatoriano, fue comprobadamente de sur a norte; para darle a la provocación un aire más dramático. Los yanquis le facilitaron el dato sobre el campamento de Raúl Reyes y, se asegura, participaron ellos mismos en el operativo. Si hubieran querido los lideres latinoamericanos la tenían servida, no sólo para condenar a la Colombia uribista, sino al propio imperialismo (el mayor interventor de la historia en los asuntos de los estados extranjeros, presidenta) y avanzar en la denuncia a los pueblos latinoamericanos sobre lo que significan las alianzas del operativo Colombia. Nada. Más allá, de alguna exhortación antiimperialista clásica. Ningún llamado a la unidad latinoamericana para expulsar al opresor, ni centroamericana para liquidar los planes imperialistas en la región.

Todo quedó arreglado con el compromiso, en soledad, de don Alvaro de que no se va a volver a repetir; “una nueva oportunidad a la paz” ya había habido otros compromisos de parte de Uribe, previos al secuestro en pleno centro de Caracas del llamado “canciller de las FARC; don Alvaro no se caracteriza por cumplir con su palabra.

En esta oportunidad, el compromiso duró apenas un suspiro; Iván Ríos, es asesinado horas después de la Cumbre, con lo cual el presidente colombiano logra meter otro palo en la rueda a un posible intercambio humanitario de prisioneros.

Uribe se niega a cualquier negociación, quedó sentado en el acta. Lo de él es el exterminio liso y llano.

¿No hubo guerra? El montaje televisivo sirvió al objetivo de mostrar a los presidentes ante sus pueblos, como fieras indignadas por las maniobras terroristas de Uribe, que invade sin contemplaciones a países hermanos. Sin embargo los resultados son desalentadores.

Uribe tuvo un logro inesperado, todos y cada uno de los presentes reclamo el derecho a reprimir cualquier movimiento sedicioso fronteras adentro, haciendo uso de sus propias fuerzas armadas. De hecho, de acuerdo a algunas noticias aparecidas en los diarios posteriores a la cumbre, se mezclaba la información sobre las “brillantes intervenciones” de los presidentes, con la movilización del ejército ecuatoriano para desmantelar grupos de las FARC en su propio territorio. La noticia indica que es el propio presidente Correa, el que ordena la movilización de las tropas para expulsar a la guerrilla hacia Colombia.

Don Alvaro tensó la cuerda y logró que la cumbre le permita la masacre en racimos de bombas sobre su propio pueblo. Continuará llevando adelante esta política para demostrarle al imperialismo que él es el hombre fuerte de Centroamérica.

Don Alvaro espera derrotar a su propio pueblo, desmoralizarlo, evitar la liberación y el intercambio de rehenes (sobre todo si esto puede ponerle en la arena política a una competidora en la conservación del poder).

Si lo logra, habrá que volver a preguntarse ¿no hubo guerra?

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052984&Parte=0

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Gabriela Rodríguez: Juegos perversos

Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias políticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes.

Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la política de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del país del norte) para complementar y funcionalizar la política social a intereses macroeconómicos

Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una política encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo.

Los hechos:

1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crítica, la autonomía moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cívica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurídicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia.

2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta “la cultura de la vida y de la familia” en Guadalajara.

3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadística mediante la cual el INEGI dejaría de ser autónomo, regresaría al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y tendría en sus manos el control de las encuestas, así como normar la producción de toda la información estadística del país.

4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las políticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.

6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos.

7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Döring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecería los derechos de las Iglesias (“libertad religiosa”, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha priísta (Manlio Fabio Beltrones) y líderes de la “izquierda” más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y políticas.

Siete líneas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.

* La Jornada
* Contacto de la autora: gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=politica&article=024a2pol

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Raúl Zibechi: Movimientos en contextos de guerra

El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.

No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.

Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.

Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.

Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.

Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.

En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.

Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.

El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=opinion&article=024a1pol

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